Cinco días de revueltas iniciadas entre la juventud plebeya en el barrio de Tottenham el 6/8, luego del asesinato de un joven negro a manos de la policía y extendidas luego a otros barrios londinenses y ciudades como Manchester y Birmingham, dejaron al descubierto el gran nivel de desigualdad que se vive en una de las principales potencias del mundo. Frente a esta realidad, la respuesta del gobierno de la coalición conservadora liberal ha sido aplicar una línea de mano dura sin precedentes, criminalizando a los sectores más pobres, severamente afectados por los drásticos recortes aplicados.

Al regreso anticipado de sus vacaciones en una villa italiana, el primer ministro David Cameron anunció el despliegue masivo de fuerzas policiales, el uso de camiones hidrantes y la aplicación de todo el rigor de la ley para hacer frente a la revuelta de la juventud plebeya. Esta línea de mano dura contó con el respaldo tanto de los demócratas liberales (en la coalición del gobierno) como de los líderes laboristas en la oposición.
El 11/8, con el parlamento reunido en sesión extraordinaria para discutir las medidas a tomar, empezaron las redadas en las casas de los sospechosos de haber participado en las revueltas. Según cifras publicadas al cierre de esta edición se arrestaron 2.616 personas, 1.179 de ellas ya comparecieron ante los tribunales y 711 están en prisión preventiva. El 21% de los detenidos son menores de entre 11 y 17 años. Los juzgados correccionales han estado trabajando 24 horas por día, y procesaron uno tras otro a los miles de jóvenes arrestados, aplicándoles penas durísimas, en los denominados procesos ‘rápidos’. El gobierno instruyó a los juzgados a no respetar los procedimiento normales de la justicia, instando a aplicar ‘castigos ejemplares’ por lo que delitos que en otra circunstancia serían excarcelables o directamente sólo implicarían una multa de apenas unas libras, en el marco del ‘contexto de los disturbios’ han recibido sentencias draconianas. Entre los castigos más notorios, se encuentra la sentencia a 6 meses en prisión a un estudiante por haber tomado 2 botellas de agua mineral cuyo valor es de 3,50 libras (similar a lo que cuesta un viaje en el metro de Londres).

La aplicación de la ley y el orden tiene el objetivo de “criminalizar” la pobreza y a los jóvenes marginados, que salen a las calles a desatar su bronca, pero también es una medida preventiva que busca evitar que se repitan futuros estallidos sociales, que seguramente veremos en un contexto de crisis económica y de recortes. A su vez los medios de comunicación se hacen eco de esta política de mano dura, resaltando en particular los destrozos y saqueos sin informar sobre las causas de fondo de estos estallidos de bronca.

Una cruzada moral

Haciendo muestra de una hipocresía total, Cameron, hombre educado en una de las escuelas más elitistas del país y proveniente de una familia de altísimos recursos, declaró que los “disturbios” (revueltas) no tienen nada que ver con la pobreza, ni con el grupo étnico de los manifestantes, y que son simplemente producto de familias que no comparten “nuestros valores morales” y de una “sociedad destrozada”.
Quienes han hecho ‘destrozos’ en las familias y población pobres del país, son los gobiernos de los partidos del régimen que en los últimos 30 años han aplicado políticas neoliberales que arrojaron a miles de trabajadores al desempleo, quedando marginados del mercado laboral, provocando en los barrios afectados por las revueltas a casi el 20% de desempleo entre la juventud, expulsándolos a barriadas pobres en los suburbios de las grandes ciudades. Solamente en Londres, el 40% de los niños pertenecen a familias de ingresos bajos, considerándose un ingreso bajo a los que ganan 60% menos que el salario medio.

