El 10 de junio se cumplen 43 años de la matanza estudiantil perpetrada por el grupo paramilitar llamado “Halcones”. En esa ocasión, decenas de estudiantes de diversas instituciones que se disponían a marchar en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León (la cual libraba una lucha en defensa de su autonomía) fueron asesinados en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás (del Instituto Politécnico Nacional) y en los hospitales a los que fueron trasladados. Otros tantos fueron arrestados y jamás se les volvió a ver. Hasta hoy, ningún funcionario, político, policía, militar o civil ha sido encarcelado por este crimen.

Nancy Cornejo ex presa política del 10 de junio de 2013

El 10 de junio se cumplen 43 años de la matanza estudiantil perpetrada por el grupo paramilitar llamado “Halcones”. En esa ocasión, decenas de estudiantes de diversas instituciones que se disponían a marchar en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León (la cual libraba una lucha en defensa de su autonomía) fueron asesinados en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás (del Instituto Politécnico Nacional) y en los hospitales a los que fueron trasladados. Otros tantos fueron arrestados y jamás se les volvió a ver. Hasta hoy, ningún funcionario, político, policía, militar o civil ha sido encarcelado por este crimen.

Durante años, la consigna de “ni perdón ni olvido” ha acompañado las movilizaciones que conmemoran ésta y otras fechas, como el 2 de octubre. Estas marchas se han visto nutridas ya no sólo de familiares y amigos que continúan exigiendo el esclarecimiento el asesinato de aquellos jóvenes, sino también por organizaciones políticas y sociales, por grandes grupos estudiantiles y juveniles que a más de 40 años, continúan viviendo en México la represión del régimen priista, avalada por los gobiernos locales del PAN y el PRD.

A partir del 1° de diciembre del 2012 y la evidente derechización del gobierno de la Ciudad de México, las condiciones para protestar se han endurecido de forma alarmante: desde el artículo 362, las modificaciones al artículo 29 que permiten el cese de garantías al detenido (ambas avaladas por Andrés Manuel López Obrador), el protocolo de actuación policial para el control de multitudes y la llamada “Ley Bala”, que permite el uso de armas de fuego en contra de manifestantes, todas estas son medidas encaminadas a frenar las muestras de descontento y a servir como aleccionadores para todo aquél y aquella que quiera salir a protestar.

Ante esta situación, han surgido coordinaciones democráticas en defensa de los derechos humanos y de los presos, como la Liga de Abogados 1° de diciembre, la cual, durante casi dos años, de manera solidaria, principista e independiente, ha asumido la defensa legal de los detenidos y ha conseguido la liberación de decenas de presos. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de evidencia, los procesos viciados, siguen siendo constantes a las que la defensa debe enfrentarse para conseguir la liberación de nuestros compañeros y compañeras. Como un triunfo democrático se cuentan las declaraciones de funcionarios del GDF que apuntan a la “reparación del daño” para los y las detenidos del 1° de diciembre y la serie de recomendaciones arrancadas a la Comisión de Derechos Humanos del DF, que aunque sean ignoradas sistemáticamente por el GDF, constituyen un antecedente importante para la defensa.

De frente a la avanzada estatal para tomar medidas que fortalecen y avalan la represión mediante mecanismos jurídicos y mediáticos (no olvidemos el papel tan importante que los medios de comunicación han jugado en la criminalización de los jóvenes), desde la Juventud Anticapitalista, Socialista y Revolucionaria en el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, creemos que la lucha en contra de la represión y por la libertad de nuestros presos debe acompañarse por una lucha incesante, a nivel nacional e internacional, por la abrogación de toda ley o reforma que apunte a criminalizar y castigar la protesta (como el artículo 362), por la disolución inmediata del cuerpo de granaderos del GDF y de todo órgano represivo del país y por la liberación absoluta, inmediata e incondicional de todas y todos los presos por motivos políticos.

Este próximo 10 de junio, quienes hemos vivido la represión del Estado marcharemos haciéndonos parte de ese grito histórico que está hoy más vigente que nunca: ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Organización y unidad frente a las balas! ¡Por una coordinadora nacional en contra de la represión! ¡Presos políticos, libertad!