Fracción Trotskista Cuarta Internacional

Chile: lo que pasó hace 41 años

Isabel Infanta — 2014-09-10T21:20:00Z

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile comandadas por Augusto Pinochet bombardearon el Palacio de la Moneda, la sede presidencial de Chile. Tomaron por asalto las principales dependencias del poder estatal, así como las fábricas, barrios populares y centros de estudio.

Este sangriento golpe de Estado fue organizado por las patronales chilenas junto a la embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de cortar el proceso revolucionario que se desarrollaba entre los trabajadores. Este proceso fue el más profundo dentro del gran ascenso obrero y popular de los años 70 en el Cono Sur, del que los trabajadores argentinos también fueron parte.

Este ascenso de masas fue expresión del enorme descontento social que había por la postergación indefinida de demandas acuciantes de la población. El gobierno de la Democracia Cristiana (DC) en los años 60 había dejado sin solución demandas fundamentales, como la nacionalización del cobre, recurso clave de la economía del país, la reforma agraria y el problema de la vivienda.

Este descontento se tradujo en huelgas, paros y tomas de tierras, y con el avance en la organización y experiencia de las masas, fue creciendo la idea de que para vencer a la patronal había que arrebatarle el poder político.

La estrategia política de la Unidad Popular

Los trabajadores se ligaron sobre todo a los dos grandes partidos tradicionales de la izquierda de Chile, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC). Estas son organizaciones políticas reformistas, es decir, organizan a los trabajadores pero no para luchar por su independencia política en el camino de la toma del poder, sino para subordinarlos a acuerdos con la burguesía nacional, con un programa de reformas limitadas dentro del capitalismo.

Surge así la Unidad Popular, coalición entre PS de Salvador Allende y el PC, con el pequeño Partido Radical, clásico representante de la burguesía liberal, entre otras organizaciones menores. La mayor parte de las organizaciones de izquierda fueron parte de la Unidad Popular. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue la principal corriente que no lo hizo, oscilando entre el aliento a las masas y el apoyo a Allende, “presionando desde afuera”.

Si bien la UP fue presentada como la realización de una inédita revolución en democracia, su objetivo limitado era el robustecimiento de un Estado que maneje los recursos económicos estratégicos y fomente el desarrollo de un “capitalismo nacional”, recuperando cierta autonomía frente al imperialismo norteamericano.

Esta estrategia llamada “vía pacífica al socialismo” suponía que los ricos y empresarios renunciarían a su propiedad y sus privilegios y que las FFAA respetarían la “democracia”.

El gobierno de Salvador Allende

La UP ganó las elecciones presidenciales de 1970, con un plan de medidas que incluía la nacionalización de las minas de cobre, hierro y salitre que se encontraban en manos de empresas imperialistas, de algunos sectores industriales y grandes latifundios.

El gobierno de Allende nacionalizó varias minas y fábricas, pero comprando acciones o indemnizando a los patrones, avanzó sólo parcialmente en el control estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca se limitó a la compra de acciones de bancos privados, la reforma agraria entregó tierras pero respetó a la burguesía agraria y así sucesivamente.

Las reformas de Allende no alcanzaron o no permitieron avanzar hacia la ruptura con el imperialismo, el reparto de la tierra en una reforma agraria radical, la liquidación del poder de la burguesía, aunque los irritaba y afectaba.

1972: un año clave

Este año el proyecto de la UP comienza a hacer agua.

Los empresarios alimentaron la crisis económica con el sabotaje y el desabastecimiento. Surgen grupos fascistas como Patria y Libertad, que hacían atentados, y sectores burgueses y militares conspiraban abiertamente, arrastrando a sectores de la clase media. La crisis se agudizaba con lock out patronales, como el de los camioneros, muestras de la ofensiva derechista en medio de una enorme polarización social.

Por abajo, los trabajadores avanzaban en un proceso de ocupación y toma de centenares de fábricas, y muchas comenzaron a funcionar bajo control obrero. Se organizaron comités de abastecimiento y también el campesinado y los pobladores sin techo ocupaban tierras y se organizaban.

Hacia mediados del año, los trabajadores comenzaron a coordinar zonalmente sus luchas, superando a la dirección de la CUT. Surgen así los Cordones Industriales, una forma de organización muy avanzada, embriones de poder obrero y popular, que permitía la unidad de acción de la clase obrera sobre la base de la deliberación y toma de decisiones democrática en las bases.

La coordinación entre decenas de fábricas y talleres también permitía resolver cuestiones relacionadas con la producción y distribución de insumos y productos surgidas del propio control obrero. Comenzaron a desarrollarse elementos de armamento obrero como forma de defensa de las posiciones conquistadas.

Los trabajadores pasaron a exigir al gobierno el pase de las fábricas y talleres a la órbita estatal, cuestionando la propiedad privada de los capitalistas. En sus asambleas se planteaba que para seguir avanzando había que darle jaque mate a los patrones, y sus organizaciones daban pasos en mostrarse como alternativa al poder del Estado patronal.

En estas discusiones, los trabajadores chocaban abiertamente con los dirigentes del PC, que justificaba la devolución de empresas a sus viejos propietarios, apoyaba la ley que permitía a los militares allanar fábricas en busca de armas, y avaló el nombramiento de Pinochet como Jefe del Ejército, en los umbrales de un golpe que ya se veía venir.

La negociación con los partidos patronales en el parlamento burgués, mayoritariamente DC, así como los acuerdos con el Alto Mando “institucionalista” de las FF.AA., respetando la constitución y las instituciones del estado burgués, encerró el proceso de cambio social en el corset de la democracia burguesa.

El desenlace del golpe

El miedo de los patrones ante el empuje de las masas y la constatación de que el gobierno de Allende ya no era capaz de contenerlo, aceleró los preparativos golpistas. Bajo la orientación de empresas imperialistas como la ITT y la abierta intervención de Washington, fueron homogeneizando a las FF.AA. hacia el golpe, apartando y reprimiendo a los sectores resistentes.

Un primer intento, el “Tanquetazo” de junio de 1973, fracasó. A pesar de la advertencia, Allende, el PS y el PC llamaron a las masas a confiar en la solidez de la democracia chilena, en el profesionalismo de los militares. No solamente se negaron a armar a los trabajadores, que reclamaban abiertamente los elementos para enfrentar el golpe en ciernes, sino que impulsaron requisas en las fábricas para desarmarlos.

Desorientados y desmovilizados por sus propios partidos y por la CUT, los trabajadores no pudieron prepararse. A pesar de algunos conatos de resistencia, el golpe del 11 de septiembre encuentra a la clase obrera y a las masas impotentes y desarmadas. La dictadura de Augusto Pinochet se impuso durante 17 sangrientos años, en los que la burguesía restauró su dominación sobre los pilares del neoliberalismo en ascenso.

El “Día 100” de la huelga de la Universidad de San Pablo: "¡No hay rendición!"

Isabel Infanta — 2014-09-04T16:49:00Z

Los 100 días de huelga de los trabajadores de la Universidad de San Pablo (USP) se cumplieron con una importante movilización este 4/9. La jornada empezó temprano, con una batucada y la preparación de banderas en la Facultad de Educación. Hacia el medio día, arrancó la marcha con miles de trabajadores, estudiantes y docentes con destino a la sede del Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de San Pablo (CRUESP), donde estaba prevista la negociación con los trabajadores en huelga.

Pablito, trabajador del comedor universitario y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la USP (Sintusp) y del Comando de Huelga, declaró que "Nuestra lucha es en defensa de la universidad pública, al servicio de los trabajadores, donde pueda estudiar la juventud pobre. Los que sostienen la universidad y mueven a toda la sociedad lamentablemente hoy son segregados, no pueden estudiar en ella y los conocimientos no están al servicio de atender sus principales demandas. Hoy marchamos en defensa del derecho de huelga, por el pago inmediato de todos los días caídos. No vamos a permitir que la salud y la educación sean privatizadas".

La Avenida Paulista, importante arteria de la ciudad, fue cortada por más de dos horas por más de 2.000 manifestantes. Al llegar a la sede de la CRUESP, fueron recibidos por un imponente cordón policial, que custodiaba el predio. Finalmente, en un acto que se extendió hasta el final de la negociación, dirigió la palabra a los manifestantes Claudionor Brandão, dirigente del Sintusp despedido político, defendiendo la por más presupuesto para toda la educación pública y denunciando a los candidatos de los capitalistas que están en plena campaña electoral. También dirigió la palabra Dinizete Xavier, del Comando de Huelga.

