La crisis económica internacional está golpeando de una manera especial al Estado español, uno de los países europeos más dinámicos del último periodo [1]. Se está llevando por delante todo el andamiaje del llamado “segundo milagro español” [2], un período excepcional en el que parecía que regresábamos “por la puerta grande” a Europa.

El fin de este “sueño” está ya teniendo graves consecuencias entre los trabajadores y sectores populares, generando los primeros fenómenos de resistencia de sectores de obreros y sobre todo de la juventud universitaria. A la vez se da un repentino cambio en el “ánimo” de la burguesía, del optimismo desenfrenado a un pesimismo casi noventayochista [3]. Todo ello promete someter a una dura prueba al Régimen nacido de la Transición del ’75-’78, planteando las bases para una crisis orgánica del régimen.

¿En qué se ha cimentado el “segundo milagro español”?

Si tomamos como punto de partida la llamada “Transición democrática” [4], podemos decir que la burguesía española ha prosperado como pocas en estos treinta años. Evidentemente, el proceso no ha sido lineal ni armónico, con dos graves crisis [5] y un período de crecimiento galvanizante que comenzaría en 1996-1997. Sin embargo, las bases del éxito han resultado ser más bien de barro, a pesar de que hayamos consumido más de la mitad del cemento de la Unión Europea (UE).

El modelo escogido para el despegue por los gobiernos del PSOE y el PP pretendía crear un capitalismo nacional basado en los servicios y la construcción, además de potentes multinacionales de la energía y las telecomunicaciones. La obsoleta industria del INI [6], y otras muchas que se habían mantenido gracias a una socialización continua de sus pérdidas, echó el cierre en gran parte de esas empresas durante las dos crisis anteriores o pasó a manos de capitales extranjeros (PEGASO, SEAT). Así, en los últimos treinta años la industria española ha pasado de ocupar el 25% del PIB, a sólo el 17,7%. La situación es más grave si observamos que casi el 90% de las empresas son PYMES, y que las más concentradas y avanzadas pertenecen al capital extranjero (como es el caso de la industria automovilística y auxiliar).

Las multinacionales de Telecomunicaciones (Telefónica) y energía (Endesa, Repsol, Ibedrola, Campsa...) tienen su origen en las privatizaciones preparadas por el ex Presidente Felipe González y llevadas adelante sobre todo por el ex Presidente José María Aznar. Las firmas públicas fueron vendidas a precio de saldo a capitalistas hispanos. Las tarifas quedaban fijadas por el Consejo de Ministros, permitiéndose mantenerlas altas sin temor a la competencia exterior. Los usuarios costearon una cierta acumulación de capital necesaria para poder emprender su expansión imperialista por el mundo semicolonial, sobre todo en América latina, de donde obtienen más de la mitad de sus beneficios anuales. El Banco de España (BE), y desde 2002 el Banco Central Europeo (BCE), pusieron la otra condición necesaria, “dinero barato” para financiar la aventura, compras y fusiones.

Al mismo tiempo en el terreno doméstico se abriría una burbuja que iba a ser fuente de ascenso para numerosos capitalistas. La fiebre del ladrillo iniciada en 1997, que fue promovida por la Ley del Suelo, de carácter liberalizador, de 1998, llevó a la construcción a convertirse, en su pico, en el 18% del PIB y a ser la que generaba casi el 20% de los nuevos puestos de trabajo. Los servicios, de los que muchas constructoras participan a través de concesionarias ligadas al Estado, aún con todo siguieron su ascenso, pasando a ocupar más del 50% del PIB y a generar el 65% de los nuevos empleos. Los precios de la vivienda han subido cerca de 180% en la última década. Todo ello sumado a la concesión de obra pública, permitió crear gigantes ladrilleras, cinco de las cuales estaban entre las diez mayores constructoras mundiales por capitalización bursátil. Además, la descentralización del urbanismo ha permitido que el negocio cundiera para vastos sectores burgueses, que abandonaban cualquier otra inversión productiva para vender o especular con el suelo y los inmuebles. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas han sido los consejos de administración de las burguesías regionales o locales, normalmente con varias constructoras y alguna Caja de Ahorros como “principales accionistas”. La nueva oligarquía ladrillera se ha ido consolidando en el período de boom como el sector hegemónico de la clase dominante, extendiendo sus ramas hacia el control de casi el conjunto del capitalismo hispano.

