El 23/4, la gobernadora republicana del estado de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley SB1070, que permite detener personas con la única justificación de que se sospecha que es inmigrante ilegal, le permite a la policía interrogar sobre el estatus migratorio y alarga los períodos de detención por “averiguación de antecedentes”. Y aunque el 27/04, el presidente Barack Obama anunció que pediría una “revisión” de la ley, la misma ya fue promulgada.

En Arizona, donde 3 de cada 10 habitantes son de origen latino y donde viven casi medio millón de inmigrantes, esta reaccionaria ley significa luz verde para la prepotencia policial y el racismo institucionalizado. Arizona, conocido como una de las “puertas” de Estados Unidos a la inmigración por compartir frontera con México, vuelve a poner sobre la mesa la discusión de las y los trabajadores inmigrantes sin papeles.

Las grandes movilizaciones de 2006, contra la ley ultraderechista del republicano Sensenbrenner, sacó de las sombras de la clandestinidad a millones de trabajadores y trabajadoras que son esenciales para porciones enteras de ramas de la economía norteamericana. Desde entonces, la discusión sobre la necesidad de una política migratoria, que afecta a más de 12 millones de inmigrantes sin papeles que viven y trabajan en Estados Unidos, ha polarizado la sociedad. Por un lado, los sectores reaccionarios y conservadores, que ven en la inmigración una amenaza a sus “valores” nacionales y alientan la división racial en las filas de la clase obrera y los sectores populares; por el otro, trabajadores, jóvenes y mujeres, junto con millones de personas de origen latino que conforman hoy sector de gran importancia política por su peso social y electoral.

Para estos últimos, la llegada al gobierno del partido Demócrata generó enormes expectativas. Cabe recordar además que el presidente Barack Obama hizo de la reforma migratoria una de las banderas de su campaña por el “cambio”.

Sin embargo, ni bien llegado a la Casa Blanca, Obama les comunicó a los inmigrantes y la comunidad latina que la reforma migratoria no sería una prioridad de su gobierno y que deberían “tener paciencia” y esperar, mientras la peor crisis económica comenzaba a multiplicar el desempleo. Como era previsible, las primeras víctimas de los despidos fueron las y los inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen papeles, quienes son tratados -sin eufemismos- como variables para abaratar costos y son desechados sin indemnizaciones ni seguro de desempleo.

Hoy, en medio de un desempleo que sigue cerca del 10%, los sectores derechistas siguen apuntando contra los inmigrantes, persiguiéndolos, encarcelándolos y allanando sus barrios. Paradójicamente, miles de personas son deportadas a su país de origen, de donde emigraron huyendo de la miseria y la pobreza causada por los planes imperialista, aplicados por las burguesías locales.

El tiempo que pidió Obama a los inmigrantes terminó convirtiéndose en una ventaja para los sectores más reaccionarios, que impulsan activamente políticas en muchos estados para perseguir a los inmigrantes y la comunidad latina, privándolos de servicios básicos como salud y educación, y castiga a quienes ayuden inmigrantes, como ya sucede en algunas ciudades. La paciencia que Obama pidió a los inmigrantes sólo permitió que durante 2009 se votaran más de 350 leyes estaduales relacionadas con la inmigración... ninguna de ellas favorables a los inmigrantes, como sospechará el lector.

Esta nueva ley, que muchos organismos de DDHH denuncian como heredera de la ley Sensenbrenner, apunta contra los trabajadores sin papeles que día a día ofrecen su fuerza de trabajo en las calles como albañiles o jardineros, quienes trabajan en malas condiciones en grandes cadenas como Wal-Mart (como ya se comprobó en varias ciudades) o en las fábricas alimenticias.

Estos ataques a las y los inmigrantes no hacen más que debilitar la lucha de la clase obrera de conjunto que, al contrario de lo que arengan los empresarios y los sectores conservadores, sólo verá debilitada su lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y salarios.

Como ya mostró la negativa del gobierno demócrata a garantizar los más elementales derechos democráticos a millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos, sólo la movilización puede hacer retorcer a los sectores reaccionarios y arrancar a la democracia imperialista las justas demandas de los inmigrantes.

Pero esta vez las y los inmigrantes no deben permitir que la energía de sus movilizaciones sea derrochada en los pasillos parlamentarios. Al contrario, es necesario desarrollar una movilización independiente de los partidos Demócrata y Republicano, que demostraron no tener ningún interés en conceder siquiera derechos elementales. Para alcanzarlas, las y los inmigrantes sin papeles sólo encontrarán aliados en la clase obrera, la juventud y las comunidades afroamericana y latina de Estados Unidos, y en los trabajadores, campesinos y jóvenes de toda América Latina.