Presentación

La revolución cubana vuelve a ocupar un sitio importante en la política latinoamericana e internacional a partir de su inclusión por la administración Bush en el llamado “eje del mal” y por el giro operado en los regímenes políticos de las clases dominantes esencialmente en el sur de América. Fidel Castro ha oficiado de invitado de honor a la asunción de Lucio Gutiérrez en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil. Por otro lado los recientes fusilamientos de tres secuestradores de barcos y la condena sobre dicho suceso de intelectuales que hasta no hace mucho profesaban su adhesión al castrismo volvió a poner la discusión sobre el carácter del régimen cubano en un primer plano. A su vez los reordenamientos dentro de la disidencia cubana donde se destaca un sector no ligado a los gusanos de Miami muestran la importancia política que está cobrando lo que dentro de la isla se llama la sucesión de Fidel Castro y en los medios imperialistas y de la oposición al régimen castrista la transición.

Este Dossier pretende ser un aporte a la necesaria reflexión política y programática sobre Cuba y los peligros que acechan a la revolución, así como señalar una explicación teórica –desde el prisma de la revolución permanente– sobre la génesis, la dinámica y desarrollo del proceso social cubano que tantas pasiones y querellas ha despertado en las filas de la izquierda y la intelectualidad a lo largo de su historia.

El mismo consta de los siguientes artículos:

– Cuba en la encrucijada: donde se analiza la situación concreta de la isla en este periodo y se destaca un programa para la intervención independiente de obreros y campesinos para la defensa de las conquistas de la revolución.

– Cuba y la revolución permanente: donde se analiza el proceso histórico que llevó a la formación del Estado obrero cubano desde el arsenal teórico político del trotskismo contra las visiones apologéticas y voluntaristas de la revolución.

Por último, Guerra y revolución, un breve apéndice histórico donde se da cuenta de la Cuba anterior a 1959 y los antecedentes políticos, económicos y sociales de la clase obrera y la revolución cubana.

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Cuba en la encrucijada

Cuba está en el “ojo del huracán” una vez más. La creciente presión imperialista, la crisis de la economía cubana tras una década de reformas “de mercado” y concesiones al capital extranjero en nombre del “periodo especial”, el debate sobre el futuro rumbo político después de Fidel, mientras arrecia la presión externa para forzar una “transición” que despeje el camino a la recolonización capitalista, son las claves de esta encrucijada.

Naturalmente, el futuro de Cuba despierta crecientes discusiones en los medios de izquierda a nivel mundial, particularmente en América latina. Dejando de lado el “alineamiento automático” de la izquierda stalinista con el discurso oficial de Castro: “la construcción del socialismo es irreversible y la garantía es Fidel y el PCC”, y la “crítica” de los socialdemócratas paladines de la democracia burguesa: “ha triunfado el mercado, es necesaria una transición a la democracia”; una legítima inquietud recorre a amplios sectores. ¿Qué significan los cambios económicos en Cuba? ¿Se sostendrá así la revolución cubana o es inevitable el retorno al capitalismo? ¿Cómo defender a la revolución?

La discusión entre marxistas (particularmente en el seno del movimiento trotskista) muestra dos polos: el de quienes con mayores o menores críticas dan apoyo político a la dirección cubana (o depositan sus esperanzas en algún sector de ésta), adaptándose a la burocracia castrista; y el de quienes niegan desde diversas posiciones teóricas la existencia de un estado obrero aunque profundamente burocratizado en Cuba, y en su crítica a la dirección se deslizan a posiciones semisocialdemócratas (como la LIT, el MAS argentino, el SWP británico). No nos detendremos en la crítica a ambas vertientes sino para señalar que fracasan en dar cuenta de manera marxista, científica, del proceso que sufre Cuba y de las tareas del proletariado cubano.

Una vez más, la “cuestión cubana” demuestra ser una “piedra de toque” para la política marxista revolucionaria, especialmente en Estados Unidos y América latina. Creemos que el punto de partida imprescindible para encarar esta cuestión es el amplio arsenal teórico, metodológico y programático elaborado por Trotsky al estudiar los problemas de la Rusia postrevolucionaria y de su degeneración burocrática, enriquecido por el balance del desastre al que llevó el stalinismo a la Unión Soviética y los países del Este. El método refinado por Trotsky en brillantes análisis, como en La Revolución Traicionada, permite superar el determinismo de un enfoque puramente económico (que hace a algunos considerar ya realizada o inevitable la restauración capitalista) o el subjetivismo de un enfoque esencialmente político (que considera garantía contra esto a la dirección fidelista) y, centralmente, articular el análisis marxista (totalizador y dinámico) con la estrategia de la revolución política como una expresión particular de la teoría-programa de la revolución permanente, permite trazar una política obrera revolucionaria e independiente para la defensa consecuente de la revolución de sus enemigos exteriores e interiores.

La revolución cubana significó a principios de los ’60, con la expulsión del imperialismo y la expropiación de los capitalistas y terratenientes locales y extranjeros, la edificación del primer Estado obrero de América y la mayor conquista de las masas latinoamericanas en su lucha contra la explotación capitalista e imperialista. Hoy, cuando la clase obrera de Cuba enfrenta los problemas y tareas probablemente más difíciles de su historia, necesitan más que nunca un programa y una estrategia de clase, marxista e internacionalista, que se puede sintetizar en el programa de la democracia obrera y la revolución política y el impulso a la revolución socialista internacional. La defensa de Cuba exige revolucionar la revolución.

Determinar la situación de la economía cubana, el grado de avance de las tendencias restauracionistas y los cambios en la estructura social, en la dinámica del poder político y en la situación de la clase obrera, es fundamental para elaborar una respuesta política y programática a las tareas estratégicas del proletariado cubano. Esta es la orientación que necesitan los elementos de vanguardia en Cuba que buscan un camino independiente tanto del fidelismo y sus amigos, como de la “disidencia” proburguesa y proimperialista. Esta nota busca ser un modesto aporte en esa dirección. Valga la aclaración de que se ha recurrido preferentemente a datos oficiales y a publicaciones y artículos de instituciones estatales y universitarias de Cuba.

LA ECONOMIA DEL “PERIODO ESPECIAL”

I. ¿“Defensa del socialismo” o hacia el retorno al capitalismo?

La visión oficialmente “optimista” del Gobierno cubano sostiene que lo peor de la crisis de los ‘90 ya quedó atrás. Las políticas del llamado “periodo especial en tiempos de paz”, basadas en la “apertura” económica, el libre curso del dólar, las reformas de mercado y las concesiones al capital extranjero, son presentadas como concesiones necesarias pero temporales, afirmándose al mismo tiempo que la “construcción del socialismo es irrevocable”. La recuperación que siguió a los críticos años de 1992-94 es ofrecida como prueba del éxito y corrección de esta política y garantía de la supervivencia del “contramodelo cubano”. Un admirador de la actual orientación dice: “El pragmático socialismo plural practicado a lo largo de los ’90 a impulsos de circunstancias dramáticas no es para nada un paraíso, sino más bien una alternativa razonable que permite a los cubanos sobrevivir dignamente en un contexto del caribe y latinoamericano que cada día se parece más al infierno.” [1]

No negamos que un pequeño país, débil y sometido al asedio imperialista, se verá obligado a hacer concesiones y maniobrar aprovechando las contradicciones del mercado mundial para sobrevivir. Sin embargo, lejos de ser una “alternativa razonable”, la orientación adoptada por Fidel y los dirigentes cubanos como respuesta a la crisis de los ‘90 está socavando gravemente las bases fundamentales de la economía nacionalizada, alentando la formación de poderosas fuerzas procapitalistas en el interior de la isla y preparando nuevas crisis.

Los “amigos de Fidel” afirman que “No es posible hablar actualmente de transición al capitalismo en Cuba.” [2]. Partiendo de un ángulo opuesto, muchos “cubanólogos” cubano-americanos y los representantes de la “disidencia” llegan a conclusiones similares: “En Cuba se lleva a cabo una transición social que en los últimos 3 ó 4 años ha acelerado su ritmo de manera notable, después de tener un comienzo muy lento a inicios de la década del ‘90. Pero aún así no es suficiente para que permita, en un breve plazo, abrir el camino a la democracia.” [3]. Hay un grano de verdad: Cuba no ha dejado de ser todavía un Estado obrero. Pero el hecho es que la política de reformas de los dirigentes cubanos lleva a la descomposición de la economía nacionalizada y alimenta a poderosas tendencias procapitalistas que amenazan con volverse incontrolables y llevar a la ruina a la revolución cubana. Lo que está en juego precisamente es si se preservarán las conquistas fundamentales de la revolución, las que proporcionan la base elemental en la transición al socialismo; o si Cuba correrá la misma suerte que la antigua Unión Soviética, los países de Europa Oriental o China, es decir, si será conducida al despeñadero de la descomposición y la restauración capitalista.

El carácter de la formación social cubana

El Estado surgido de la revolución era un Estado obrero deformado desde su mismo nacimiento por la inexistencia de un régimen de democracia obrera y la pronta cristalización de una burocracia privilegiada, cuerpo parasitario en el naciente organismo de la Cuba obrera y campesina, al amparo de la dirección fidelista, proceso facilitado por la pronta integración de la isla en el llamado “campo socialista” bajo la égida de la Unión Soviética.

Desde el punto de vista del desarrollo de la transición al socialismo, este fenómeno fue determinante para las contradicciones y rasgos específicos de la formación social postrevolucionaria y su dinámica.

La expropiación de la burguesía cubana, la nacionalización de la mayor parte de la tierra y la expulsión del imperialismo sentaron las bases imprescindibles para iniciar la transición al socialismo: la nacionalización de los principales medios de producción, el establecimiento del monopolio del comercio exterior, la prohibición de la explotación del trabajo asalariado, la planificación de la economía, etc. Pero estos cambios de importancia histórica sólo proporcionaban la base para iniciar la transición. La construcción de una sociedad socialista es una tarea de alcance histórico que sólo puede resolverse a escala mundial, con la derrota definitiva del imperialismo y sobre la base del más amplio desarrollo de las fuerzas productivas y de la cultura. Naturalmente, un país pequeño atrasado y semicolonial, con un nivel muy bajo de industrialización, escasos recursos y poca población, aislado y a apenas 90 millas del imperialismo hegemónico, no puede completar solo el camino al socialismo.

Pero la cuestión decisiva es que la burocracia fidelista significó una seria reacción social y política dentro de la revolución. Al mismo tiempo que defendía a la isla del imperialismo y consolidaba en un primer periodo las conquistas revolucionarias (aunque con métodos desastrosos), provocó gravísimas distorsiones y deformaciones en el joven Estado obrero. A pesar de los avances iniciales, que mostraban la enorme superioridad de la economía nacionalizada sobre el capitalismo semicolonial, el parasitismo burocrático y su desastrosa dirección (bajo la utópica pretensión de “construir el socialismo en una sola isla” ) llevaron inevitablemente a reiterados fracasos, a enormes desproporciones en la economía, la creciente insatisfacción de las necesidades de las masas y al atraso tecnológico, bloqueando la posibilidad de dar pasos superiores en la transición al socialismo. La prolongación de su dominio comenzó socavando las conquistas esenciales de la revolución, para conducir a la grave crisis actual y que amenaza finalmente con llevarla a la ruina.

Si trazáramos una curva del desarrollo económico de Cuba postrevolucionaria, esquemáticamente podríamos tener:

• 1959-65. El momento constitutivo (la fase de la “revolución de contragolpe” que analizamos en otro artículo de este Dossier) y de consolidación de la economía nacionalizada y la nueva estructura social, en que cristaliza la burocracia y el sistema político adquiere sus contornos fundamentales, iniciándose, pese al cerco imperialista y al atraso heredados, un importante proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y de elevación de la situación material y cultural del pueblo cubano que constituye un salto adelante histórico.

• 1965-fines de los ‘70: signado por el paso del fracasado intento de industrialización y relativa autonomía (clausurado por la crisis de la gran zafra de 1970) a la integración en el CAME, el alineamiento pleno con la Unión Soviética. Después de la crisis del ‘70 la vía escogida por Fidel fue estrechar lazos con el “campo socialista” aumentando la “especialización” en azúcar y otros pocos productos como parte de la supuesta “división socialista del trabajo” en los marcos del CAME. Esto, sumado a la masiva ayuda soviética (en préstamos, suministro de petróleo, etc.), tuvo efectos por algunos años, permitiendo aliviar el estrangulamiento de la economía cubana y volcar recursos a la mejora de los servicios sociales y el nivel cultural. Sin embargo, los resultados estructurales fueron desastrosos. No sólo porque se bloqueó la posibilidad de un mayor desarrollo industrial y tecnológico, sino porque los términos del “intercambio socialista” se volvieron dramáticamente contra Cuba y se acentuó la deformación burocrática imitando al extremo el “modelo soviético”.

• Inicios de los ‘80-1989: La tendencia al estancamiento no pudo ser revertida y los esfuerzos del régimen fracasaron sistemáticamente a pesar de los zigzags: del ensayo de algunas tempranas reformas de mercado, como la apertura de los mercados campesinos y espacios para el trabajo independiente a fines de los ‘70, se pasó en 1986 al “periodo de rectificación de errores y tendencias negativas” que clausuró esos márgenes, sin mayores éxitos. Si hasta 1985 la economía cubana había crecido a un promedio del 3,1% anual, desde ese año prima la “desaceleración” y la inestabilidad, hasta la apertura de la crisis decisiva en 1990.

Ya en los años ‘80 era evidente que Cuba padecía las contradicciones típicas de toda planificación burocrática. Ernest Mandel las resumía así:“La contradicción entre el carácter planificado de la economía soviética y el interés privado de los burócratas, considerado como el motor principal para la realización del plan (...) sus efectos se combinan con otras dos contradicciones que resultan de esta gestión burocrática: la contradicción entre el alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y la penuria de bienes de consumo, por una parte; y la contradicción entre las necesidades de la planificación integral y las nefastas consecuencias de la hipercentralización burocrática, por otra.” [4]. En el caso de Cuba estas contradicciones se veían agravadas por su situación específica: el carácter agroexportador y atrasado de la economía heredada, el pequeño tamaño de la población y la pobreza de recursos materiales propios, el aislamiento debido al cerco imperialista y la política soviética de forzar una especialización subordinada de Cuba (que perpetuaba las deformaciones históricas de la economía azucarera y creaba otras nuevas) en los marcos del CAME como contraparte de su ayuda masiva.

