Fracción Trotskista Cuarta Internacional

La “seguridad de Estado” irrumpe en las fábricas Café Fama de América a intimidar a los obreros en lucha y forzarlos a renunciar

Angel Arias — 2014-09-15T07:09:38Z

En un comunicado publicado el pasado jueves 11, trabajadores de Café Fama de América de la planta ubicada en La Yaguara, denuncian la gravísimas situaciones a las que han estado sometidos en días recientes por las acciones de hostigamiento e intimidación de funcionarios de los cuerpos de inteligencia y represión, identificados como “seguridad de Estado”, tanto en la planta de Valencia como en la de aquí en Caracas. Acciones que ya han dado como resultado inmediato la “renuncia” de obreros que eran parte de la dirigencia sindical.

Los trabajadores plantean que se dirigen al país para “hacer del conocimiento público y denunciar una serie de acontecimientos, por demás lamentables, que ahondan, en la ya de por sí dolorosa situación que estamos viviendo los trabajadores venezolanos con la difícil situación económica y política y que se traduce también en circunstancias adversas como la que a continuación denunciamos” (http://www.aporrea.org/trabajadores/a194769.html).

“Seguridad de Estado, enviados por el Presidente”

El comunicado señala que los funcionarios que se presentan en la plantas de la fábrica se identifican como “seguridad de estado, enviados por la presidencia de la Republica”, y que “Desde un primer momento su estadía en dicha planta [Valencia], se tornó en un acoso y amenazas (del tipo amedrentamiento e intimidación) para con los obreros”.

Evidentemente, no pueden ser sujetos que actúen aislados y por su cuenta, pues como se pregunta el comunicado, “¿Por qué se le dio tanta facilidad de acceso a la planta, siendo ellos (gerencia) tan rigurosos para el acceso de personal cuando es traído por algún trabajador?” En el caso de La Yaguara, cuando ingresaron se reunieron en primera instancia con la gerencia de planta y la superintendencia de producción.

La fábrica convertida en un centro de interrogación policial: “tenemos potestad de sacar esposados a trabajadores sin necesidad de procedimiento legal alguno”

En la planta de Valencia, los agentes de la inteligencia estatal convirtieron la fábrica en un centro de interrogatorios: “Los métodos utilizados por los señores fueron la reunión a solas e individual, acompañado de amenazas de todo tipo, que lograron intimidar a los compañeros citados”. En La Yaguara, al reunirse con la junta directiva del sindicato (BOTRACAFE), además de recalcarle que eran “seguridad de estado y ENVIADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”, les indicaron que “tenían potestad de sacar esposados a trabajadores sin necesidad de procedimiento legal alguno”, y en fin que ellos “por las buenas eran buenos y por las malas ni hablar”, y que a partir de ese momento “iban a estar instalados en la sede de la planta La Yaguara”.

“Los trabajadores ganan mucho”

No hay que darle muchas vueltas al asunto, las motivaciones están totalmente claras: se trata de lanzar sobre trabajadores organizados y en lucha todo el peso de esa porquería que siempre han sido los cuerpos de inteligencia y represión del Estado burgués (ayer y hoy). En la “conversación” con el sindicato, plagada, como vimos, de graves amenazas, los esbirros le dijeron al sindicato, que “los trabajadores ganaban mucho”(¡!).

¿Es posible que el gobierno “obrerista” y “anticapitalista” use esta política de intimidación, propias de una dictadura capitalista, para amedrentar a los obreros porque “ganan mucho”? ¡Pues sí, como vemos! Y esto se da mientras transcurre el chantaje de la burguesía nacional de que se les faciliten más dólares y más aumentos de precios para poder “producir” y “llevar los productos a los anaqueles”… pero el gobierno se comporta “duro” es con los obreros. Esta “crítica” de los esbirros, “enviados por el Presidente” (Maduro), al salario de los obreros, se hace al tiempo que tenemos una inflación galopante que se come los ingresos obreros y populares, con un aumento, por ejemplo, en el rubro de los alimentos, de ¡más de 90% en un año!

Acuerdos y amabilidad con la burguesía, dureza con los reclamos obreros

El gobierno, que cede en toda la línea al chantaje empresarial, haciendo múltiples mesas de acuerdos de donde salen toda cantidad de medidas proempresariales, antiobreras y antipopulares, como los aumentos de precios, el relajamiento del control de cambio, millonarios subsidios y créditos baratos a los capitalistas, autorización de decenas de miles de despidos a nivel nacional, ¡se muestra muy “valiente” y duro, sí, con el salario de los obreros! Como hemos explicado, el gobierno anda en un giro donde parece haber lanzado una nueva consigna de acción, “¡con los empresarios todo, sin los empresarios nada”!, todo sea por “la producción” [1], un curso cuya contraparte es la más abyecta política antiobrera cuando se trata de hacer frente a la lucha de los trabajadores y trabajadoras.

El gobierno “socialista”, opta por atacar a los explotados, a la savia vital de las empresas, los únicos que realmente producen las riquezas. Como señalan los trabajadores en su comunicado, “no nos cansaremos de repetir que lamentamos profundamente este tipo de situaciones, más aun cuando fama de América, ha sido una empresa que con todas las dificultades y desavenencias, ha sido ejemplar en lo que ha números de producción se refiere y si algo ha quedado ratificado en todo momento ha sido el compromiso y el papel de los trabajadores. Sin nosotros y nuestro protagonismo no se hubiese concretado la expropiación por allá en 2009. […] ¿Por qué nos acosan? ¿Por qué precisamente ahora, en estos momentos tan difíciles para el país, esta situación? Si hay dificultades ¿Por qué no apostar por nosotros mismos para solucionarlas?”

Obligando a “renunciar” a dirigentes sindicales

El objetivo intimidante de estas acciones ya ha tenido efectos inmediatos. En la planta de Valencia renunciaron 10 trabajadores, tres de los cuales eran miembros del sindicato. De esta manera, prácticamente “a punta de pistola”, se busca desmontar la organización de los trabajadores, desbaratando los esfuerzos de organización e intimidando a cualquier otro que se proponga dar un paso al frente para organizar a sus compañeros y defender los elementales derechos obreros. ¿El resultado de estas acciones? Dejar a la clase trabajadora de estas empresas sin organización ni representación sindical ante la patronal, dejar el camino libre para la explotación sin obstáculos. ¿No es esto la más cruda y descarada dictadura patronal?

No es un caso aislado

Lo peor del caso, es que lo que denuncian los compañeros no es un caso aislado, sino que hay toda una política sistemática del gobierno nacional de usar los cuerpos represivos y de “inteligencia” para amedrentar a trabajadores en lucha, tanto en empresas estatales o mixtas, como incluso en la privadas; es decir, no solo al servicio de la explotación patronal en las empresas públicas sino también en las de la burguesía a la que el gobierno dice “combatir”. En el periódico En clave obrera denunciamos hace meses esta situación, en la que se combinaba la intimidación de los cuerpos represivos con la práctica de las empresa de judicializar a los trabajadores en lucha, denunciándolos por “delitos” inventados, como manera de desarticular la organización de los trabajadores [2].
Dábamos entonces los ejemplos, solo en Aragua, de las empresas Multisabores Glup, Alimentos Plumorse, Inversiones Selva, Agropecuaria San Onofre, Centro Médico Cagua, Inversiones MCLV, FARPLASTIC. Ha habido casos en los que la empresa denuncia al dirigente sindical, la policía va directamente a la fábrica, por fuera de toda legalidad se lleva al trabajador a la comisaría a “interrogarlo” y “explicarle” que si sigue “jodiendo” en la empresa le imputaran tales y cuales delitos, o lo obligan a “declararse culpable” para allanar el camino a su despido, que al fin y al cabo es lo que quiere la empresa.

A eso habría que sumarle los casos de Petrocasa (Carabobo), Grupo Souto (plantas de Valencia, Yaracuy y Lara), la Central Azucarera Santa Clara (Yaracuy), la Misión Vivienda en la Base Aérea El Libertador (BAEL), en Palo Negro (Aragua), CIVETCHI (Carabobo), MONACA. En todos los casos, diversos tipos de intervención directa de cuerpos policiales o militares han sido lanzados contra los trabajadores en lucha. El caso de Civetchi es emblemático: ocho trabajadores están presos por haber puesto en pie un sindicato en la empresa de mixta, de mayoría de capital estatal, luego de haberles sido montada una trampa entre la gerencia y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN, ex DISIP).

Una vez más: ¡Fuera la GNB, el SEBIN, y el CICPC de las fábricas y conflictos obreros!

Como hemos venido planteando desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y las páginas del periódico En clave obrera, la clase trabajadora y las corrientes obreras y socialistas debemos asumir con fuerza la demanda de expulsar a los cuerpos de inteligencia y represión estatal de las fábricas, establecimientos de trabajo y luchas obreras (http://lts.org.ve/Fuera-la-GNB-el-SEBIN-y-el-CICPC-de-las-fabricas-y-conflictos-obreros), como una necesidad elemental y democrática básica para defender las organizaciones y luchas de nuestra clase.

Aprovechamos la grave denuncia de los trabajadores de Café Fama de América para renovar este llamado, para expresar nuestro más enérgico repudio a esta nuevo accionar represivo contra la clase obrera, y nuestra entera solidaridad con los compañeros. Está a la orden del día sumar fuerzas para desarrollar una gran campaña nacional contra la criminalización de la protesta obrera y por la expulsión de las fuerzas de seguridad de las fábricas. En el comunicado los trabajadores expresan: “Lo primero es que no vamos a permitir la presencia de estos señores en nuestras instalaciones. Además, estamos por definir fecha y hora, vamos a convocar una asamblea general, en la cual vamos a citar a la gerencia general para que nos de explicación sobre la presencia de este grupo”. Hay que respaldar por todos los medios posibles las acciones que en este sentido tomen los compañeros, y colocarse a su disposición para derrotar este intento de amedrentar y destruir la organización obrera.

[1] http://www.lts.org.ve/Con-los-empresarios-todos-sin-los-empresarios-nada

[2] http://lts.org.ve/La-intimidacion-patronal-tiene-decenas-de-trabajadores-enjuiciados-y-hasta-en-la-carcel-por-luchar

Venezuela: With the businessmen, everything; without the businessmen, nothing?

Angel Arias — 2014-05-04T18:59:20Z

"Overcoming scarcity and inflation," by emptying the pockets of the people and trampling on workers' rights

With the businessmen, everything; without the businessmen, nothing?

The national government seems to have a new slogan. In the middle of the serious crisis of the economy, expressed especially in severe inflation and scarcity, the government has accelerated a kind of "productive turn" – that was already in operation since last year – where the focus is on "producing," "increasing production," no matter if that involves destroying rights of the working class and striking at the purchasing power of working people, on the basis of offering "the conditions" that businessmen are demanding in order to "produce."

In the area of the economy, the country has been subjected in the most recent months, among other things, to extortion by the national bourgeoisie: if they do not further relax access to dollars for the bourgeoisie, nor relax price control more for them, if government insists on using the half-hearted regulations on profits, and if they do not permit the bourgeoisie to trample on the rights of the workers even more, then there will not be production! It's that simple. Businessmen say that they must be given those conditions; if that is not complied with, then there will not be investment, there will not be production; there will be scarcity and, therefore, inflation, etc. That is, either they do what suits our needs or to hell with them!

And the "economic war"? The "parasitic bourgeoisie"?

For Maduro's government, like those of Chávez previously, not having
coherence between "anti-capitalist" talk and the practice of what is most normally capitalistic matters little; it is giving in all the way to these demands. At the end of last year, we wrote:

"The government, that talks about an [economic] war, instead of resolutely weakening the 'opposing army,' is taking measures that rather strengthen it. When all is said and done, the government also considers that key to not having inflation or scarcity, is to offer the conditions so that businessmen 'will produce.' For that reason, it is a prisoner of its own 'contradiction': between putting limits on the most crude aspects of corporate blackmail and offering them the conditions they are demanding. For that, it is going in a 'productive' turn, by establishing and seeking agreements with businessmen, playing tightrope walkers' games, in order to go on relaxing some controls and keeping others" (En clave obrera 32, November 2013).

But now, Maduro hardly talks about "economic war"; the allusions are increasingly lost between a sea of appeals and praise of private enterprise. Also, by magic, it seems to be that the bourgeoisie is no longer "parasitic" nor "unpatriotic," but the basis for "national production." That balancing act that the government had been performing, between keeping some controls and relaxing others, continues surrendering ground to an increasingly clear pro-business policy.

Certainly, the situation after February 12 has accelerated this turn: the onslaught of the "hard" group of the right wing, that has marked the agenda for the entire MUD and for the government, and that has made manifest Maduro's weakness, has a direct relation with this (see "The opposition takes the offensive, backed by imperialism," En clave obrera 33). Facing this, the government, far from "turning to the left," "becoming radical" or "deepening the revolution" – a matter that the left wing that subordinates itself to the government will be waiting for all its life – has accelerated its turn towards an agenda where the only thing that matters is "production" … that, while capitalist private ownership exists, and the means of production (lands, businesses, finances, etc.) are in the hands of the bourgeoisie, will be capitalist production based on the interests of the bourgeoisie.

In addition to relaxing the rationing of dollars and authorizing price increases, the government is negotiating thousands of layoffs!