El creciente desempleo y el aumento especulativo de la vivienda, produjo un fenómeno conocido como gentifrication o aburguesamiento de los barrios, en el cual profesionales de buenos ingresos se mudan a barrios antes considerados como pobres (producto del precio inaccesible de las viviendas en las zonas de clase media), creando núcleos de mayor concentración de pobreza extrema. Y es precisamente en estos barrios donde se dieron las revueltas, como Haringey, Hackney y Croydon.
Otras medidas que se están discutiendo en el parlamento –donde los diputados juegan una carrera para ver quien aplica sanciones más duras– es el retiro de los subsidios y beneficios de desempleo a las familias cuyos hijos hayan participado en las revueltas; a tono con este nivel de castigo, el viernes 12/8 ya se hizo el primer anuncio de desalojo a una familia de un chico arrestado.

Párrafo aparte, merece la explicación de Cameron de que la desobediencia se debe a la ausencia del padre, ya sea por tratarse de madres solteras o parejas separadas. Esta moral profundamente reaccionaria busca responsabilizar a las familias, cuando se privatiza la educación y recorta los subsidios de los centros recreativos, creando una mayor presión en los hogares de bajos recursos. El lema de ‘achicar el estado’ y ‘privilegiar el rol de la familia’, uno de los grandes caballitos de batalla del gobierno, es en realidad utilizado para ocultar la responsabilidad del régimen en las raíces verdaderas de las revueltas.

Una salida de fondo a la pobreza

Las revueltas juveniles hablan de cambios profundos durante 30 años de neoliberalismo, creando barrios ‘fantasma’ producto de la desindustrialización bajo el thatcherismo luego de la derrota de la huelga minera del ‘84-85, dando lugar a una “subclase” que vive por fuera del circuito del mercado laboral, con familias sin empleo por generaciones, de millones de personas concentradas en los barrios más pobres de las grandes ciudades.

Estos millones de pobres, sin trabajo, sin organización y jóvenes sin futuro irrumpen con ira, en la mayoría de los casos con métodos que no son propios de la clase obrera, que a pesar de la degradación de sus organizaciones y los límites que impone la burocracia sindical conciliadora encuentra canales de expresión en los sindicatos o cuerpos de delegados, o los estudiantes en los centros de estudiantes.
La irrupción del movimiento estudiantil, incluso con actos de ‘violencia’ con la toma de la sede del partido conservador y enfrentamientos con la policía y la entrada en escena de los trabajadores del sector público en varias huelgas y protestas, indican que la ira no pertenece sólo a los pobres de esta nueva “subclase”, sino que atraviesa a toda la sociedad.
Mientras los medios han dedicado toda la atención a la “violencia” de las revueltas, poco y nada se ha dicho por ejemplo de la huelga de 11 semanas que están llevando adelante los trabajadores públicos de la municipalidad de Southampton en el sur del país contra los recortes implementados por los tories (coservadores) en el poder en dicha región. Allí, recolectores de residuos, trabajadores sociales, empleados de las bibliotecas y peajes, vienen luchando contra el recorte presupuestario del 28% a implementarse en un plazo de 4 años, que implicará la pérdida de 250 puestos de trabajo sólo en 2011.

La lucha estudiantil, las protestas y los paros de los sectores organizados de la clase obrera, que han salido a enfrentar los ajustes, deben tomar como parte de sus reclamos las demandas más sentidas de los sectores más oprimidos como ser la creación de trabajo, de capacitación laboral para la juventud que ahora es considerada ‘no empleable’ y el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin rebaja salarial. Estos planes deben estar acompañados con la demanda de impuestos progresivos a los ricos y a las grandes empresas para invertir en la creación de empleo, centros de recreación para la juventud y la inversión en planes de vivienda. Junto a estas demandas económicas es necesario levantar la lucha contra la criminalización de la pobreza y el retiro de los cargos a los participantes en las revueltas. ¡Trabajo, no cárcel para la juventud plebeya! Es en esta perspectiva, de incorporar las medidas para resolver las necesidades más acuciantes, que podremos enfrentar el discurso de derecha de mano dura de Cameron, los políticos del régimen y todas sus instituciones.

18-08-2011