Los males derivados de la gestión burocrática eran un fenómeno innegable: “Las empresas constructoras ganaban más cuando movían tierra, cuando empezaban la obra, cuando hacían los cimientos, cuando montaban la estructura; ganaban mucho más y tenían primas, premios, etc., pero cuando tenían que terminar ya la productividad era mucho más baja, no generaba interés en terminar, (...) empezaron a eternizarse las obras, no se terminaban (...)’. Según un análisis del CEE ‘(...)el retardo promedio de las inversiones en el tiempo se ha ido incrementando rápidamente, al finalizar el periodo analizado [1980 - 1988] prácticamente se ha triplicado el tiempo de duración de la ejecución (...) Esta misma fuente plantea otros problemas relacionados con el proceso inversionista, como el incremento de los costos de inversión, que superaban ampliamente el valor total de la inversión, así como los cambios sobre la marcha de la ejecución de proyectos, en ocasiones a pie de obra, llegándose incluso a ejecutar inversiones sin contar con la documentación preparatoria.” [5]. Otro estudio reciente hace el siguiente balance del viejo “patrón de crecimiento industrial”: “las capacidades industriales desarrolladas se sustentaron en la utilización de tecnologías que se caracterizaban por su sensible retraso con relación a los estándares mundiales, elevados niveles de consumo de energía, combustible y materias primas, esquemas técnicos productivos inflexibles, bajos niveles de integración, cooperación y complementación productiva interna.” [6].

Con estos métodos era imposible superar el estancamiento económico, el retraso en la innovación tecnológica, la baja productividad del trabajo, los problemas de escasez, mala calidad de los bienes de consumo, etc. Después de 1989, la explosiva combinación del impacto externo (el colapso de la Unión Soviética y la brusca ruptura de los lazos de que dependía Cuba) y la crisis endógena derivada de la gestión burocrática no podía menos que tener resultados catastróficos.

II. El “horno de los ‘90”

“En nuestra historia, el decenio que ahora termina sólo tiene parangón con lo que vivimos entre 1959 y 1965. Aquel septenio figura como un parteaguas en la vida espiritual de nuestra nación. Fueron los años de la Revolución. (...) Y en el horno de los ‘90 se empezó a cocinar ese complejo caldo de los empresarios y los contingentistas, de los shopping molls y los McDonalds travestidos en Burguis, de los trabajos voluntarios y la recuperación del pensamiento del Che, de los “camellos” y los Turistaxis, de los hoteles cinco estrellas y la reparación de las cuarterías.” [7].

Efectivamente, el parteaguas de los ‘90 significa un giro decisivo, pero su sentido es opuesto al de los años heroicos de la revolución. Ahora se marcha hacia “la reestructuración radical de la economía política, de los modos de regulación social y de la producción ideológico-cultural prevaleciente en los decenios anteriores. Aquí se advierte un signo de transformación cualitativa de gran trascendencia: la paulatina colonización mercantil de los ámbitos de acción social con el consiguiente planteamiento de retos multidimensionales que atañen al tema central de la política: la distribución del poder. Si partimos de la verdad axiomática de que la combinación de antiimperialismo militante con servicios sociales gratuitos no es igual a socialismo, entonces cabe la pregunta acerca de la magnitud de estos cambios sistémicos, en una primera instancia en el plano social (y más específicamente socioclasista), y luego en la rearticulación total de la política.” [8]

El momento crítico de este proceso son los años de 1992 a 1994, tras el colapso de la Unión Soviética y Europa Oriental, y la abrupta ruptura de los lazos y la asistencia económicos, financieros, tecnológicos y políticos esenciales para Cuba [9].

El intercambio se derrumbó en un 75%. No sólo desapareció la ayuda financiera soviética, sino que se interrumpió el suministro de los bienes más elementales, petróleo, repuestos, materias primas, etc., imprescindibles para mantener en marcha el aparato productivo, y se cerraron los mercados para el azúcar, el níquel y otros productos cubanos. El imperialismo norteamericano aprovechó para reforzar el bloqueo con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) y aumentar la presión buscando acelerar el colapso.

Entre 1989 y 1993 el Producto Bruto Interno de Cuba se derrumbó en una tercera parte. En 1993 el consumo de la población era casi un 30% menor que en 1989. “En 1989 las exportaciones de Cuba llegaban a 5.400 millones de dólares y las importaciones a 13.500 millones, pero en 1994 las primeras habían descendido a 1.300 millones y las segundas a 3.600 millones. El déficit comercial un mal crónico seguía, pero ahora alimentando a un sistema productivo notablemente reducido. Durante el periodo 1989 93 el PBI y la productividad del trabajo cayeron a un ritmo anual real promedio del 12% y el impacto sobre la población fue devastador: el consumo per cápita de carne cayó de 39 Kg. en 1989 a 21 en 1994; el de pescados de 18 a 8 Kg.; el de productos lácteos de 144 a 53 Kg.; el de hortalizas de 59 a 27 Kg. La penuria energética, provocada por la desaparición de los suministros soviéticos de petróleo, aparecía como el hecho más espectacular de un panorama de desastre. La economía estaba al borde del derrumbe, la revolución parecía haber entrado en su hora final, la mayor utopía latinoamericana del siglo XX agonizaba.” [10]

Los dirigentes de La Habana asistieron prácticamente atónitos al derrumbe de sus socios en el Este, sosteniendo hasta el fin a los más desacreditados líderes stalinistas y esperando que “algo” evitara el desastre. La crisis política golpeó al PCC en cuyo IVº Congreso, realizado en octubre de 1991, se expresaron un “ala dura” dirigida por el Gral. Ochoa y un “ala reformista” encabezada por Carlos Aldana. Fidel descabezó a ambas tendencias (Aldana perdió su cargo y Ochoa fue juzgado y fusilado poco después) para reafirmar un curso intermedio, de reformas graduales, en el marco del llamado “periodo especial en tiempos de paz”, adaptando el concepto de “periodo especial en tiempo de guerra” (hipótesis de conflicto que manejaba la defensa cubana para el caso de un bloqueo total por parte de Estados Unidos ante la situación en que “abruptamente, de la noche a la mañana, desapareció todo el comercio con el campo socialista y la URSS”.

Se acostumbra justificar la política adoptada por Fidel bajo el argumento de que, o se cambiaba el rumbo económico de las décadas anteriores o Cuba perecía. En realidad, había tres vías estratégicas posibles:

a) La adopción de un plan democráticamente centralizado, con el objetivo primordial de preservar las fuerzas de la clase trabajadora y proteger las conquistas esenciales de la revolución que, aunque debiera incluir concesiones al capital extranjero y cierto grado de “mercado” como retrocesos inevitables, tuviera el contrapeso de un papel dirigente activo del proletariado (a través de sus sindicatos, consejos o comités obreros y sus partidos y tendencias revolucionarias) y de una amplia democracia obrera lo cual, además, requería una política internacionalista de apoyo a los procesos de lucha de clases. Pero apelar a la movilización revolucionaria de las masas para enfrentar la crisis significaba iniciar un proceso de “revolución en la revolución” que amenazaba no sólo al control político absoluto de Fidel y el PCC, sino con la liquidación misma de la burocracia parasitaria. Naturalmente, la posibilidad de una “autoreforma” económica, social y política del castrismo en un sentido revolucionario era imposible. Ante la imposibilidad de mantener el “inmovilismo”, a la burocracia sólo le quedaban opciones que la ponían objetivamente en el camino de la restauración capitalista.

b) Un viraje a la restauración abierta, con dos variantes:

• La estrategia de “apertura” económica y “liberalización” política, introduciendo reformas de mercado y cediendo paulatinamente el monopolio político del PCC, en una versión cubana de la glasnost y la perestroika de Gorbachov, pero esta política había fracasado estrepitosamente en Rusia y además, era impracticable en Cuba, pues la hostilidad del imperialismo norteamericano y la existencia de una poderosa burguesía exiliada no dejaban lugar a un acuerdo que preservara las posiciones de la burocracia castrista.

• La “vía china” (reformas procapitalistas manteniendo un rígido control bonapartista por el PC como el practicado por la burocracia maoísta desde fines de los ‘80). Este camino plantearía en primer lugar una derrota de las masas cubanas y un acuerdo con el imperialismo. Sin embargo, Cuba no es China, no sólo por la escala del país y por los escasos atractivos que puede ofrecer a la inversión extranjera (mientras que China pudo convertirse en un “pulmón” del mercado mundial), sino por la distinta relación con el imperialismo, y sobre todo porque las masas cubanas no han sufrido ninguna derrota comparable a la contrarrevolución política staliniana en la URSS de los años ‘30 o a la sufrida por los estudiantes y trabajadores chinos después de Tian-an-Men en 1989.

En el cuadro de condiciones estratégicas nacionales e internacionales en que debe moverse la burocracia de La Habana, determinadas por el hecho fundamental de la vitalidad de la revolución cubana, la extrema hostilidad imperialista, en un continente en ebullición como es América latina –obstáculo de consideración para las pretensiones imperialistas–, así como por los lazos que el equipo dirigente conserva con las masas, quedaba planteada una “tercera vía”:

c) La política de concesiones económicas crecientes, recurriendo a la colaboración con el capital extranjero y la introducción de mecanismos de mercado en escala cada vez mayor, aunque reteniendo el monopolio del poder político, sin atacar frontalmente a las masas y más bien apoyándose en ellas para contrapesar la hostilidad imperialista. Es similar en algunos aspectos a las primeras reformas en la URSS y China y objetivamente prepara las condiciones para un salto hacia la restauración. El camino adoptado por Fidel –que no excluye zigzags a izquierda y derecha– es un callejón sin salida que reconduce inevitablemente a las variantes de restauración abierta (“rusa” o “china”) o revolución política.

Es cierto que en los años siguientes se logró una recuperación importante, volviendo a índices del PBI comparables a 1989. Esto “ha logrado detener la catastrófica caída de la economía y obtener desde 1995 algunos niveles de crecimiento cuya acumulación es estimada en algo más del 12%. Hay que reconocer que con ello se cerró el camino a una aspiración de la ultraderecha americana y sus asociados de Miami: una marcha ‘versallesca’ sobre una revolución colapsada económicamente” [11]. Ciertamente, sólo la enorme potencialidad y capacidad de resistencia de la economía nacionalizada y el heroísmo y espíritu de sacrificio del pueblo cubano permitieron evitar el colapso. Pero el curso económico adoptado por Fidel, al mismo tiempo que tenía inicialmente algunos “efectos saludables” sobre la deprimida economía cubana, abrió las puertas a la “colonización mercantil de todos los ámbitos” creando nuevas y enormes contradicciones, derivadas fundamentalmente de la apertura al mercado mundial capitalista, la expansión de los mecanismos de mercado y el fortalecimiento de las tendencias procapitalistas, fenómeno mucho más peligroso ante la inexistencia del contrapeso de una genuina democracia obrera de masas. Esta política económica debilita las bases mismas de la economía nacionalizada y amenaza con desatar las fuerzas que abiertamente buscan la restauración capitalista.

III. Las reformas

La política económica del periodo especial se justificó en la necesidad de “lograr la reinserción internacional de la economía cubana y evitar el colapso externo del sistema productivo local” y se expresó en un amplio conjunto de leyes y medidas que afectan casi todos los aspectos de la vida económica del país, caracterizándose tanto por la asociación en múltiples planos con el capital extranjero y la cesión de espacios cada vez más amplios a los “mecanismos de mercado” y la actividad privada, así como por la reforma del aparato estatal, bajo el principio de “descentralización de la economía, que transforma al Estado de administrador de casi todo en propietario – beneficiario de renta de todo lo posible” [12]. Una estudiosa cubana sintetiza así esas medidas: “En 1992 se realizaron cambios en la Constitución del país para tomar en cuenta las nuevas formas de propiedad; se eliminó el monopolio estatal del comercio exterior y se consideró un papel más flexible a la planificación. En el año 1994, al agudizarse los desequilibrios monetarios, también se adoptan medidas para rectificar dichos desbalances, que incluían un elevado déficit del presupuesto. Desde el año 1992 se adoptan también importantes medidas en el orden institucional y organizativo destinadas a lograr modificaciones permanentes en la forma de funcionamiento de la economía; en especial, elevar la efectividad en el uso de los recursos. Paralelo con lo anterior, también se fueron adoptando disposiciones para una mayor descentralización de la gestión empresarial” [13]. Entre estas disposiciones merece destacarse la Ley 77 (de 1993) que abre las puertas a las inversiones de capital extranjero con extraordinarias facilidades en casi todos los campos. El efecto de este conjunto de medidas fue alterar radicalmente la dirección del desarrollo económico y las relaciones internas de la “economía política de Cuba”.

La “apertura”, el papel asignado al capital extranjero y la amplia circulación del dólar determinaron un profundo proceso de reorientación del esfuerzo económico, de los bienes de consumo interno hacia la producción exportable y los servicios como el turismo, con el fin de obtener divisas con las que comprar en el mercado internacional el petróleo y la vasta gama de insumos esenciales que ya no llegaban desde el Este. Este es el mecanismo fundamental del proceso de reinserción en el mercado mundial en condiciones gravosas y desfavorables para Cuba.

El paso de una gestión económica basada en la asignación centralizada de recursos a una gestión concediendo un amplio campo al mercado como regulador y la rentabilidad como objetivo de las empresas, tiene como uno de sus pivotes fundamentales la descentralización de la administración económica estatal, mediante dos políticas centrales: un proceso de reestructuración de las distintas ramas productivas, y la política llamada de “perfeccionamiento empresarial” que otorga un amplio grado de autonomía a las empresas estatales introduciendo nuevos criterios de productividad, rentabilidad y “competencia”. Así, “El ‘nuevo patrón’ de desarrollo industrial se distingue por no sustentarse en una política industrial activa y explícita (es decir, el “plan”), sino que la dinámica de transformación y crecimiento de la industria manufacturera van estar relacionadas con los efectos colaterales o inducidos por el desarrollo de otros sectores o actividades no industriales, las cuales se caracterizan por propiciar la recuperación más rápida de las inversiones realizadas y poseen una elevada capacidad de aportar divisas, lo que contribuye de forma directa a aminorar el déficit de la balanza de pago” [14].

El efecto de esta política ha sido la formación de un dinámico “sector emergente” (término que incluye tanto a las empresas estatales como a los joint- venture con capital extranjero, actividades privadas, y en general, toda la actividad económica guiada por estos nuevos principios y ligada al dólar y al mercado externo), con la consiguiente “dualización” de la economía, en detrimento de sector estatal tradicional. Esta política, así concebida, obliga a restringir el consumo popular para financiar el esfuerzo exportador y la reorientación de la economía sin tocar los privilegios de la burocracia ni la rentabilidad del “sector emergente” ni la prosperidad creciente de los “nuevos cubanos” ligados al mismo. Son las masas trabajadoras las que sufrieron con más crudeza la virtual “economía de guerra” con el racionamiento de los bienes de consumo esenciales, la escasez, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la crisis del transporte y la energía, etc.