Businessmen say they have few dollars: but it turns out that currently, in private Venezuelan deposits overseas, there are almost 167 billion dollars, a figure that equals two and a half times this year's entire national budget (estimated at 63 million US dollars)! If "national production" really interests them so much, why don't they bring those dollars?! On the other hand, in 2012 alone, there were 20 billion dollars that went to save "briefcase firms" or to "artificial demand, not associated with production." They are asking that "they free" the dollar for them: and there goes the government, relaxing control of exchange with SICAD I and II; in passing, increasingly devaluing the incomes of working people.

The capitalists are asking that they dismantle price controls, since, according to the poor dears, they are producing "at a loss." The truth is that they have continued and are continuing to earn; even Eduardo Samán, when he was President of INDEPABIS, admitted that "businessmen are earning more than ever." However, there goes the government, authorizing price increases for them, some announced and others concealed. Already in meetings with the most varied capitalist groups, last year, ministers came out stating that they had agreed with these capitalist groups "to revise prices periodically."

We can also talk about how the government subsidizes – with the money of "all the Venezuelans!" – different corporate groups, to "stimulate them," so that "they will not lose." Among other groups, they do not pay VAT (and some groups, not the ISLR either): primary agricultural and related activities, importation of capital goods and foodstuffs, iron producers from the agreements with China, transnational gas corporations, etc. While the people pay the VAT...

But where the government's conspiracy with the capitalists against the working class is most mean-spirited, is in the matter of the criminalization of the workers' struggles and the layoffs. A constant complaint of the "unfortunate" businessmen is what they call "labor impunity": according to them, the workers' struggles are an obstacle to producing more, at less cost, and the workers are not getting the punishments that they ought to. So much cynicism and hatred of the working class when it is in struggle! It turns out that in the country there are almost 150 working men and women on trial for struggling, several workers imprisoned for the same reason, dozens fired for fighting for a collective contract or wanting to set up a union, while there is not a single bourgeois imprisoned or indicted for violating workers' rights. And they talk about "labor impunity"!

Certainly we cannot ask for "objectivity" from the bourgeois gentlemen. That is not enough for the exploiters; they want more. In the meetings with the government, that is a constant complaint. The very same Lorenzo Mendoza – that tycoon who now appears to be an "advisor" of the government, because the government is taking a line from him, as with the such-and-such "Economic Truth Commission" – he said, in front of Maduro and the television cameras that the unions' action (that is, the workers' struggle, expressed through the unions) was harmful for production, and the alleged "Workers' President" was unable to refute him.

Well then, the businessmen say that they have to be given more freedom for laying off workers, in order to "overcome absenteeism," to leave job security aside, etc., "so that production will flourish." And there is the government authorizing the layoffs for them! Through the Ministry of Labor, it has been sending instructions to the Inspectorates throughout the country, so that they will approve the layoffs that the capitalists are demanding. The figure that the union tendencies – and workers of the Ministry of Labor itself – are using about the layoffs that the government and businessmen are negotiating, reaches tens of thousands. There are places and firms where we are already seeing it: Wrangler (Caracas), at Plumrose, Farplastic and Vasos Selva (in Aragua), Destilería Florida (Sucre), Fanalpade, Galletera Carabobo, Coca Cola Femsa (Carabobo).

And this renewed willingness of the government to support the employers' retaliations does not go unnoticed by the employers' groups. A few days ago, the President of the Venezuelan–Argentinian Chamber of Commerce said, "The worst that operate are the inspectorates, that tend to favor the worker, but that is changing now. The Minister of Labor is instructing the inspectorates to work with more objectivity." We already know that "objectivity" means supporting all the businessmen's anti-worker measures. Everything must be for "production," and the products "must appear" in the market!

The government takes its own management and anti-popular measures

But it is not only about the fact that the government is conspiring with the private businessmen to employ management's anti-popular measures that they are demanding; the government also has its own measures in this sense, as administrator of the bourgeois state and as a boss.

On the one hand, it uses the devaluation of the bolívar as a mechanism to ease its own debts in the country, those that it pays in bolívares, since, in devaluing, it gets more bolívares for each dollar that it gains, with which it "reduces" its own domestic debt. It does not occur to it to put its hand in the pocket of the national capitals, nor of the foreign ones; it puts it in the pocket of the working people, by devaluing their income.

Furthermore, in a country with a strong presence of the state in the economy, the government also thinks directly like a boss, in confronting the complaints and demands of the exploited in the state sector, which goes from public administration up to the basic enterprises, electrical, oil, water, etc., passing through food and agricultural companies, up to public banks. In that sense, the government has also been preparing to use compulsory retirements and layoffs. As an example, the 600 layoffs, assigned to the Venezuelan Sugar Workers Corporation [CVA Azúcar], that workers from the sugar plants throughout the country have been condemning and fighting these days.

Maduro defends his agreements with businessmen

Recently, Maduro has devoted himself, every so often, to defending his agreements with the national bourgeoisie, seeming, in discussion with people of his own government, that perhaps he does not want to go so quickly on the road of uniting with "the parasitic bourgeoisie," or that he wants to be more careful about appearances.

Thus, he has been heard to say that questioning these agreements is from "the dogmatic ones," that the "socialism" that he extols has nothing to do with hostility towards capitalist ownership (the same thing that Chávez used to say, that is, a "socialism" that is no socialism at all; rather, capitalism pure and simple, with some state regulations, and with the state itself playing the role of businessman in several sectors). In this ideological crusade, it was recently concluded, thus: "Who said that private ownership is not productive? Let stop talking nonsense; let anyone who dares to claim that private ownership is not productive raise his hand."

So the truth is that private ownership is not productive; the working men and women are the ones that produce! The key problem is that under capitalist ownership, production is carried on only in the interest of profit, and all social needs must be subordinated to the stingy interest of a minority that engages in extortion; the problem is that those who really produce, that is, the working class, have to relinquish their rights in favor of businessmen.

This way of "overcoming scarcity and inflation," of "increasing production," is that the working class and the people must kneel before the will of the capitalists. But good – everything must be for "production" –; Maduro seems to have a new slogan: "With the businessmen, everything; without the businessmen, nothing!"

¿Con los empresarios todo, sin los empresarios nada?

Angel Arias — 2014-04-24T20:52:00Z

El gobierno nacional parece tener un nuevo lema. En medio de la fuerte crisis de la economía, expresada sobre todo en la inclemente inflación y la escasez, el gobierno ha acelerado una suerte de “giro productivo” –que ya venía operando desde el año pasado– donde el eje está puesto en “producir”, “aumentar la producción”, no importando si eso implica llevarse por delante derechos de la clase obrera y golpear el poder adquisitivo del pueblo trabajador, en función de brindar “las condiciones” que los empresarios exigen para “producir”.

En el terreno de la economía, el país ha estado sometido en los últimos meses, entre otras cosas, a un chantaje por parte de la burguesía nacional: si no les relajan más el acceso a los dólares, sino les relajan más el control de precios, si se insiste en aplicar las tibias regulaciones a las ganancias, y si no se les permite pisotear más aún los derechos de los trabajadores, ¡entonces no habrá producción! Así de sencillo. Los empresarios dicen que deben dársele esas condiciones, si eso no se cumple, entonces no habrá inversión, no habrá producción, habrá escasez y por tanto inflación, etc. Es decir: ¡o hacen lo que conviene a nuestras necesidades o se joden!

¿Y la “guerra económica”? ¿La “burguesía parasitaria”?

El gobierno de Maduro, que como los de Chávez antes, le importa poco no tener coherencia entre un discurso “anticapitalista” y una práctica de lo más normalmente capitalista, está cediendo en toda la línea a estas exigencias. A finales del año pasado escribíamos:

“El gobierno, que habla de una ‘guerra' [económica], en lugar de debilitar resueltamente al ‘ejército contrario', toma medidas que más bien lo fortalecen. A fin de cuentas, el gobierno también considera que la clave para que no haya inflación ni escasez es brindar las condiciones para que los empresarios ‘produzcan'. Por eso está preso de su ‘contradicción': entre ponerle límites a los aspectos más groseros del chantaje empresarial y brindarles las condiciones que exigen. Por eso anda en un giro ‘productivo' estableciendo y buscando pactos con los empresarios, haciendo juegos de equilibrista para ir relajando algunos controles y mantener otros” (En clave obrera, n° 32, noviembre 2013).

Pero ya hoy Maduro casi ni habla de la “guerra económica”, las alusiones quedan cada vez más perdidas entre un mar de llamamientos y halagos a la empresa privada. También, por arte de magia, parece ser que la burguesía ya no es “parasitaria” ni “apátrida”, sino el pilar fundamental para la “producción nacional”. Ese malabarismo que venía haciendo el gobierno entre mantener algunos controles y relajar otros, va cediendo terreno hacia una política cada vez más claramente proempresarial.

Por supuesto, la situación post 12 de febrero ha acelerado este giro: la arremetida del sector “duro” de la derecha, que le ha marcado la agenda al conjunto de la MUD y al gobierno, y que ha dejado en evidencia la debilidad de Maduro, tiene directa relación con esto (ver “La oposición toma la ofensiva, respaldada por el imperialismo”, En clave obrera n° 33). Ante esto, el gobierno, lejos de “girar a izquierda”, “radicalizarse” o “profundizar la revolución” –cuestión que se quedará esperando toda la vida la izquierda que se le subordina–, ha acelerado su giro hacia una agenda donde lo único que importa es “la producción”… que mientras exista la propiedad privada capitalista y los medios de producción (tierras, empresas, finanzas, etc.) estén en manos de la burguesía, será la producción capitalista basada en los intereses de la burguesía.

Además de relajar el racionamiento de dólares, y autorizar aumentos de precios, el gobierno ¡está negociando miles de despidos!

Los empresarios dicen que tienen pocos dólares: ¡pero resulta que actualmente hay en depósitos venezolanos privados en el exterior, casi 167 mil millones de dólares, una cifra que es igual a dos veces y medio todo el presupuesto nacional de este año (calculado en 63 millones US$)! Si realmente les interesa tanto la “producción nacional”, ¡¿por qué no traen esos dólares?! Por otro lado, solo en 2012 hubo 20 mil millones de dólares que fueron a parar a “empresas de maletín” o a “demanda artificial no asociada a la producción”. Piden que les “liberen” el dólar: y ahí va el gobierno relajando el control de cambio con el SICAD I y II, de paso devaluando cada vez más los ingresos del pueblo trabajador.

Los capitalistas piden que desmantelen el control de precios, porque según, los pobrecitos producen “a pérdida”. La verdad es que han seguido y siguen ganando, incluso Eduardo Samán, cuando era presidente del INDEPABIS, reconoció que “los empresarios están ganando más que nunca”. Sin embargo, ahí va el gobierno autorizándoles los aumentos de precios, algunos declarados y otros encubiertos. Ya en reuniones con los más variados sectores capitalistas el año pasado, ministros salían declarando que habían acordado con estos “revisar los precios periódicamente”.

Podemos también hablar de cómo el gobierno subsidia –¡con el dinero de “todos los venezolanos”!– a varios sectores empresariales, para “estimularlos” y que “no pierdan”. Entre otros sectores, no pagan IVA (y algunos tampoco ISLR), actividades agrícolas primarias y afines, importación de bienes de capital y de alimentos, productores de hierro de los convenios con China, transnacionales del gas, etc. Mientras el pueblo paga el IVA…

Pero donde está siendo más miserable la conspiración del gobierno con los capitalistas contra la clase trabajadora, es en el asunto de la criminalización de las luchas obreras y los despidos. Una queja constante de los “desdichados” empresarios es lo que llaman “impunidad laboral”: según ellos, las luchas de los trabajadores son un obstáculo para producir más y a menor costo, y los trabajadores no reciben las sanciones que debieran. ¡Tanto cinismo y odio a la clase trabajadora cuando lucha! Resulta que en el país hay casi 150 trabajadores/as con procesos judiciales por luchar, varios obreros presos por la misma razón, decenas de despedidos por pelear un contrato colectivo o querer poner en pie un sindicato, mientras ni un solo burgués preso o enjuiciado por violar derechos laborales. ¡Y hablan de “impunidad laboral”!

Por supuesto no les podemos pedir “objetividad” a los señores burgueses. Para los explotadores eso no basta, quieren más. En las reuniones con el gobierno esa es una queja constante. El mismísimo Lorenzo Mendoza –ese magnate que ahora pareciera “consejero” del gobierno, porque el gobierno le coge línea, como con la fulana “Comisión de la verdad económica”-– dijo ante Maduro y las cámaras de televisión, que la acción de los sindicatos (es decir, la lucha de los trabajadores expresada a través de los sindicatos) era nociva para la producción, y el supuesto “presidente obrero” fue incapaz de refutarlo.

Pues bien, los empresarios dicen que tienen que darles más libertad para despedir trabajadores, para “superar el ausentismo”, dejar a un lado la inamovilidad laboral, etc., “para que florezca la producción”. ¡Y ahí está el gobierno autorizándoles los despidos! A través del ministerio del Trabajo viene girando instrucciones a las inspectorías en todo el país para que den el visto bueno a los despidos que exigen los capitalistas. La cifra que manejan las corrientes sindicales –y trabajadores del propio ministerio del Trabajo- sobre los despidos que negocian gobierno y empresarios, alcanza decenas de miles. Hay lugares y empresas donde ya lo estamos viendo: la Wrangler (Caracas), en Plumrose, Farplastic y Vasos Selva (en Aragua), Destilería Florida (Sucre), Fanalpade, Galletera Carabobo, Coca Cola Femsa (Carabobo).