Hacia las 20hs terminó la reunión entre el Consejo de Rectores del Estado de San Pablo y los trabajadores. El Cruesp y en particular el Rectorado de la USP fueron obligados a presentar un reajuste mayor, pero se mantuvieron completamente por detrás de la exigencia del Sintusp.

Se mantiene la intransigencia del Rectorado y del gobierno Alckmin el día en que la huelga completa 100 días. Los trabajadores permanecen en huelga y debatirán los próximos pasos en el Comando de Huelga y en la Asamblea general.

Jornada en fotos

Batucada en la Facultad de Educación: Calentando los tambores para el acto de los 100 días de la huelga de la USP. en la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo. | Preparativos para el acto de los 100 días de la huelga de la USP. | Lienzo de apertura del acto: "100 días sin educación, sin salud, sin salario, sin negociación. Sin rendición." | La huelga es un derecho. No al descuento salarial. | Concentración. | Alckmin (gobernador de San Pablo), ¿dónde estás? No dejes que muera el HU (Hospital Universitario). | Manifestantes levantan una demanda central: contra la desvinculación de los centros de salud ligados a las Universidades públicas. | Arranca la movilización | Diana, Pablito y Yuna, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Pablo y militantes del Movimento Nossa Classe. | La movilización llega a la Av. Paulista. | Marcha por la ciudad de San Pablo | Más de dos mil trabajadores, estudiantes y docentes en la movilización de los 100 días de huelga de la USP | Avenida Paulista cortada por más de dos horas por los manifestantes | Más de dos mil manifestantes llegan a la sede del Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de San Pablo (CRUESP), donde se realizarán negociaciones. | La policía custodia la sede del Consejo de Rectores. | Manifestantes y la policía frente a la sede del Consejo de Rectores. | Manifestantes y la policía frente a la sede del Consejo de Rectores. | Miles de trabajadores se concentran frente al lugar de negociaciones, la sede del Consejo de Rectores (CRUESP) | Policía | Trabajadores del Movimento Nossa Classe. | Trabajadores del Movimento Nossa Classe. | Trabajadores continúan concentrados frente a la sede de CRUESP aguardando la negociación. | Pablito e Isaque, trabajadores del comedor universitario. | "Luchar también es necesario", otra bandera de los trabajadores de la USP. | Brandão, dirigente del Sintusp, en la movilización de los 100 días de la huelga, habla sobre la lucha por más presupuesto para toda la educación pública, denunciando a los candidatos burgueses. | Dinizete Xavier se dirige a los trabajadores, estudiantes y docentes concentrados frente al predio de Cruesp, donde se desarrollan las negociaciones

Noventa días de huelga en la Universidad de San Pablo

Isabel Infanta — 2014-08-27T18:00:00Z

Los trabajadores de la Universidad de San Pablo llevan más de 3 meses en huelga. Lo que comenzó como una lucha contra el ajuste salarial, se fue transformando en una lucha contra un plan de ajuste general a la educación superior.

El gobernador del Estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el rector Marco Antonio Zago pretenden que los trabajadores paguen con sus salarios la crisis educativa. Además de no reajustar los salarios, el plan incluye retiros voluntarios para reducir la planta en tres mil trabajadores, la flexibilización de la jornada laboral, la desvinculación de los Hospitales Universitarios y el fin de la autonomía universitaria.

Estos casi 100 días de lucha incluyeron la represión, la cárcel de trabajadores (uno de ellos estuvo 45 días preso), el no pago de días caídos, la renuencia a la negociación por parte del Rectorado. Sin embargo, los trabajadores de la USP con su sindicato combativo a la cabeza (Sintusp) continúan firmes en la defensa de la educación y salud públicas, apostando a la solidaridad con los estudiantes y docentes, así como a la unidad con trabajadores de otras universidades como la Universidad del Estado de San Pablo (Unesp) y la Univesidad de Campinas (Unicamp) así como de otros sectores, como los trabajadores del subterraneo que enfrentan 42 despidos tras una enorme lucha en el marco del movimiento contra los negociados del mundial de futbol.

El miércoles 20/8, trabajadores y estudiantes que desarrollaban una jornada de bloqueos de las entradas de la USP fueron brutalmente reprimidos por la policía. Fue la respuesta ante la contundencia de un bloqueo que logró cerrar por completo todas las entradas de acceso, para reclamar el pago de sus salarios además de visibilizar el hecho de que la educación superior, aún siendo gratuita, le está negada a la inmensa mayoría de los jóvenes, sobre todo los negros. Los manifestantes fueron perseguidos por casi una hora por la policía, con decenas de heridos de balas de goma. A pesar de eso, una masiva asamblea votó la continuidad de la huelga y las medidas de lucha, bajo el lema cada vez más popular de ¡no nos rendiremos!

Este mismo día la “justicia” exhortó al Rectorado a que se siente a negociar, cuestionando sus declaraciones contradictorias y (verbalmente) el no pago de los días caídos y el plan de retiros voluntarios. Esta reunión está pautada para este miércoles 27/8.

La huelga de los trabajadores de la USP ha tomado vuelo nacional. El diario O Estado de S.Paulo, uno de los dos principales diarios del estado, publicó una editorial atacando la huelga y en particular a una de las dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la USP, Diana Assunção: “No tiene gollete la posición de Diana Assunção, dirigente del Sintusp, según quien la PM [Policía Militar] actuó con intransigencia: 'La policía fue llamada para reprimir. No hubo ninguna conversación'. Ella quería que la policía hiciese lo que, como es su deber – y con base en una orden judicial -, para reestablecer el orden público y hacer cumplir la ley?” (O Estado de S.Paulo, 21/08/2014). Ante este ataque Assunção declaró que “¿Qué podría esperar yo de una policía cuestionada por más del 70% de la población y que viene de asesinar en la región al joven Wesley sin ninguna justificación, como tantos otros Amarildos, Claudias, Douglas e infelizmente un largo etc? [se refiere a casos conocidos de gatillo fácil y brutalidad policial] Naturalmente que con estos métodos, heredados de la dictadura, no podríamos esperar más que una cultura de resolver los temas de huelga 'con garrote', bombas y balas de goma”.

El Juez laboral y profesor libre, docente de la Faculdad de Derecho de la USP, Jorge Luiz Souto Maior consideró ilegal el descuento de días caídos a los trabajadores ya que es un ataque a su derecho de huelga.

A los trabajadores y estudiantes les ha sobrado imaginación para desarrollar la lucha. Además del acampe cultural que instalaron frente al Rectorado, han realizado charlas de reflexión y apoyo a Palestina, sobre el acceso a la universidad de los hijos de los trabajadores negros, jornadas de difusión junto a los pobladores de los barrios pobres aledaños, muchos de ellos trabajadores precarizados o usuarios del Hospital, donaciones masivas de sangre para el banco del Hospital Universitario, abrazos, desayunos y un sin fin de otras iniciativas para difundir su lucha, y han despertado la simpatía de la comunidad. También concitaron la solidaridad de trabajadores y estudiantes como en Argentina, donde diversas comisiones internas y delegados combativos han mandado su solidaridad.

El martes 26/8 una nueva y masiva asamblea ratificó la continuidad de la huelga. Estos trabajadores que no están dispuestos a rendirse en la defensa de la educación y salud públicas mantienen el campamento cultural, los piquetes de convencimiento y actividades de difusión y se preparan para el día 95 de la huelga, cuando está prevista la reunión con el Rectorado.

Estados Unidos: Miles de niños y niñas tendrán que esperar

Isabel Infanta — 2014-08-07T15:59:00Z

Los parlamentarios estadounidenses se fueron de vacaciones sin haber votado ninguna mejora en la situación de los menores migrantes, muchos de los cuales se encuentran detenidos en la frontera sur norteamericana. Las escandalosas fotos que mostraron al mundo la denigrante situación carcelaria de niños y niñas alcanzaron para provocar una importante crisis política en el cierre del período parlamentario norteamericano, que entró esta semana en feria de verano, pero por ahora solo hubo recursos para aumentar el patrullaje fronterizo y agilizar las deportaciones, además de mayores limitaciones en las pocas leyes que de algún modo benefician al sector más vulnerable de la sociedad. Las contradicciones que encierra la discusión de la política migratoria ha llevado a algunos analistas a compararla con la crisis de la discusión presupuestaria que llevó al cierre del gobierno ocurrido en 2013.