El papel del capital extranjero

En la nueva política económica se asignó un rol clave a la promoción de las inversiones directas de capital extranjero a través de los joint-ventures y otras formas de asociación entre las empresas estatales y el capital extranjero para proyectos en la producción, el turismo, en el comercio exterior, etc. El caso del turismo es el más conocido y más dinámico hasta fines de los ‘90. “El capital extranjero en las empresas turísticas supera los 1.000 millones de dólares, existiendo 94 asociaciones en operación en el turismo, y 30 clasificaban como hoteleras” [15].

Pero los acuerdos se han extendido a múltiples campos: la minería (producción de níquel), la industria (producción de cemento, pinturas, etc.) los servicios (telecomunicaciones), el comercio exterior (comercialización mundial del tabaco cubano), etc., canalizándose capitales de transnacionales españolas, canadienses y europeas en general, así como de algunos grandes grupos latinoamericanos (México y Brasil). Según CEPAL, en 2001: “En materia de inversión extranjera directa, el número de empresas mixtas y contratos de asociación aumentó a 405 frente a los 395 registrados al cierre del año anterior. En total, existe un capital comprometido por alrededor de 5.400 millones de dólares, la mitad ya desembolsado. España, Canadá e Italia ocuparon los primeros lugares en el número de negocios conjuntos. Para facilitar los trámites de los inversionistas extranjeros se consolidó el Sistema de Ventanilla Única” [16]. Otro estudio señala: “En 1989 se encontraban registradas en la isla 155 firmas extranjeras, mientras que al cierre del 2001 totalizaron 784. Sin embargo, lo más significativo no es el aumento del número de las firmas, sino su creciente participación en el intercambio comercial total del país, la cual ascendió a un 40% en el año 2000. Además, las referidas firmas realizaron operaciones de exportación e importación por un valor de 2.536 millones de pesos” [17].

“A partir de 1998, se observan asociaciones económicas dirigidas a nuevas actividades, entre ellas a los servicios públicos, por ejemplo se constituyó en 1999 la empresa ENERGAS (cubana-canadiense) para producir electricidad empleando como combustible el gas acompañante de los pozos petroleros de la zona norte de La Habana. Junto a ello apareció la primera empresa de capital totalmente extranjero de Panamá para construir y operar una planta de generación de electricidad en la Isla de la Juventud. Se crearon empresas financieras con Bancos cubanos, como la empresa mixta entre el Banco Popular de Ahorro y Caja Madrid de España. En 1999 se crearon 58 asociaciones económicas internacionales, siendo las más representativas por las características de las mismas, la realizada por la empresa Habanos SA, que dio lugar a la entidad Altadis para la comercialización del tabaco cubano; la empresa Aguas del Oeste para la gestión de servicio de agua de algunos municipios del oeste de la ciudad. En la rama de la industria del papel, se crearon 3 asociaciones para rehabilitar fábricas existentes, como la de Cárdenas, Santa Cruz del Norte y Jatíbonico. Como se infiere en las empresas mixtas, el mayor porcentaje esta vinculado al sector industrial, después al turismo, y en menor medida están los acuerdos en la esfera de los servicios.” [18].

Como parte de este proceso, desde 1996 se autorizaron “zonas francas” para atraer la inversión extranjera directa. “En 1997 inician operaciones las tres primeras: Zona Franca WAJAY (...) con 21 hectáreas, 13.000 m2 de naves techadas, y 1.000 m2 de oficinas, Zona Franca de la Habana (Berroa) con 244 hectáreas, 41.616 m2 de naves techadas y 4.200 m2 de oficinas y Mariel, con 553 hectáreas, 7.000 m2 de naves techadas y 540 m2 de oficinas siendo las concesionarias la corporación CIMEX y Almacenes Universales. Antes de inaugurar las Zonas Francas (ZF) ya existían 80 operadores comerciales en Havana in Bond y Almacenes Universales en Wajay, que una vez inauguradas éstas se cambió su licencia y tomaron el status de operadores, en 1999 existían 294 operadores de ZF de las cuales el 65% son comerciales o sea 170 operadores. Según cifras del MINVEC hasta 1999 el capital invertido por parte de los operadores extranjeros asciende a unos 11 millones de dólares” [19].

Para desarrollar la producción y exportación de níquel “fue reorganizado el aparato comercial, lo cual se expresó en la creación de la Commercial Caribbean Nickel SA que radica en Bahamas y atiende integralmente las posibilidades de ampliar los acuerdos con compañías foráneas y otras variantes para incrementar las exportaciones. También fue creada una empresa importadora y se incorporó al sector niquelífero la empresa Cubaníquel, que históricamente había realizado la comercialización externa de los productos de esta industria desde el Ministerio de Comercio Exterior. Otro aspecto importante fue impulsar la formalización de acuerdos o negocios conjuntos con entidades extranjeras” [20]. A través de acuerdos de inversión con la multinacional canadiense Sherritt convertida en el principal productor de níquel y petróleo cubanos y con intereses en la hotelería [21] se desarrolla la producción de cobalto.

Otro ejemplo es la rama del tabaco: “En 1999 la entidad de comercialización internacional principal del tabaco cubano, Habanos SA, vendió el 50% de sus acciones al consorcio hispano-francés Altadis (Alliance Tabac Distribution) por un valor cercano a los 500 millones de dólares norteamericanos. Se trataba de una venta que daba término a una ardua negociación y también a un recurrente conflicto, de larga data, por el uso de marcas cubanas en la comercialización internacional del tabaco.” Además, se formaron Brascuba SA, joint-venture entre Cubatabaco y Sousa Cruz, compañía brasileña subsidiaria del grupo BAT; Internacional Cubana del Tabaco S.A. (ICT) joint-venture entre Altadis y el grupo TABACUBA; COTAIS S.A. joint-venture entre el grupo TABACUBA y CITA, una compañía de origen canario; TECA PUROS S.A. joint-venture ubicada en Turquía y formada por acuerdo entre el grupo TABACUBA y Tekel, Premium Publicity SA, publicitaria formada por capital cubano y español [22].

 [23]

La consecuencia estructural inmediata de las reformas, tal como han sido concebidas, es el debilitamiento de las bases mismas de la economía nacionalizada y el desarrollo de peligrosos elementos procapitalistas y capitalistas en la economía:

Contrarreformas en el régimen de propiedad y surgimiento de un importante sector privado

Surgió un importante sector privado junto a –y a expensas de– la propiedad estatal, aunque ésta es todavía claramente predominante: “El periodo especial ha significado el desarrollo de las relaciones de mercado entre las empresas socialistas, la disminución de la carga regulativa para un grupo importante de ellas, el desarrollo de la propiedad cooperativa y de la pequeña y mediana empresa privada (bajo el manto del trabajo por cuenta propia, el sector privado de la agricultura y el arrendamiento de tierras), así como de la inversión del capital extranjero” [24]. Un especialista cubano define así el abanico de “diferentes formas de propiedad en la etapa actual del socialismo:

– Empresa estatal
– Empresa estatal (Perfeccionamiento Empresarial)
– Empresa mercantil de propiedad estatal
– Cooperativa agropecuaria
– Cooperativa agropecuaria, con tierra en usufructo
– Campesinos privados
– Campesinos usufructuarios
– Trabajadores por cuenta propia
– Empresas mixtas
– Asociaciones económicas”

El autor deduce, lógicamente, que “al existir diversas formas de propiedad se hace necesario que las relaciones económicas se desarrollen sobre una base legal y mercantil.” Y por supuesto, justifica la necesidad de “Personalidad jurídica de las entidades económicas y facultades para su desempeño mercantil; fortalecimiento de los contratos y mecanismos de pagos. Formas de propiedad estatal, compatibles con su operación mercantil” [25]. Este giro resulta más espectacular porque Cuba fue uno de los estados obreros donde mayor era el grado de estatización de la economía, suprimiéndose incluso los más pequeños establecimientos particulares hasta extremos contraproducentes para el desarrollo de la economía nacionalizada.

En el campo, la nueva política se expresa en las UBPC y en las “granjas de nuevo tipo”: “En 1992, antes de la actual reforma, el 75% de la tierra agrícola estaba en manos del Estado y el 24,8% de las cooperativas y de los pequeños campesinos individuales. La actual [1997] distribución es la siguiente: 42,4% las UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa); 32,6% los establecimientos estatales en transformación al “nuevo tipo”; 10,0% las Cooperativas de Producción Agrícola; el 11,6% las Cooperativas de Créditos y Servicios y el 3,4% los pequeños propietarios” [26].

“Con las UBPC el Estado continúa siendo propietario de la tierra, mas no de los instrumentos de trabajo ni del producto final, del cual sin embargo sigue siendo el principal comprador, fijando precios y prioridad de cultivos. El sobrante de la producción puede ser vendida en el mercado libre, creado en 1994. (...) En los establecimientos de nuevo tipo el Estado continúa siendo propietario de la tierra y de los instrumentos de labranza, pero no paga salarios fijos. Sus utilidades provienen de la mitad de los ingresos de la empresa” [27]. La “médula espinal” de este nuevo sistema es la eliminación del salario fijo de los trabajadores agrícolas y del personal administrativo, que pasan a ser pagados sobre la base de las utilidades y sólo si éstas existen, con lo que el acicate de la competencia en el mercado pasa a ser el “disciplinador” de la fuerza de trabajo y motor decisivo de la productividad.
Es cierto que la legislación no permite aún el establecimiento de empresas privadas de capital cubano, y que la propiedad estatal es aún abrumadoramente mayoritaria, pero los cambios en el status jurídico de los establecimientos estatales son alarmantes y develan claramente la dirección del proceso.

El monopolio del comercio exterior ha sido prácticamente desmantelado

No sólo por la autorización al sector capitalista de importar y exportar, y de manejar y repatriar incluso sus ganancias, sino por la liberalización sobre los controles de las empresas y entes estatales, que operan prácticamente bajo su propia responsabilidad en las importaciones y exportaciones. En un proceso íntimamente ligado a la liberalización del cambio en divisas, el comercio exterior se descentralizó entre cientos de instituciones y empresas, permitiéndose un amplio campo de operaciones para las de capital privado o mixto.

A fines del 2001 estos operadores se clasificaban en:

“- el sistema empresarial subordinado al MINCEX, que realiza operaciones como entidades estatales y sociedades mercantiles;
– los esquemas empresariales en el exterior, destinados a la comercialización de los productos del mar, níquel, tabaco y otros rubros;
– el sistema de sociedades anónimas vinculadas directamente a la gestión del MINCEX, que efectúan operaciones comerciales en el exterior y, a su vez, funcionan como representantes de firmas comerciales extranjeras;
– las sociedades mercantiles cubanas, que funcionan de forma autónoma o insertadas en organismos productivos concretos;
– los esquemas empresariales vinculados específicamente a centros de investigación y producción en el sector de productos farmacéuticos;
– las corporaciones y grupos empresariales relacionados con el funcionamiento del sector turístico” [28].

Actualmente son más de 1.700 las empresas e instituciones estatales, mixtas o privadas que intervienen en el comercio exterior.

El monopolio del comercio exterior es esencial como salvaguarda frente a las presiones del mercado mundial capitalista sobre la débil economía de transición. Su desmantelamiento introduce enormes presiones para la reestructuración del conjunto de la economía sobre la base de criterios capitalistas de “competitividad” y “rentabilidad”, hacia una inserción cada vez más dependiente y subordinada a la dinámica del sistema capitalista imperialista.

Intimamente ligado a la destrucción del monopolio estatal, se promovió un alto grado de dolarización, instituyéndose de hecho un sistema monetario dual con el dólar y el peso cubano (más el peso convertible, en realidad una unidad de cuenta). Esto, si bien le permitió al Estado cubano contar con un importante flujo de divisas y evitar una devaluación masiva, tuvo graves consecuencias en la formación de “mercados paralelos”, en el aumento de las desigualdades sociales y en el acceso discriminado al consumo entre la mayoría de los cubanos (que recibe sus ingresos en pesos) y la minoría que accede al dólar, sea por su participación en el turismo y otras actividades abiertas al capital extranjero, sea por recibir divisas de familiares en la emigración, sea por sus conexiones en el mercado negro.

Así, según un estudio “En los últimos años el índice de dolarización se ha incrementado de 45% en 1996, a 49% en 1997 y 53% en 1998, lo cual es indicativo de un deterioro en las funciones de la moneda nacional, con la sustitución relativa en los ingresos y en el consumo de la moneda nacional por el dólar. Algunos especialistas estiman que este índice se ha continuado incrementando y que al cierre del año 2000 pudiera estar alrededor entre el 58-60%” [29]. La dolarización se ha ido extendiendo, no sólo en el “sector emergente”, sino incluso al sector productivo estatal, donde las empresas deben asumir en proporción creciente el pago del combustible, repuestos, materias primas fundamentales, en moneda convertible. “Esta forma de operar ha resultado en la creación de un mercado empresarial en divisas para la venta de bienes intermedios y de equipos. Por otra parte, también se han ido abriendo posibilidades de venta a los productores nacionales en la red de establecimientos que operan en divisas con la población y en la actualidad ya abastecen un 47% de las necesidades de los mismos” [30]. Esto afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Por ejemplo, el servicio de los lavatines (lavanderías) populares sufre porque las empresas del Estado no entregan detergente si no se paga en divisas: “La mayoría de las entidades que producen detergente, por ejemplo Suchel, lo comercializan en divisas y nosotros debemos buscar una oferta en pesos, y eso a veces resulta casi imposible” [31]. Oficialmente la extendida dolarización es considerada una “medida transitoria” con el objetivo de dinamizar el conjunto de la economía nacional, pero las presiones enormes de todo tipo que causa la dependencia del dólar están tornándose intolerables y obligan a medidas como la reciente restricción a las empresas estatales en el uso de dólares para las operaciones domésticas.

La planificación centralizada de la economía se está desintegrando

La planificación cubana respondía al modelo soviético, llamado por algunos “de comando”, es decir, se trataba de un típico plan burocrático, llevado adelante bajo el Sistema de Dirección Planificada de la Economía (SDPE). El fracaso de este sistema y la necesidad de “una mayor descentralización y una modificación de las formas tradicionales de planificación para reconocer los vínculos entre plan y mercado” [32] llevaron a un cambio radical en los métodos de dirección:

Anteriormente, los recursos se asignaban centralizadamente al productor, básicamente en forma material, y posteriormente la producción se distribuía también centralizadamente a los consumidores, todo ello conforme a un Plan, a precios fijos. Los problemas de calidad, costo y competitividad no estaban en un primer plano, ni constituían un imperativo económico.