Y esta renovada disposición del gobierno para avalar las retaliaciones patronales no pasa desapercibida para las corporaciones patronales. El presidente de la cámara empresarial venezolana-argentina decía hace pocos días: “Lo peor que funcionan son las Inspectorías, que tienden a favorecer al trabajador, pero eso está cambiando ahora. El ministro del Trabajo les está dando instrucciones a las Inspectorías para que trabajen con más objetividad”. Ya sabemos que “objetividad” quiere decir avalar todas las medidas antiobreras de los empresarios. ¡Todo sea por “la producción” y que “aparezcan” los productos en el mercado!

El gobierno toma sus propias medidas patronales y antipopulares

Pero no se trata solo de que el gobierno se conjura con los empresarios privados para aplicar las medidas patronales y antipopulares que exigen, el gobierno también tiene sus propias medidas en este tenor, como administrador del Estado burgués y como patrón.

Por un lado, la devaluación del bolívar la aplica como mecanismo para aliviarse sus propias deudas en el país, aquellas que paga en bolívares, pues al devaluar recibe más bolívares por cada dólar que capta, con lo que “reduce” su deuda interna. No se le ocurre meterle mano en el bolsillo a los capitales nacionales ni a los extranjeros, se lo mete en el bolsillo al pueblo trabajador al devaluarle el ingreso.

Además, en un país con fuerte presencia del Estado en la economía, el gobierno también piensa directamente como patrón, al enfrentarse a los reclamos y exigencias de los explotados en el sector estatal, que va desde la administración pública hasta las empresas básicas, eléctricas, petróleo, hidrológicas, etc., pasando por empresas de alimentos, agrícolas, y hasta bancos públicos. En ese sentido, también se viene preparando el gobierno para aplicar jubilaciones forzosas y despidos. Para muestra, los 600 despidos que actualmente vienen denunciando y peleando obreros de centrales azucareros de todo el país adscritos a la CVA Azúcar.

Maduro defiende sus acuerdos con los empresarios

Maduro se ha dedicado últimamente, cada tanto, a defender sus acuerdos con la burguesía nacional, al parecer en discusión con gente de su propio gobierno que quizás no quiera ir tan rápido en el camino de hermanarse con “la burguesía parasitaria”, o que quiere cuidarse más las formas.

Así se lo ha escuchado decir que cuestionar estos acuerdos es de “dogmáticos”, que el “socialismo” que pregona no tiene nada que ver con hostilidad hacia la propiedad capitalista (lo mismo que decía Chávez, es decir, un “socialismo” que no es socialismo nada, sino simple y puro capitalismo con algunas regulaciones estatales, y con el propio Estado jugando un rol de empresario en varios sectores). En esta cruzada ideológica, recientemente se despachó, así: “¿quién dijo que la propiedad privada no produce?, dejémonos de gamelotes mentales, que levante la mano alguno que se atreva a asegurar que la propiedad privada no produce”.

Pues la verdad es que ¡la propiedad privada no produce, son los trabajadores y trabajadoras quienes producen! El problema clave es que bajo la propiedad capitalista solo se produce por el interés de ganancia, y todas las necesidades sociales tienen que subordinarse al mezquino interés de una minoría que chantajea, el problema es que los que realmente producen, es decir, la clase trabajadora, tiene que resignar sus derechos a favor de los empresarios.

Esta manera de “superar la escasez y la inflación”, de “aumentar la producción”, es que la clase obrera y el pueblo deban arrodillarse ante la voluntad capitalista. Pero bueno –todo sea por “la producción”–, Maduro parece tener nuevo lema: “¡Con los empresarios todo, sin los empresarios nada!”

Venezuela: La crisis, los responsables y la “impotencia” del gobierno

Angel Arias — 2013-11-13T22:00:00Z

“La cosa con la plata no está fácil”, escuchamos y decimos en las conversaciones diarias. Expresa lo que vivimos con una inflación acelerada, que golpea el bolsillo obrero y popular, además de la escasez de varios productos básicos. A siete de cada diez venezolanos les preocupa la situación económica incluso más que la política, según una encuesta reciente [1].

El gobierno nacional dice que se trata de una “guerra económica” de “la burguesía” en su contra y contra el pueblo, que los problemas no son tan reales, sino más bien producto de esta “guerra”. La oposición dice que todo es responsabilidad del gobierno por los controles y regulaciones del Estado a la actividad empresarial. Los empresarios la tienen “clara” desde su lógica de explotación y ganancias: en el país hay alta inflación y escasez porque a ellos no les dan las “condiciones” para producir, si se las dieran, según, todo mejoraría.

Hay un chantaje empresarial: “necesitamos dólares”, “hay muchos controles” e “impunidad laboral”

Los empresarios dicen que tienen pocos dólares para importar los insumos que necesitan para producir, que por eso supuestamente importan con dólares comprados en el mercado paralelo, y por eso “tienen que vender” más caro sus productos; o que por esa falta de dólares es que producen poco, y esta escasez, a su vez, provoca inflación. Pero resulta que actualmente hay en depósitos venezolanos privados en el exterior, “por lo menos 160 mil millones de dólares” [2], una cifra que, para que nos demos una idea, es igual a dos veces y medio todo el presupuesto nacional de este año (calculado en 63 millones US$). Otro ejemplo del cinismo empresarial es lo que reconoció la entonces presidenta del Banco Central, Edmée Betancourt: que de los 59 mil millones US $ que otorgó CADIVI en 2012, 20 mil millones fueron a parar a “empresas de maletín” o a “demanda artificial no asociada a la producción”.

También se quejan los capitalistas de “los controles”, sobre todo el de precios, que así “se produce a pérdida” y que por eso reducen los niveles de inversión y de producción, lo que causa escasez y esta a su vez genera inflación. ¡Es un descaro total! En primer lugar, porque pretenden que lo único que importe sean sus niveles de ganancia, y en segundo, porque en realidad han seguido y siguen ganando. El propio Eduardo Samán (presidente del INDEPABIS) reconoció hace poco que los empresarios “están ganando más que nunca” [3].

Otra constante en las quejas de los “desdichados” empresarios es lo que llaman “impunidad laboral”: según ellos, las luchas de los trabajadores son un obstáculo para producir más y a menor costo, y estos no son sancionados o castigados por eso. ¡Qué miserables estos tipos!: en el país hay cientos de trabajadores con procesos judiciales por luchar, varios obreros presos por la misma razón, mientras ni un solo burgués preso o enjuiciado por violar derechos laborales, ¡y dicen que hay “impunidad laboral”!

En fin, dice la burguesía, “en esas condiciones no se puede producir”. ¡Cómo si los que realmente produjeran no fueran los trabajadores y trabajadoras!

La “solución” de la oposición: que la sociedad se arrodille ante el chantaje empresarial

La oposición reunida en la MUD es la que más claramente expresa este programa en clave “neoliberal”. A pesar que hace demagogia sobre el alto costo de la vida, y hasta de la necesidad de aumentar salarios, sus propuestas son ni más ni menos que la sociedad debe arrodillarse ante el interés de la ganancia y especulación capitalista: que hay que echar abajo las pocas regulaciones que hay a las ganancias y los precios, desmontar el control de cambio para que el dólar circule “libremente”, devaluar más el bolívar para que les sea más “rentable” a los empresarios “producir” en el país. Hacer lo que sea posible para que a los empresarios le vaya mejor aún, con la lógica reaccionaria de que solo si a los empresarios les va bien, a los trabajadores y al país les irá bien.

La política del gobierno: ceder al interés empresarial, aunque de a poco y no tan rápido

El gobierno, que habla de una “guerra”, en lugar de debilitar resueltamente al “ejército contrario”, toma medidas que más bien lo fortalecen. A fin de cuentas, el gobierno también considera que la clave para que no haya inflación ni escasez es brindar las condiciones para que los empresarios “produzcan”. Por eso está preso de su “contradicción”: entre ponerle límites a los aspectos más groseros del chantaje empresarial y brindarles las condiciones que exigen. Por eso anda en un giro “productivo” estableciendo y buscando pactos con los empresarios, haciendo juegos de equilibrista para ir relajando algunos controles y mantener otros.

Mantiene un cada vez más impotente “control de precios”, crea un pomposo “Órgano superior para la defensa de la economía popular”, convierte en “fiscales obreros” a trabajadores afines al gobierno, al mismo tiempo que convoca numerosas mesas de diálogo con “la burguesía parasitaria”, de donde salen acuerdos favorables a esta: autoriza aumentos de precios y se compromete a revisarlos periódicamente; subsidia las ganancias a varios sectores (actividades agrícolas primarias y afines, importación de bienes de capital y de alimentos, productores de hierro de los convenios con China, etc.) al exonerarlos de impuestos; les facilita préstamos de la banca y fondos públicos en condiciones favorables.

También se prepara para relajar más el control de cambio y liberarles los dólares, al tiempo que devaluar más aún el bolívar, es decir, el salario y los ingresos del pueblo trabajador. Devaluó en febrero, luego con las subastas SICAD, y anuncia que el dólar 6,30 quedará solo para importaciones de alimentos y medicinas, es decir, aumentará para todo lo demás. Ramírez anuncia una probable “despenalización de la tenencia y comercialización” de dólares.

Hay “crisis” porque los capitales imperialistas y la burguesía nacional se siguen embolsillando los recursos

No son los tibios “controles” al capital privado los responsables de la crisis, sino la persistencia de la posición subordinada que ocupa nuestro país con relación al capital imperialista, y la supervivencia de la gran propiedad privada nacional.

El país necesita importar mucho porque el papel que le imponen las potencias imperialistas es el de proveedor de materias primas y comprador de todo lo demás, y por más alto que sea circunstancialmente el precio del petróleo, los dólares conseguidos por esa vía no serán suficientes para importar todo lo que se necesita. Porque además, persiste el mecanismo de la deuda externa, que impone al país destinar grandes cantidades de dólares apara alimentar la usura de los capitales y gobiernos imperialistas. A su vez, en el país operan cientos de empresas transnacionales que giran ganancias a sus casas matrices.

Chávez regateó las condiciones de subordinación a los capitales imperialistas, consiguiendo captar para el Estado nacional algo más de la renta petrolera, al tiempo que permanecían en el país las empresas imperialistas y, sobre todo, respetó absolutamente el mecanismo de la deuda externa, incluso incrementándola enormemente. Por su parte, aunque la burguesía nacional ha hecho “méritos” de sobra para ser despojada de su poder económico, por antinacional y hostil a las mayorías trabajadoras –fue golpista aliada del imperialismo en 2002-2003, fuga capitales, especula y acapara, hace trampa con los dólares que les da el Estado–, el gobierno jamás dio ningún paso en ese sentido.

Por eso no fue de las ganancias imperialistas ni de la burguesía nacional que salieron los recursos para los planes sociales y los infructuosos planes de “diversificación de la producción”, sino fundamentalmente de la renta petrolera pública y el enorme endeudamiento del Estado. Y se llega al punto en que hoy “no hay dólares” ni recursos suficientes para todas las necesidades: el gobierno reduce las reservas internacionales en dólares y hasta vende activos en el exterior para cubrir la demanda de dólares, tanto las de los privados como las suyas propias.

Estaríamos frente a un “recurrente problema nacional”: hay dólares para industrializar (y disminuir la dependencia de las importaciones) o para importar lo que se necesita consumir al momento, pero nunca suficiente para las dos cosas. Sin embargo, esto es así solo si se lo mira desde un punto de vista limitadamente burgués, es decir, si se acepta como un hecho inmodificable que los capitales imperialistas y nacionales succionen los recursos del esfuerzo nacional, poniendo al país y a sus clases explotadas y pobres ante estas crisis recurrentes.

Una salida verdaderamente de soberanía nacional, y más aún, obrera y popular, debe romper con estos mecanismos de dominación imperialista y despojar de su poder económico a la “parasitaria” burguesía nacional. Una política revolucionaria que no llevó adelante el chavismo en 15 años ni llevará ahora, una salida que solo podrá ser real mediante la movilización combativa de la clase obrera y el pueblo pobre, en la perspectiva estratégica de conquistar un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo.

[1] http://www.hinterlaces.com/de-interes/economia/1742-7-de-cada-10-venezolanos-se-preocupan-mas-por-la-economia-que-por-la-politica

[2] Entrevista a Víctor álvarez, El Mundo Economía & Negocios, 07/10/2013.

[3] http://www.eluniversal.com/economia/130626/saman-senalo-que-los-empresarios-estan-ganando-mas-que-nunca

¿Este es el antiimperialismo de Chávez?