Polarización política

La política estadounidense ya se desarrolla bajo la perspectiva de las elecciones de medio término (noviembre 2014) en las que se renovarán parcialmente las bancas del parlamento. En ese marco tuvo lugar la discusión sobre la “crisis” de los niños migrantes, que se expresó en forma polarizada en la arena política.

Por un lado, algunos de los gobernadores de los principales estados receptores de niños migrantes salieron a exigir medidas al Estado nacional, centralmente mayores recursos para el patrullaje de la frontera y la agilización de las deportaciones. Encabezados por el gobernador de Florida Rick Scott, un republicano que lidera al sector ultraconservador de ese partido, el Tea Party, enarbolan las banderas abiertamente antiinmigrantes con un discurso nacionalista y xenófobo, que se apoya en una base social reaccionaria.

Por su parte Obama solicitó al parlamento una partida extraordinaria de 3700 millones de dólares para acelerar los procedimientos judiciales y fortalecer el control de la frontera, con la increíble excusa de mejorar la situación de los niños detenidos. Es que la escandalosa situación de miles de niños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos choca con la base más progresista del partido demócrata, en especial la comunidad latina, que tiene un peso enorme y viene siendo un elector fundamental en la política norteamericana.

Frente a esto, Rick Scott ha buscado mostrarse ejecutivo frente a la situación, enviando fuerzas de seguridad propias a la frontera para las tareas de patrullaje.

Las negociaciones y la crisis en el partido Republicano

En las elecciones de medio término del primer mandato de Obama, allá por 2010, la comunidad latina le pasó la factura de las promesas incumplidas no yendo a votar masivamente. A partir de entonces, el partido Demócrata ya no cuenta con mayoría en la cámara de representantes, dependiendo de la negociación con el partido Republicano, que se niega a aprobar cualquier presupuesto que no tenga como contrapartida echar mano de las pocas leyes que protegen a los menores inmigrantes de la deportación automática.

A su vez, el partido Republicano, que tiene muy poca base entre la comunidad latina, está dividido entre un sector “moderado” que apuesta a hacer pie en ese creciente sector y disputarle algo de base al partido demócrata, y el Tea Party, cuyo discurso ultrareaccionario con un programa de “Estado mínimo” lo ubica en una posición antagónica, apostando a revitalizar la base republicana más conservadora y ganarle terreno a los moderados. Fue la ubicación radicalizada de este sector, que si bien son una minoría les alcanza para inclinar la balanza, la que impidió un acuerdo presupuestario que terminó en el cierre de gobierno en 2013 y dejó al partido republicano en una importante crisis de dirección.

En este marco, el pedido de partida extraordinaria de 3700 millones de dólares de Obama no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado en la cámara baja. Para fortalecer su posición, el senado, que sí tiene mayoría demócrata, elaboró un proyecto alternativo reduciendo esa cifra a 2700 millones de dólares. John Boehner, republicano “moderado” líder de esa bancada en la cámara de representantes, hablaba de una cifra mínima necesaria de 1500 millones de dólares, acompañada de propuestas de modificación de las leyes migratorias que retardan las deportaciones.

Sin embargo, el Tea Party bloqueó esa posibilidad. A pesar de las intensas reuniones internas entre los líderes republicanos, no hubo acuerdo y la crisis en la dirección de ese partido se volvió a repetir. John Boehner quedó maniatado frente a la intransigencia del Tea Party, teniendo que ceder en toda la línea. Eso quedó plasmado en la aprobación de una partida presupuestaria de menos de 700 millones de dólares. Junto a la aprobación de esta cifra menor a la esperada, se aprobaron límites a uno de los pocos programas migratorios impulsados por Obama, el DACA, que permite otorgar permisos de trabajo por 2 años a los denominados dreamers (soñadores), inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país siendo menores, que tengan hasta 30 años y sin antecedentes criminales.

En este pantano comenzó la feria legislativa, que durará hasta septiembre. Estas medidas tienen escasas probabilidades de convertirse en ley debido a la mayoría demócrata en el senado. Obama, presionado por el sector más progresista de su base expresó sentirse compelido a tomar “acciones ejecutivas”, algo así como decretos que le permitan mover recursos de otras áreas para implementar medidas ante la crisis. En respuesta, algunos republicanos del Tea Party han empezado a hablar de impeachment (destitución) al presidente, una brabuconada que muestra el nivel de polarización que el tema ha generado.

Esta discusión en las alturas del imperialismo norteamericano resulta indignante. Las condiciones en las que trabajan los inmigrantes y los motivos por los que se aventuran a dejar sus países de origen para buscar una vida algo más digna, que en muchos casos son consecuencia directa de la política norteamericana en la región, no figuran en la agenda. Políticas de Estado como el NAFTA, que deja a millones de campesinos de Centroamérica sin trabajo, el respaldo al golpe de Estado en Honduras en 2009 que fue seguido de una escalada de violencia, delincuencia y represión enorme, o la organización y financiamiento de los gobiernos militares en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y muchos otros países con la devastación económica y la pauperización que dejaron, son muestras del cinismo con el que demócratas y republicanos tratan la cuestión migratoria.

Las promesas incumplidas de Mr. Obama

La comunidad inmigrante en Estados Unidos es enorme, alcanza al 13% de la población. La comunidad latina es mayoritaria, cerca del 70% del total de inmigrantes, y constituye un sector importantísimo del electorado. Su peso político se hizo evidente en el importante rol que jugaron los votantes latinos en la primera elección de Barack Obama a la presidencia. La bandera de la reforma migratoria enarbolada en su campaña era la promesa de mejores condiciones de vida para 11,5 millones de trabajadores (uno de cada cuatro inmigrantes) que se encuentran en la ilegalidad, viviendo en la precariedad laboral, la falta de derechos ciudadanos y el miedo permanente a la violencia estatal y la deportación.

Sin embargo, esta enorme expectativa que la comunidad latina en Estados Unidos viene depositando en Barack Obama no se ha transformado en una mejor realidad. Al contrario, la combinación de la política estatal guerrerista y chovinista con la crisis económica que desde fines de 2008 ha significado entre otras cosas la pérdida de millones de puestos de trabajo, ha sido el caldo de cultivo para los discursos xenófobos y antiinmigrantes, transformándolos en chivos expiatorios del empeoramiento de las condiciones de vida de la población. El gobierno de Obama ha destinado sumas billonarias a salvar bancos y garantizar ganancias empresarias con el discurso de que eso permitirá generar nuevos puestos de trabajo, pero la realidad es que la crisis la viene pagando los trabajadores, empezando por los inmigrantes.

Durante primer el primer mandato de Obama fueron pocas las concesiones otorgadas. El DACA, la ley que el partido Republicano busca limitar en la actual pulseada, fue el gran caballito de batalla demócrata. Sin embargo, este programa no es mucho más que la provisión de mano de obra muy joven y muy barata, de la que se podrá prescindir en el corto plazo según como avance la situación económica. En definitiva, una iniciativa que no resuelve el problema de millones de inmigrantes, ni siquiera de los implicados en el programa, que en un par de años tendrán que vérselas de nuevo con la ley.

La comunidad latina le pasó la factura en las elecciones de medio término no yendo a votar. Si bien no fue la única causa de la mala elección del partido demócrata, fue uno de los elementos que llevó a que dicho partido pierda la mayoría en la cámara de representantes.

La hipocresía de la política migratoria

Sea cual fuere el partido que esté al frente de la administración norteamericana, la política migratoria es la que mejor permite la provisión de mano de obra barata para mejorar la productividad de sus sectores económicos fundamentales, como la cosecha agrícola, la industria de la construcción entre otras.

Se estima que la mano de obra inmigrante aporta el 8% del PBI norteamericano. La ilegalidad ha sido una herramienta fundamental de las patronales para abaratar sus costos de producción. Es por eso que a lo largo del siglo XX, el flujo de mexicanos y centroamericanos ha sido una constante, muchas veces fomentado y usado políticamente por los partidos patronales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO según sus siglas en inglés), de los 40 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos, solo 18 millones son ciudadanos estadounidenses. De los 22 millones no-ciudadanos, 11,5 millones viven ilegalmente, de los cuales 8,4 millones son inmigrantes provenientes de México y Centroamérica .

De esta situación se desprende que la comunidad latina en Estados Unidos es una importante minoría social y política. Concentrada principalmente en los estados de Texas, Florida, California y Nueva York, pero con peso en varios otros estados, se fortaleció en las décadas pasadas al calor del crecimiento económico norteamericano, como mano de obra barata para ocupar los puestos de trabajo más precarios y duros. De esa manera, se han constituido en una fracción de peso dentro del proletariado norteamericano.