“En la actualidad, la planificación a nivel nacional establece los aportes en divisas que deben realizar las entidades que generan ingresos en esa moneda; a su vez, los aportes captados centralmente, son utilizados para financiar las necesidades de la población y de aquellas actividades que no tienen ingresos en divisas con los cuales financiarse. De esta manera, la capacidad de compra en divisas la tiene hoy el demandante final de los productos, bien sea porque las genera directamente o porque las obtuvo por asignación centralizada, lo cual implica que este demandante puede adquirir el producto de un productor nacional o importarlo directamente, en función de dónde le sea más eficiente y dónde obtenga la mayor calidad y precio competitivo. Es decir, está presente un proceso de concurrencia en que los agentes económicos funcionan con arreglo a las reglas de los mercados y están en estrecho contacto con las condiciones de la competencia internacional” [33].

En sí mismos, un cierto grado de autonomía de las empresas y de exposición al mercado y la competencia como correctivos necesarios pueden ser incluso una “etapa inevitable en el desarrollo de la industria estatal durante la transición de la economía capitalista a la socialista” [34]. Pero en Cuba, no se trata de los primeros años de la revolución, sino de la reintroducción en gran escala de mecanismos de mercado tras más de cuatro décadas. Además, el problema fundamental es que la autonomía empresarial está ligada a la ausencia de control de los trabajadores y a la ruptura del monopolio del comercio exterior. En estas condiciones, la descentralización permitiendo que el mercado sea cada vez más directamente el regulador de la inversión, de la producción y de los precios, introduce elementos de anarquía económica incontrolables y crea enormes presiones para la generalización y profundización de las reformas procapitalistas.

Como parte de esta política, se lanzó una profunda reestructuración del “sector estatal”, con políticas de reformas administrativas y de diversos tipos en la economía estatal dirigidas a incorporar métodos y criterios de rentabilidad capitalista, dándoles amplia autonomía a las empresas dentro de cada ministerio. Esto incluye planes de “reestructuración” de ramas enteras de la industria, “racionalizar” las plantillas laborales reubicando trabajadores, etc.

Por ejemplo: “El proceso de reestructuración de la agroindustria comprende como aspectos principales: la reducción del personal del Ministerio y las delegaciones provinciales en un 50%, el redimensionamiento del sistema empresarial de apoyo a la industria mediante la creación de siete grupos corporativos, reorganización de las instituciones de investigación y proyectos, transformar los complejos agroindustriales en 1.017 unidades de negocios, crear condiciones para la introducción de las normas ISO y lograr la potenciación al máximo del proceso de diversificación azucarera” [35].

Como parte de esta reestructuración: “A mediados de junio/02 el ministro del azúcar cubano, Ulises Rosales del Toro, confirmó la decisión del gobierno de cerrar el 50 por ciento de los centrales azucareros del país, la mayoría de los cuales fueron construidos hace más de medio siglo —y algunos mucho antes— y son ineficientes. Asimismo, se reducirá en un 60 por ciento la tierra dedicada al cultivo de caña” [36]. Un estudio comenta: “La reestructuración del sector azucarero (...) de hecho es la medida más trascendental que se haya tomado después de las reformas de 1993-94.” “Aunque aparentemente sorpresivo, el anuncio del cierre definitivo de 71 fábricas de azúcar (...)El redimensionamiento debe permitir mejoras sustanciales asociadas a: la disminución de gastos, la concentración del esfuerzo productivo en las fábricas de mejores resultados, la concentración de los escasos recursos con los que cuenta el sector en los productores más eficientes y mejoras sustanciales para los trabajadores que permanezcan vinculados a la producción del dulce” [37]. Lo que el estudio no dice es que la reestructuración fue “sorpresiva” sólo para los obreros del sector, que evidentemente no han tenido participación en estas decisiones que significarían la “reubicación del 25% de la fuerza de trabajo en otras actividades productivas” [38].

En la industria del tabaco, el plan de reestructuración prevé el cierre de 4 de las 5 plantas que actualmente emplean a unos 2.200 trabajadores. En prácticamente todas las ramas de la economía se registran o se preparan procesos de reestructuración semejantes, guiados por criterios de “eficiencia”, “competitividad” y “rentabilidad” tomados de la “ciencia económica” burguesa.
Además, se está desarrollando “el proceso de descentralización y modernización del sistema financiero, bancario y no bancario, lo cual facilitó un mayor acceso de las empresas a los recursos financieros temporalmente inmovilizados, la consolidación de la convertibilidad interna para la población y el otorgamiento de créditos en moneda nacional y divisas mediante análisis de riesgos. También los seguros siguieron extendiéndose a todas las actividades productivas” [39].

Un aspecto decisivo de esta política es el llamado “perfeccionamiento empresarial”.

V. El perfeccionamiento empresarial “socialista”

Sobre la reforma en la gestión del sector estatal de la economía, un grupo de investigadores cubanos explica que “apunta al desarrollo de la empresa estatal con una personalidad propia más definida, dándole a la empresa la posibilidad de concentrarse en la gestión económica en un ambiente de mercado y poniendo al Estado en su lugar como propietario y no como administrador directo. Es este un paso decisivo, dada la concentración de los medios fundamentales de producción en manos del Estado, pues la recuperación plena de la economía depende ante todo del logro de la eficiencia de este segmento del sistema empresarial. (...) uno de cuyos principios filosóficos fundamentales radica en la separación de las funciones del Estado como propietario de la función de administración delegada a la dirección de las empresas. Este proceso fue aprobado en el V Congreso del Partido Comunista, que dio luz verde a la generalización de una experiencia empresarial desarrollada por las empresas militares desde finales de la década de los ‘80” [40].

Esto significa el “Paso de la administración económica por mandato vertical, a la descentralización, la especialización y la regulación indirecta.” En condiciones de “Introducción del capital y de la competencia externa en la economía” y de “ Separación de las funciones políticas, estatales y de administración económica”. Como métodos se propone “incorporar la competencia para dinamizar la propiedad estatal y sustentar la formación de precios” y “el autodesarrollo, transformación o cesación de las estructuras empresariales” [41].

El avance de la reforma es lento. A 4 años de iniciada “410 empresas cubanas ya están aprobadas y con el proceso de perfeccionamiento implantado, aproximadamente el 13,6% del total del país, y en las cuales laboran 235 mil 808 trabajadores. Estas entidades generan más del 23% de las utilidades de la nación y organismos como el Ministerio de la Industria Básica, tienen ya uniones de empresas completas incorporadas al proceso” [42]. Es decir que aún no ha logrado extenderse al más del 80% de las empresas. La estructura tradicional y sus mecanismos pesan aún demasiado y la conservadora “cultura empresarial” de los burócratas se resiste al cambio. Además, es posible que entre los trabajadores haya resistencia a medidas que van muchas veces contra sus intereses más inmediatos o en las que no tienen ningún poder de decisión. Es en las ramas más dinámicas, como las de exportación, donde las políticas de “perfeccionamiento empresarial” se han extendido y profundizado más.

Este camino es similar a las primeras reformas iniciadas por las burocracias del Este antes del ‘89 y está entre las políticas mejor vistas por los “especialistas” de la economía burguesa y las agencias imperialistas. Consiste en esencia en buscar la “Máxima eficiencia y competitividad, significa que la empresa se autofinancie, que cubra todos sus gastos con sus ingresos y genere margen de utilidad”. El peligro que entraña este proceso es enorme. Por esta vía, los directores ganan un enorme grado de autonomía: “Se le entregará a cada uno de los directores de empresa la iniciativa y responsabilidad de que se vuelvan empresas autónomas” , explica Granma [43]. De esta forma “los directores de las empresas se tornan cada vez más privilegiados y tienden a convertirse en cuasi-dueños de dichas empresas, lo mismo que sucedió en la URSS y lo mismo que actualmente sucede en China”.

El “perfeccionamiento” y los trabajadores

El “perfeccionamiento” va directamente dirigido contra los obreros, que son excluidos de todas las decisiones claves, mientras se les exige mayor productividad, subordina el salario a la “productividad, eficiencia y competitividad” e incluso una política de racionalización de las plantillas y reubicación de trabajadores. Sin embargo, la CTC [44] asume como propia “La batalla por la eficiencia económica” en los siguientes términos:“El perfeccionamiento empresarial es uno de nuestros objetivos estratégicos más importantes, pues se trata de conducir a la empresa estatal a una eficiencia económica creciente, al mismo tiempo que se propician las condiciones objetivas y subjetivas para el mejor desarrollo de la conciencia socialista en los colectivos laborales. (...) La implantación exitosa de este nuevo sistema de gestión y dirección empresarial exige de cada colectivo laboral y de cada trabajador en particular, una nueva mentalidad, por lo que será decisiva la preparación de los trabajadores y sus dirigentes para lograr el mejoramiento ininterrumpido de la eficiencia y la competitividad.” Es decir, los sindicatos, como correa de transmisión de la política oficial, asumen la tarea de convencer a los trabajadores de aceptarla sin proponerse siquiera contrapesar el poder creciente de los directivos ni mencionar un mecanismo de control colectivo y democrático de los trabajadores sobre una política que afectará decisivamente la vida de las fábricas.

“Como en los experimentos de finales de los ‘80 y principios de los ‘90, las empresas perfeccionadas tienen facultades para decidir de manera autónoma sus estructuras y plantillas, así como para diseñar sus cargos propios y los sistemas de estimulación que estimen necesarios. En el campo de la política salarial, se mantiene la escala centralizada como mecanismo regulador, pero la misma cambia, tanto por el monto absoluto de los salarios, como por la diferenciación entre los niveles salariales, la cual crece hacia los grupos de mayor complejidad de la escala. (...) La aplicación de la nueva escala y otros aumentos salariales tienen que ser financiados por la empresa a partir de la reducción de sus gastos o el incremento del nivel de actividad, de manera que se obtenga un crecimiento de las utilidades suficiente como para financiar dichos incrementos salariales. Lo anterior implica una probable racionalización de la fuerza de trabajo en las empresas que aplican el perfeccionamiento, la que los expertos estiman de hasta un 10% de la fuerza de trabajo ocupada actualmente, ello puede crear en perspectiva, en la medida que avance la aplicación del sistema serias tensiones en el mercado de trabajo, si no aumenta a su vez la demanda como consecuencia de nuevas inversiones o la ampliación de las existentes.” (...) “Si bien para los pagos por normas no se establecen límites, ellos sí existen para el personal administrativo, técnico, de servicios u obreros no directamente vinculados al destajo, en este caso se supone que el salario puede variar hacia arriba hasta un 30% del salario escala, en el caso del cumplimiento del plan de utilidades y en dirección contraria hasta un 20%. Como se observa el criterio para la regulación de esta parte del fondo de salario es estrictamente económico, no así las magnitudes de variación que conservan topes administrativos. En el caso de los dirigentes la estimulación estará en dependencia del cumplimiento de los indicadores directivos, no se establece su límite máximo pero sí el mínimo de hasta un 30%” [45].

Es decir que sobre la base de los estímulos materiales ligados a la productividad y el trabajo a destajo, la nueva política de salarios y premios privilegia a los directivos y cuadros, promueve una “élite obrera” y amplía gravemente las desigualdades del “diapasón salarial”. Naturalmente “El trabajador de filas no tiene ningún poder de decisión, no interviene ni en las finanzas ni en ningún aspecto esencial de las empresas. El trabajador tiene ahora que asumir el lema y apretarse los pantalones –más de lo que están–, en realidad lo que le significa es congelamiento de sueldos, más carga horaria y mayor control de la materia prima e insumos. (...) Los trabajadores no reciben ningún beneficio ya que quienes realmente harán buenos negocios son los llamados ‘dirigentes empresariales’ ya que una de las claves del engaño a los trabajadores es decir que ‘el pago será de acuerdo a los resultados del trabajo’”, buscando introducir una mayor diferenciación salarial entre los trabajadores con el cínico argumento de que así se cumplirá el lema socialista “de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo”.

VI. Situación actual: ¿una “hermosa paradoja”?

El diputado Osvaldo Martínez M. habló en un discurso ante la Asamblea Nacional ampliamente difundido de la “hermosa paradoja de la economía cubana en el 2002: un año de bajo crecimiento y alto desarrollo (...) en términos de establecer bases esenciales para un desarrollo humano integral” [46]. Esta pintura tranquilizadora no puede disimular la acumulación de problemas cruciales que enfrenta Cuba.

Por supuesto no hay tal “alto desarrollo humano integral”, en principio porque el “periodo especial” y sus penurias continúan golpeando duramente al pueblo cubano. El propio diputado Martínez reconoce que “fue imposible evitar que algunos precios subieran en los mercados agropecuarios, que el transporte público disminuyera, que escaseara más el combustible doméstico, que empeorara el estado de las vías y que el estratégico esfuerzo por generar toda la electricidad con crudo nacional, provocara apagones durante este año.” Las políticas sociales no pueden ocultar el deterioro de la situación para amplios sectores de la población. La llamada “Batalla de Ideas” y la reforma de algunos programas sociales, de salud y educación, etc., son en el mejor de los casos un paliativo para las secuelas regresivas de la política económica aplicada en los últimos años, jugando un papel “en la minoración del impacto de procesos de ajuste económico y reformas” [47] en un esfuerzo por limitar las secuelas sociales y el deterioro del “consenso político”. ¿Puede hablarse de desarrollo humano integral cuando cientos de miles de cubanos se ven obligados a recurrir al mercado negro, la pequeña corrupción cotidiana, el “jineterismo” (prostitución), y otros fenómenos extendidos al amparo de las reformas, para “resolver” los problemas de la subsistencia cotidiana? Y todo esto, en medio de la acentuación insultante de las desigualdades.

En segundo lugar el bajo crecimiento por tercer año consecutivo muestra el agotamiento de la recuperación de 1995-1999 y de los “efectos saludables” de las reformas de mercado. Según CEPAL: “La economía cubana desaceleró su crecimiento por tercer año consecutivo en 2002 (el producto aumentó 1.4% frente a 2.5% en 2001), a causa de adversidades externas y climáticas. El entorno externo siguió desfavorable luego que el turismo internacional declinara después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Producto de la débil economía mundial, las inversiones extranjeras directas prácticamente se paralizaron por segundo año. En general, la formación de capital se estancó” [48]. El impacto de la crisis internacional es mayor en sectores claves como el turismo y los productos de exportación: “Los ingresos brutos del turismo internacional, principal fuente de divisas, se expandieron durante el periodo enero-agosto, pero declinaron en el último cuatrimestre y al terminar el año se registró un sensible decrecimiento (-10%)”. Los precios internacionales de los tres principales productos de exportación, azúcar, níquel y tabaco que proveen “más de dos terceras partes del valor total de las exportaciones de bienes” también se desplomaron [49] mientras que el precio del petróleo de cuya importación depende Cuba aumentaron. A ello hay que agregar las consecuencias de los estragos causados por el huracán Michelle en el 2001, con daños directos e indirectos estimados en 1.866 millones de dólares (6% del producto), cuyos efectos se reflejaron plenamente en 2002.