Angel Arias — 2011-04-28T06:12:26Z

El lunes 25/04, el gobierno de Chávez terminó entregando al a Joaquín Pérez Becerra, ciudadano colombiano-sueco, solicitado por el gobierno colombiano como “terrorista”, por sus denuncias contra el régimen colombiano y por su supuesta filiación con las FARC, luego de haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el pasado sábado 23/04. Este hecho ha causado la indignación y repudio de una gran cantidad de organizaciones de izquierda en el continente, así como también en Venezuela, incluso muchas de ellas que apoyan a Chávez. No es para menos, es totalmente repudiable y detestable que el gobierno de Chávez, en nombre de alguna “unidad latinoamericana”, peor aún, con un discurso “antiimperialista”, trabe tan valiosa colaboración con el régimen que actualmente explota y oprime a las masas trabajadoras y pobres de Colombia y es un fiel sirviente del imperialismo.

“Chávez no titubeó”

No habiendo pasado más de dos semanas del pacto reaccionario Chávez-Santos-Lobos, con el acuerdo de Zelaya, para legitimar el régimen surgido tras el golpe de Estado proimperialista en Honduras (ver “Los buenos oficios del Presidente para estabilizar el régimen postgolpista en Honduras”, en www.lts.org.ve), Chávez vuelve a dar muestras de su “buena voluntad” para con los gobiernos reaccionarios y represores de la región, pues la detención de Becerra es, según los voceros de ambos gobiernos, producto de un “favor” que Santos le pidió directamente a Chávez. Con Joaquín Becerra, ya suman ocho los militantes o dirigentes colombianos detenidos por el gobierno venezolano y entregados en lo que va del año a solicitud del gobierno colombiano, por su nexos (reales o presuntos) con las guerrillas de las FARC o el ELN. Son parte de los “frutos” de los acuerdos para el restablecimiento de las “relaciones bilaterales” con el gobierno de Santos, continuador del régimen proimperialista, represor y asesino de Uribe.

Joaquín Pérez Becerra es sobreviviente de la camada de militantes que, en los ‘80, formaron parte de la Unión Patriótica como política de incorporación de las FARC al régimen burgués colombiano: como es sabido, las clases dominantes colombianas desarrollaron una sistemática política de aniquilamiento de dirigentes y militantes de esta organización política, sumando miles de asesinados. Huyó del país y se exilió en Suecia, donde tiene el estatus de exiliado político y la nacionalidad de dicho país, y dirige la red de noticas alternativas Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL). El régimen colombiano lo acusa de “concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas” y la INTERPOL –esa agencia policial organizada desde los gobiernos imperialistas– le libró pedido de captura.

Sin embargo, como señala un comunicado del Movimiento Continental Bolivariano (MCB), “¿acaso la INTERPOL se activa solo en Venezuela?”. Porque Pérez Becerra pasó por varios países y aeropuertos europeos sin ser detenido, precisamente por tener el asilo político sueco, y viene a ser justamente en Venezuela donde lo detienen. Las respuestas están en los acuerdos Chávez-Santos y en las propias palabras del presidente colombiano: “Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba con su captura”, y Chávez, “no titubeó”.

Colaborando con un régimen fundado en la sistemática represión, tortura, encarcelamiento y asesinatos contra las luchas obreras, campesinas y populares

Es sabido que el régimen vigente en Colombia, aún cuando se legitime en elecciones “libres”, actúa casi como una dictadura militar contra las luchas, organizaciones y militantes obreros, campesinos y populares. Es uno de los países con mayor número de asesinatos de dirigentes sindicales a nivel mundial y es, a su vez, el de mayor número de presos políticos en el continente. Según la organización de solidaridad con los presos políticos colombianos “Traspasa Muros”, actualmente hay unos 7.500 presos políticos, de los cuales 500 serían presos “políticos y de guerra” y el resto son civiles apresados bajo montajes judiciales: estudiantes, sindicalistas, maestros, artistas, poetas, ambientalistas, abogados, médicos, profesores, sociólogos, historiadores, investigadores, campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos. En lo que se refiere a periodistas –que es la actividad central desarrollada por Pérez Becerra–, en los últimos 20 años han sido asesinados en Colombia 150 periodistas por razones políticas, tres de ellos en lo que va de 2011.

De esta manera se garantiza la dominación imperialista, terrateniente y burguesa sobre el pueblo colombiano. El propio Santos confiesa descaradamente que ese es su objetivo con la captura de Pérez Becerra: “ha sido el responsable durante muchísimos años de toda esa mala propaganda que le han hecho las FARC a Colombia en Europa”. A través de ANNCOL se denuncian las masacres, el paramilitarismo, los falsos positivos, las fosas comunes, etc. Por eso, dice Santos, “estábamos detrás de él hace mucho tiempo y por fortuna ya está a buen recaudo”… en manos del gobierno “antiimperialista” de Chávez.

La solidaridad con los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre colombiano

Así, en las cárceles del Estado burgués colombiano se pudren miles de luchadores obreros, campesinos, estudiantiles y populares, que requieren del más elemental principio de solidaridad internacionalista no sólo de todos y todas quienes se consideren revolucionarios sino de cualquier demócrata mínimamente consecuente. Pero en lugar de exigir la libertad de estos presos del pueblo trabajador y pobre, Chávez entrega luchadores. Más aún, Chávez ha llegado ya incluso a pedir a los grupos guerrilleros que dejen las armas incondicionalmente, la simple rendición ante el Estado colombiano. Ni más ni menos que la exigencia del imperialismo yanqui, Uribe y Santos.

La mayoría de los presos y perseguidos en Colombia no forman parte de las organizaciones guerrilleras, sino de las organizaciones de masas y de lucha del movimiento obrero, estudiantil, campesino y popular. Los marxistas revolucionarios, aunque no compartimos el programa ni el método de las guerrillas colombianas, defendemos el derecho a la rebelión contra el Estado burgués, y en este caso particular al reconocimiento de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes. En el caso específico de estas organizaciones, no compartimos el programa reformista y utópico de “liberación nacional” mediante una “alianza” entre las masas explotadas y sectores “patrióticos” de la burguesía nacional, como es su llamado a constituir el “gobierno patriótico” junto a sectores explotadores. Tampoco convalidamos el método guerrillero que no apuesta a la autoorganización de las masas y el desarrollo de un poder obrero y popular mediante sus organismos de lucha y de autogobierno al triunfar la revolución. Pero también, coherentes con los principios del marxismo revolucionario, no reconocemos el “derecho” del Estado colombiano a monopolizar las armas y la violencia a favor de las clases explotadoras.

¡Abajo los pactos de Chávez con Santos y Lobos!

Esta ocasión es muy propicia para invitar a la reflexión a quienes aún confían en que de la mano del proyecto y el gobierno de Chávez se puede combatir consecuentemente al imperialismo y, más aún, al capitalismo. La heroica resistencia de los trabajadores, mujeres y pueblo hondureño, que ha cobrado, ¡y sigue cobrándose!, cientos de muertes, torturados y perseguidos, está siendo entregada hoy en el altar de la diplomacia “latinoamericanista” de Chávez. De igual manera los trabajadores y campesinos de Colombia enfrentan la más brutal represión, cárcel y asesinatos por luchar. ¿Se trata de “errores” o “inconsecuencias”? Nosotros creemos que en realidad se inscriben en la lógica de los regímenes que, aun con sus diferencias –que pueden ser grandes en determinados momentos–, son administradores de este sistema de explotación y opresión. Exigimos la inmediata libertad de Joaquín Becerra y de todos los obreros, campesinos y luchadores sociales y populares de Colombia.

Chávez concentra poderes e restringe as liberdades democráticas

Angel Arias — 2011-01-06T00:49:04Z

No dia 17/12, a Assembléia Nacional (AN)- controlada quase em sua totalidade pelo chavismo- aprovou a quarta Lei Habilitante, que permite a Chávez governar por decretos durante o período de 18 meses (até julho de 2012), podendo outorgar leis, normas, regulamentos, ou modificar as já existentes, em uma vasta quantidade de áreas chave da vida nacional: atenção sistematizada e contínua das necessidades humanas vitais e urgentes derivadas das condições sociais de pobreza e das chuvas, deslizamentos, inundações e outros eventos por questões ambientais; infra-estrutura, transporte e serviços públicos; moradia e habitação, ordenamentos territoriais, desenvolvimento integral e uso da terra urbana e rural; finanças e tributário, segurança cidadã e jurídica, segurança e defesa integral; cooperação internacional, sistema socioeconômico da Nação.

A permissão ao presidente para legislar também vem acompanhada de um “pacote legislativo” com mais de 20 leis aprovadas (ou prestes a serem aprovadas) em “tempo recorde” durante dezembro, entre as quais estão muitas que colocam fortes restrições as liberdades democráticas e outorgam ao Estado e seus funcionários um grande poder de intervenção nesse terreno. Desde as demagógicas e cinicamente chamadas “leis do poder popular”, passando pela Lei de Educação Universitária, que estabelece um ministro plenipotenciário para controlar as universidades, ou as que censuram a informação e opinião, até as que impedem a solidariedade internacional ou que penaliza a dissidência política de deputados ou deputadas.

Essas aceleradas normas legislativas obedecem, fundamentalmente, ao fato de que no dia 05 de janeiro deve assumir a nova Assembléia Nacional eleita nas últimas eleições (26/09), onde o governo perdeu a maioria qualificada que vinha tendo desde 2005, quando a oposição burguesa optou por boicotar as eleições parlamentares. Em 26 de setembro o governo obteve a maioria simples, mas não os 4/5 que necessitava para nomear os poderes judiciário, eleitoral e cidadão (Fiscalização, Controladoria e defensoria), nem os 2/3 necessários para sancionar leis orgânicas. Mas também se relaciona ã crescente conflitividade social, expressada em múltiplos protestos de setores operários e populares por reivindicações trabalhistas e de serviço público, assim como ao declínio geral do chavismo, expressado tanto na perda de apoio social do governo como nos próprios rachas internos.

Em geral, o governo busca garantir a Chávez as maiores liberdades para lidar com este cenário para governar sobre o conjunto da sociedade e sobre a luta de classes em particular, sem ter que passar por negociações ou limitações que poderiam se impor pela presença da oposição burguesa no parlamento. Essa concentração de poderes em Chávez e as limitações ás liberdades e direitos democráticos se dão não somente contra um dos mecanismos próprios da institucionalidade democrático-burguesa, como o parlamento, mas também contra as liberdades de organização e luta das organizações operárias, populares e de esquerda não subordinadas ao governo.

Um panorama de recessão econômica, necessidades sociais sem resolver e incipientes lutas

A situação política nacional tem como pano de fundo a forte recessão econômica do país desde o ano passado, que mesmo com certa recuperação, possivelmente continuará em 2011, um quadro de padecimentos sociais entre os setores operários e os mais pobres do país, como a forte inflação- que vem oscilando entre 25% e 30% anualmente nos últimos 4 anos- e a conseqüente perda do poder aquisitivo, a falta de moradias – que afeta cerca de 10 milhões de pessoas (mais de um terço da população) -, ou a deficiência dos serviços públicos (sobretudo água e eletricidade), assim como um cenário de incipientes lutas operárias e populares

O declínio do chavismo, que com altos e baixos e de maneira lenta, mas sustentada, vem se expressando desde a derrota no plebiscito do dia 2 de dezembro de 2007 sobre a Reforma Constitucional, tem a ver com a não satisfação das demandas sociais da maioria trabalhadora e empobrecida que depois de longos anos de governo chavista e de grandes confrontos com a reação e o imperialismo não estão vendo solucionadas suas mais importantes demandas. Simplesmente por que a “revolução” e o “socialismo” que Chávez e seu governo repetem até cansar não deixam de ser, em realidade, um projeto de desenvolvimento nacional burguês – com muito peso do papel do Estado- que deixa de pé o fundamental da espoliação imperialista e da exploração capitalista: Aí estão as razões para que o governo não resolva a questão da “dívida social”, como tem sido chamado os padecimentos das massas no capitalismo dependente.

O governo responde “ofensivamente” diante de seu declínio

O governo manteve uma maioria na Assembléia Nacional, mas a soma dos votos que obtiveram ficou abaixo do total de votos alcançados pelos partidos não alinhados (Tanto a MUD, como os ex chavistas do PPT), marcando praticamente um “empate técnico” em termos eleitorais, abrindo uma nova etapa onde pela primeira vez aparece comprometida a reeleição presidencial de Chávez. Diante disso, a resposta para recuperar o terreno perdido e a base eleitoral tem sido “aprofundar” seu modelo baseado no Estado desenvolvimentista, que eles chamam de “socialismo do século XXI” ou “socialismo bolivariano”.

Frente ao retrocesso expressado nas eleições parlamentares de 26/09, a oposição burguesa esperava um governo mais fraco e débil, no entanto, esta não foi a reação deste, assim, a direita argumentava que Chávez não havia entendido “a mensagem do eleitorado”, que segundo eles era, sobretudo, de “respeito a propriedade privada”, porém, como escrevemos há um mês, na realidade “ o governo ‘entendeu sim' que deve dar resposta aos problemas chave que lhe retiravam o apoio eleitoral, e sabe que esses problemas não são passiveis de resolver cedendo ao programa mais ‘liberal' da MUD – ou seja, menos estatal, com menos intervenção e regulação- pelo contrário, usando os poderes e capacidade do Estado (como poder político e ator econômico) para incidir sobre a economia e buscar assim algumas melhorias na vida das massas que lhe permita recuperar o terreno perdido, sobretudo, pensando nas eleições presidenciais de 2012”En Clave Obrera n° 25, nov dic 2010, periódico da LTS.

