ANDRÉS PÉREZ, CORRESPONSAL EN PARÍS

La Cámara Alta se niega a proceder a la votación del proyecto de ley de recortes de las pensiones de Sarkozy. El presidente ordena a la policía desbloquear todos los depósitos de carburante

El Senado francés escuchó la presión de la calle y deso-bedeció ayer al presidente Nicolas Sarkozy en el explosivo conflicto por las pensiones. La Cámara Alta se negó a proceder a la votación del proyecto de ley de recorte y la aplazó. Como mínimo hasta hoy, y probablemente más tarde, según varios senadores. La jornada de reflexión que los senadores ofrecieron a Sarkozy llegó cuando la huelga ha colocado en un nivel crítico el número de gasolineras cerradas y cuando las cargas policiales crecen en tensión.

El Senado es una cámara en el que el partido de Sarkozy cuenta con 149 parlamentarios, mientras que radicales de izquierda, socialistas y comunistas reúnen 157. Todo depende, pues, de los senadores del grupo mixto y de la Unión Centrista, que reúne a senadores tanto sarkozystas como antisarkozystas, con ligera ventaja para estos últimos. La situación es fluida y, dada la presión de la huelga y de los sondeos, sus señorías bisagra no se sometieron a las prisas que tiene Sarkozy por obtener la aprobación de la ley.

El presidente de la cámara, Gérard Larcher, un conservador que se lleva mal con el presidente, se negó a cerrar los turnos de palabra a la oposición. Quedan actualmente varios centenares de enmiendas por discutir, en su mayoría presentadas por la izquierda. La mesa ha adoptado el principio de celebrar sesiones nocturnas si es necesario. De hecho, los senadores llevan varias noches discutiendo casi hasta el alba.

El calendario de Sarkozy está comprometido. El presidente quiere sacar su proyecto del Senado cuanto antes para que vaya a la Comisión Mixta y vuelva a la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva el 26 o el 27 de octubre. La razón es la siguiente: las vacaciones escolares se inician este viernes y Sarkozy espera que, con las clases medias descansando, la presión de la calle desaparezca.

Al primer retraso de calendario vino a sumarse ayer un segundo problema. Los senadores socialistas y comunistas lograron obtener el apoyo del centroizquierda para lanzar un "llamamiento solemne" a Sarkozy para que suspenda el debate sobre su proyecto de ley, que eleva a 62 años la edad legal de jubilación y a 67 la edad que abre derecho al 100% de la pensión de base.

El apoyo del centroizquierda no era algo ganado de antemano y trae una consecuencia potencialmente nefasta para Sarkozy: abre puentes con los senadores de la Unión Centrista y puede inclinar esa bisagra hacia la izquierda.

Porque Francia ya es una olla a presión. La huelga de los obreros de las 12 refinerías del país, sumada a las operaciones de bloqueo de las refinerías y de las carreteras de acceso empieza a alcanzar su velocidad de crucero. El Gobierno, que tardó 24 horas en reconocer, al principio de la semana pasada, que 4.000 gasolineras tenían los surtidores cerrados, no quiso ser atrapado de nuevo en la omisión. El ministro de Ecología y Energías, Jean-Louis Borloo, reconoció ayer que de las 12.311 estaciones del país, 3.190 están sin una sola gota de carburante. Y, según él, otras 1.700 "están en una dificultad particular".

Borloo multiplicó los mensajes tranquilizadores, afirmando que la penuria es "momentánea" y que "los camiones están llegando". Todo ello para cuadrar con el mensaje del primer ministro, François Fillon, quien prometió el martes que el abastecimiento será "normal en cuatro o cinco días".

Por segundo día consecutivo, Sarkozy reiteró ayer el mensaje de firmeza afirmando que ha dado instrucciones para "desbloquear la totalidad de depósitos de carburante", y acusando a los sindicatos de "desórdenes que buscan crear la parálisis del país".

Presión policial

A partir de la madrugada de ayer, los gendarmes y los policías antidisturbios pisaron el acelerador contra los piquetes que protegen los depósitos de carburante y las refinerías. Los depósitos de La Rochelle y Le Mans y la refinería de Donges fueron desalojados. En esta última, la respuesta sindical fue inmediata. Nada más ser informados, los coordinadores de la CFDT-Transportes movilizaron a unas 500 personas que de inmediato cortaron las carreteras de acceso. Sarkozy volvió así a la casilla de salida, y sólo podría evitar ese "juego del gato y el ratón" con acciones contundentes y masivas contra civiles, que la opinión pública no toleraría.

Un nuevo sondeo Viavoice para Libération apunta que un 69% de los franceses de-saprueba las acciones policiales tanto contra trabajadores huelguistas como contra estudiantes, y eso a pesar de la penuria de gasolina. El 60% apoya la continuación del movimiento social, según una encuesta.