La migración infantil no es un fenómeno nuevo, miles de niños pueblan centros de detención y campamentos militares apostados a lo largo de la frontera en los que aguardan la deportación. Una ley de 2008 (paradójicamente de la época de Bush) impide la deportación inmediata de menores no acompañados de países no fronterizos. Desde entonces, a los niños mexicanos los deportan sin mayores trámites pero a los niños centroamericanos no lo pueden deportar en forma inmediata, sino que deben pasar por una evaluación de su situación. Eso ha generado una mayor visibilidad de esa población infantil que aguarda una definición de su situación, muchas veces con la expectativa de conquistar la categoría de refugiados, lo que les permitiría quedarse legalmente.

La clase obrera es una y sin fronteras

La mayoría de los trabajadores que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida. El desempleo y la agobiante precariedad del trabajo, el asedio de las bandas de narcotráfico y el reclutamiento forzoso para el trabajo en ese creciente sector económico, la violencia ligada a la trata de personas, son algunos de los problemas que se han venido profundizando en los países de origen. A esto se le suma el desgajamiento de las familias que viven separadas por la frontera norteamericana tras décadas de oleadas migratorias. Es evidente que las respuestas a la “cuestión migratoria” así entendida no está en las manos de los partidos de la burguesía imperialista.

Las reaccionarias ideas enarboladas en forma abierta por el más sector conservador del partido republicano, el Tea Party, pero toleradas por los distintos sectores políticos, empatiza con algunos sectores medios amedrentados por la crisis económica, y en algunos trabajadores nativos muchas veces aterrorizados por el desempleo. Estos sectores se han movilizado y vienen hostigando, algunas veces en forma violenta, a los inmigrantes, y su sector más radicalizado ha llegado a constituir brigadas civiles armadas antiinmigrantes, como las Border Convoy.

Estos discursos tienen un claro contenido divisionista de los trabajadores, diferenciando entre nativos e inmigrantes, debilitando a un sector muy importante numérica y económicamente de la clase obrera, siendo perjudicial para la constitución de la clase obrera como fuerza política en su conjunto. Es del mayor interés de los trabajadores luchar contra esas ideas nefastas y ejercer la solidaridad activa hacia sus sectores más vulnerables. En ese sentido, es de primer orden que los sindicatos norteamericanos impulsen seriamente la defensa de los trabajadores inmigrantes, legales e ilegales. Las conquistas de derechos de este sector redundaría en un enorme beneficio moral y material para el conjunto de la clase trabajadora. En particular tratándose de una fuerza que se desarrolla en el corazón mismo del imperialismo norteamericano, es de importancia estratégica la lucha por los derechos de los inmigrantes, y en ese camino forjar una alianza entre los trabajadores norteamericanos, mexicanos, centroamericanos y del resto de América Latina.

A 40 años del golpe militar en Chile

Isabel Infanta — 2013-09-12T05:55:07Z

Una gesta revolucionaria llena de lecciones estratégicas

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas comandadas por Augusto Pinochet bombardeaban el Palacio de la Moneda y tomaban por asalto las principales dependencias del poder estatal, así como las fábricas, barrios populares y centros de estudio. Hizo falta este sangriento golpe, organizado por la patronal chilena junto a la embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas, para cortar el proceso revolucionario más profundo dentro del gran ascenso obrero y popular de los 70 en el Cono Sur.

Un profundo auge obrero y popular

Las promesas del gobierno de la DC (partido de la Democracia Cristiana) en los años 60 de “chilenizar el cobre”, hacer una reforma agraria y resolver el problema de la vivienda no habían resuelto ninguno de estos problemas acuciantes. El descontento social se tradujo en un amplio y profundo ascenso obrero y de masas, con huelgas, paros y tomas de tierras en que avanzaron en su organización y experiencia, creciendo la idea de que para vencer a la patronal había que arrebatarle el poder político.

El ascenso nutre sobre todo a los dos grandes partidos tradicionales de la izquierda de Chile, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC). Si bien ambos se construyen entre los trabajadores, son organizaciones reformistas, enemigas de que la clase obrera avance hacia la toma del poder en sus propias manos. Es decir, que si bien organizan a la clase, no lo hacen para luchar consecuentemente por su independencia política, sino para subordinarla a acuerdos con la burguesía nacional, con un programa de reformas limitadas dentro del capitalismo que no amenace esos acuerdos.

La Unidad Popular y la “vía pacífica al socialismo”

Como principal expresión política distorsionada del gran ascenso de masas surge un frente popular, la Unidad Popular, coalición del PS (al que pertenece Salvador Allende) y el PC, con el pequeño Partido Radical, clásico representante de la burguesía liberal, entre otras organizaciones menores.
La mayor parte de las organizaciones de izquierda se encontraban dentro de la Unidad Popular. El MIR fue la principal organización de la izquierda que no lo hizo (ver aparte).
Si bien es presentado como la realización de una inédita revolución en democracia, su objetivo limitado era el robustecimiento de un Estado que maneje los recursos económicos estratégicos y fomente el desarrollo de un “capitalismo nacional” recuperando cierta autonomía frente al imperialismo norteamericano.
La negociación con los partidos patronales en el parlamento burgués, mayoritariamente democristiano, así como los acuerdos con el Alto Mando “institucionalista” de las FF.AA., respetando la constitución y las instituciones del estado burgués, encerró el proceso de cambio social en el corset de la democracia burguesa.

La estrategia llamada “vía pacífica al socialismo” suponía la utopía de que los ricos y empresarios renunciarían a su propiedad y sus privilegios y que las FFAA respetarían la “democracia”.

El gobierno de Salvador Allende

La UP gana las elecciones presidenciales de 1970, con un plan de medidas nacionalistas que incluía la nacionalización de las minas de cobre, hierro y salitre en manos de empresas imperialistas, algunos sectores industriales y grandes latifundios. El gobierno de Allende nacionalizó varias minas y fábricas, pero comprando acciones o indemnizando a los patrones nacionales e imperialistas, avanzó sólo parcialmente en el control estatal del comercio exterior, la nacionalización de la banca se limitó a la compra de acciones de bancos privados, la reforma agraria entregó tierras pero respetó a la burguesía agraria y así sucesivamente. Es decir, la UP aplicó medidas parciales que no resolvían los problemas democráticos estructurales: ruptura con el imperialismo, reforma agraria radical, etc., y no liquidaban el poder de la burguesía, aunque la irritaban y afectaban.

1972, un año clave

En este año, el proyecto de reformas limitadas y conciliación de clase de la UP comienza a hacer agua. Los empresarios alimentan la crisis económica con el sabotaje y el desabastecimiento. Surgen grupos fascistas como Patria y Libertad, que comienzan a hacer atentados, y sectores burgueses y militares se lanzan a conspirar abiertamente, arrastrando a sectores de la clase media. Paros patronales como el de los camioneros en octubre agudizan la crisis y muestran la ofensiva derechista, en medio de una enorme polarización social.

Pero por abajo, los trabajadores avanzan en un proceso de ocupación y toma de centenares de fábricas, y muchas comenzaron a funcionar bajo control obrero. Se organizaron comités de abastecimiento y también el campesinado y los pobladores sin techo ocupan tierras y se organizan.

Hacia mediados de 1972, los trabajadores de las distintas fábricas comenzaron a coordinar zonalmente sus luchas, superando a la dirección de la CUT, que se negaba a alentar la organización por abajo y a dar pasos audaces, como los que eran imprescindibles para encarar la crítica situación y enfrentar a la reacción.

Surgen así los Cordones Industriales, una forma de organización muy avanzada, embriones de poder obrero y popular, que permitía la unidad de acción de la clase obrera sobre la base de la deliberación y toma de decisiones democrática en las bases.

El duro proceso de lucha por sus reivindicaciones, la experiencia con los límites del gobierno de la UP, junto a la fortaleza que brindaba la coordinación llevó a los trabajadores a exigir al gobierno el pase de las fábricas y talleres a la órbita estatal.

La clase obrera de Chile comenzaba a cuestionar la propiedad privada de los capitalistas, en sus asambleas se planteaba que para seguir avanzando había que darle jaque mate a los patrones, y sus organizaciones daban pasos en mostrarse como alternativa al poder del Estado burgués.