Desse modo, além do “pacote legislativo” de dezembro, o governo vem tomando medidas com a linha de intervenção direta do estado na economia, não somente como regulador, mas inclusive como proprietário e empresário, principalmente com a continuidade das aquisições forçadas (chamadas de “expropriações”) de algumas empresas, terras e fazendas - mediante, em alguns casos, com a ocupação direta do exército apenas anunciando-, assim como o desenvolvimento de uma lei que lhe permite maior margem de manobra nas ações em matéria de habitação e edificações urbanas. O governo aponta para dois aspectos fundamentais da economia e dos padecimentos das massas: a questão da moradia, que se aprofunda com as recentes chuvas que afetaram 130 mil pessoas, e a agricultura, relacionada com os problemas de inflação e escassez.

A oposição burguesa protesta em defesa da propriedade privada – ainda que em realidade a grande maioria das propriedades e negócios burgueses tem sido sempre defendida pelo governo – e aproveita as leis aprovadas na Assembléia Nacional para tentar colocar atrás de si o conjunto da população em uma espécie de frente democrática contra “o autoritarismo” e o “comunismo” de Chávez. A classe operária e o povo devemos desenvolver uma decidida defesa de nossos direitos políticos e democráticos com completa independência não somente do governo, mas também desta oposição burguesa que somente se preocupa com os “direitos democráticos” na medida que afetam seus negócios e sua possibilidade de tomar o governo, mas que está, igualmente ao chavismo, disposta a acabar com as liberdades democráticas do povo trabalhador quando consideram necessário para garantir seus lucros e essa sociedade de exploração.

Um giro bonapartista que irá golpear os trabalhadores e o povo pobre

O que está preparando o governo é um giro a uma maior bonapartização, entendida esta como um aumento das capacidades do chefe de Estado em regular e controlar a vida nacional e a luta de classes, nesse caso, expressado na figura presidencial forte e com poderes especiais, que prescindindo de alguns dos mecanismos de negociações e acordos da democracia burguesa, pode governar a seu critério. É claro que este regime reduz as capacidades de ação e negociação das frações e setores da oposição burguesa, mas, sobretudo, recai com toda força sobre as liberdades democráticas das massas exploradas e empobrecidas.

Com a Lei Habilitante que Chávez pediu alegando a emergência provocada pelas fortes chuvas, poderá governar por decretos durante um ano e meio em todos os âmbitos que assinalamos antes, e uma das primeiras medidas que já anunciou, descaradamente, é o aumento do IVA, um imposto indireto sobre o salário e o orçamento das famílias pobres, como uma via para “conseguir recursos para uma necessidade que não estava prevista no Orçamento público de 2011” . Diante de um drama causado nem tanto pelas chuvas em si, mas sim pelas condições precárias e de pobreza geradas pelo capitalismo e pela espoliação imperialista, o presidente que fala o tempo todo sobre “revolução” e “socialismo” não consegue pensar em coisa melhor que usar seus poderes especiais para aumentar os impostos sobre os trabalhadores e pobres, enquanto continua pagando religiosamente a dívida externa aos bancos imperialistas e nacionais e anistia/subsidia os impostos a vários setores empresariais nacionais “produtivos” e, inclusive, para transnacionais de gás e petróleo.

Chávez poderá firmar a seu critério contratos com o capital transnacional, reorganizar as regiões geográficas, criar novas comunidades e “comunas”, tomar medidas de segurança e ordem pública ou de “defesa integral” da Nação e um enorme etcétera de medidas derivadas do amplo leque de assuntos que está “habilitado”.

Entre o conjunto de Leis do chamado “poder popular” – Lei orgânica do poder popular, Lei dos conselhos estaduais de planificação e coordenação de políticas públicas, Lei dos conselhos locais de planificação pública, lei do processo de transferência dos poderes e serviços do Estado e Municípios ao poder popular, etc – simplesmente se estabelecem mecanismos pelos quais o poder executivo nacional se liga diretamente com as organizações comunais locais orientadas, reguladas e financiadas por ele próprio, prescindindo parcialmente das mediações dos governadores e prefeituras, enquanto descarrega sobre as comunidades a “co-responsabilidade” na gestão dos serviços públicos, na manutenção e conservação dos espaços urbanos, e na própria segurança pública. É o presidente, investido de poderes para governar por decretos, em relação direta com as organizações locais, que a propósito, pouco ou nada decidem sobre as questões centrais da economia e da política nacional, mas sim devem assumir a gestão do capitalismo em suas localidades: É a isto que chamam de “poder popular” e “Estado comunal”.

É urgente uma oposição operária e classista

Diante desse panorama de crise econômica, alta inflação e aumento de impostos, enorme carência de moradia e serviço público, e restrição das liberdades democráticas que são essenciais para a organização e luta das massas exploradas e empobrecidas, é de grande importância o desenvolvimento entre a classe trabalhadora de uma perspectiva independente do governo e da oposição patronal, que busque “pescar em águas turvas”. Há anos o governo vem desenvolvendo uma série de leis que criminalizam os protestos e o direito de greve e que graças a elas há centenas de lutadores operários e populares com distintos tipos de processos judiciais ou diretamente presos, como o companheiro Rubén González, secretário geral do sindicato ferro-mineiro de Orinoco, privado de liberdade há mais de um ano e com um processo no qual o governo pede oito anos de prisão por ter participado de uma greve por cumprimento do acordo coletivo. Com estas novas leis não podemos esperar nada diferente do que um aprofundamento dos níveis de coação e repressão estatal ás lutas, que se somam aos ataques que vem diretamente dos empresários privados, como as demissões, suspensões, ou inclusive a contratação de capangas para assassinar os lutadores operários. É preciso nos preparar para próximo período de duras lutas.

Chávez orders the compulsory acquisition of Sanitarios Maracay

Angel Arias — 2011-01-04T23:01:05Z

On December 19, in the context of a series of measures to confront the housing emergency exposed by the hard rains that left 130,000 people affected, President Chávez announced the expropriation of Sanitarios Maracay, besides another enterprise called Aluven (Aluminios de Venezuela). Yes, it is the same factory where approximately 400 workers carried out a big struggle from November, 2006, setting up production under their own control and demanding that the government expropriate the factory, without any compensation to the boss, while keeping workers' management. That was the response the workers gave, in view of the owner's decision to close the enterprise and leave them in the street, when they refused to work under conditions of hyper-exploitation that the boss proposed to them as the only way to keep the enterprise going. More than four years have passed since the beginning of that struggle, and more than three, since the government plotted to destroy it. Now the government is returning for the charters of Sanitarios Maracay, in the most pragmatic fashion, forced only by the pressing need for housing of the working-class and poor majorities, who have not seen this drama resolved after more than a decade of so-called "revolution."

The struggle carried out by the workers, who dared to rebel against capitalist power, had to confront not only the owner Álvaro Pocaterra, but also the government itself, in the form of its union bureaucrats, its union deputies and the National Assembly itself, that acted against the workers in different ways: trying to set up a parallel union that was opposed to workers' control, repression by the Guardia Nacional, even negotiations with the owner, behind the backs of the workers. Thus, workers' management appeared to be really fenced in (without credit, without access to raw materials, without official customers), and although they managed to get around the situation for several months, by the ninth month (August, 2007), the situation became distressing for many of the workers' families, since the wages would no longer cover basic needs. The national government, that never gave the workers a bolívar of credit, that never bought one bathroom from the workers' administration (while it did indeed buy thousands from a private company, Vencerámica), gave a credit to Pocaterra so that he offered to pay the workers some measly severance pay "immediately," so that they would leave the factory: a big group of the workers accepted the proposal concocted by the government, the former General Secretary of the union, and the owner, thus ending the experiment in workers' control.

After this big retreat, a group of 70 workers that refused to agree to the blackmail, occupied a smaller plant where plastic bathroom parts were produced (Saniplastic), and from then on, they kept on producing, with difficulty, covering their most basic needs in a very precarious manner.

Thus it is that we arrive at the "expropriation" that Chávez decreed two weeks ago, that has nothing to do with the struggle of the workers who demonstrated an independent working-class solution to the crises and the closures of businesses. The government fought against the struggle of the workers of Sanitarios Maracay, because it involved a big example of independent workers' struggle, of a class-conscious alternative, with truly anti-capitalist potential. Furthermore, the owner was by then part of an exclusive group of employers that were exporting to Cuba with the permission of the national government. Now, this compulsory acquisition is only guided by the pragmatic calculation of the pro-development state. "Sanitarios Maracay is going to allow the recovery of 44% of the market and provide bathroom parts that the government will use (for dwellings)," declares the Minister of Science, Technology, and Intermediate Industries. The government's premise is that the enterprise will allow it "to strengthen the capacity of supplies destined for production," nothing to do with workers' power or a perspective of struggle against exploitation by capitalist bosses. And it is so much so that, while the army and government bureaucrats have been installed in the factory for weeks, no approach or hint of allowing the workers who struggled, to participate in the new management of the nationalized enterprise, has come up. This Sanitarios Maracay will be, then, one more nationalized enterprise, with the same or greater exploitation by the boss, with a bureaucratic-authoritarian chain of command, at the service of the national government's plan of bourgeois "national development."

Chávez concentra poderes y restringe libertades democráticas

Angel Arias — 2010-12-30T17:08:01Z

El pasado 17/12, la Asamblea Nacional (AN)–controlada casi en su totalidad por el chavismo– aprobó la cuarta Ley Habilitante para Chávez desde que está en el gobierno (febrero 1999), que le da potestad para gobernar por decreto durante 18 meses ( julio de 2012), al poder dictar leyes, normas, reglamentos, o modificar los existentes, en una vasta cantidad de áreas clave de la vida nacional: atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental; infraestructura, transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; ordenamiento territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural; financiero y tributario; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; cooperación internacional; sistema socioeconómico de la Nación.

La habilitación al presidente para legislar ha venido acompañada además del “paquete legislativo” de más de 20 leyes aprobadas (o por aprobar en los días que corren) en “tiempo récord” este diciembre, entre las cuales figuran muchas que colocan fuertes límites a las libertades democráticas y otorgan al Estado y sus funcionarios gran poder de intervención en este terreno: desde las demagógica y cínicamente llamadas “leyes del poder popular”, pasando por la Ley de Educación Universitaria que establece un ministro plenipotenciario para controlar las universidades o las que censuran la información y opinión, hasta la que impide la solidaridad internacional o la que penaliza la disidencia política de los diputados o diputadas.

Estas aceleradas diligencias legislativas obedecen, fundamentalmente, al hecho de que el 05 de enero próximo debe asumir la nueva AN elegida el 26/9, donde el gobierno perdió las mayorías calificadas de las que venía gozando desde 2005, cuando la oposición burguesa optó por boicotear las elecciones parlamentarias. El 26-S el gobierno retuvo la mayoría simple, pero no las 4/5 partes que se requieren para nombrar los poderes judicial, electoral y ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría), ni los 2/3 necesarios para sancionar leyes orgánicas. Pero también atienden a la creciente conflictividad social, expresada en múltiples protestas sectoriales obreras y populares por reivindicaciones laborales y servicios públicos, así como al declive en general del chavismo, expresado tanto en la pérdida de apoyo social del gobierno como en las propias fracturas internas.

De conjunto, el gobierno busca garantizarle a Chávez las mayores libertades para lidiar con este escenario, para poder gobernar sobre el conjunto de la sociedad y sobre la lucha de clases en particular, sin tener que pasar por las negociaciones o límites que pudiera imponerle la presencia de la oposición en el parlamento. Esta concentración de poderes en Chávez, y las limitaciones a las libertades y derechos democráticos, se hace no solo a expensas de uno de los mecanismos propios de la institucionalidad democrático-burguesa, como el parlamento, sino también a expensas de las libertades de organización y lucha de las organizaciones obreras y populares y de la izquierda no subordinada al gobierno.

Un panorama de recesión económica, necesidades sociales sin resolver e incipientes luchas

La situación política nacional tiene como trasfondo la fuerte recesión económica del país desde el año pasado, que aún con cierta recuperación, prevé continuar en 2011, un cuadro de padecimientos sociales entre los sectores obreros y más pobres del país, como la fuerte inflación –que viene oscilando entre el 25% y 30% anual en los últimos cuatro años– y la correspondiente pérdida del poder adquisitivo, la falta de viviendas –que afecta a unas 10 millones de personas (más de un tercio de la población)–, o la deficiencia de servicios públicos (agua y electricidad, sobre todo), así como un escenario de incipientes luchas obreras y populares.

El declive del chavismo que, con altibajos y de manera lenta pero sostenida, se viene expresando desde la pérdida del plebiscito del 2-D de 2007 sobre la Reforma Constitucional, tiene que ver con las demandas sociales insatisfechas de las mayorías trabajadoras y empobrecidas que, después de largos años de gobierno chavista y de grandes confrontaciones con la reacción y el imperialismo, no han visto resueltas sus más importantes demandas. Sencillamente porque la “revolución” y el “socialismo” que alegan hasta la saciedad Chávez y su gobierno, no deja de ser en realidad un proyecto de desarrollo nacional burgués –con mucho peso en el rol del Estado– que deja en pie lo fundamental de la expoliación imperialista y la explotación capitalista: allí están las razones por las que el gobierno no resuelve la “deuda social”, como han dado en llamar a los padecimientos de las masas en el capitalismo dependiente.