La Banca también hizo su “agosto”. Los gigantes bancarios españoles y las cajas de ahorro tienen más del 50% de su cartera de negocios ligada al sector (hipotecas y créditos a constructoras y promotoras). Para poder financiar esta carrera han acudido al endeudamiento internacional. Hoy de 1,6 billones de deuda nacional (160% del PIB), 790.000 pertenecen a la Banca. El “éxito” de Santander y BBVA, así como del resto de las entidades, está ligado a la suerte del ladrillo, la evolución de su morosidad y a las posibilidades de que el mercado crediticio internacional otorgue para refinanciar la mega deuda. Sin tener hipotecas subprime propiamente dichas, el 90% de las mismas son de tipo variable y su pago consume casi la mitad de los ingresos familiares. En el contexto económico general (un tercio de los trabajadores son temporales y el despido es casi libre) podemos decir que la banca española tiene sus propias subprime nacionales. Así lo demuestra la evolución de la morosidad que en el último año se ha triplicado (hasta casi el 3%), si bien se espera que alcance el 6% en el próximo ejercicio.

El otro gran pilar del crecimiento ha sido la brutal ofensiva contra el trabajo. Una economía basada en sectores de productividad baja o media (sólo Irlanda y Holanda tienen un ritmo de crecimiento inferior a la productividad, el español se sitúa en el 1,2%), ha precisado ante todo de mano de obra poco o nada cualificada. Las reformas laborales introdujeron toda una serie de contratos basura que dejan la precariedad en una de las tasas más altas de Europa [7]. Los acuerdos entre la patronal y los sindicatos han permitido que los salarios subieran como máximo al nivel del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gobierno (falseado sistemáticamente con respecto al coste de la vida), quedando el poder adquisitivo muy recortado especialmente desde la entrada al euro en 2002.

Por último, las leyes de extranjería han generado un eslabón de nuestra clase en terribles condiciones, sin ningún derecho, obligados a ejercer los peores trabajos muchas veces en situación de semi-esclavitud: los cuatro millones de inmigrantes que llegaron en la última década han sido la carne de cañón que alimentó el crecimiento extensivo y estratégicamente débil del “milagro español”.

Sólo acudiendo a las excelentes condiciones de endeudamiento familiar, empresarial y bancario [8] y a las posibilidades de enriquecimiento rápido pero endeble que abrió la construcción y la mano de obra precaria y barata, podemos entender el boom que ahora llega a su fin. La caída está siendo brutal y promete empeorar, porque el crecimiento casi “ficticio”, “por encima de las posibilidades reales de la economía española” se está evaporando.

El hundimiento del capitalismo español

La nueva oligarquía ladrillera está cayendo en desgracia y amenaza con llevarse puesto a la potencia que aspiraba a entrar en el selecto G8 [9] . La caída de las ventas y del precio de las viviendas en stock [10] les agarra endeudados hasta las cejas [11]. El drama de Martinsa-Fadesa (MF), que declaró la mayor suspensión de pagos de la historia económica española en julio, con 5.200 millones de euros de deuda, fue un aviso a navegantes. Entre sus acreedores estaban Caja Madrid (con 1.000 millones), La Caixa (770 millones) y Banco Popular (400 millones). El temor a una oleada de quiebras de este estilo está obligando a los bancos a hacer uso de sus reservas para refinanciar y renegociar las deudas con las inmobiliarias. Sin embargo, ¿hasta cuándo se pueden aplazar los vencimientos? El Presidente Rodríguez Zapatero (ZP) está poniendo todo de su parte para salvar a cementeras y banqueros [12], pero todo apunta a que se está consiguiendo solamente retrasar un trágico desenlace. Podemos decir que actualmente la mayor parte de las constructoras e inmobiliarias están en una situación de quiebra o al borde de la misma. Si ésta no se desata o declara es gracias a los malabares financieros que ofrece la banca para retrasar lo inevitable, con el apoyo total del gobierno y el Parlamento. Las suspensiones de pagos de Habitat, Tremón (segunda y tercera mayores quiebras después de la de MF), Dico o Pedralbes (todas las suspensiones de inmobiliarias suman más de 11.000 millones de morosidad), la entrada de los bancos acreedores de Metrovacesa en el accionariado con un 9% cada uno a modo de “embargo”, el riesgo de suspensión de pagos sobre Acciona o el “culebrón” de Sacyr para vender Repsol, son buenos indicadores de lo que está por venir. La multiplicación del medidor de riesgo sobre la banca española [13] es una muestra de que son bastante ridículas las palabras de ZP cuando presume de ella.