El virtual estancamiento crea serios “cuellos de botella” para la economía cubana, especialmente en su vulnerable “flanco externo”. Según CEPAL: “Como resultado de las adversidades se acentuaron los desequilibrios macroeconómicos. En el ámbito de las finanzas públicas la brecha fiscal aumentó a 2.9% del producto, desde 2.5% el año anterior, aunque todavía se mantuvo dentro de los márgenes contemplados por la política económica (3% del PIB). La liquidez monetaria en manos de la población (M1A) aumentó sensiblemente para alcanzar el 45% del PIB (38.6% en 2001) y el índice de precios al consumidor observó incrementos, tanto en moneda nacional (5%) como en divisas, después de haber declinado durante el trienio anterior. Al acentuarse la escasez de divisas, el tipo de cambio en el mercado extraoficial se incrementó 8%. Asimismo, la cuenta corriente de la balanza de pagos empeoró su saldo negativo.” Por ello, “la escasez de divisas obligó a restringir las importaciones para evitar un aumento del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y el tipo de cambio comercial se depreció un 24%” [50].

Finalmente, desnuda la mayor vulnerabilidad ante las oscilaciones de una economía mundial en crisis. La “apertura”, que alimentó la recuperación de los años anteriores se está volviendo contra Cuba ante el cambio desfavorable en el escenario mundial. La baja productividad de la agricultura y la industria cubanas obliga a importar un 50% de los alimentos e impide superar el déficit comercial. Las tendencias recesivas en la economía internacional impactan con mayor severidad dado el desmantelamiento del monopolio del comercio exterior, el avance de la “dolarización”, el endeudamiento externo y la dependencia de las inversiones de capital extranjero. En estas condiciones los “desequilibrios macroeconómicos” presionan por una nueva “adecuación” a las exigencias del mercado mundial y mayor “austeridad interna” y proyectan sombrías perspectivas para la marcha de la economía cubana.

El impasse de la política de reformas y concesiones

El contenido profundo de los actuales problemas de la economía cubana es el agotamiento de los “efectos saludables” iniciales de las reformas de mercado y las concesiones al capital extranjero, conduciendo a un cuadro de impasse en medio de agudas contradicciones entre las necesidades del “sector emergente” y las de la economía nacionalizada.

Las salidas estratégicas a este impasse son o un nuevo salto a la derecha, profundizando de manera decisiva los cambios en el sistema de propiedad y en el mercado, para liberar las restricciones al desarrollo de las tendencias restauracionistas y completar la “reinserción” en la economía mundial, lo que implica remover ciertas barreras legales hoy existentes, como la prohibición de contratar asalariados o de constituir empresas privadas cubanas, plena autonomía a las empresas estatales, etc.; o bien poner bajo control al “sector emergente” y subordinarlo a las necesidades de fortalecimiento del sector estatal (lo que entre otras medidas, implicaría el restablecimiento del monopolio del comercio exterior). El primer camino, después de una década de reformas que ya han erosionado seriamente a la economía nacionalizada, equivaldría prácticamente a entregar el comando de la economía a las tendencias abiertamente procapitalistas y dar un viraje decisivo hacia la restauración y la recolonización imperialista. Es evidente que importantes sectores de la burocracia, particularmente los más ligados a las reformas, presionan en esta dirección. Por otra parte, los compromisos que ha tomado la dirección cubana con la apertura, las reformas y las concesiones restringen completamente sus márgenes de maniobra.

Sin embargo, no se pueden considerar aisladamente el “automatismo” de las fuerzas económicas ni las decisiones de la burocracia. En todo el análisis del proceso cubano hay que tener en cuenta el hecho decisivo de que la revolución vive. Cuba sigue siendo un Estado obrero, aunque profundamente deformado y debilitado. Las conquistas fundamentales de la revolución están siendo erosionadas, pero aún no han sido destruidas. El núcleo fundamental de la economía sigue estando en manos del Estado. Hay enormes obstáculos para el proceso de restauración en las bases de propiedad heredadas de la revolución, en las relaciones de fuerza entre las clases, en la conciencia “igualitaria” y antiimperialista de las masas. En la densa trama de relaciones sociales y regulaciones institucionales construidas en cuatro décadas y que condicionan los movimientos de la burocracia.

En síntesis, no hay posibilidad en Cuba de una “absorción pacífica” en el capitalismo a través de reformas económicas graduales. Además, la recesión internacional y las dificultades latinoamericanas, limitan las posibilidades de una colonización más acelerada por el capital extranjero y disminuyen los “atractivos” de la restauración, y no es menos importante la experiencia hecha ante las desastrosas consecuencias de la restauración en la ex URSS y otros países del Este y ante la situación de la América latina y el Caribe semicoloniales.

LA REGRESION EN LA ESTRUCTURA SOCIAL

VII. El desarrollo de los antagonismos sociales

Las transformaciones de la revolución permitieron una mejoría cualitativa de las condiciones de vida de las masas respecto a la Cuba semicolonial y a la realidad cotidiana de toda la América latina capitalista. La expropiación de las empresas de capital local y extranjero, la reforma agraria y la reforma urbana y la política de empleo, ingresos y servicios sociales permitieron en las primeras fases una sustancial mejora de la calidad de vida de las masas. Sobre esta base, un esfuerzo sistemático en la educación (comenzando por la liquidación del analfabetismo), los servicios sociales, etc., impulsaron la elevación del nivel cultural.

Según H. Dilla, “la dinámica de la sociedad cubana entre 1959 y 1989 estuvo dominada por dos tendencias contradictorias: la nivelación y la movilidad sociales. La primera tendencia fue dominante en los primeros años y tuvo su punto de partida en el radicalismo del hecho revolucionario, que condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses y de buena parte de la clase media, los cuales emigraron o experimentaron un proceso de proletarización. La sociedad fue paulatinamente organizándose en torno al predominio de formas sociales y estatales de propiedad de los medios de producción. Al mismo tiempo, esta nivelación social fue acompañada de un proceso de movilidad ascendente de las mayorías (particularmente fuerte desde mediados de los setenta), apoyado en programas estatales de provisión de empleos y de servicios sociales” [51]. Es preciso remarcar: a) la subsistencia de diferencias de clase y sociales de distinto género, entre el campo y la ciudad, entre el trabajo manual y el intelectual, entre hombres y mujeres, etc., aunque algunas de ellas parcialmente inevitables al inicio del proceso de transición, sobre todo en un pequeño país atrasado como era Cuba, y b) una nueva diferenciación social fundamental, la más funesta y grave, subproducto indeseado de la revolución: la rápida constitución de una casta burocrática privilegiada y parasitaria, cristalizada en torno a los propios dirigentes de la revolución, que acaparó todas las palancas del poder. Es cierto que la burocracia cubana no acumuló en las primeras décadas las muestras de lujo insolente de sus pares de Rusia o Europa oriental, pero no por eso dejó de ser la capa social que mejor supo “resolver su existencia social” y asegurarse mediante un régimen político forjado a su imagen y semejanza sus posiciones y privilegios. Este, además, es el “secreto social” de la asimilación sin grandes contradicciones del castrismo al aparato mundial de la burocracia stalinista.

Los ‘90 significaron un cambio de la dinámica social hacia un salto en el desarrollo de la diferenciación social: “El nuevo tipo de estructura que emerge impulsada por el reordenamiento económico, supone la aparición de procesos de ruptura con relación a su antecesor y el predominio del cambio sobre la continuidad. Comparando la actual composición socioclasista de la sociedad cubana con la situación anterior a los años noventa, es posible distinguir algunos de los rasgos fundamentales que caracterizan a este nuevo tipo socioestructural:

“1. Diversificación acelerada de las formas de propiedad.
2. Heterogeneización y complejidad crecientes. Fuerte diferenciación socioeconómica general y fragmentación de las estructuras internas de las clases y de las capas sociales.
3. Altos grados de desigualdad social que se expresa fundamentalmente en:
– Aumento progresivo de la distancia cualitativa entre los grupos extremos. En este sentido, aparición de “élites” y “vulnerables”.
– Acceso selectivo y restringido a los más altos niveles de consumo y el bienestar material.
4. Presencia de fuertes desigualdades no asociadas al trabajo y al rol de cada grupo en la estrategia socioeconómica.
5. Fortalecimiento de los vínculos entre formación y crecimiento de grupos sociales y la eficacia productiva de éstos.
6. Elevada movilidad social que tiene entre sus direcciones más fuertes el paso de la propiedad estatal a la no estatal y del sector tradicional de la economía al emergente” [52].

Esto significa un proceso de reconfiguración regresiva de la sociedad cubana con una creciente polarización entre las capas superiores privilegiadas (tradicionales y nuevas) y la mayoría de la población empobrecida y la aparición de nuevas estratificaciones.

El proceso de reformas “ha implicado un cambio en la estructura de los empleados según sectores, a favor de la disminución del número de ocupados en el estatal que se ha ido desplazando hacia los sectores de la economía con mejor remuneración, como el privado, el cooperativo y el mixto” [53]. Una estudiosa cubana acota: “También en la apertura desciende la contribución de la actividad estatal a la proporción de población ocupada y crece la presencia de trabajadores cooperativistas, asalariados de empresas privadas o mixtas, cuentapropias e informales. Junto a ello, continúa el incremento de los ocupados calificados de nivel medio superior y superior, lo cual es consistente con las políticas de formación educacional y protección laboral al personal calificado aplicadas” [54].

Así, el peso de la clase obrera ocupada en el sector estatal ha caído del 61,0% de la PEA en 1988 a sólo el 42,1% en 1994, mientras en el mismo lapso los trabajadores por cuenta propia pasaron del 1,0% al 19,0% y los sectores intermedios (campesinos, cooperativistas, etc.) saltaron del 6,0% al 30,2%. Datos más actualizados de CEPAL, aunque basados en categorías de empleo más difusas, establecen que en el 2001 los sectores “no estatales” abarcaban al 25% de la fuerza laboral.

La situación de los trabajadores

Otro estudio advierte: “Tanto la crisis como el conjunto de decisiones tomadas para aliviarla, han tenido una repercusión en el nivel de vida de la población que ha experimentado un deterioro, aunque menos traumático que el de otros países, por el compromiso social de la política económica, pero no por ello menos urgente como problema a solucionar por cuanto ha producido: a) el empobrecimiento de vastos sectores de la fuerza laboral, b) la aparición de una élite trabajadora, c) el surgimiento de niveles de vida divorciados de los resultados del trabajo, d) la exclusión de importantes segmentos de la población del consumo en ciertos mercados o al menos de la reducción del acceso a un grupo muy limitado de productos, e) la reestratificación social” [55].

Del empobrecimiento de vastos sectores de trabajadores dan cuenta la caída de los ingresos y el deterioro del salario. Así, “el gasto para cubrir los requerimientos mínimos alimentarios (189,86 pesos) y el ingreso per cápita mensual, que para 1995 fue de 113,63 pesos, muestra que el ingreso se hace insuficiente para cubrir sólo necesidades alimentarias básicas” [56]. El salario real promedio cayó de 130,98 pesos en 1989 a 52,32 pesos en 1992 y a 27,97 pesos en 1993. Posteriormente se fue recuperando lentamente, pero en 1998 apenas alcanzaba a 72,75, es decir, la mitad que una década atrás. Hay que recordar que entre tanto el PBI volvió a recuperar prácticamente su nivel de entonces. Un análisis sobre la situación en La Habana reconoce que: “El salario medio mensual en los centros con producción del sector estatal civil es de 254,1 pesos; el cual crece un 5,3 % (24,5 pesos más) comparado con el correspondiente al año anterior. Aquí sucede algo similar a lo que analizábamos en relación con la productividad; es decir, los salarios de los trabajadores en el año 2000 son superiores a los de 1989, pero sólo en términos nominales, ya que el nivel adquisitivo de este salario está muy por debajo del de precrisis, pues los precios en los diferentes mercados que hoy existen superan en varias veces a los de 1989, con la excepción de los productos alimenticios normados que mantienen sus precios bajos” [57].

Como consecuencia, pese a la recuperación de los últimos años, la participación de los salarios en la renta nacional ha seguido perdiendo terreno. En 1994 la “Remuneración de los trabajadores” ascendió a 9.614,5 millones de pesos mientras que el “Ingreso Nacional Bruto disponible” era de 19.167,8 millones. En el 2000, la “Remuneración de los trabajadores” sumó 11.965,8 millones mientras que el “Ingreso Nacional Bruto disponible” creció a 27.784,1 millones de pesos [58]. Es decir que el coeficiente de participación de los salarios bajó de 0,51 a apenas el 0,43.

Además, el promedio esconde un “diapasón” (abanico) de diferencias salariales mucho mayor que antes. La diferenciación creciente en los salarios obedece a una política consciente del régimen para formar una “élite trabajadora” que reciba algunas migajas de la rentabilidad del “sector emergente” y en que encuentren base social “obrera” sus políticas. Para ello, además de los beneficios que implica trabajar en el “sector emergente” o los “joint- venture” se están introduciendo diversos estímulos materiales, como en la industria del tabaco y otras. Cerca de un 20% de los trabajadores recibiría ingresos monetarios o en especie adicionales al salario.

Junto con el grave deterioro del salario “uno de los elementos más destacables es el incremento notable de las desigualdades. La relación entre el salario más alto y el más bajo pasó de 4 a 1, a 25 a 1. Hoy un médico cirujano o un ingeniero ganan 550 veces menos que el dueño de un “paladar”, 30 veces menos que una prostituta y 10 veces menos que el conductor de un coche de caballos. El área dólar está estableciendo un nuevo marco de segregación social” [59]. Al mismo tiempo “existe estancamiento en los salarios de la esfera estatal, a la que pertenece la mayoría de los trabajadores y la población dependiente de los ingresos de ellos. En el sector cuentapropista, sin embargo, los ingresos han tendido al incremento, al igual que el de los vinculados al sector emergente. Cabe señalar además el cambio que se ha producido en cuanto a la importancia y el peso de los ingresos no laborales, entre ellos los provenientes de las remesas familiares y los producidos por las inflexibilidades de los mercados de precios libres, fundamentalmente producto de las situaciones oligopólicas de éstos por la concertación previa de precios y barreras a la entrada” [60].

Los promedios estadísticos ocultan la verdadera situación de la mayoría de las familias obreras y campesinas, así como el estatus de la minoría privilegiada en la que confluyen los altos estratos de la burocracia estatal y del PCC, una parte de los empleados en el sector privado, una parte de quienes medran en el mercado negro o tienen acceso a dólares, sea por remesas familiares, sea por diversos “negocios”. ¿Cuál es la parte del ingreso nacional de que se apropia la burocracia? La verdadera distribución del ingreso, el nivel alcanzado por la estratificación social y por el enriquecimiento de la burocracia y de los “nuevos cubanos” es casi un “secreto de Estado”, pero sobran los indicadores de este fenómeno, muy bien conocido, por otra parte, por los sufridos cubanos del común. Por ejemplo, la alta concentración de los depósitos en las cuentas corrientes bancarias, donde está depositado un 60% de la liquidez pública, y de las cuales el 12% de las cuentas atesora el 80% de los depósitos en divisas [61]. Otro dato indirecto es el dinamismo de las ventas de las TRD, a las que sólo tiene acceso la población que maneja dólares, contrastando con la escasez crónica y el consumo restringido que siguen afectando a la mayoría del pueblo trabajador.