El gobierno responde “ofensivamente” ante su declive

El gobierno retuvo la mayoría en la AN, pero la suma de votos que obtuvo resultaron levemente inferiores al total de votos obtenido por los partidos que no lo respaldan (tanto la MUD, como los ex chavistas del PPT), marcando prácticamente un “empate técnico”, en términos electorales, abriendo un escenario novedoso donde por primera vez aparece comprometida la re-elección presidencial de Chávez. Ante esto, la respuesta para recuperar el terreno perdido y la base electoral ha sido “profundizar” su modelo basado en el Estado desarrollista, lo que da en llamar “socialismo del siglo XXI” o “socialismo bolivariano”.

Ante el retroceso expresado en las parlamentarias del 26-S, la oposición burguesa aspiraba a un gobierno más golpeado o débil, sin embargo, esta no fue la reacción de este, por lo que la derecha argumentaba que Chávez no había entendido “el mensaje del electorado”, que según ellos era sobre todo de “respeto a la propiedad privada”, sin embargo, como escribimos hace un mes, en realidad “el gobierno ‘sí entendió' que debe dar respuesta a problemas claves que le socavan el apoyo electoral, y sabe que esos problemas no los puede resolver cediéndole al programa más ‘liberal' de la MUD –es decir, menos estatista, de menos intervención y regulación– sino al contrario, usando las potestades y capacidades del Estado (como poder político y actor económico) para incidir en la economía y buscar así algunas mejoras en la vida de las masas que le permitan recuperar el terreno perdido, sobre todo pensando en las presidenciales de 2012” (En Clave Obrera N° 25, nov-dic 2010).

Es así que además del “paquetazo legislativo” de este diciembre, el gobierno viene tomando medidas en la línea de la intervención directa del Estado en la economía, no sólo como regulador sino también como propietario y empresario, sobre todo la continuidad de las adquisiciones forzosas (llamadas “expropiaciones”) de algunas empresas, de tierras y fincas –mediando en algunos casos la ocupación directa por el ejército, apenas se hace el anuncio–, así como el desarrollo de una ley que le permite mayor margen de acción en materia de vivienda y edificaciones urbanas. El gobierno apunta a dos aspectos claves de la economía y de los padecimientos de las masas: la vivienda, que se profundiza con las recientes lluvias que dejaron 130 mil personas damnificadas, y la agricultura, relacionada con los problemas de inflación y escasez.

La oposición burguesa pone el grito en el cielo en defensa de la propiedad privada –aunque en realidad la gran mayoría de las propiedades y negocios burgueses han sido garantizados siempre por el gobierno– y aprovecha las leyes aprobadas por la AN para intentar colocar tras de sí al conjunto de la población en una suerte de frente democrático contra “el autoritarismo” y “el comunismo” de Chávez. La clase obrera y el pueblo debemos desarrollar una decidida defensa de nuestros derechos políticos y democráticos con completa independencia no sólo del gobierno sino también de esta oposición burguesa, a la que solo le preocupan los “derechos democráticos” en la medida en que afectan sus negocios y sus posibilidades de acceder al gobierno, pero está igual de dispuesta que el chavismo a recortar las libertades democráticas del pueblo trabajador cuando lo considere necesario para la estabilidad de las ganancias y de esta sociedad de explotación.

Un giro bonapartista que golpeará sobre los trabajadores y el pueblo pobre

Lo que está operando el gobierno es un giro hacia una mayor bonapartización, entendida ésta como el aumento de las capacidades del Jefe de Estado para regular y controlar la vida nacional y la lucha de clases, en este caso, expresado en una figura presidencial fuerte y con poderes especiales que, prescindiendo de algunos de los mecanismos de negociaciones y acuerdos de la democracia burguesa, pueda gobernar a discreción. Por supuesto que este régimen le resta capacidad de acción y negociación a las fracciones y sectores burgueses de oposición, pero sobre todo recae con toda su fuerza sobre las libertades democráticas de las masas explotadas y empobrecidas.

Con la Ley Habilitante que Chávez pidió alegando la emergencia provocada por las fuertes lluvias, puede gobernar por decreto durante año y medio en todos los ámbitos que señalamos antes, y una de las primeras medidas que ya anunció, con total desparpajo, es el aumento del IVA, ese impuesto indirecto al salario y al presupuesto de las familias pobres, como una vía para “conseguir recursos para una necesidad que no estaba pautada en el presupuesto de 2011”. Ante un drama causado no tanto por las lluvias como sí por las condiciones de precariedad y pobreza generadas por el capitalismo y la expoliación imperialista, el presidente que habla hasta por los codos de “revolución” y de “socialismo”, no se le ocurre mejor idea que usar los poderes especiales de que se dota, para aumentar impuestos a los trabajadores y pobres, mientras continúa pagando religiosamente la deuda externa a la banca imperialista y nacional, y exonera/subsidia impuestos a varios sectores empresariales nacionales “productivos”, e incluso transnacionales del gas y el petróleo.

Chávez podrá concretar a discreción contratos con el capital transnacional, reorganizar las regiones geográficas, crear nuevas comunidades y “comunas”, tomar medidas de seguridad y orden público o de “defensa integral” de la Nación, y un largo etcétera de medidas derivadas de los amplios ámbitos en los que está habilitado.

Entre el conjunto de leyes del llamado “poder popular” –Ley Orgánica del Poder Popular, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular, etc.– sencillamente se establecen los mecanismos por lo cuales el Ejecutivo Nacional se entiende directamente con las organizaciones comunales locales impulsadas, reguladas y financiadas por éste, prescindiendo parcialmente de la mediación de las gobernaciones y alcaldías, a la vez que descarga sobre las comunidades la “corresponsabilidad” en la gestión de servicios públicos, en el mantenimiento y conservación de los espacios urbanos, y en la propia seguridad ciudadana. Es el presidente, investido de súper poderes para gobernar por decreto, en relación directa con las organizaciones locales que, por supuesto, poco y nada deciden sobre las cuestiones centrales de la economía y la política nacional, sino que deben hacerse cargo de la gestión del capitalismo en sus localidades: a esto llaman “poder popular” y “Estado comunal”.

Urge una oposición obrera clasista

Ante este panorama de crisis económica, alta inflación y alza de impuestos, grandes necesidades de vivienda y servicios públicos, y restricción de las libertades democráticas que son claves para la organización y lucha de las masas explotadas y empobrecidas, es de mucha importancia el desarrollo entre la clase trabajadora de una perspectiva independiente del gobierno y de la oposición patronal, que busca pescar en río revuelto. Ya el gobierno vino desarrollando en años anteriores toda un serie de leyes que criminalizan la protesta y el derecho a huelga, gracias a las cuales hay cientos de luchadores obreros y populares con distintos niveles de procesos judiciales, o directamente presos, como el compañero Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, privado de libertad hace más de un año y con un juicio en el que el gobierno pide 8 años de cárcel, por participar de una huelga por el cumplimiento del contrato colectivo. Con estas nuevas leyes, no podemos menos que esperar una profundización de los niveles de coacción y represión estatal a las luchas, que se complementan con los ataques directos por parte de los empresarios privados, como los despidos, suspensiones, o incluso pago de sicarios para asesinar luchadores obreros. Hay que preparase para un futuro inmediato de duras luchas.

Las leyes de Chávez

En las reformas de las leyes relacionadas con la información y comunicaciones (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y la Ley de Telecomunicaciones) se incluye a los medios electrónicos dentro de las regulaciones y se establecen nuevas multas para los medios o incluso las personas, que transmitan mensajes que “inciten o promuevan el odio, hagan apología del delito, propaganda de guerra, creen zozobra, desconozcan las autoridades constituidas, induzcan al homicidio o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”, y se amplían las restricciones a los horarios para mensajes “violentos”. La rectoría del asunto queda en manos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que depende directamente de la Vicepresidencia de la República, cuyo titular a su vez es nombrado por el presidente de la República. El gobierno busca así censurar en los medios las expresiones de descontento social, de protesta, de la represión, de cuestionamientos al orden social existente, lo que por supuesto marca grandes limitaciones para la difusión de las luchas y opiniones políticas de las masas en lucha y la izquierda anticapitalista y revolucionaria.

En la Ley de Educación Universitaria (LEU) el gobierno despliega una inconsistente y emborrachadora verborrea pseudo revolucionaria, falsamente democrática y de supuesta “educación liberadora” y “diálogo de saberes”, para diseñar un modelo de educación universitaria al servicio del proyecto de gobierno, subordinando todo el quehacer universitario a los planes de desarrollo burgués diseñados por éste, operando una falsa democratización al establecer la elección directa de las autoridades. Pero se tratará de un gobierno universitario poco menos que real, así como en el caso de la autonomía universitaria, pues las decisiones clave en todo caso serán tomadas por el ministerio encargado de la materia. El ministerio de Educación Universitaria se reserva directamente decenas y decenas de competencias, entre las que podemos destacar como las más aberrantes: regular la creación de programas de formación, la creación o supresión de núcleos o extensiones universitarias, la manera en la que las universidades se vincularán con las “misiones”, la creación de cátedras, establecer las bases para la participación del “poder popular” en la gestión universitaria, establecer las formas de organización y participación de los gremios universitarios, dar el “visto bueno” a los reglamentos para el funcionamiento del gobierno universitario de cada institución, definir el reglamento para la elección de las autoridades universitarias, regular y controlar el uso y fines del patrimonio e ingresos de las universidades, la carrera docente, la suscripción de convenios con otras instituciones públicas o privadas del país o de fuera, establecer los lineamientos para los programas de formación docente, etcétera. Como vemos, ¡hasta la forma en que los estudiantes, empleados, obreros y docentes deben organizarse para participar de la “democracia participativa y protagónica” será definida por el plenipotenciario ministro!

Podemos ir cerrando esta muestra de las disposiciones legales adoptadas a la carrera por el gobierno este mes, con la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, y la reforma a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

La primera consta de cinco artículos cuyo objetivo es prohibir cualquier tipo de ayudas económicas y en recursos de fuera del país a cualquier organización política, gremial o de derechos humanos, así como la posibilidad de la participación de miembros de organizaciones políticas o gremiales de fuera del país en actividades que tengan que ver con luchas o situaciones que se desarrollen aquí. Por supuesto el discurso del gobierno y la izquierda genuflexa que lo apoya es que se trata de limitar la injerencia imperialista… ¡como si de esta manera el país se fuera a liberar de las influencias políticas o ideológicas de los países imperialistas! Lo que en realidad sí estará penalizado será la solidaridad internacional entre las masas en lucha, o incluso el internacionalismo proletario, no sólo expresado en la solidaridad obrera con las luchas sino en la propia pertenencia a organizaciones internacionales (como de hecho es nuestro caso, que somos parte de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional, junto a compañeros y compañeras de varios países de América Latina y de Europa).

Por su parte, la reforma a la ley de partidos demuestra el gran temor del chavismo a perder su propia mayoría parlamentaria, al penalizar la disidencia política de los diputados frente a sus partidos. Allí se consideran “fraude a los electores y electoras”: votar en contra de los postulados programáticos o político-ideológicos que fueron presentados al electorado, hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias al programa de gestión presentado ante el órgano electoral, hacer causa común con fuerzas contrarias a las que lo respaldaron, y, separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización que lo postuló, para integrar otro. Las penalizaciones para estos casos será la inhabilitación política del diputado o diputada, la cual procederá al solicitarla los ciudadanos o un diputado de la tolda que lo respaldó, será aprobada por la mayoría simple de los diputados presentes una sesión plenaria y enviada a la Contraloría General de la República para que verifique si hay méritos para la inhabilitación. Sobra señalar por qué ha sido bautizada popularmente como “ley anti-talanquera”.

Chávez ordena la adquisición forzosa de Sanitarios Maracay

Angel Arias — 2010-12-30T16:58:27Z

Luego que el gobierno combatió y derrotó la lucha de los obreros que la gestionaban sin patrón y exigían la expropiación sin pago

El pasado 19 de diciembre, en el marco de una serie de medidas para hacer frente a la emergencia habitacional puesta de manifiesto por las fuertes lluvias que dejaron 130 mil personas damnificadas, el presidente Chávez anunció la expropiación de Sanitarios Maracay –junto a otra llamada Aluven (Aluminios de Venezuela). Sí, se trata de la misma fábrica donde alrededor de 400 trabajadores desarrollaron una gran lucha desde noviembre de 2006, poniéndola a producir bajo su propio control y exigiéndole al gobierno la expropiación de la misma, sin ningún pago al patrón y manteniendo la gestión obrera. Esa fue la respuesta que dieron los trabajadores ante la decisión del empresario de cerrar la empresa y dejarlos en la calle, cuando estos no aceptaron trabajar bajo las condiciones de súper explotación que este les proponía como única manera de mantener la empresa funcionando. Han pasado más de cuatro años del inicio de aquella lucha, y más de tres desde que el gobierno conspiró para derrotarla… ahora el gobierno vuelve por los fueros de Sanitarios Maracay, de la manera más pragmática, solo empujado por la acuciante necesidad de viviendas de las mayorías obreras y pobres que no han visto resuelto este drama tras más de una década de supuesta “revolución”.