Por otra parte, los “campeones nacionales” corren el serio riesgo de caer en manos extranjeras. Repsol pasó a tener como accionista mayoritario a Sacyr V., Iberdrola a ACS y Endesa pasó a ser compartida entre la italiana ENEL y Acciona (esquivando temporalmente la amenaza de perder toda españolidad y pasar a ser totalmente alemana con EON). La grave situación del ladrillo les obliga a deshacerse de sus posiciones en estas empresas estratégicas, provocando que todos los centros de decisión económica queden en manos extranjeras. Los avances del imperialismo español en los últimos años pueden acabar yéndose al garete. El ridículo de ZP buscando el favor de Sarkozy para poder asistir a la cumbre del G20 es una pequeña muestra de cuál va a ser el nuevo lugar de la burguesía española, que tendrá que resignarse a regatear como potencia imperialista de cuarta.

A la pésima situación de las inmobiliarias, constructoras, entidades financieras y las multinacionales participadas por todas ellas, se le suman las consecuencias de esta crisis sobre el resto de capital español. Prisa está en quiebra, la deuda de Unidad Editorial supera el valor de su matriz, Leche Pascual no puede con la deuda de 400 millones que arrastra, SOS Cuétara tiene que deshacer algunas de sus compras recientes, Azucarera Ebro se vende [14], El Caserío echa el cierre... La industria auxiliar del automóvil que está siendo arrastrada por la crisis de sus casas matrices ya ha anunciado varios ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) que afectan a más de 14.000 trabajadores, más otros 20.000 de los concesionarios que seguramente irán a más después de conocer la caída de ventas de noviembre que fue del 49,6%. La quiebra industrial, afecta especialmente a las automovilísticas, con una caída de la producción en octubre del 26% y que tienen a un cuarto de sus plantillas afectadas por algún tipo de ERE (temporal o de extinción). Su caída en picada puede agravar aún más el crónico déficit comercial, pues hasta ahora aportaban el 8% de las exportaciones. También el sector textil que emplea a más de 200.000 trabajadores amenaza con desfallecer ante la limitación del crédito para sus empresas, situación común a casi todas las PYMES, para las que la patronal clama que se abran nuevas vías de financiación desde el gobierno.

El fin del consenso burgués

Toda esta situación está haciendo que por las alturas un nuevo espíritu del ’98 empiece a aparecer. El “destino decadente de España” es considerado una posibilidad, en contraste con la euforia de los últimos años. Toca reconocer que se es más pobre de lo que se pensaba y que muchos “lujos” quizá no puedan mantenerse.

Las posibilidades de buenos negocios han estado muy estrechamente ligadas al control o influencia sobre el aparato estatal. Las diferencias respecto de cómo se reparten la “tarta” entre las diferentes alas regionales de la burguesía [15] es un debate que toca de fondo sus intereses. La actual situación promete elevar varios decibeles las negociaciones sobre la financiación de las Comunidades Autónomas y su grado de autonomía, sobre todo cuando gran parte del patrimonio público se dilapida en el salvataje bancario (250.000 millones de euros) y patronal (50.000 millones de euros). Todo ello va a someter a una difícil y dura prueba al régimen de las autonomías, la vía burguesa reaccionaria de tratar de aplacar la problemática de las nacionalidades oprimidas.
Asimismo, la venta de Repsol ha puesto sobre la mesa distintos enfrentamientos inter-burgueses de importancia. Por un lado, los sectores ligados a las privatizadas (casi todo el PP y la parte del PSOE afín al ex presidente González) y por el otro los “amigos” de constructores y algunos banqueros de importancia, como Botín del Santander (principal acreedor de Sacyr). Pero al mismo tiempo evidencia una falta de consenso con la política de Zapatero, y apoyada por el Rey, de mantener un trato con Rusia bastante más amistoso que el deseado por EE.UU.. La discusión sobre cómo gestionar la pérdida de peso objetivo como potencia en medio de un orden cambiante y más multipolar, puede dejar pequeñas las diferencias sobre política exterior abiertas a raíz de la guerra de Irak.