El avance de la clase obrera y el rol del PC y el PS

En estas discusiones, los trabajadores chocaban abiertamente con los dirigentes del PC, que actuaban como correa de transmisión y garante en el movimiento obrero de la estrategia de la UP. El PC, enemigo frontal de que los obreros avanzaran hacia la toma del poder en sus propias manos, defendía junto a la dirección del PS, la concepción reformista de una “revolución por etapas” que reemplazara primero el dominio del capital imperialista para que se desarrollara un capitalismo autóctono, y que recién en un futuro indeterminado la clase obrera podría avanzar en romper sus cadenas de explotación. Por eso su estrategia frentepopulista (de unidad con sectores burgueses) y la participación en un gobierno junto a partidos patronales sin plantearse romper con la república burguesa.

Para sostenerla, no dudaba de combatir a la vanguardia obrera junto con la burocracia sindical de la CUT, atacar junto con Allende a los Cordones Industriales, calumniar a otras corrientes de izquierda y embellecer a los militares.

Así justificaba el PC la devolución de empresas a sus viejos propietarios, el apoyo a la ley que permitía a los militares allanar fábricas en busca de armas, y el aval al nombramiento de Pinochet como Jefe del Ejército, en los umbrales de un golpe que ya se veía venir.

El miedo de la burguesía y la conspiración

El miedo de los patrones ante el empuje de las masas -cuyo avance revolucionario les significaba la posibilidad de perder sus fábricas, propiedades y privilegios- y la constatación de que el gobierno de Allende ya no era capaz de contenerlo, aceleraron los preparativos golpistas. Bajo la orientación de empresas imperialistas como la ITT y la abierta intervención de Washington, fueron deshaciéndose de algunos oficiales que se resistían a dar ese paso y reprimiendo brutalmente los intentos antigolpistas en la base, como el movimiento de los marinos en la flota. De esta manera fueron homogeneizando a las FF.AA. hacia el golpe.

Un primer intento, el “Tanquetazo” de junio de 1973, fracasó, pero Allende, el PS y el PC desoyeron la advertencia y llamaron a las masas a confiar en la solidez de la democracia chilena, en el profesionalismo de los militares. No solamente se negaron a armar a los trabajadores, que reclamaban abiertamente los elementos para enfrentar el golpe en ciernes, sino que impulsaron requisas en las fábricas para desarmarlos.

Desorientados y desmovilizados por sus propios partidos y por la CUT, los trabajadores no se prepararon, no contaron con una política para ganar a la base del ejército, ya que el PC y el PS no quieren irritar a los oficiales, ni para poner en pie milicias obreras y populares, generalizando y centralizando los elementos de armamento que habían comenzado a surgir. A pesar de algunos conatos de resistencia, el golpe del 11 de septiembre encuentra a la clase obrera y a las masas impotentes y desarmadas.

Algunas lecciones estratégicas

La profundidad y alcance del proceso revolucionario chileno nos deja a los revolucionarios importantísimas lecciones, que hay que actualizar a la luz de los nuevos fenómenos políticos y de lucha de clases que vienen surgiendo y surgirán en el marco de la crisis económica mundial que hoy tiene centro en los principales países imperialistas.

En primer lugar, los trabajadores debemos mantener total independencia política respecto a las organizaciones políticas de la burguesía. Los trabajadores encontrarán sus aliados naturales entre los sectores oprimidos por el capitalismo, como el campesinado arruinado, los pueblos originarios, los pobres urbanos, la juventud, etc. y su propia independencia política es la condición para poder agrupar y dirigir la alianza con los sectores populares.

En segundo lugar, la utopía de reformar el capitalismo de la mano de la burguesía nacional es un engaño que solo sirve a esta última, en la medida que desvía la energía de la clase obrera hacia intereses contrarios a los suyos, impidiendo resolver los grandes problemas democráticos, como la liberación nacional y la reforma agraria y urbana, y que la detención de la dinámica revolucionaria solo abre la puerta a la contrarrevolución.

En tercer lugar, la estrategia de la “vía pacífica hacia el socialismo”, por más romántica que sea, demostró ser una utopía reaccionaria, al desarmar de una política defensiva a los trabajadores ante el interés vital de la burguesía en la explotación de la clase obrera, lo que la llevó a cometer las mayores atrocidades contra el pueblo. Sólo la toma del poder por los trabajadores, en la lógica de la revolución permanente, puede asegurar la resolución íntegra y efectiva de los problemas nacionales y democráticos, y asegurar la derrota de la contrarrevolución interna.

En cuarto lugar, los Cordones Industriales demostraron la enorme potencia de la autoorganización democrática de las masas laboriosas, que en sus múltiples corrientes revolucionarias puede desarrollar un frente único capaz de jaquear el poder burgués y su Estado.

Finalmente, que la clase obrera necesita dotarse de una dirección política con una estrategia revolucionaria y un programa para vencer a la burguesía, no solo en el terreno nacional que permita desarrollar un gobierno de los trabajadores, sino en la arena internacional, que permita organizar la lucha del conjunto de la clase obrera para darle jaque mate al capitalismo y a la burguesía imperialista.

El MIR y el trotskismo

La mayor parte de las organizaciones de izquierda se encontraban dentro de la Unidad Popular.
El MIR fue la principal organización de la izquierda que no lo hizo. Esta corriente de vanguardia osciló entre el aliento a las masas y el apoyo a Allende, con una política de presión desde afuera. A pesar de su ascendencia sobre los sectores más radicalizados de la clase obrera, no era su estrategia la autoorganización obrera para desarrollar los Cordones Industriales y dotarlos de una política de autodefensa y armamento para enfrentar el golpe. Su estrategia guerrillera era sustitucionista de la clase obrera, reservando la preparación militar para su organización, el partido-ejército, y no las organizaciones de base.

El trotskismo, que había sido parte de la tradición obrera desde los años 30, siendo parte de la fundación de la CUT a inicios de los 50, etc., gira hacia la estrategia guerrillera bajo los encantos de la Revolución Cubana, y termina por fusionarse con sectores guevaristas, dando luz al MIR en 1969, liquidándose como alternativa programática y estratégica.

Frente al stalinismo del PC y sus variantes, es más importante que nunca poner en pie y refundar el trotskismo chileno, haciendo carne estas lecciones de los 70.
Esta es la lucha actual del PTR, partido hermano del PTS en Chile.

La experiencia del movimiento estudiantil con el PC de Camila Vallejo

El movimiento estudiantil chileno, que comenzó a luchar hace años por la gratuidad educativa, importante pilar del neoliberalismo chileno impuesto por Pinochet, ha avanzado hacia el cuestionamiento del legado neoliberal de Pinochet, que se continúa hasta hoy de la mano de los partidos patronales.

La rotunda negativa tanto del gobierno de Bachelet como del derechista Piñera a otorgar este derecho elemental a los hijos de los trabajadores, muestra el peso que tiene la burguesía ligada al negocio de la educación y el temor a que esa conquista envalentone y genere nuevas demandas.

La tenacidad de la “juventud sin miedo” que al calor de la lucha se ganó la simpatía de importantes sectores sociales, ha provocado una profunda crisis en los partidos tradicionales del régimen, tanto a los partidos de derecha, como el del presidente Piñera, Renovación Nacional, o al partido pinochetista por excelencia, la UDI, cuya crisis no encuentra piso, sino también a los partidos de la Concertación que gobernó Chile desde la salida de la dictadura, el PS, la DC y el PPD.

Los partidos de la Concertación encontraron en el PC un importante aliado para lavarse la cara y maquillarse de izquierda. La mismísima Camila Vallejos, principal figura pública del movimiento estudiantil en lucha, se encuentra en plena campaña electoral bajo el alero de la candidatura de Michelle Bachelet en esta nueva coalición denominada “Nueva Mayoría”.

Después de haber sido ninguneados a lo largo de los últimos 20 años de “democracia” concertacionista, el PC se ganó este papel gracias al rol jugado en la contención y desvío hacia la cueva parlamentaria de las energías que el movimiento estudiantil puso en las calles. Sin embargo, la probable diputación de Camila Vallejos le costó su desplazamiento de la cabeza del movimiento. Fue una elección acorde a su estrategia reformista, que se expresa a pequeña escala.
El movimiento estudiantil, sin embargo, persiste en las calles y lejos de ser derrotado, ha buscado incipientemente ligarse al movimiento obrero en lucha, como demostró en el último Paro General del 11 de julio. Este es un hecho de suma importancia.