VIII. La burocracia y la formación de un bloque restauracionista

Indudablemente, la burocracia no sólo ha sabido mantener o mejorar sus posiciones materiales en el “periodo especial” sino que está diversificando las fuentes de su “prosperidad”. La burocracia no se nutre sólo de mejores índices salariales, sino ante todo de una serie de prebendas y retribuciones que no figuran en los salarios, tales como el acceso a mejores servicios médicos y sociales, comercios especiales, vivienda, vacaciones, viajes al exterior, etc., que contrastan violentamente con el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano y que la burocracia oculta cuanto puede de la mirada de las masas.

Además, y particularmente los sectores ligados al “sector emergente”, como los directores de empresas, que se benefician directamente de las reformas, se fortalece la tendencia a ligarse cada vez más estrechamente al mercado y a los socios extranjeros y, naturalmente, a depositar sus expectativas de enriquecimiento en la restauración capitalista.

En términos de H. Dilla: “el reciclado de las élites” alimentado por las reformas económicas está llevando “al fortalecimiento de un bloque tecnocrático empresarial vinculado ventajosamente al mercado y con posibilidades de erigirse en bloque social hegemónico. (...) Un primer componente de este bloque emergente está ubicado en el ámbito de la inversión extranjera. (...) El segundo componente estaría formado por los directivos de las empresas estatales que han logrado posiciones ventajosas en el mercado mundial y, por consiguiente, cuotas superiores de autonomía. (...) Un tercer componente (potencial) de este bloque está representado por aquellas personas (campesinos acomodados, intermediarios comerciales, proveedores de servicios, etcétera), que han atesorado fuertes sumas monetarias y otros bienes mediante la especulación en el mercado negro, frecuentemente a expensas de los recursos estatales” [62]

Concluye Dilla: “estos grupos, y particularmente los dos primeros, provienen de la propia burocracia tradicional –sea civil o militar– y sus familias, y pertenecen a ellos jóvenes tecnócratas aupados por estas políticas en curso. Incluso en el tercer grupo es posible hallar una fuerte conexión entre los negocios privados más prósperos –restaurantes y arriendos de habitaciones para turistas– y altos burócratas retirados o sus familiares, pues en última instancia estos negocios requieren viviendas confortables y ubicadas en lugares céntricos que habían sido adjudicadas por el Estado a este tipo de personas en tiempos anteriores.”

Los nuevos “empresarios cubanos”

Este fenómeno es visto con sumo interés en Estados Unidos: “la emergencia de un nuevo tipo de empresario que surge (...) en empresas cuya actividad está vinculada más directamente o al menos se rigen por las reglas de juego del mercado mundial, que cuentan con el beneficio de la inversión extranjera o siendo totalmente estatales su fuente y destino productivo lo constituye el mercado exterior” [63] Según el mismo análisis, la formación de esta capa de gerentes y tecnócratas que comienzan a sentirse “empresarios” tiene por escenario privilegiado dos sectores: “las empresas subordinadas a organismos de la administración central del Estado cuya actividad principal puede ser externa o no. Estas empresas –que pueden ser comercializadoras o productivas o vincular ambas actividades– funcionan bajo un régimen de autonomía en su gestión que se ha ido otorgando y ampliando paulatinamente en los últimos años como parte de un proceso de descentralización empresarial, que en los inicios se había verificado como un proceso experimental desarrollado por algunos ministerios, pero que en los últimos 3 años se ha desarrollado bajo la guía y monitoreo del Consejo de Ministros. (...) El otro subsistema empresarial está constituido por empresas que funcionan con status de institución privada. Son básicamente corporaciones vinculadas al comercio exterior y a la actividad turística que actúan con absoluta independencia con respecto al Ministerio de Comercio Exterior y a otros organismos estatales, muchas de ellas inscriptas en el extranjero como empresas no cubanas. Uno de los rasgos más significativos de esta independencia es el control autónomo de los recursos financieros que ellas poseen, ubicados mayormente en cuentas bancarias en el exterior y cuya movilización se realiza bajo la firma del gerente de la empresa. La mayor parte de estas empresas están nucleadas en dos grandes holdings: CIMEX y Cubanacán, SA” [64]. Naturalmente a gerentes, jefes y directivos, se les hace cada vez más atractiva la idea de que “No basta ser director de trust, hay que ser accionista” y buscarán los medios de lograrlo. Por otra parte, su “éxito” amplía su influencia social y política y los convierte en sujeto de las presiones procapitalistas al interior de la burocracia.

Una alianza social restauracionista en formación

El contenido social de este proceso es la rápida formación de los elementos para un bloque abiertamente procapitalista en torno a sectores de la alta burocracia del Partido, del Estado y de las FAR, el “bloque tecnocrático empresarial” surgido de la propia burocracia, y los nuevos ricos que prosperan en el mercado negro, con la economía del dólar, etc. Las voces de alarma en los propios medios cubanos señalan: “los gérmenes para la formación de una pequeña burguesía alta y media en nuestra sociedad y el rol político de esta posible nueva clase social junto al del capital extranjero, señalan procesos aún no desplegados en toda su real dimensión que es imposible ignorar en su relación con el socialismo posible y su futuro” [65]. Estos sectores ligados a las reformas económicas se convierten cada vez más en agentes directos de los inversores extranjeros y de los socios capitalistas del comercio cubano, y entran en contradicción con las restricciones económicas, legales y políticas del Estado obrero. Buscarán cada vez con mayor insistencia la reestructuración del poder político y sus formas para poder estabilizarse y prosperar, convergiendo con la presión imperialista para una “transición”. Buscarán acuerdos con la poderosa burguesía emigrada de Miami, al menos con sus sectores más “moderados”. Ante la ausencia de un polo obrero alternativo al castrismo, el bloque restauracionista en formación –candidatos a una nueva clase explotadora– puede arrastrar no sólo a las capas medias ligadas al “sector emergente” y al mercado o que dependen para su subsistencia de los espacios no estatales, sino a sectores de la población trabajadora que no vean otra salida, constituyéndose en una poderosa palanca de presión interna agente de las políticas imperialistas.

LA DINAMICA DEL PODER POLITICO

IX- De la “coexistencia” a la “colaboración”

En defensa de la política de Castro se argumenta que “no se puede afirmar que en Cuba haya resurgido una clase burguesa: el Estado sigue bloqueando firmemente las posibilidades de acumulación nacional de capital privado –y sus altos dirigentes no se han enriquecido ni corrompido–” [66]. Aunque no hay una burguesía interior en Cuba y se mantienen importantes obstáculos legales, económicos, sociales y políticos a su formación, hemos visto cómo el resultado social de la política del “periodo especial” ha sido el desarrollo de sectores restauracionistas cada vez más poderosos que se nutren de la propia burocracia.

De hecho, esa política marca un punto de inflexión: de la política histórica de colaboración de clases a escala internacional en nombre de la “coexistencia pacífica” se pasa a la “colaboración” con el capital extranjero y el “mercado” dentro de la misma Cuba. Aunque este viraje se combine con una política de resistencia a las pretensiones más agresivas del imperialismo y con un discurso de “defensa del socialismo”, su contenido es, objetivamente, la preparación de un vuelco decisivo del balance de fuerzas a favor de las tendencias abiertamente procapitalistas.

A lo largo de una década de aplicación de la política de reformas económicas, de grandes concesiones al capital extranjero, de la creación de empresas mixtas, Castro y los dirigentes cubanos han sostenido una y otra vez: “No nos apartamos de la doctrina, ni de los principios del socialismo y con un sentido práctico, aunque con profundas convicciones revolucionarias, aceptamos la imprescindible colaboración en estas condiciones de los capitalistas extranjeros” [67]. En palabras de Carlos Lage: “Cuba ha seguido un largo camino de transformación económica sin cambiar su esencia socialista (...) A veces se la critica porque parece insuficiente y lento, el hecho es que las transformaciones dependen de nuestra realidad interna, de los objetivos socialistas que defendemos, de la necesidad de no poner en riesgo nuestra existencia como nación ante la amenaza de un poderoso vecino que no esconde su intención de colonizarla. Hemos puesto en marcha una reforma económica dentro del socialismo, reforma que es expresión de la voluntad cierta de estar presentes activamente en la economía mundial según las reglas que hoy la gobiernan” [68].

Esta política de “imprescindible colaboración con los capitalistas” para “construir el socialismo” adaptándose a “las reglas que gobiernan la economía mundial” no casualmente suena muy similar a la defendida por Bujarin (salvando todas las diferencias entre el dirigente del ala derecha de los bolcheviques y la burocracia fidelista) para “mantener y profundizar” la NEP a fines de los años ‘20, cuando ya era evidente que los elementos capitalistas surgidos al calor de la misma amenzaban con hundir al Estado obrero ruso. Para Bujarin “la actitud del proletariado y de su poder estatal es diferente frente a la nueva burguesía, la cual está situada dentro de cierta relación de fuerzas sociales. Constituye un momento socialmente necesario que cumple –en cierta medida, dentro de ciertos límites y por cierto tiempo– un papel socialmente útil (...) En ese caso, existe colaboración del proletariado y lucha de clases dentro de esa colaboración (...)” [69]. Se trataba de “colaborar” con el nepman, el kulak y el burócrata y dejar que los elementos capitalistas fueran el motor de la economía soviética en la “construcción del socialismo a paso de tortuga”, lo que al fortalecer desmesuradamente los elementos capitalistas de la economía soviética, amenazaba con desatar incontrolables fuerzas restauracionistas.

Para Castro y Lage el contrapeso de la“imprescindible colaboración con los capitalistas extranjeros” es el papel del Estado y la voluntad de la dirección, sin embargo, lo político no es una magnitud independiente de la correlación de fuerzas económicas y sociales. ¿por qué aceptaría “colaborar” el capital extranjero sino es para recolonizar Cuba? Las poderosas tendencias proburguesas incubadas al calor de la política del “periodo especial” presionan para adaptar la esfera de lo político a sus necesidades y se convierten en el creciente peligro político de la restauración.

X. El agotamiento del bonapartismo fidelista

Desde el punto de vista político general o “estatal”, el cambio en la relación de fuerzas nacionales e internacionales significa que se están agotando los márgenes de maniobra del bonapartismo cubano para mediar entre el proletariado y la presión imperialista, entre los elementos socialistas de la economía cubana y los elementos procapitalistas que expresan la presión del mercado mundial.

Internacionalmente, la profunda ofensiva burguesa e imperialista de las últimas décadas y el renovado intento norteamericano de reafirmar su supremacía mundial –expresados en el proceso de recolonización que sufre América latina, acota cada vez más los márgenes de Cuba, que ya no cuenta con el “campo socialista” como punto de apoyo.

Internamente, tras una década de “periodo especial” está obligado a mediar y a acomodarse en condiciones cada vez más difíciles ante las presiones que surgen de: a) el peso alcanzado por el “sector emergente” y la aparición de importantes elementos capitalistas y semicapitalistas; b) el surgimiento de nuevos estratos sociales; c) la diferenciación interna de la burocracia; d) la erosión de la relación con las masas, particularmente con la clase obrera; y e) la presión imperialista (tanto las presiones políticas de EEUU como la presencia activa del capital extranjero).

De arbitrar entre la presión imperialista y las masas cubanas en beneficio de la burocracia, el régimen fidelista se ve obligado a arbitrar entre la economía nacionalizada y el “sector emergente”; entre los nuevos estratos sociales privilegiados y las clases trabajadoras; entre las distintas alas “políticas” y económicas” de la burocracia; con el capital extranjero convertido en un factor actuante de la realidad de Cuba, y finalmente bajo la presión del imperialismo que cuestiona a Castro como interlocutor y se halla a la ofensiva. Esta nueva situación supone una crisis estructural del régimen como resultado de las enormes contradicciones sociales y políticas que se están acumulando bajo la superficie. Es así que “la política en Cuba cambia a un ritmo vertiginoso aun cuando no se exprese en el ámbito formal, y de que la gobernabilidad que se pretende garantizar se remite crecientemente a una fuerte alteración de las relaciones de poder orgánica al nuevo modelo de acumulación” [70]. Esta es la base de la creciente “disfuncionalidad” del régimen fidelista respecto a los cambios en la sociedad cubana que él mismo ha promovido activamente durante la última década.

Esto entraña un salto en la decadencia histórica del bonapartismo fidelista. El régimen impuesto tras la revolución de 1959 es una forma peculiar del bonapartismo burocrático típico de los estados obreros degenerados o deformados. En otro artículo de este Dossier se explica su génesis política como reacción interna en los inicios de la revolución. Sus rasgos específicos nacen de que en Cuba no hubo una contrarrevolución política comparable a la de Stalin en Rusia, de su necesidad de apoyarse en las masas cubanas para enfrentar al imperialismo, y del peso que conserva el propio Fidel, como dirigente histórico de la revolución y árbitro inapelable.

Fidel encarna este rol al frente del Consejo de Ministros como institución clave, apoyándose por un lado en el PCC (“partido de Estado”, con su medio millón de miembros y su papel dirigente en todas las esferas de la vida cubana), y en las FAR (dirigidas por su hermano Raúl); y por el otro en las organizaciones de masas como “correas de transmisión” de las políticas y decisiones oficiales y encuadrando un apoyo de masas cuidadosamente controlado y graduado. La Asamblea Nacional y sus instancias juegan el papel de órgano de legitimación plebiscitaria de las decisiones y las políticas elaboradas en la cúpula. El rígido control autoritario y represivo de cualquier manifestación crítica sobre las masas se combina con una cautelosa movilización controlada de éstas contra las presiones imperialistas.

En las décadas postrevolucionarias el desarrollo de las fuerzas productivas y la elevación del nivel cultural de la población cubana fueron ampliando las contradicciones con el régimen de la burocracia: “Sus propios logros han tejido su obsolescencia, particularmente cuando la movilidad y alta calificación del sujeto social comenzó a chocar con la rigidez de los mecanismos de control sociopolítico, lo que tendía a producir disfuncionalidades tales como la apatía y la anomia políticas” [71].