Todas estas discusiones pueden verse seriamente agravadas conforme la intervención de los trabajadores y la juventud vaya a más. Las diferencias en torno al reparto de la tarta, qué sectores salvar y cuáles sacrificar a cambio, qué política exterior, etc., tendrán que convivir con las que surjan en torno a cómo lidiar con el retorno de duros conflictos de clase.

Se socavan las bases sociales del régimen

El crédito también ha supuesto un balón de oxígeno para una clase trabajadora cada vez con menos derechos y salarios más exiguos. La casa, el coche y las vacaciones de muchas familias han sido posibles gracias a la deuda de los hogares, que representa el 115% de sus ingresos anuales. Al mismo tiempo, esta “España próspera” ha podido costear y mantener un Estado de bienestar que restaba de la lista de gastos familiares el grueso de la sanidad, la educación y otros servicios. A la vez, sectores de la clase media y de las capas más altas del proletariado y los trabajadores estatales han podido “disfrutar” en mayor medida del boom, accediendo a la segunda vivienda y viajando al extranjero. Sin embargo, el giro de la situación está siendo muy brusco, y amenaza con echar por tierra las bases sociales de las que hasta ahora disfrutaba el régimen.

El desempleo de masas es una perspectiva cada vez más real. En poco más de un año el número de parados ha crecido casi un millón, llegando a los tres millones, de los cuales uno ya no cobra subsidio alguno. Las previsiones oficiales sitúan la cifra de desempleo en el 17% en 2009, sin embargo, otros estudios, como el de la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) hablan ya de que el 90% de los puestos de trabajo creados en la última década pueden desaparecer, lo que supone casi cuatro millones de empleos. Los niveles de miseria también crecen, las peticiones de ayuda benéfica crecen un 40%, los desahucios se dispararon un 20% en septiembre (aún cuando no se había iniciado el aumento desenfrenado del desempleo), miles de inmigrantes sin cuantificar deambulan por pueblos y ciudades con actividad agrícola sin encontrar la ocupación de jornalero que venían realizando en los últimos años por el retorno de trabajadores españoles expulsados de la obra, más de 600.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro.

Inmigrantes, mujeres trabajadoras y jóvenes son los más perjudicados en el reparto de todas estas cifras. No es casualidad que pueda ser entre estos sectores donde cunda antes y de manera más explosiva el descontento. Además de la movilización juvenil en curso, no está descartado que los trabajadores inmigrantes puedan unirse o protagonizar por su parte explosiones sociales radicalizadas como las vividas en Francia en 2005. Entre ellos, el desempleo crece al doble de velocidad y tienen que enfrentar una situación de miseria terrible, agravada por la carencia de un tejido social o familiar en el que apoyarse, además del racismo promovido desde el Gobierno. Todo ello los ubica como uno de los sectores más débiles y explotados de nuestra clase.

Por otro lado los sectores más viejos del proletariado no se están librando del azote. La tormenta en la construcción ha dejado en la calle no sólo a los peones, sino a miles de especialistas que hasta ahora podían cobrar hasta 2.000 y 3.000 euros. Y los vientos de crisis llegados a la industria, sobre todo en la del automóvil, están agitando las hasta ahora tranquilas aguas de una de las dos principales patas de la afiliación sindical (junto con los trabajadores de los servicios públicos). Esto pone en una difícil situación a la burocracia sindical, que hasta ahora gestionaba los ataques que iban dirigidos fundamentalmente a sectores poco sindicalizados.

El apoyo de la burocracia a los planes de salvataje de la Banca y la patronal, la firma de los primeros despidos en OPEL y Ford, las negociaciones secretas con el gobierno y los empresarios, demuestran que siguen siendo fieles servidores de la burguesía y garantes de la estabilidad del régimen. Sin embargo, el gravísimo ataque que está padeciendo toda la clase trabajadora les obliga a ponerse a la cabeza de muchas de las luchas en curso, aún para dirigirlas a la derrota o la traición. Su actitud conciliadora persiste, lo que permite que surjan sectores críticos en la base, como en Nissan, donde en las asambleas las intervenciones más aplaudidas eran las que exigían no aceptar ningún despido y ocupar la planta. Más en general el refuerzo de la izquierda sindical y la CGT es expresión, en otro nivel, del desgaste de la burocracia mayoritaria de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General del Trabajo (UGT). Tiene la posibilidad de avanzar en levantar una alternativa de lucha a esta burocracia, ya que en los últimos años ha ido ganando apoyos, sobre todo en el sector del automóvil, ante su política de crítica y oposición a las traiciones de “los mayoritarios”. Incluso la derrota de la lista oficial en el congreso del primer sindicato del país, CCOO, aunque sea por otro sector de la burocracia, es un síntoma de que la crisis está llegando también a la todavía potente burocracia sindical española.

