El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo votó la llamada “Ley de retorno”, que muchos ya renombraron como “Directiva de la vergüenza”. Esta ley, aprobada por los ministros de interior de los 27 estados miembros, profundiza la política de ataque contra los inmigrantes que ya venían aplicando los gobiernos de la UE, y entraría en vigor dentro de dos años. Esta nueva normativa permite la detención de inmigrantes ‘sin papeles’ por un período máximo de 6 a 18 meses, en caso de que el inmigrante detenido se niegue a cooperar o cuando demoren los trámites de averiguación de identidad. Por otra parte, los expulsados no podrán volver a la UE por un período de cinco años; y uno de los puntos más polémicos que ha catalogado a esta ley como la “Directiva de la vergüenza” establece que los menores no acompañados podrán ser entregados a tutores que no sean familiares directos.

Esta nueva ofensiva contra los inmigrantes es parte de una política xenófoba que llevan adelante desde hace años los Estados imperialistas de la UE, que desde hace tiempo implementan la detención de inmigrantes indocumentados en verdaderos campos de concentración.

En un marco de desaceleración económica europea donde lo que prevalece es una desigualdad entre las economías más fuertes como la alemana y los países del sector mediterráneo, los trabajadores inmigrantes en estos últimos son los que sufren un mayor ataque xenófobo. En España, donde la previsión del desempleo es del 11% para 2008, la burguesía utiliza a los trabajadores inmigrantes sin papeles, es decir el sector más explotado y vulnerable, como chivo expiatorio para desviar a los verdaderos responsables de la crisis, haciendo que, por una parte los trabajadores inmigrantes sean las primeras víctimas al perder su empleo a la vez que se los acusa de ser los responsables del aumento de desempleo bajo el argumento xenófobo de que los inmigrantes vienen a robar el trabajo de los nativos.

Según estimaciones de la Comisión Europea, hay ocho millones de trabajadores inmigrantes indocumentados viviendo en los 27 países que componen el bloque europeo, que realizan los peores trabajos y están sometidos a la precariedad y la arbitrariedad patronal por su frágil situación. Quienes no tienen la ‘suerte’ de convertirse en mano de obra casi esclava, sin derechos laborales o sindicales, permanecen detenidos en concidiones aberrantes, en los Centros de Internamiento de Extranjeros ubicados a lo largo de todo el continente, donde los abusos racistas y los malos tratos están a la orden del día. Esta directiva, que viola los más mínimos derechos democráticos, fue votada sin ninguna enmienda en el Parlamento Europeo por una abrumadora mayoría: 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones y contó con el voto de 34 diputados europeos ‘socialistas’, incluidos los del PSOE. Como es evidente, eurodiputados de todos los colores se unen con el fin de encontrar un “marco común” europeo ya que en algunos países no existe un cupo mínimo de ingreso de inmigrantes. Sólo votaron en contra los diputados del PS francés, la Izquierda Europea y los verdes.

Gran Bretaña e Irlanda, a pesar de ser miembros de la UE, no están obligadas a aplicar esta nueva legislación, porque no se han adherido al “Acuerdo de Schegen” que regula los flujos migratorios dentro de la Unión y fortalece el control de la inmigración externa en el Reino Unido, el avance xenófobo se expresa a través de la ley antiterrorista que le permite a la policía detener por un plazo de hasta 42 días (antes eran 28 días) sin cargo a cualquier personal que se considere “sospechoso de terrorismo” y que por lo general son inmigrantes provenientes del mundo musulmán.

Al otro lado del atlántico, la directiva generó la protesta de los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez y Correa, quienes además de criticar el trato hacia la población de origen latinoamericano ven peligrar la entrada de ingresos a su país que se manifiesta tanto en en inversiones extranjeras como en concepto de remesas.

“Neoliberales” y”social liberales” unidos contra los inmigrantes...