El llamado “proceso de institucionalización”, cuyos hitos son la creación de los “órganos de poder popular” en 1976, el “periodo de rectificación de errores y tendencias negativas” de mediados de los ‘80 y la reforma constitucional de 1992, constituyó un intento de adaptación del régimen para contener este desgaste, introduciendo mecanismos e instituciones plebiscitarias. Como expresión de esta adaptación, la ideología cubana ha evolucionado de un “marxismo leninismo” a la soviética, hacia un eclecticismo socialista-nacionalista que mezcla el pensamiento de Martí con las apelaciones a Marx y la recuperación mítica del Che en un tono cada vez marcadamente nacionalista pequeñoburgués. Baste decir que según el art. 5º de la Constitución de 1992 el PCC se define como “martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana”.

La política del “periodo especial”, al mismo tiempo que profundizó la erosión de los lazos del régimen con su base social histórica, le permitió elevarse aun más sobre la sociedad, apoyándose, por derecha, en los nuevos estratos “emergentes” privilegiados, y por izquierda, en las masas trabajadoras y en el sentimiento antiimperialista, aunque sin poder evitar sin embargo que se extendieran la apatía, el descontento ante las penurias materiales y el hartazgo ante la falta de libertades políticas. La necesidad de apoyarse más directamente en el aparato estatal se expresó en el papel asignado a las FAR en las reformas económicas, haciéndose cargo de diversas áreas y siendo presentadas como ejemplo de gestión para el perfeccionamiento empresarial “socialista”.

En este marco, el desarrollo de las contradicciones económicas y sociales tras una década de reformas está agotando los márgenes del régimen para contener y mediar en base a este juego político. Los mecanismos del “proceso de institucionalización” y políticas como la “Batalla de ideas” para reafirmar el control político-ideológico del régimen no han podido revertir la erosión de los lazos orgánicos con la base social histórica del fidelismo.

La erosión de la relación con las masas

Aunque es cierto que la dirección cubana mantiene amplios apoyos sociales y un importante grado de “consenso”, expresión todavía de la alianza con el liderazgo que “hizo la revolución”, probablemente el fenómeno más extendido sea la apatía, el cansancio y la desilusión política. Esto, en ausencia de libertades políticas para las masas y de una alternativa obrera no burocrática, crea un caldo de cultivo para las corrientes de oposición proimperialista, aunque las mismas no parecen haber ganado todavía peso de masas.

Es cierto que las organizaciones surgidas de la revolución (CDR, la CTC, FMC, etc.) a pesar del alto grado de burocratización y al desgaste, mantienen todavía una importante fuerza social. Pero el deterioro es inocultable: “la imagen de algunas de estas organizaciones ha envejecido (sobre todo a los ojos de los jóvenes, quienes no predominan en sus estructuras de dirección) y se aprecia una pérdida de efectividad de su discurso movilizativo. Aún cuando su membresía no decrece significativamente y se hacen intentos por adaptarse a las nuevas condiciones (sociedad más heterogénea, nuevas formas de delito y fenómenos sociales antes desconocidos u olvidados) la pertenencia y asistencia formal a sus actividades (limitada muchas veces al pago de la cuota de miembro) son problemas que dan la luz de alerta” [72]. También se registra en el PC “el fenómeno de la negativa a ingresar en sus filas por miembros de la UJC que arriban a su edad de baja natural” [73].

Un marxista de origen cubano que visitó la isla en 1999 constata: “Los CDR han declinado sustancialmente debido a que sus activistas están, como todos aquí, todo el tiempo “resolviendo” (“resolver” es probablemente el más importante verbo en el castellano cubano) los problemas de la supervivencia diaria para ellos y sus familias tanto individual como colectivamente)” [74]. Los síntomas de debilitamiento de las estructuras organizativas en su relación con la base social pueden estar anticipando brechas en la relación entre el régimen y la sociedad cubana que ya no puedan ser contenidas duraderamente bajo el actual esquema político.

Un impasse político

Bajo la acumulación de tensiones económicas, sociales y políticas que ya no pueden ser contenidas duraderamente bajo las formas políticas actuales, el Gobierno de La Habana se halla prácticamente en un callejón sin salida. La introducción de cambios políticos de importancia puede desatar las presiones ya mal contenidas con resultados imprevisibles. Pero no introducir cambios sólo contribuye a acumular presión en una caldera explosiva. Entre tanto, el paso del tiempo sólo aumenta su debilitamiento estructural, es decir, su “disfuncionalidad”.

En este marco deben ubicarse ciertas medidas políticas duras adoptadas en los últimos meses como respuesta a la escalada de presiones imperialistas, como un limitado “zigzag” a izquierda recurriendo a sus típicos métodos bonapartistas. De hecho, la ejecución de tres secuestradores de una embarcación y el juicio a unos 75 “disidentes” de grupos financiados por EEUU y la emigración de Miami, la dureza de la respuesta a las presiones de la Unión Europea, etc., en particular el golpe a los grupos de oposición, inscribiéndose de hecho en este zigzag defensivo, es una medida burocrática para reafirmar el control de la situación política, golpear a quienes abogan por una “transición”, “disuadir” a los descontentos (hubo varios intentos de escape a Florida) y “advertir” en general a los elementos críticos y “opositores” sean de derecha o de izquierda.

Pero estas oscilaciones no modifican la política central del régimen, ni resuelven la situación de impasse político que es la clave de los problemas cubanos, en particular de la cuestión que condensará los problemas cruciales de Cuba en el próximo periodo: la “sucesión” o “transición” del liderazgo de Fidel.

XI. Entre la “sucesión” y la “transición”

No es un problema menor para la casta dirigente que Fidel se acerque a los 80 años de vida, es decir, que esté en el límite de la vida activa de cualquier ser humano. El futuro después de Fidel concentra el problema de la dinámica y las alternativas del régimen. Más allá de Fidel mismo –aunque su rol como árbitro y “líder” indiscutido es irremplazable–, lo que está en juego es la salida de escena del equipo dirigente histórico que gobernó Cuba por cuatro décadas, en medio de una situación crítica de impasse económico y político.

Esto pone a la burocracia en una encrucijada. En términos periodísticos, se discute entre la “sucesión” (que es la política de la cúpula dirigente) o la “transición democrática” reclamada por el imperialismo.

La “sucesión”

La sucesión ordenada de Fidel implica la continuidad del juego político actual, admitiendo cambios graduales y controlados. Formalmente, quien lo reemplazaría es el propio Raúl, quien está al frente de la defensa y las FAR, las que evidentemente pasarían a jugar un rol aún más importante que el actual. No pueden descartarse variantes intermedias para “amortiguar” el cambio, como que Fidel ceda alguno de sus cargos actuales o pase a un segundo plano, como “garantía de continuidad” mientras un nuevo equipo toma las riendas del Gobierno.
El propio Fidel ha venido preparando activamente su sucesión. El Consejo de Ministros se ha renovado en años precedentes, con más de la mitad de sus figuras provistas por las nuevas camadas de dirigentes “salidos de la Unión de Jóvenes Comunistas o de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)” [75]. Figuras centrales como Alarcón (presidente de la asamblea Nacional), Carlos Lage (vicepresidente y dirigente de la política económica) Felipe Pérez Roque (canciller) y otros, tienen menos de 50 años.

Más allá de las variantes (que en última instancia reflejarán las disputas y acuerdos entre distintas alas de la burocracia; la sucesión sería un “fidelismo sin Fidel”, para continuar en lo esencial la actual política de reformas económicas manteniendo el poder político en manos del PC, sin ceder espacio a un juego parlamentario multipartidario de tipo burgués, ni mayores márgenes de autonomía al movimiento de masas (aunque podría incluir mayores elementos de “glasnost” a la cubana, o como sugieren algunos sectores, de una “renovación socialista”).

Esta solución implicaría un régimen mucho más débil que el actual, tanto frente al imperialismo, como en su relación con las propias masas trabajadoras cubanas. Primero, por la salida de escena del propio Fidel, cuyo prestigio y autoridad no pueden ser reemplazados por ninguna de las figuras actuales; segundo, porque sería muy probablemente la señal de una disputa abierta entre las distintas fracciones burocráticas por el poder y por la redefinición del rumbo económico y político, y finalmente, porque el imperialismo no acepta –al menos por ahora– esta salida política. Por ello, probablemente sería el inicio de una crisis política inédita para Cuba.

La “transición”

Forzar la “transición democrática” es el objetivo declarado del imperialismo y promovido por la “disidencia” interna de derecha para garantizar el paso lo más ordenado posible hacia la restauración capitalista. Para llevar hasta el fin las “reformas económicas de mercado” se requiere abrir los espacios del poder político, incluso a las corrientes de la emigración de Miami. De ahí la estrecha relación que establece la propaganda imperialista entre “libertad económica” y “libertad política” bajo la forma de una democracia burguesa del tipo de las impuestas en Europa oriental. Sin embargo, este discurso ideológico oculta que la transición al capitalismo debería incluir un “poder fuerte” como reconocen sin ambages los medios más lúcidos del imperialismo. Esto, para evitar la “anarquía” y la “guerra civil”, es decir, el peligro de una irrupción de masas. Ese es el proyecto de contrarrevolución democrática acariciado desde hace tiempo por el imperialismo como la “opción preferida” y al que los “cubanólogos” dedican cientos de páginas, aprovechando las “lecciones” de los procesos en el Este.

Por la debilidad de la oposición, la falta de un plan unificado o aún de acuerdos entre las distintas facciones, la falta de inserción y base social, comparado con los procesos en el Este de Europa –donde pudo surgir un Vaclav Havel en Checoeslovaquia, por ejemplo– nadie espera en Cuba una “transición de terciopelo”. Esto hace prácticamente imprescindible el acuerdo con el régimen en su conjunto o al menos con sectores decisivos de la burocracia, y por otra parte, que la transición deba ser visto más como un proceso que como un cambio brusco, tal como quisieran los sectores duros de la emigración y la ultraderecha yanqui: “A pesar de las similitudes, el caso cubano puede apartarse del caso típico de los países ex-socialistas por varias razones, la primera de las cuales es la políticamente débil y paupérrima situación de la oposición al gobierno, tanto en la isla como fuera de ella (...) Esto significa que, a menos que existan fuerzas ocultas en la sociedad cubana actual que puedan tomar las riendas del poder a tiempo, la anarquía y no la corrupción predominarán. Si aceptamos estos principios como válidos, se desprende que después de Castro la única manera de establecer los bienes públicos “economía de mercado” y “democracia” es mediante la acción coercitiva que se derivaría de uno de los siguientes escenarios: a) el propio equipo castrista decide acometer las reformas deseadas, b) el equipo castrista es reemplazado mediante un golpe de estado interno, o c) el equipo castrista es reemplazado por una fuerza externa de naturaleza reformista. Descartamos como inverosímil el tercer escenario” [76].

En este sentido no dejan de ser llamativos los elogios y expectativas que diversos “cubanólogos” y voceros de la emigración dedican al papel que las FAR puedan llegar a jugar tras el retiro de Fidel.

Por otra parte, el imperialismo, pese a su política de dureza hacia Castro, teme un estallido en Cuba, a ‘90 millas de sus costas y en el marco de un continente profundamente desestabilizado. Este elemento y el fracaso de las ilusiones de principios de los ‘90, cuando los medios imperialistas y de la emigración esperaban un pronto colapso en Cuba (acelerado por el bloqueo) parecen inducir un terreno común: evitar que el enfrentamiento derive en una crisis de imprevisibles consecuencias. “Los proyectos de la cúpula del poder como los que vienen de la oposición y la sociedad civil, aunque de naturaleza opuesta, tienen puntos en común en cuanto a los ‘medios’. El gobierno aspira a una sucesión ‘dinástica’ ordenada. La oposición en general, en la isla y el exilio, a una transición democrática también ordenada, pacífica. Por eso ambos apelan a reformas de la constitución vigente” [77] avalando al Proyecto Varela de Oswaldo Payá como “el intento de introducir una dinámica de transición democrática en el seno de la sucesión”. Este tipo de visiones “realistas” está cobrando peso en la emigración cubana en detrimento de las alas de ultraderecha. El líder del grupo “moderado” Cambio Cubano retornó a vivir a Cuba declarando que “Si quiebra este país perdemos el país, los cubanos, el gobierno y los opositores”, por eso “existe la posibilidad de que las cabezas pensantes decidan sentarse a negociar y buscar soluciones”. Y poniendo expectativas incluso en Fidel: “Sería formidable que el propio Fidel pudiera decir vamos a facilitar los cambios y vamos a apoyar los cambios. Quizá todavía no tiene [Castro] plena conciencia de que está obligado a negociar, pero puede llegar un momento que sí, y no quiero perder la fe en eso” [78].

¿Son estos indicios, datos de lo que sería un nuevo escenario político? Es posible que por debajo de la escalada de presiones, de las declaraciones agresivas y las medidas hostiles de EEUU y la UE se estén abriendo paso los elementos de una suerte de “negociación armada” donde el imperialismo persigue o bien la capitulación de la dirección castrista a sus exigencias, o bien forzar un acuerdo para el decisivo periodo “post Fidel” que permita el avance de la contrarrevolución democrática.

EL IMPERIALISMO BUSCA IMPONER LA “TRANSICION”

XI. Un giro en la política norteamericana

Desde los atentados del 11 de septiembre, tras los cuales Bush lanzó su ofensiva “antiterrorista” mundial centrada en los Estados considerados parte del “eje del mal” (una corta lista que junto a Afganistán, Irak, Sudán, Corea del Norte, incluye a Cuba), el imperialismo norteamericano ha incrementado su presión sobre La Habana, incluyendo denuncias sobre supuestas “armas biológicas” y provocacions como la conversión de Guantánamo en campo de concentración “antiterrorista” tras la invasión a Afganistán. Para sectores de la administración norteamericana “la invasión a Iraq era el comienzo de una ‘cruzada libertadora que abarcaría a todos los países del mundo, incluido Cuba’”, como dijo el embajador de EEUU en República Dominicana, Hans Hertell [79]. Bush ha reafirmado una y otra vez su política de bloqueo económico y de recalcitrante hostilidad hacia Fidel, declarando que la normalización de relaciones, “el reconocimiento diplomático y el comercio abierto y un robusto programa de ayuda serán posibles únicamente cuando Cuba tenga un nuevo gobierno que sea plenamente democrático” [80]. La influencia de los cubano-americanos como Otto Reich, Mel Martínez o Noriega en Washington y su alianza con la extrema derecha republicana, imprime su acendrado anticastrismo en la política norteamericana hacia Cuba. Algunos de estos sectores acarician la idea de que “liberar Cuba” sea uno de los objetivos centrales en una esperada segunda presidencia de Bush. Como parte de esta orientación, el encargado de negocios norteamericanos en la isla, James Casson, ha pasado a promover abiertamente la actividad de los grupos de oposición proburgueses y se han sucedido las amenazas y provocaciones de altos funcionarios yanquis, coincidiendo con un giro de la política europea, que ha pasado a atacar más duramente a Castro y a comprometer su apoyo activo a los “disidentes”.