Chile: Histórico triunfo de los portuarios

Isabel Infanta — 2013-04-11T12:39:49Z

Por Isabel Infanta

El viernes 5 de abril, tras tres semanas de paro, los trabajadores portuarios le doblaron la mano a la patronal. Como informamos en LVO N° 516, el paro de los trabajadores portuarios de Ultraport del Puerto de Angamos (al norte de Chile) en lucha desde el 15 de marzo por media hora de refrigerio y un bono para comer, se fue transformando en una huelga del sector, concitando apoyos en todo el país debido a la intransigencia patronal y la brutal represión del Estado, que pensaban que con heridos y despedidos lograrían torcer la voluntad de los trabajadores.

Una jornada inolvidable

Las seis horas de espera en la puerta de la intendencia mientras se desarrollaban las negociaciones estuvieron llenas de ansiedad pero también de solidaridad, con el apoyo de los estudiantes de la universidad (UCN), secundarios, nuestros compañeros en la Agrupación Combativa y Revolucionaria, así como trabajadores del PTR de otros sectores como el minero.

El resultado, un triunfo histórico. Los portuarios ganaron todas las demandas: reincorporación de los dos dirigentes despedidos, fin a las persecuciones y represalias hacia los trabajadores movilizados, un lugar habilitado como comedor, las demandas de sanidad, y la legítima media hora de refrigerio y un bono para la comida.

Importantes lecciones

La lucha portuaria demuestra que para lograr hasta la demanda más mínima, como media hora para comer, es necesaria la mayor unidad de los trabajadores, estudiantes y el pueblo pobre.

Los trabajadores portuarios recordaron a Juan Pablo Jiménez, dirigente obrero recientemente asesinado de un balazo, así como a todos los compañeros asesinados por la desidia patronal en accidentes de trabajo. La patronal viene demostrando que cuenta con las leyes y las fuerzas represivas del Estado a su favor, lo que sólo pudo ser superado gracias a la unidad entre efectivos y contratados, la solidaridad de los portuarios de todo el país, de trabajadores de otros sectores y de los estudiantes. La lucha portuaria se transformó así en un importante jalón para toda la clase obrera.

La fuerza de la clase obrera

Como expresaban los compañeros del PTR en una declaración, “el triunfo de los portuarios que fue posible gracias a la unidad de las filas obreras, expresada en los paros a nivel nacional que se hicieron, en la ruptura de la división gestada por la empresa entre contratados y eventuales, en la superación por parte de los trabajadores de sus direcciones conciliadoras y proempresariales que se agrupaban en la COTRAPORCHI [Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile] y gracias, por sobre todo, a la convicción y combatividad de las mujeres portuarias”.

Nuestros compañeros del PTR fueron la única organización que desde el primer momento puso toda su energía en apoyar y difundir su lucha, lo que nos llena de orgullo.

Lea las declaraciones y crónicas de la lucha de los portuarios en www.ptr.cl

Massive protests in India

Isabel Infanta — 2013-01-17T10:28:40Z

By Isabel Infanta

The news of a horrendous murder of a woman that occurred in New Delhi, the capital of India, overshadowed the end of 2012. The pain of a young female student, ended with her death in a Singapore hospital, on December 29.

The brutality of the act made men and women shudder throughout India and the world. The reaction of the population was immediate; they went out in thousands to the streets in New Delhi and in other cities like Imphal, fed up with the situation of oppression and violence towards women, that increases day by day, with the complicity of the state institutions by action and/or neglect.

Women and men led marches and rallies in front of different government agencies, as well as at the Jantar Mantar (an observatory where protests in New Delhi usually assemble), and some demonstrators are even spending several days on hunger strikes. Student organizations have also joined what has turned into a wave of outrage, unprecedented in the country.

The government's first response was brutal repression. Dozens of injured people and prisoners and at least one death were the toll of the police charge with clubs, gas, and bullets. Despite the just nature of the demonstrators' demands, no other response was to be expected from a government built on the basis of the most dreadful oppression of the great toiling masses.

In the so-called “biggest democracy” of the planet, control by the bourgeoisie is based on survivals from the ancient regime of castes, of pre-capitalist origin, linked to Hinduism (the predominant religion), in which the social position of families and the sexes is predetermined by birth, and it is practically irremovable. Thus, the leading dynasties of the country, where women enjoy rights and occupy some important political and business positions, are found among the privileged castes, while the great toiling masses are found in the lower castes, and women occupy the lowest position, becoming a commodity, in view of the extreme poverty of the families.

Sexual attacks are a hidden dimension of the reality of Indian women, since reporting a rape usually means still more punishment for the female victim, who is frequently forced to marry the man who raped her, as a form as social “reparation,” and the victim is burdened with the family shame, the indifference of the authorities, and widespread impunity. But that reality also includes other horrendous dimensions, like the murder of infant girls (in certain states of India, fewer than 850 women are born, for every 1,000 men, owing to this misogynist practice), child marriage, the lack of education, unpaid or poorly paid labor in comparison with men, domestic rape and rape within marriage, trafficking in human beings, and so many other calamities, many of which are not foreign to the working-class women of our latitudes.

The response of the Indian authorities shows the institutionalization of violence against women. The persistence of the demonstrations, despite the measures of the government, that closed the subway entrances in the area of the protests, prohibited mass meetings and engaged in direct repression, forced Prime Minister Manmohan Singh to take some symbolic measures, like receiving the young woman's body, when it was returned to India, and participating in the funeral rites, and promoting legal changes that are still unclear, in order to get the people off the streets. The only concrete announcement was the increase in female police personnel in the police stations, “so that female victims will feel more comfortable in bringing charges.” The reactionary character of this measure becomes obvious, just by looking at the photos of the repression of the demonstrators, in which female police personnel are observed in action.

The trial of the murderous rapists is now taking place behind closed doors and in great secrecy, measures decreed by the judge to take the case out of the public sphere. Recently, after the complaint made by the friend of the female victim about the apathy of the police in helping the couple, it was announced that the dubious performance of the police during the act will be investigated. However, the massive character, strength and persistence of the mobilizations express the breaking of a long silence that spread like wildfire among oppressed men and women, the development of which could call into question one of the most aberrant manifestations of social oppression in the region.

Multitudinarias protestas en India

Isabel Infanta — 2013-01-10T10:18:03Z

Por Isabel Infanta

La noticia de un horrendo femicidio ocurrido en Nueva Delhi, capital de la India, ensombreció el final del 2012. El dolor de una joven estudiante de 23 años, que el 16 de diciembre fue violada por mas de una hora y destripada con una vara de hierro por seis hombres, arriba de un autobús, y que tras ser arrojada del mismo aún en movimiento permaneció en la calle junto a su acompañante, también desnudo y malherido, durante decenas de eternos minutos de desidia policial, terminó con su muerte en un hospital de Singapur el 29 de diciembre pasado.

La brutalidad del hecho estremeció a mujeres y hombres a lo largo de la India y del mundo. La reacción de la población no se hizo esperar, salieron por miles a las calles en Nueva Delhi y en otras ciudades como Imphal, harta de la situación de opresión y violencia hacia las mujeres que aumenta día a día bajo la complicidad por acción y/u omisión de las instituciones del Estado.

Mujeres y hombres han protagonizado marchas y concentraciones frente a distintos organismos de gobierno, así como en el Jantar Mantar (observatorio astronómico donde se suelen concentrar las protestas en Nueva Delhi) e incluso algunos manifestantes llevan varios días en huelga de hambre. Organizaciones estudiantiles también se han sumado a lo que se transformó en una ola de indignación sin precedentes en el país.

La primera respuesta del gobierno fue la brutal represión. Decenas de heridos y presos y al menos un muerto fue el saldo de la carga con palos, gases y balas de la Policía. A pesar de la justeza de las demandas de los manifestantes, no era esperable otra respuesta de un régimen erigido sobre la base de la más ominosa opresión de las grandes masas laboriosas.

En la llamada “mayor democracia” del planeta, el dominio de la burguesía se apoya en las supervivencias del antiguo régimen de castas de origen precapitalista, ligado al hinduismo (religión predominante), donde la posición social de las familias y los sexos están predeterminados por nacimiento y es prácticamente inamovible. Así, en las castas privilegiadas, se encuentran las dinastías dirigentes del país donde las mujeres gozan de derechos y ocupan algunas posiciones políticas y empresariales importantes, mientras que en las castas inferiores se encuentran las grandes masas laboriosas y las mujeres ocupan el peldaño más bajo, transformándose en objeto de cambio frente a la pobreza extrema de las familias.