Como no podía ser de otra manera, el presidente Sarkozy tenía prisa en que se votara esta directvia ya que se apresta a asumir la presidencia rotativa de la UE el próximo 1 de julio y su plan es prohibir en la UE las regularizaciones masivas de trabajadores indocumentados, fortalecer el control fronterizo y sólo permitir el ingreso de inmigrantes a través de la firma de contratos de empleo en los países de origen. Pero nada tiene que envidiarle el PSOE en España, que en la campaña electoral criticó la “mano dura” del Partido Popular y propuso una política más tolerante hacia la inmigración, pero que ahora no sólo votó la nueva directiva, sino que además propuso aumentar el mínimo de días de detención -de 40 a 60. En la España de Zapatero funcionan actualmente 6 centros de detención en los que se apilan inmigrantes que esperan la deportación. El mismo Zapatero, además, explicó que están encaminadas las negociaciones con Sarkozy sobre el llamado “contrato de integración” que, entre otras medidas, obligaría a los inmigrantes a aprender la lengua del país de destino así como a respetar sus valores. El socialista Zapatero agregó que “bajo presidencia francesa llegaremos a un texto de consenso donde se contemplen los aspectos sustanciales que cada uno defendemos”.

El gobierno de Silvio Berlusconi y la Liga Norte en Italia constituye la expresión extrema de esta política racista, y está impulsando una reforma legal que convierte la inmigración ilegal en delito punible con hasta cuatro años de cárcel y, además, ha ordenado “evacuar y expulsar” a los gitanos y ha autorizado que 2.500 militares patrullen junto a la policía para combatir la inseguridad.

Estas políticas de los gobiernos alienta el racismo y los actos aberrantes de violencia contra los inmigrantes en la población, como muestran los pogroms contra los “roms” en Italia y más recientemente el incendio intencional de un centro de detención de inmigrantes indocumentados. Las burocracias de los sindicatos tienen una importante cuota de responsabilidad porque se niegan a defender a los trabajadores inmigrantes, colaborando de hecho en profundizar la fractura entre la clase obrera nativa y los inmigrantes. Esta política contribuyó a abonar el terreno para ‘naturalizar’ el hecho de que los trabajadores inmigrantes sean vistos como causantes de la crisis y de hecho blanco de ataques racistas. En el caso de Francia, donde la CGT viene impulsando una lucha de un sector de los trabajadores ‘sans papiers’, pero detrás de una estrategia de presión y que deja afuera a miles de trabajadores indocumentados que no tienen contratos de trabajo. Frente a tal situación muchos de ellos, junto al sector del servicio doméstico, han ocupado contra la CGT la Bourse de Travail).

...y tambien contra los trabajadores europeos

Los ministros de trabajo de la UE votaron el pasado 10 de junio una directiva por medio de la cual se acepta la ampliación de la actual semana laboral de 48 horas a 60 y 65 horas, de promedio en un plazo de 3 meses. Esta directiva antiobrera, que aún queda por ser discutida a nivel del Parlamento europeo para su aprobación, está a tono con la ofensiva lanzada en otros terrenos, como por ejemplo la privatización de la educación con la Ley Bolonia, y la “ley de retorno” contra los inmigrantes.

Aunque la Confederación de Sindicatos Europeos (CES) calificó de “inaceptable” esta nueva legislación laboral, los sindicatos no han lanzado ninguna lucha seria para combatirla. Es que las burocracias sindicales europeas son parte del “pacto social” con el cual mantienen sometidos a los trabajadores, por eso a pesar de algunas débiles quejas no han hecho nada para tirar abajo esta legislación. La extensión de la semana laboral representa un retroceso y la pérdida de una conquista histórica, conseguida con años de duras luchas de la clase obrera.

La división de la clase obrera, alentada por los prejuicios racistas que difunden partidos y gobiernos patronales, favorece la ofensiva capitalista, debilitando sus filas y su capacidad de resistencia. Ante estos ataques lanzados por los gobiernos de la UE (sean de derecha o “social liberales”), es necesaria la más amplia unidad de todos los trabajadores inmigrantes y nativos que debe empezar por la defensa de los trabajadores inmigrantes frente a los ataques xenófobos y la regularización con iguales derechos y salarios de todos los sin papeles, como parte indispensable de la lucha del movimiento obrero europeo en defensa de sus conquistas históricas.