La mayoría del establishment norteamericano parece coincidir en ejercer mayor presión sobre Cuba –desde las alas más dispuestas a negociar con La Habana hasta la ultraderecha que acariciaría la idea de una intervención más directa, incluso militar–. Pero la misma no parece inscribirse en una escalada preparatoria de una agresión militar. Por el contrario, parece estarse asistiendo a un “sensible giro de los EEUU en su política contra Fidel (...) en un evidente cambio de política, Estados Unidos descartó endurecer las sanciones contra Cuba. El objetivo de Washington ahora es impulsar una transición democrática por medio del apoyo a los disidentes cubanos y de una mayor presión internacional” [81]. Este cambio coincide con el nombramiento de Roger Noriega, como subsecretario para Asuntos Hemisféricos, con el apoyo de un bloque congresal que considera contraproducente la política de bloqueo. En el mismo tenor, Colin Powell declaró que “no tenemos planes para una acción preventiva en lo que concierne a Cuba” al tiempo que reclamó a los gobiernos latinoamericanos un compromiso a través de “la OEA para encontrar formas de apurar la inevitable transición democrática en Cuba” [82]. Este giro significaría una mayor definición de las políticas de Washington en términos de una estrategia de contrarrevolución democrática como medio para obtener la derrota decisiva de Cuba (lo cual no excluye presiones y agresiones, ni, por supuesto destierra el riesgo de una intervención militar a más largo plazo).

La estrategia norteamericana de subordinar más estrechamente al mundo semicolonial mediante una política de fuerza basada en el poderío militar y en la imposición de una dominación política más directa –lo que significa un salto en el proceso de recolonización de América latina– choca directamente contra la existencia misma de un Estado obrero en Cuba, considerada por los medios dirigentes norteamericanos como un obstáculo a sus planes regionales. En este sentido, estrangular a la revolución cubana es una prioridad estratégica para EEUU.

Convergen las “dos políticas” hacia Cuba

El clima reaccionario generado por la victoria imperialista sobre Irak favorece la convergencia de las políticas cubanas de EEUU y Europa. La Unión Europea pasó a impulsar abiertamente la “transición” y a financiar y promover a los “disidentes”. La ministra de asuntos exteriores de España, país socio de Bush en la invasión a Irak y con importantes intereses en Cuba, declaró que “el régimen de Fidel Castro está ‘agotado’ y que no sobrevivirá a su fundador debido a su carácter ‘caudillista’ (...) que ‘la transición cubana ya ha comenzado’, que ‘el Suárez cubano ya está en la isla’ y que Cuba será ‘en pocos años’ una democracia integrada en Occidente” [83].
Este es un giro importante en la política de Europa. Desde hace años, España y otras potencias europeas, en el marco de las rivalidades comerciales interimperialistas que hacían atractivo al mercado cubano, se han diferenciado de la política yanqui de bloqueo y no sólo practican un amplio intercambio comercial con Cuba, sino que han alentado inversiones de sus monopolios en la isla. En todo este tiempo reclamaban la “apertura democrática” que permita la libre organización interna de las fuerzas restauracionistas pero manteniendo buenas relaciones diplomáticas con Castro y sin asumir una línea de apoyo activo a la oposición como ahora.

Sectores del establishment yanqui mantuvieron una línea similar. Hace menos de un año, el ex presidente Carter visitó Cuba invitado por el gobierno cubano y se pronunció porque EEUU abandone la política de bloqueo, mientras reclamó a Castro “abrirse al pluralismo y a la economía de mercado” (es decir a la democracia capitalista). Un fuerte bloque presiona en el Congreso norteamericano por el abandono de la política de bloqueo.

En estos términos, tanto Europa como Estados Unidos parecen estar acordando en una estrategia de contrarrevolución democrática mediante mayor presión sobre el régimen y apoyo activo a la disidencia, para condicionar e influir decisivamente en la sucesión de Castro e imponer la línea política de “transición”. El intento imperialista de “cerrar las tenazas” sobre la garganta de Cuba es un peligro mortal para la revolución y las masas cubanas, pues busca apoyarse en los cambios regresivos que la propia política castrista del “periodo especial” ha inducido en la economía y la sociedad cubana, apostando a capitalizar para esta política el descontento y cansancio entre las masas cubanas.

LAS PERSPECTIVAS Y LAS TAREAS DEL PROLETARIADO CUBANO

XIII. ¿Hacia la restauración capitalista o hacia la revolución política?

Cuba está en una encrucijada, posiblemente la más difícil desde los años de la revolución. La continuidad de la política del “periodo especial” adoptada por Castro no hace sino fortalecer las tendencias procapitalistas y debilitar las reservas de la economía nacionalizada y la energía y disposición de las masas para resistir el asedio imperialista. El imperialismo saca partido del aislamiento y las concesiones de Castro para aumentar la presión para forzar el vuelco político hacia la “transición”, necesario para abrir de par en par las puertas a la recolonización capitalista de Cuba.

Un intento de despejar el impasse económico actual profundizando las medidas económicas puede terminar rompiendo las barreras que subsisten al “mercado” y abriendo las puertas a un salto en la descomposición de la economía cubana. El impasse político en que se halla el régimen puede desembocar en una crisis política inédita y conducir a la “transición”, es decir a la contrarrevolución “democrática”.
En este marco, no puede descartarse que ante un agravamiento de la crisis, pugnas internas o amenazas más agresivas del imperialismo, la dirección cubana dé nuevos “zigzags”, esta vez a izquierda (como de hecho insinuó en estos meses). Pero la resistencia y los zigzags del fidelismo pueden retrasar o alterar el curso de los acontecimientos –al mismo tiempo que debilita aún más al Estado obrero, pero no cambiar la alternativa de hierro ante la que se encuentra Cuba: ¿restauración capitalista o revolución política?

Sin embargo, lejos de ser inevitable la recolonización de Cuba, el hecho decisivo es que la revolución está aún viva. Todavía no han podido agotar sus fuerzas ni el asedio imperialista ni la desastrosa conducción burocrática. Los trabajadores y el pueblo cubano han demostrado a lo largo de cuatro décadas su heroísmo y extraordinaria capacidad de resistencia. Indudablemente, no hay en Cuba una “vía pacífica al capitalismo”. En este sentido, la estrategia imperialista chocará con enormes obstáculos para imponerse definitivamente.

Despejar definitivamente el camino de la restauración no será una tarea fácil ni pacífica. Probablemente en ningún lugar como Cuba sea tan válidas las previsiones históricas de Trotsky: “La contrarrevolución, en marcha hacia el capitalismo, tendrá que romper la resistencia de los obreros; los obreros, al marchar hacia el socialismo, tendrán que derrocar a la burocracia. El problema será resuelto definitivamente por la lucha de dos fuerzas vivas en el terreno nacional y el internacional” [84].

Estratégicamente, el paso a la restauración abierta debería combinarse o bien con un acuerdo de la burocracia con el imperialismo, o bien con una intervención abierta de éste, lo cual incluiría previsiblemente un salto en la disgregación política de la propia burocracia y su paso con armas y bagajes al campo de la contrarrevolución imperialista. En ambos casos, la poderosa burguesía emigrada en Miami se convertiría en un factor actuante “por derecha” mientras que “por izquierda” las masas cubanas se verían impulsadas a movilizarse en defensa de sus conquistas históricas (a menos que la desmoralización provocada por las penurias y la política de la burocracia hubiera agotado sus fuerzas previamente). Cuba entraría en convulsión –el estallido o guerra civil que temen los “cubanólogos”– y los efectos de ésta se extenderían a América latina. En suma, un intento de forzar un salto en la recolonización de Cuba puede terminar detonando el estallido de un proceso de revolución política contra la contrarrevolución imperialista.

El proletariado cubano, la fuerza social decisiva de la isla, el verdadero “hijo de la revolución”, necesita prepararse en esta perspectiva estratégica, es decir, prepararse para irrumpir revolucionariamente y tomar en sus propias manos los destinos de Cuba, derrocando a la burocracia que capitula ante el imperialismo y, cada día que mantiene su dominación, hunde más profundamente las conquistas de la revolución.

XIV. Un programa de salvación de la revolución cubana

Ante el asedio imperialista –contra el bloqueo y toda otra forma de agresión– el punto de partida del marxismo revolucionario, vale decir del trotskismo, es la defensa incondicional del Estado obrero pese a sus graves deformaciones burocráticas y su dirección. En caso de agresión militar estaríamos incondicionalmente en el campo de Cuba por la derrota del imperialismo. Pero en ningún caso significaría darle apoyo político a la dirección castrista, que está llevando a la ruina las conquistas de la revolución, desmoralizando a las masas y abriendo el camino a la restauración del capitalismo. No es posible separar la lucha contra el imperialismo de las tareas de la revolución política dejando ésta para una “segunda etapa”. La defensa de la revolución pone en primer plano y tiene por condición la lucha intransigente contra la dominación de la burocracia y por un régimen de democracia obrera.

En la medida en que las conquistas fundamentales de la revolución, aunque debilitadas, subsisten, el programa de una nueva revolución será esencialmente político, combinando con aquellas tareas de carácter social que surjan de la necesidad de combatir a los elementos semicapitalistas y capitalistas que se han desarrollado. Los elementos esenciales de este programa apuntarán, naturalmente, a limitar los elementos de mercado y las concesiones a lo compatible con los intereses de la revolución, la defensa y ampliación de las bases de la economía nacionalizada, el fortalecimiento del proletariado como clase social y políticamente dominante. Sólo así podrá despejarse el camino para avanzar en la construcción del socialismo.

Es necesaria una revisión radical de la política económica. Los trabajadores tienen derecho a exigir la revisión de las concesiones al capital extranjero, de acuerdo a los intereses de la revolución. Debe reimplantarse el monopolio del comercio exterior. ¡No a las políticas de “perfeccionamiento empresarial”! Los trabajadores, a los que se reclama todo el sacrificio y esfuerzo en nombre de la “batalla por la producción” deben tener el derecho a controlar y decidir sobre todas las cuestiones vitales de la producción y el abastecimiento, en la fábrica y nacionalmente. Debe elevarse el salario de los trabajadores y disminuir las desigualdades al mínimo estrictamente compatible con las necesidades de la transición al socialismo, esto sería posible a expensas de los ingresos de los altos funcionarios estatales y de los “nuevos ricos”, y de los altos gastos improductivos que provoca la gestión burocrática. ¡Abajo los privilegios de la burocracia! La política de reformas debe ser reemplazada por una nueva política económica en interés de los trabajadores del campo y la ciudad y el fortalecimiento de la economía nacionalizada, según el principio de la planificación democráticamente centralizada.

¡Plenas libertades políticas y de organización a las masas! ¡Legalidad a las corrientes que defienden la revolución! El saneamiento de la economía cubana exige, en primer lugar, la más amplia libertad de organización para los trabajadores, comenzando por la abolición de toda la legislación y los estatutos que consagran el “papel dirigente” del PCC en los sindicatos y demás organizaciones de masas. Los obreros deben recuperar pleno derecho a la huelga, la autonomía de sus sindicatos y el derecho a crear nuevos sindicatos, comités de fábrica u otras formas que deseen. ¡Plena libertad de discusión, reunión y prensa para los trabajadores cubanos! Incluyendo el elemental derecho democrático de los militantes de filas del PCC y la UJC que honestamente se consideran comunistas a organizarse en tendencias o fracciones y a debatir las políticas de la alta dirección. La juventud, tan sensible a la atmósfera de opresión política, debe tener las más amplias libertades políticas, culturales y de organización.

El monopolio político del Partido Comunista y su rol de “partido de Estado” deben terminarse ya. No habrá verdadera democracia para las masas trabajadoras sin derecho a organizarse independientemente del PCC. Combatir la opresión política del régimen castrista no significa aceptar la demagogia de la democracia “pura”, es decir burguesa, ariete del imperialismo para imponer sus planes de “transición” es decir, de contrarrevolución con maquillaje democrático. ¡No a la trampa de la “transición”! ¡Democracia obrera! El bonapartismo burocrático con sus instituciones, como la Asamblea Nacional, debe ser reemplazado por una genuina democracia obrera y revolucionaria, basada en órganos de poder de los trabajadores, democráticamente organizados de abajo hacia arriba, integrados por representantes electos directamente y con mandato de la base, que puedan ser revocados en cualquier momento y que no ganen más que lo que percibe un obrero calificado.

La política exterior de Cuba debe inspirarse en un genuino internacionalismo obrero y no en la “coexistencia” con el imperialismo y el apoyo a las burguesías “amigas” del tercer mundo. Hoy más que nunca el destino de la revolución cubana está ligado al desarrollo de la lucha de clases en América latina y el mundo. Los trabajadores y la juventud cubana necesitan estrechar lazos con los de América latina y Estados Unidos en la lucha común contra el imperialismo. El mayor obstáculo en este camino son el castrismo y sus aliados stalinistas y reformistas del continente, que al servicio de su estrategia de colaboración con la burguesía han prostituido la bandera del internacionalismo proletario. En los primeros años, cuando la revolución cubana despertó una gran oleada de entusiasmo internacionalmente, el Che era perfectamente consciente de la necesidad de extender la revolución. Hoy, la defensa de Cuba exige que sea un puntal de la revolución continental. La unidad económica y política con otros países de la región sería el punto de partida para poner fin al aislamiento, pero esto sólo puede realizarse bajo una política de clase: ¡los trabajadores tienen que tomar en sus manos la lucha continental por la expulsión del imperialismo bajo la consigna de una Confederación de Repúblicas Socialistas de América latina y el Caribe.

Los trabajadores de Cuba necesitan una nueva dirección. El PCC y el régimen no pueden “autoreformarse”. Es posible que ante la catástrofe económica, la agresión imperialista o la presión de las masas algunos sectores del PCC, de la UJC o de la burocracia militar y estatal giren a la izquierda, pero la única garantía de ganar a los mejores elementos está en el papel político independiente de la clase obrera. Los sectores proburgueses y proimperialistas de oposición y la Iglesia utilizan las reivindicaciones democráticas para tratar de capitalizar el hartazgo ante la asfixiante opresión política del castrismo y la dura situación económica. Para combatir estos intentos y ayudar al proletariado cubano a tomar en sus manos los destinos de la revolución hace falta una poner en pie una oposición obrera, marxista e internacionalista, es decir, construir un verdadero partido obrero y revolucionario, armado con el programa de la revolución política para arrancar el poder a la burocracia e imponer un régimen de democracia obrera revolucionaria, en el camino de la construcción del socialismo. Este partido encontrará su norte estratégico en lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, como el nuevo partido mundial de la revolución socialista que los trabajadores de Cuba y el mundo entero necesitan poner en pie para derrotar definitivamente al capitalismo imperialista.

Anexo: Cuba, la época imperialista y las contradicciones de la transición al socialismo.

Eduardo Molina