A corto y medio plazo las consecuencias de la crisis van a endurecerse. Pensiones, sanidad, educación, subsidios de desempleo, pensiones... son “lujos” que muchos ven que tendrán que reducirse o eliminarse ante la hipoteca histórica que está asumiendo el Estado para salvar a banqueros y patronos. Ya en estos momentos, los recortes son brutales, más de 3.000 millones para la sanidad, un 25 y un 30% del presupuesto de universidades en Madrid y Valencia (las comunidades más endeudadas), amenazas de suspensión de actividad de las concesionarias de basura ante el impago de recibos de los ayuntamientos. Todo cuando la ayuda hecha efectiva no ronda más que los 25.000 millones de euros, del mega paquete de 300.000 millones prometido.

Toda esta situación ya está dejando algunos procesos de lucha importantes, e incluso fenómenos de vanguardia [16].

La crisis está atacando al conjunto de sectores que ocupaban el eslabón más débil de la cadena, pero también a los sectores medios y altos de los explotados. El conjunto de los cimientos sociales empieza a sufrir bastantes calamidades, indudablemente esto lo va a dejar más débil por abajo.

Sin embargo, esto no sólo puede dar fenómenos progresivos. La descomposición social creciente está sirviendo de excusa al gobierno y medios de comunicación para arremeter contra los inmigrantes, culpabilizándoles del paro, la degradación de los servicios públicos y la delincuencia. Si bien no estamos al nivel de racismo y xenofobia que hay en otros lugares de Europa, sí desde importantes sectores de la burguesía y el mismo gobierno (que por más que lleve un discurso “humanitario” acaba de anunciar un endurecimiento de la Ley de Extranjería) se trata de crear el caldo de cultivo para desvíos populistas reaccionarias que enfrenten a trabajadores nacionales con los extranjeros.

La juventud como punta de lanza de las primeras resistencias a la crisis

Mención aparte merece la juventud, los “sin futuro”, toda una generación que cada día tiene menos que esperar de este régimen y que, como sucede en Grecia, puede convertirse en la punta de lanza de la amenaza al mismo desde abajo.

La sombra del Mayo de 1968 es retomada por analistas, temerosos de que Grecia sea una chispa de un incendio difícil de apagar. El caldo de cultivo de la rebelión griega no es una particularidad helena, y llena de temor al gobierno y la patronal. Como dicen algunos medios:“Esta revuelta es un grito de atención y cada Gobierno europeo debería buscar las causas en su propia comunidad (...) Todo ello constituye un cóctel explosivo que podría conducir a un nuevo mayo del ’68 en toda Europa”. Y es que entre la juventud española, sobre todo en el movimiento estudiantil, es común oír lo de “tendremos que hacer como los griegos”. La heroica lucha de los estudiantes helenos, aliados con los trabajadores públicos, en el 2006, es contemplada como un ejemplo a seguir. Ha habido actos de solidaridad en casi todas las ciudades con la actual rebelión, algunos, como los de Madrid y Barcelona, con duros enfrentamientos con la policía y detenidos.

Los universitarios están actuando como caja de resonancia de las profundas contradicciones sociales que genera la actual crisis económica. La juventud está viviendo un duro presente de represión y explotación, mientras ve un oscuro futuro de más trabajo precario, falta de vivienda y desempleo.