La agresión sexual es una dimensión velada de la realidad de la mujer india, ya que la denuncia de una violación suele significar aún más castigo para la víctima, que muchas veces es obligada a casarse con su violador como forma de “reparación” social, cargando con la vergüenza familiar, la indiferencia de las autoridades y la impunidad generalizada. Pero esa realidad incluye también otras dimensiones horrendas como el femicidio infantil (en ciertos estados de India nacen menos de 850 mujeres por cada 1000 hombres debido a esta práctica misógina), el casamiento infantil, la falta de educación, el trabajo no pago o mal pago en relación al hombre, la violación intrafamiliar y marital, la trata y tantos otros flagelos muchos de los cuales no son ajenos a las trabajadoras de nuestras latitudes.

La respuesta de las autoridades indias muestra la institucionalización de la violencia contra la mujer. La persistencia de las manifestaciones a pesar de las medidas del gobierno, que cerró los accesos del metro en la zona de protesta, prohibió concentraciones y reprimió directamente, obligó al primer ministro Manmohan Singh a tomar algunas medidas simbólicas, como recibir el cuerpo de la chica al ser repatriado y participar de las exequias, y prometer cambios legales todavía poco claros, con el fin de sacar a la gente de la calle. El único anuncio concreto fue el aumento de personal policial femenino en las comisarías, “para que las víctimas se sientan más cómodas para hacer las denuncias”. Sólo con ver las fotos de la represión a los manifestantes, en las que se observa personal policial femenino en acción, resulta evidente el carácter reaccionario de esta medida.

El juicio a los violadores asesinos se realiza ahora a puertas cerradas y bajo gran hermetismo, medidas dispuestas por la jueza para sacar el caso del ámbito público. Recién tras la denuncia realizada por el amigo de la víctima sobre la desidia de la Policía en la asistencia a la pareja, se anunció que se investigará la dudosa actuación policial durante el hecho. Sin embargo, la masividad, fuerza y persistencia de las movilizaciones expresan el quiebre de un largo silencio que se extendió como reguero de pólvora entre oprimidos y oprimidas y cuyo desarrollo podría poner en cuestión una de las manifestaciones más aberrantes de la opresión social en la región.

Apertura de negociaciones entre Santos y las FARC

Isabel Infanta — 2012-10-18T06:16:51Z

Por Isabel Infanta

Al cierre de esta edición, se encuentra en proceso en Oslo, Noruega, la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del continente. El inicio de este nuevo proceso de negociaciones se ha convertido en un eje de la nueva coyuntura política en Colombia. Es también uno de los datos novedosos del actual panorama latinoamericano.
Bajo un cuidadoso hermetismo, los delegados del gobierno y de las FARC vienen manifestando una fuerte voluntad política de instalar las negociaciones, a pesar de algunos regateos sobre cuestiones tácticas que retrasaron la mesa por supuestos inconvenientes logísticos (tras la operación de próstata de Santos) y luego, según los voceros del proceso, por dificultades jurídicas y climáticas, lo que incluyó la negociación sobre la participación en el diálogo de dos miembros de la delegación de las FARC (Simón Trinidad que se encuentra preso en EEUU y la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer).

El significado del nuevo “diálogo de paz”

Las conversaciones recién comienzan, pero su objetivo es claro: poner fin al conflicto armado logrando el desarme de la guerrilla más antigua del continente. La década del uribismo, de quien Santos fue ministro de Defensa y delfín en la disputa sucesoria, mostró los límites de la estrategia exclusivamente militarista para lograrlo. Aún contando con la ayuda económica y militar de EEUU, logró varios triunfos como el asesinato o encarcelamiento de líderes históricos de las FARC y la desmovilización de algunos sectores, pero no logró darles un “golpe mortal” ni recuperar el territorio que estas controlan. Aunque se presente como “pacifista” y “democrático”, el plan de Santos se apoya en los avances militares ya obtenidos pero reconoce la necesidad de combinar la ofensiva militar con la negociación política, para lo que aprovecha la recomposición de relaciones con Chávez y Cuba para incorporarlos como facilitadores del diálogo de paz.

La “hoja de ruta”

Tras varios meses de negociaciones secretas desarrolladas en La Habana, a principio de septiembre se anuncia el “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado”, en el que ambos lados reconocen como puntos nodales de negociación la cuestión del “desarrollo agrario integral”, que incluye la formalización de la propiedad que permitirá la redefinición de la frontera agraria, así como la cuestión de la reintegración política de las FARC al régimen, el fin del conflicto con el cese del fuego y abandono de las armas, la cuestión de las drogas ilícitas y los derechos de las llamadas “víctimas”.
Estos puntos en discusión son un engaño: el “desarrollo agrario integral” implica el olvido de la demanda de reforma agraria y la legalización de la apropiación de millones de hectáreas por los latifundistas; el reconocimiento de derechos iguala a las responsabilidades del terror estatal y paraestatal con el accionar guerrillero. Una suerte de “teoría de los dos demonios” que abre la puerta a la legitimación de todo lo conquistado por la burguesía colombiana.

Los objetivos de la burguesía colombiana

Este intento responde a poderosos intereses económicos y políticos: La necesidad de “lavar la cara” de un régimen corrompido, salpicado por escándalos como los de la “narcopolítica”, los lazos con el paramilitarismo, los escándalos financieros del clan de Uribe, etc. El interés en “pacificar” las zonas en las que actúa la guerrilla facilitaría un mayor avance sobre los recursos naturales y la tierra, como parte del plan de Santos de profundizar la aplicación de los planes neoliberales heredados de Uribe. Al mismo tiempo, necesita reducir el gasto militar, ya que EEUU concentra sus esfuerzos económicos y militares en otras áreas más críticas del planeta y ha venido reduciendo su ayuda financiera a Colombia (El Espectador, 15/02/11). Desde el punto de vista de su ubicación “geopolítica” el fin del conflicto sería un éxito político para apuntalar su rol como el gran alfil pro norteamericano en Sudamérica, manteniendo las bases militares y la cooperación con el pentágono, reafirmando el Tratado de Libre Comercio con EEUU, etc.
Todo esto explica el importante consenso logrado por Santos, que se expresa internamente en el respaldo empresarial y de la mayoría de las fuerzas políticas, marginando la oposición del uribismo, y a nivel del exterior, con el apoyo expresado desde Obama y el imperialismo europeo hasta Venezuela y Cuba, mostrando el rol pérfido que juegan estos últimos en las negociaciones (ver “Un proceso con consecuencias regionales”).
Santos utiliza esto contra sus críticos por derecha (Uribe) y por izquierda (descontento social, movimiento estudiantil), renovando las apelaciones a la “unidad nacional”, esperando fortalecer las perspectivas de su reelección.
Expresión de esto es la composición de la delegación designada para la negociación, integrada por referentes de los principales factores de poder (altos jefes policiales, militares y empresariales). La popularidad de Santos subió considerablemente tras el anuncio del diálogo, y le permitió salir a la ofensiva buscando ampliar su base social.

La situación de las FARC

Las FARC van a esta negociación en una situación de debilidad por los golpes sufridos durante el último período. De hecho, los jefes de las FARC han aceptado condiciones mucho más adversas que hace 10 años en los diálogos del Caguán. Santos no ha concedido, al menos hasta ahora, un alto al fuego ni antes ni durante las negociaciones y tampoco ha desmilitarizado zonas para la negociación.

Las FARC han fracasado en su estrategia de “guerra popular prolongada” que apostaba a construir un aparato militar en condiciones de enfrentar y batir a las fuerzas del Estado burgués y sus métodos (que muchas veces afectan a la población campesina e indígena han contribuido a su desprestigio ante un sector importante de la población) y sus concepciones militaristas divergen cada vez más de las condiciones generales del país (crecientemente urbanizado, etc.), profundizando su aislamiento social y su decadencia. Desde hace años han renunciado a la “toma del poder” y buscan algún tipo de salida que les permita una integración al régimen, basados en un programa de reformas dentro del capitalismo.
Las FARC parecen haber asumido que su situación militar no va a mejorar en lo táctico ni estratégico, y por el contrario, podrían perder aún más terreno si no aceptan las condiciones acordadas con Santos, y se prestan a crear ilusiones sobre la trampa del diálogo que tiende el gobierno.

Los revolucionarios y la política de las FARC

La política de la burguesía y el imperialismo, de la que se hacen voceros los medios de comunicación, es sumamente hipócrita. Atribuyen la causa de la “violencia” casi exclusivamente a la guerrilla, cuando los verdaderos generadores de la violencia hacia los trabajadores y campesinos son la represión militar, el apañamiento a los grupos paramilitares, al narcotráfico ligado a importantes sectores de terratenientes y burgueses y la injerencia imperialista.