La lucha que llevaron adelante los obreros que se atrevieron a insubordinarse ante el poder capitalista, no sólo debió enfrentar al empresario Álvaro Pocaterra, sino también al propio gobierno, en la figura de sus burócratas sindicales, sus sindicalistas-diputados y la propia Asamblea Nacional, que obraron contra los obreros de diversas maneras: intentando montar un sindicato paralelo que era contrario a la gestión obrera, represión por parte de la Guardia Nacional, hasta negociaciones con el patrón, a espaldas de los obreros. Así, la gestión obrera se vio verdaderamente cercada (sin créditos, sin acceso a materia prima, sin clientes oficiales) y aunque logró sortear la situación varios meses, al mes nueve (agosto 2007) la situación se hizo desesperante para muchas de las familias obreras, pues los ingresos ya no cubrían las cuestiones elementales. El gobierno nacional, que nunca dio un bolívar de crédito a los trabajadores, que nunca compró una sala de baño a la gestión obrera (mientras sí le compró miles a una empresa privada –Vencerámica–), le consiguió un crédito a Pocaterra para que este ofreciera a los trabajadores pagarles “de inmediato” unas míseras indemnizaciones por despido, a cambio de que abandonaran la fábrica: un sector importante de los trabajadores aceptó la propuesta fraguada entre el gobierno, el ex secretario general del sindicato y el empresario, concluyendo así la experiencia de gestión obrera.

Luego de este gran retroceso, un grupo de 70 trabajadores que se negó a aceptar el chantaje, ocupó una planta menor donde se producían los componentes plásticos de las salas de baño (Saniplastic), y desde entonces a duras penas han mantenido la producción, cubriendo de manera muy precaria sus necesidades más elementales.

Es así como llegamos a la “expropiación” que decretó Chávez hace un par de semanas, que no tiene nada que ver con la lucha de los trabajadores que mostraban una salida obrera independiente ante las crisis y cierres de empresas. El gobierno combatió la lucha de los trabajadores de Sanitarios Maracay porque implicaba un gran ejemplo de lucha obrera independiente, de alternativa clasista y con potencial verdaderamente anticapitalista. Además, el empresario era para entonces parte de un selecto grupo de empresarios que exportaban a Cuba con la venia del gobierno nacional. Hoy, esta adquisición forzosa está sólo guiada por el cálculo pragmático del Estado desarrollista. “Sanitarios Maracay va a permitir recuperar 44% del mercado y proveer de las piezas sanitarias que va a utilizar el gobierno (para viviendas)”, declara el ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. La premisa del gobierno es que la empresa le permitirá “fortalecer la capacidad de insumos destinados para la producción”, nada que ver con el poder obrero y una perspectiva de lucha contra la explotación patronal capitalista. Y es tan así, que mientras ya el ejército y los burócratas del gobierno están hace semanas instalados en la fábrica, no ha mediado ningún acercamiento ni guiño de dar participación a los trabajadores que lucharon, en la nueva gestión de la empresa estatalizada. Esta Sanitarios Maracay será pues, una empresa estatizada más, con la misma o mayor explotación patronal, con una cadena de mando burocrático-autoritaria, al servicio del proyecto de “desarrollo nacional” burgués del gobierno nacional.

El oportunismo impotente de una organización sin estrategia revolucionaria

Angel Arias, Milton D'León — 2010-06-10T12:17:03Z

En diversas oportunidades hemos discutido con los compañeros que hoy se agrupan en la Unidad Socialista de Izquierda (USI) –cuyo principal referente es Orlando Chirino, y que hacen parte, junto a Izquierda Socialista (IS) de Argentina, de la agrupación internacional UIT (Unidad Internacional de los Trabajadores)–, sobre su renuncia a la lucha por la independencia política de la clase obrera, tanto en su subordinación al chavismo hasta 2007, como con sus alianzas con burócratas sindicales neoliberales y de derecha en el último período (y en los últimos días ha sellado alianza electoral con el PPT, un partido de neto carácter burgués). Si no fuera porque los compañeros pretenden hablar ante los trabajadores y la juventud en nombre del “clasismo” y del marxismo revolucionario, el trotskismo, no haría falta insistir en estas cuestiones.

Unidad de acción para defender las conquistas obreras, ¿o capitulación a aparatos sindicales proburgueses?

En un foro en la Universidad Central de Venezuela junto a una agrupación oriunda del bloque de la oposición burguesa con quien la USI viene tejiendo alianza política [1], Orlando Chirino planteó que su grupo tiene “derecho” a juntarse “con cualquiera que esté por defender las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores”. Pero esta afirmación, que en términos generales puede ser correcta, esconde una política oportunista de los compañeros de la USI que intentan presentar como parte de una política obrera revolucionaria. Veamos.

Hay cuestiones del abc de la política marxista revolucionaria que la USI “ignora” por completo al hacer su política. El más elemental es el que refiere al carácter de clase de las formaciones políticas y sociales (partidos, Estados, etc.), a partir del cual los revolucionarios proletarios definimos la actitud a tener, pues nuestro objetivo es la destrucción de la sociedad burguesa, y por tanto se guarda la más celosa independencia política y organizativa frente a las variantes políticas que buscan preservarla. De no ser así, se desarma a los trabajadores, lo que permite consolidar al bloque enemigo, pues tal como señalaba Trotsky, “Es preciso enseñarles [a los trabajadores] a desconfiar de las agencias pequeño burguesas del capital. Es preciso enseñarles a no fiarse más que de ellos mismos. Es preciso ligarlos indisolublemente a su propia suerte” [2].

Por eso, una cosa es la unidad de acción específica, concreta, con estas corrientes y dirigentes en aras de movilizar a la clase obrera para defender sus conquistas, sin que eso implique ningún acuerdo político de otro tipo con esas corrientes ni atar de manos a los revolucionarios sobre las críticas a la orientación proburguesa de las mismas, y otra cosa es proponerse acuerdos programáticos y callarse la boca sobre el carácter reaccionario de estos dirigentes… y lo que es peor aún, sin avanzar en la movilización concreta para defender a la clase obrera. Aquí está la importante diferencia entre lo que Lenin llamaba “golpear juntos, marchar separados”, y lo que es una política oportunista en el terreno sindical.

En sus comunicados públicos se afirma que “esta plataforma [Solidaridad Laboral] se genera por la necesidad de unirnos, de encontrar maneras de luchar todos sin importar la tendencia política” y que se postula como “una alternativa sindical y sociopolítica (…) que se propone construir un nuevo camino y una nueva propuesta para la defensa y el avance de los trabajadores (as)” [3]. Para Trotsky, en línea con la táctica leninista, la cuestión era: “¡Ninguna plataforma común con la socialdemocracia o los dirigentes de los sindicatos alemanes, ninguna publicación, ninguna bandera, ningún cartel común! ¡Marchar separados, golpear juntos! ¡Ponerse de acuerdo únicamente sobre la manera de golpear, sobre quién y cuándo golpear! Uno puede ponerse de acuerdo con el diablo, con su abuela… Con la única condición de no atarse las manos”León Trotsky, “Carta a un obrero comunista alemán, miembro del partido comunista alemán” en “La lucha contra el fascismo en Alemania (1933)”. Versión electrónica publicada en www.ceip.org.ar.

Sin embargo, totalmente a contramano de cómo Lenin y Trotsky plantean la cuestión, la USI se propone ¡construir una “alternativa sociopolítica”, una “plataforma común”, un “nuevo camino”, “sin importar la tendencia política” con sindicalistas neoliberales y defensores férreos de la propiedad privada burguesa y terrateniente, cuando no directamente golpistas proimperialistas! Dos “botones” sobre los integrantes de esta “alternativa sociopolítica”: Carlos “El Chino” Navarro, directivo copeyano de la CTV y aliado del gobierno neoliberal y represor de Caldera en los 90's, a favor de las privatizaciones y la flexibilización laboral, así como artífice del desmontaje de la retroactividad de las prestaciones sociales desde la “Tripartita”; Froilán Barrios, también burócrata de la CTV, partícipe del golpe de abril del 2002, quien defiende a los empresarios y terratenientes de los “atropellos ejecutados contra el sector privado; de invasión de haciendas en producción, de toma de fábricas…” [4], sí, esos mismos terratenientes y empresarios que pagan sicarios para asesinar campesinos sin tierra o dirigentes sindicales [5].

Sindicalismo oportunista e impotente en nombre de un supuesto “frente único”

Por ahora, los acuerdos programáticos de la USI con estos representantes de la burguesía opositora en el movimiento obrero no cuajaron, aunque continúan sus ruedas de prensa conjuntas, llamados a “seminarios políticos”. Algunos de los integrantes de la USI intentan justificar semejante política con la idea del “frente único” (FU). Pero este intento de justificación no puede sino cazar incautos, pues en nada tiene que ver esta política con la táctica revolucionaria del frente único obrero.

Es una obviedad que si entre los trabajadores no hubiese distintas capas, sectores, ideologías y aparatos políticos, no tendría sentido plantearse la táctica del frente único obrero, más aún, si no existiesen en la clase organizaciones centristas, reformistas, proburguesas, sería una tarea sencilla para el partido revolucionario agrupar tras de sí al conjunto de la clase, y sería superfluo pensar en un FU. El FU es entonces a la vez una necesidad de la clase y una táctica: una necesidad para sumar fuerzas como clase para la defensa de sus conquistas (democráticas o económicas), y una táctica para ganar mayor influencia entre la clase, precisamente combatiendo a los agentes –conscientes o inconscientes– de la burguesía en su seno. Es una táctica subordinada a la política de crear alas revolucionarias con conciencia de clase al interior de los sindicatos y el movimiento obrero en su conjunto, combatiendo sus propias direcciones reformistas y proburguesas.

Por eso el FU puede implicar la unidad de acción con los dirigentes reformistas y proburgueses de la clase obrera con el objetivo de lograr avances en la acción y movilización de las masas obreras, para que al calor de la intervención común en la lucha la clase obrera no solo derrote los planes patronales o gubernamentales, sino también haga la experiencia política con sus propios dirigentes y ganarlas para las posiciones revolucionarias. La cuestión es que la clase trabajadora “puede ser ganada en la arena del movimiento sindical solo si se enfrentan el punto de vista y los métodos revolucionarios con los de los reformistas en el terreno de la acción de masas, preservando al mismo tiempo el más alto grado posible de unidad en la acción” [6].

No puede haber confusión al respecto, en todo momento la táctica del FU apunta a una unidad de acción entre distintas corrientes y capas de los trabajadores y trabajadoras para la defensa de ciertas conquistas, con el objetivo inseparable de acelerar la experiencia de las bases obreras con sus propios dirigentes reformistas. Lo que la USI nos quiere hacer pasar como “frente único” no tiene nada que ver con esto, y por eso no ha servido ni para una cosa ni para la otra.

Una serie de cuestiones claves hoy para la clase obrera pueden servir de indicadores al respecto: la imposición de los contratos colectivos en petróleo y electricidad a la medida del antojo del gobierno; la instalación de los “cuerpos combatientes” en SIDOR, PDVSA, y demás empresas básicas; la impunidad en el asesinato de dirigentes obreros; la criminalización y el encarcelamiento de dirigentes obreros. En cada caso ha pasado la política oficial sin que la “alternativa sindical y sociopolítica” que dice contar en su seno con decenas de federaciones sindicales y sindicatos de base en todo el país haya llevado a cabo una sola lucha seria en algún lugar, alguna acción concreta y contundente… a no ser ¡ruedas de prensa! Ni una sola marcha importante, ni una sola huelga simultánea, ni un solo gran fondo de huelga, ni un solo plan de lucha y movilización nacional, ni nada en serio, para ganar la libertad del dirigente ferrominero Rubén González, para defender un contrato justo en petróleo y electricidad, o luchar contra la conformación de los “cuerpos combatientes” de las fábricas estatales. ¡Un verdadero “frente único de ruedas de prensa”!

Tampoco hay la más mínima intención de combatir entre la clase obrera a estos representantes de la burguesía. Si ya es un mandato de la política revolucionaria combatir a los reformistas, ¡ni qué hablar de estos declarados políticos de la burguesía que están en “Solidaridad Laboral”! Es que en un verdadero frente único, las diferencias estratégicas, programáticas y políticas con los agentes de la burguesía en el movimiento obrero no se ponen en el congelador ni se borran de un plumazo, pero el oportunismo de la USI la lleva a callarse la boca por completo sobre el pasado y el presente de sus aliados “sindicales” o “sociopolíticos” de la derecha reaccionaria, e intenta cubrirse la espalda con declaraciones generales correctas contra la oposición burguesa [7]. Esto es un saludo a la bandera, pues no se trata de denunciar a “los patrones”, “los empresarios” o “la oposición proyanqui” en general, ¡sin desenmascarar a sus agentes en las propias organizaciones obreras, los sindicatos y espacios de lucha!

La USI llega al extremo del oportunismo sindicalista al pretender “combatir” en declaraciones a los partidos de la oposición burguesa pero no a sus dirigentes orgánicos en los sindicatos. En el movimiento obrero no es sólo directamente la burguesía quien moldea a la clase para aceptar el sistema capitalista sino también sus agentes entre los trabajadores, la burocracia sindical que está al frente de las organizaciones obreras y la vida cotidiana de la clase, que dirige sus luchas, las limita, las derrota, moldea sus aspiraciones, etc., y por tanto es elemental de una política genuinamente revolucionaria combatir al sistema capitalista, sus proyectos y sus dirigentes justamente en las fábricas, en los propios lugares de trabajo, en los volantes, en la prensa obrera, en las asambleas, en los actos, en la televisión, sino, ¿cómo es que arrancaremos a las masas obreras de la influencia de la burguesía? La USI se limita ahora a denunciar a las corrientes sindicales del chavismo, hasta hace poco aliadas suyas, pero se olvida de la otra ala de la burocracia sindical opositora en aras de construir “plataformas sociopolíticas”. ¿Acaso supone la USI que el “combate” contra el capitalismo puede reducirse a la denuncia ideológica o propagandística en general sin combatir a los propios aparatos y dirigentes contrarrevolucionarios que este tiene al frente de los trabajadores?

Es tan genuflexa esta política que bastaría con reconocer que si la USI fuera coherente y seria con la idea de juntarse con quienes quieran defender los derechos democráticos, uno de los primeros puntos de un acuerdo debería ser la movilización y lucha por el juicio y cárcel para los terratenientes y empresarios que pagan sicarios para asesinar campesinos y trabajadores, pero esto no entra en los “acuerdos” porque tal punto básico molestaría a sus aliados, quienes ¡ni siquiera una rueda de prensa darían bajo tal consigna! La USI hace el papelón porque no solo es que su supuesto “frente único” no conduce a la movilización y la acción a la clase obrera, sino que para poder mantener la “unidad” con sus aliados, conscientemente corta la realidad nacional de tal manera que en las declaraciones de Solidaridad Laboral la centralidad la tienen las denuncias a los ataques del gobierno a la clase obrera, más no los ataques de los empresarios privados, pues sus aliados sindicalistas de la oposición empresarial solo “defienden” a los trabajadores frente al gobierno, más no frente a los capitalistas privados… a quienes “defienden” de los “ataques del gobierno a la propiedad privada”.

La “plataforma” Solidaridad Laboral, que cuenta con miles de afiliados en los sindicatos que dirige es “incapaz” de mover seriamente un dedo para la acción combativa de clase: no puede garantizar siquiera un par de cientos de trabajadores en una movilización (12 de marzo en Maracay), ni levantar consignas democráticas elementales, ¡ni aún un acto conjunto por el Día internacional de los Trabajadores, porque buena parte de sus referentes hacen parte de las marchas de la oposición empresarial del 1° de Mayo!

Estamos ante la presencia de una política que no permite defenderse efectivamente del gobierno ni del sicariato patronal que asesina dirigentes obreros, y menos aún ganar influencia sobre las bases de las organizaciones obreras de masas. Es así que la propia USI también se muestra completamente impotente y con un alejamiento cada vez mayor de las bases obreras que “dirige” en los sindicatos, porque a su renuncia a bregar por la coordinación de las luchas y la autoorganización obrera, suma esta política de extrañas alianzas sin ningún provecho práctico para la clase obrera, que no puede entusiasmar seriamente a los cientos (quizás miles) de trabajadores y trabajadoras que comienzan a hacer su experiencia política con Chávez.

El oportunismo electoralista: la alianza electoral con un partido oficialista que se ha ido del gobierno, el PPT

La otra cara de la misma moneda se refleja en el campo electoral. No ha dejado de causar asombro el acuerdo electoral de la USI con el partido Patria Para Todos (PPT), recién salido de la coalición chavista, a través de cuya tarjeta podrán presentar candidatos en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Ya habían asombrado cuado llamaron a “reventar las urnas por los 10 millones de votos” por Chávez en la alianza con la UPV de Lina Ron, cuyo lema era “con Chávez todo, sin Chávez nada”, en las elecciones del 2006. Pero el PPT no solo hizo un acuerdo con el agrupamiento de Chirino, sino con una amplia gama de personalidades políticas de ideologías tan contrapuestas como disímiles. Un 60% de los puestos de la lista lo integran gente que no pertenecen al PPT y un 40% de su propio agrupamiento a nivel nacional. ¿Pero a qué se debe semejante “bondad” del PPT?

El PPT es un partido que ha venido cogobernando el país con Chávez durante todos estos largos años, votando todas y cada una de las leyes reaccionarias sobre las cuales se sustenta su gobierno, tanto las antiobreras, las del endeudamiento externo e interno, como las de la entrega a las transnacionales imperialistas en el sector petrolero, entre otras. No por casualidad el jefe del PPT venía ocupando la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional en los dos últimos períodos. Este partido le ha aportado importantes dirigentes para su aparato de gobierno habiendo llegado a ser uno de los grupos más poderosos dentro de la administración Chávez, sabiendo tener posiciones claves, incluyendo el ministerio de Energía y Petróleo, liderazgo en PDVSA, los ministerios del Trabajo y de Educación, embajador en Washington, y altos funcionarios del PPT tuvieron gran influencia en los Ministerios de Planificación y Finanzas. En esas épocas hasta fueron denunciados por presuntos negocios turbios en la rama petrolera.

El PPT tiene el “orgullo” de contar en sus filas con reconocidos terratenientes, como el ex Gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, responsable y acusado de aupar “grupos de exterminio” (policías que secuestran y asesinan como mecanismo de “limpieza social”), malversación de fondos y violador de los derechos humanos. Ya a mediados de junio de 2005 una Comisión de la Asamblea Nacional, sobre una acusación de 170 crímenes, llega a la siguiente conclusión: "se evidencia la participación directa del ciudadano Gobernador Eduardo Manuitt en la comisión de actos violatorios de los Derechos Humanos", y ante las abrumadoras pruebas y evidencia la comisión establece: "Que existe por parte del ciudadano Eduardo Manuitt, responsabilidad política" [8]. Como en su momento las relaciones con el PPT corrían de bien con Chávez, el nombre del delincuente político y empresarial fue limpiado, más adelante, cuando los problemas vendrían a tensionarse con Chávez también por repartijas de poder, fue nuevamente acusado de malversación de fondos y actualmente es prófugo. En fin, un partido de claro carácter burgués y que supo beneficiarse de la corrupción estatal. Tanto es así que hasta hace tan poco la USI opinaba lo siguiente sobre sus ahora aliados: “Por todo lo anterior es que afirmamos que ni el PSUV ni los partidos de la burguesía opositora son opción para los trabajadores y el pueblo, como tampoco lo son los candidatos del PPT… que se lanzan sin apoyo gubernamental, ya que esos partidos han avalado la política de colaboración de clases del gobierno y la gestión de los gobernadores y alcaldes corruptos” [9].

Pero cuando se fundara el PSUV comenzó la sangría y desgracia del PPT con contingentes importantes de sus altos funcionarios que se integraron directamente al PSUV, y ha venido sufriendo más rupturas recientes de dirigentes que se han ido al partido de Chávez. Dentro de este marco, y su enflaquecimiento, el PPT “dejó” el gobierno cuando el PSUV no les reconoció su cuota parlamentaria de cara a las elecciones de septiembre y por no llegar a acuerdos en el reparto del poder [10]. El asunto se “agravó” cuando a manera de chantaje y ya sintiendo su desplazamiento, el PPT aceptara en su seno al gobernador Henri Falcón, que en un momento se autodenominara un "chavista light", y que desde febrero renunciara al PSUV también por desavenencias en las cúpulas del poder.

El PPT es un partido desgarrado, en completa crisis, sin capacidad de cubrir incluso con su propia gente las listas a diputados para las venideras elecciones, de allí tanta “bondad” de este partido que en su aprieto lo ha llevado a abrir su lista electoral a personalidades de todas las ideologías bajo el argumento de “crear una tercera opción”. Es lamentable el papel de Chirinos, de Bodas y de la USI que entran en el juego de las maniobras que están en las pugnas de aparato del PPT, cayendo en un oportunismo electoral y en una alianza frentepopulista, opuesta a la independencia de clase, en la que arrastran a los trabajadores tras partidos patronales, en lugar de colocarse realmente a la vanguardia de las luchas obreras y populares, y lanzar sí candidaturas obreras en donde las fuerzas lo permitan, sin ninguna ligazón con aparatos burgueses.

El argumento leguleyo que ya esbozan algunos integrantes de la USI es que el PPT les “cede” su legalidad como partido para que ellos presenten sus candidatos. Esto no es más que una pose para justificar una política vergonzosa. Es necesario aclarar en este sentido que entre partidos que se reivindican de la clase obrera, cuando se carece de legalidad, se estila ceder democráticamente la legalidad para que algún otro candidato de una organización que no tenga tal legalidad se presente. Se trata de acuerdos considerados tácticos entre organizaciones de la clase. Pero de allí a hacerlo con partidos de sectores de la burguesía, y que han venido votando todas las leyes del gobierno, que han cogobernado el país y que por maniobras políticas y producto de sus crisis abren su legalidad no expresa más que el oportunismo político más aberrante.

Peor aún que eso, no solo llaman a votar a sus candidatos a través de este partido, sino a todos los candidatos de la tarjeta del mismo, pues llaman “a enterrar la falsa polarización electoral y que levantemos una alternativa de los trabajadores y el pueblo… llamando a votar por la tarjeta del PPT y los candidatos independientes” [11]. ¡Los dirigentes de la USI que denuncian la política económica, criminalizadora y represiva del gobierno, se presentan como candidatos en la tarjeta de un partido que ha sido parte de toda esa política… y además llaman a votar a todos los candidatos de tal partido!

Una permanente renuncia a la lucha por la independencia de clase, una ausencia total de estrategia revolucionaria

La consecuencia política de mayor envergadura de estos vaivenes de la USI, secundados por su corriente internacional, la UIT, es la permanente renuncia a la lucha por la independencia de clase y a la construcción del partido obrero revolucionario, aspectos vitales de la estrategia revolucionaria. Es sabido que la lucha por los más altos niveles de independencia política del proletariado respecto de las demás clases de la sociedad y sus proyectos reviste la más alta importancia, pues sin esta independencia es imposible que la clase obrera pueda jugar un papel revolucionario en la lucha de clases, que es el objetivo de toda la actuación de los revolucionarios. Es una lucha ligada indisolublemente a la construcción de un fuerte un partido obrero revolucionario que sea capaz de llevar a la victoria de la revolución proletaria, pues este no podrá construirse sin arrancarle las masas proletarias a los demás partidos y agrupaciones proburguesas, lo que es imposible si la clase obrera no conquista su independencia política.

Así, la orientación de la UIT acá en Venezuela, no tiene nada que envidiar a la que lleva adelante el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) argentino –grupo hermano de los ultra chavistas de “Marea Socialista” dentro del PSUV–, organización con la que rompieron en dicho país y a la que acusan de “oportunista” precisamente porque propone un acuerdo con la centroizquierda burguesa de Proyecto Sur, de Pino Solanas.

Todo este cuadro nos presenta un giro a derecha de una organización que se pretende trotskista, pero que en realidad lo que hace es continuar su camino oportunista, cada vez más alejado de la estrategia revolucionaria, pues la lucha por la independencia de clase y por la construcción de un partido obrero revolucionario siempre queda para después, acoplándose un día con el chavismo para “acompañar a las masas”, otro día con burócratas sindicales neoliberales, otro día presentando candidatos en las listas de partidos patronales, sin combatir la influencia de cada cual en cada momento entre los propios trabajadores.

[1] El grupo llamado “Paso a la Nueva Democracia”, un rejunte de escuálidos “democráticos”, buena parte salida hace apenas unos pocos años de Bandera Roja, y que tuvieron participación activa en el golpe de 2002 y demás movilizaciones de la oposición burguesa, incluyendo los últimos años las “manitos blancas” que defienden la propiedad capitalista y la “libertad de prensa” de los monopolios privados de la comunicación.

[2] León Trotsky, “¿Es posible la victoria?” en “La Revolución Española (1930-1940)”, Volumen II, Pág. 101, Editorial Fontanella, Barcelona, España.

[3] Tomado de www.laclase.info, página de información y opinión impulsada por la USI.

[4] www.analítica.com, Froilán Barrios, 8/4/2009

[5] Para una lectura más detallada de las posiciones de estos dirigentes y nuestra crítica, ver “‘Movimiento Solidaridad Laboral”: un embauque contra los trabajadores”, En Clave Obrera N° 22, en http://www.lts.org.ve/spip.php?article231.

[6] León Trotsky, Las tácticas del Frente Único, Ediciones Cepe, Buenos Aires, 1973, pp. 18-19.

[7] Ver por ejemplo: www.laclase.info, 23/04/2010: “El 29 de abril los trabajadores nos concentraremos en Caracas para conmemorar el día de los trabajadores”. Actividad que no se llevó a cabo, como tampoco el Acto del 1° de Mayo en Maracay, ambos suspendidos sin explicación alguna.

[8] Informe de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado Guárico, Asamblea Nacional, Caracas, Junio 2005. (Páginas 108-117)

[9] Manifiesto de la Unidad Socialista de Izquierda ante las elecciones regionales del 23 de noviembre. www.laclase.info 22/11/2008.

[10] Se trata de lo que hasta hace poco la USI calificaba como “conflictos interburocráticos”. www.laclase.info 25/03/2010.

[11] “La agenda de los trabajadores para la Asamblea Nacional” 01/06/2010, en www.laclase.info