En diversas oportunidades hemos expresado nuestras diferencias estratégicas y programáticas con las FARC, cuyos métodos están alejados de las necesidades de movilización de las masas urbanas y campesinas, y que políticamente apuestan a la colaboración con sectores de la burguesía. Su “reformismo armado” no es alternativa al reformismo “tradicional” de sectores como el Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, y la burocracia sindical de la CUT, así como de fenómenos más nuevos como Marcha Patriótica. Sin embargo las hemos defendido siempre ante los ataques del estado burgués, así como el derecho a que sean reconocidas como fuerza beligerante en el conflicto colombiano.

Pero esta defensa ante los ataques del estado burgués no nos impide ser absolutamente claros en denunciar que sembrar ilusiones en que se pueda lograr algo favorable a los trabajadores y el pueblo colombianos acordando en un “diálogo de paz” con este régimen "democrático" en sus formas pero profundamente bonapartista, apoyado en las fuerzas armadas y agente del imperialismo, que no ha vacilado en apañar a los paramilitares y el sicariato y que hoy los protege, es un vergonzoso engaño. Cualquier pequeña concesión estará puesta en función de garantizar la gran propiedad para las oligarquías y transnacionales. Eventuales límites al paramilitarismo estarán puestos en función de asegurar la impunidad y legitimar la violencia represiva del Estado colombiano. Y están los antecedentes de la masacre de la Unidad Popular y luego de la desmovilización e integración al régimen del M19 y otros grupos guerrilleros en anteriores “procesos de paz” en Colombia para demostrar adonde lleva este camino.

Por eso, si bien las perspectivas aún son inciertas y no pueden descartarse variantes (desde un posible acuerdo a su fracaso, un “congelamiento” del conflicto armado o una división de las mismas) y hay muchos elementos imprevisibles (que sectores paramilitares intenten vengarse de los guerrilleros que se desmovilicen, por ejemplo o una división de las FARC en torno a aceptar o no el desarme) estamos convencidos de que nada bueno puede salir de estas “conversaciones de paz” para los trabajadores, el pueblo y los campesinos colombianos.

Si las negociaciones que acaban de empezar tienen como resultado la integración política de las FARC al régimen burgués colombiano, posiblemente surgirá una nueva mediación reformista. Los trabajadores, campesinos y el pueblo colombiano no pueden tener confianza más que en sus propias fuerzas. El gobierno del “ex guerrillero devenido en presidente”, Daniel Ortega, en Nicaragua, como el del gobierno de Funes y el FMLN en El Salvador, integrados plenamente al régimen burgués muestran la impotencia del reformismo “(des)armado”. Es por esto que solo la movilización revolucionaria de las masas obreras y populares podrá imponer las demandas de tierra, trabajo y vida digna, acabar con la impunidad y la sumisión al imperialismo, y para esto, es preciso desplegar una estrategia de autoorganización de masas que apunte a la instauración de un gobierno obrero, campesino y popular.

Un proceso con consecuencias regionales

La apertura de negociaciones se inscribe en una situación regional donde todos los gobiernos, ante la crisis internacional, buscan "distender" conflictos y mantener cierto equilibrio, a lo que contribuiría una eventual suspensión del conflicto armado en Colombia y el abandono de las acciones armadas por las FARC.

El diálogo cuenta con el implícito visto bueno de Obama, que lo deja correr sin asumir ningún compromiso que lo perjudique en su actual campaña electoral, y de la Unión Europea, que a través de Noruega actúa como facilitadora. Es significativo el rol garante de los gobiernos de Chávez y Piñera. Chávez, recientemente relegitimado en las urnas, como parte de su giro político conciliador, reconoce su amistad política con Santos en función de abonar los buenos negocios de sus burguesías, con hechos como la extradición de militantes y narcotraficantes colombianos y la exhortación a las FARC de que dejen las armas. El gobierno cubano juega un rol central como "facilitador" buscando que su contribución como "factor de estabilidad" en la región sea reconocida en la "comunidad internacional". Piñera, a su vez, actúa como contrapeso desde una ubicación mucho más pro norteamericana. Por otra parte, Brasil también expresó su apoyo al proceso (aunque no ocupa un rol protagónico en estas negociaciones).

CLAVES

FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgen a mediados de los años '60 como expresión deformada de la resistencia campesina durante la "Violencia" (la ofensiva reaccionaria lanzada por los Conservadores luego del “Bogotazo” de 1948). Estructuradas como un partido-ejército de matriz stalinista, tienen una estrategia reformista de colaboración "patriótica" de clases al servicio de la que despliegan sus métodos militaristas como forma de presión sobre el régimen burgués. Desde una política de “nueva Colombia” de reformas puramente democráticas buscan la negociación con el régimen.
Plan Colombia
Acuerdo entre Colombia y EE.UU. concebido entre 1998 y 2000 durante los gobiernos de Pastrana y Clinton, que bajo el argumento de luchar contra "el narcotráfico y el terrorismo" profundiza el sometimiento de Colombia a los planes norteamericanos en la región, fortaleciendo su aparato militar, logístico y de inteligencia (Colombia pasó a ser el tercer país del mundo en el monto de ayuda militar yanqui).

Bases militares norteamericanas

Son centros de operaciones desde donde Estados Unidos lleva adelante su política de control en la región. En el marco del Plan Colombia-Patriota, EE.UU. contaba ya con 2 bases militares en Colombia. A fines de su mandato Uribe anunció la instalación de 7 nuevas bases, lo que causó quejas en los gobiernos “progresistas” latinoamericanos y la ruptura diplomática entre Chávez y Uribe, pero finalmente su instalación ha sido aceptada de hecho y tras el recambio presidencial, Santos y Chávez retomaron las relaciones.

Paramilitarismo

Son grupos paramilitares financiados por terratenientes y empresarios, están apadrinados por el Estado y son responsables de persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que les garantizó una amnistía generalizada y no logró desmovilizar estas bandas fascistas.

Parapolítica

Los paramilitares y el régimen político colombiano tienen nexos muy profundos. La crisis de la “parapolítica” provocó la renuncia de altos funcionarios, el encarcelamiento de 20 parlamentarios y compromete al propio Uribe. Estos escándalos han deslegitimado profundamente al régimen y han obligado a Santos a desmarcarse crecientemente del uribismo y sus métodos.

17-10-2012

Pursuit and massive deportations of immigrants in Greece

Isabel Infanta, PTS, Argentina — 2012-08-16T16:14:13Z

By Isabel Infanta
Thursday, August 9, 2012

Last weekend, the Greek government sent the police on an enormous operation of raids against immigrants in the central areas of Athens, poor neighborhoods and brothels, in a real pursuit that involved around 4,500 policemen. Also in Evros, in northern Greece, near the border with Turkey, around 2,500 police were sent, on what is considered the most porous border in Europe.

More than 6,000 immigrants, with or without papers, were detained because of simple “racial profiling” in the first two days of pursuit, when thousands were jailed in real concentration camps, under humiliation and the lack of respect for human rights, waiting to be deported. In fact, dozens of Pakistani immigrants were already deported the same weekend.

This institutionalization of racism and xenophobia represents a jump in the actions against the immigrants, that had already been developing, pushed by groups from the ultra-right, like the Golden Dawn party, that got a surprising number of votes in last June's general elections (7%). In addition to physically attacking immigrants, this party carries out massive activities to promote xenophobia, organizing charitable activities where the beneficiaries must prove their Greek ethnic origin to get assistance.

The political operation that includes the measure taken by the government has a double aim. On the one hand, it allows them to shift the focus of responsibility for the economic crisis from the concentrated groups of capital and their agents, the Troika, the austerity government, etc., to the immigrant workers, using them as scapegoats and inciting hatred from the poor against the poor. On the other hand, the parties in the government, New Democracy (right-wing) and PASOK (social democratic), find themselves in a profound crisis of legitimacy, that was expressed in the enormous difficulty in forming a government after the last elections, and they are seeking to contain the most right-wing group of their voters, in view of the rise of Golden Dawn, that, according to reports from some of the Greek media, would count among its own voters, precisely a very large group from the repressive forces.

The embryonic neo-nazi tendencies, a result of the social polarization that the capitalist crisis is creating, are already beginning to be used by austerity governments against the workers, now the immigrants that are seeking a life in Europe that they cannot have in their countries of origin, devastated by poverty, civil war, or political and religious persecution. The repudiation of these policies and the struggle against xenophobia and racism are a priority need of the working class. The unity of the working class, native-born or foreign, will be essential, in order to confront the attacks that the capitalists' crisis will intensify.

August 8, 2012