El motor de la lucha actual es la oposición al Plan Bolonia [17], una contrarreforma europea que trata de convertir la universidad en centros de investigación y formación laboral low cost (de bajo costo) para la patronal. La penosa situación de la industria nacional amerita esta “ayudita” más que en otros países de Europa, ya que la reforma universitaria está en la hoja de ruta para “refundar” el capitalismo español. El nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que está en el mismo tándem que los de Economía e Industria, es quien se ocupa de las universidades (ya no es el de Educación) y está dirigido por Cristina Garmendia, miembro de la junta directiva de la CEOE [18]. Por otro lado, hay una restricción del financiamiento público, lo cual favorece la búsqueda de otras vías “alternativas”, ya sea el aumento de las matrículas o la búsqueda de mecenazgos empresariales. A cambio, la universidad ofrece “becarios” a coste bajísimo o cero para las empresas. Estos estudiantes-trabajadores ultra explotados están jugando un papel relevante en la lucha de varias universidades.

Sin embargo, lo que atemoriza al régimen son las razones más profundas de este movimiento. Muchos estudiantes ven claramente la estrecha relación entre las consecuencias del Plan Bolonia y la actual situación social y de crisis. Rodríguez Zapatero teme a su propia “generación 700” [19]. La tasa de desempleo juvenil supera el 20%, y el calificativo “mileurista” es un horizonte lejano para una gran mayoría que ronda sueldos de 800 euros. Las expectativas de futuro son nulas o muy negras para cientos de miles de jóvenes, los universitarios están siendo los primeros en expresarlo, pero todo apunta a que son sólo una avanzadilla.

Conocedores del potencial explosivo de la lucha estudiantil, los rectores han enviado una carta al gobierno solicitando su ayuda: “Los rectores de las cinco universidades que más duramente están sufriendo las manifestaciones y encierros han enviado una carta confidencial al gobierno en la que piden su intervención. Se trata de un ‘movimiento que tiene dimensión estatal’, que no puede ser abordado ‘de manera aislada’, argumentan” [20]. Además, el equipo rectoral de una universidad, la UAB [21], ha expulsado a seis activistas y sancionado a otros veintidós. También hay otros tres estudiantes pendientes de sanción y tres procesados en Valencia.

Las movilizaciones han venido creciendo desde la jornada de huelga estudiantil del 13/11, con manifestaciones masivas en más de cuarenta ciudades, siendo una de las más masivas la de Barcelona, junto a docentes y estudiantes de enseñanza secundaria. Por otro lado, los encierros (tomas) se han extendido a facultades de más de diecisiete universidades. Ante la necesidad de coordinarse a nivel estatal, se convocó un Primer Encuentro de Asambleas Anti-Bolonia, celebrado en uno de los puntos calientes de la protesta, la Universidad de Valencia, donde se reunieron diecisiete universidades. Entre las decisiones más importantes se destacan la de luchar en común contra los expedientes y sanciones, y el llamado a una huelga general de las universidades para el próximo cuatrimestre. También se dedicó un rato de la sesión a escuchar de estudiantes griegos que están estudiando en nuestro país la versión “no oficial” de los acontecimientos.

Es probable que la lucha se extienda hacia otros sectores de la educación. Sobre todo en Madrid y Barcelona donde la lucha es más avanzada. El gobierno también da cuenta de esto y los rectores advierten en un escrito dirigido al secretario de Estado de Universidades [22] que: “El sentimiento anti Bolonia se ha ido extendiendo por los centros de secundaria, sembrando la inquietud y preocupación no sólo entre los estudiantes que en los próximos años han de llenar las aulas, sino también entre el profesorado y las familias”. Y es que si vemos la realidad de los jóvenes de secundaria las cifras hablan por sí solas. El llamado “fracaso escolar” [23] actualmente incluye al 30% de los estudiantes, y el 29% que superan la ESO abandonan o no cursan Bachillerato ni Formación Profesional. La educación secundaria viene siendo una fábrica de jóvenes precarizados. La mayoría han formado la enorme mano de obra al servicio de la patronal constructora (el 15% de los obreros son jóvenes), del sector servicios (64,9%) y de la industria (15%). La crisis actual lleva a la juventud a ser una de las capas más explotada de la clase obrera, llegando a engrosar las filas del paro un 23,9% de los jóvenes precarios y los que faltan por llegar. El porcentaje de desempleo entre los 16 y 19 años, en septiembre, era del 41,13%. Sigamos con las cifras: “Las consecuencias de la crisis afecta hasta tal grado, que el Consejo de la Juventud de Madrid habla de que ¡el 20% de los menores de 35 años que se independizaron estos 2 últimos años están volviendo al hogar paterno porque no pueden hacer frente a los alquileres y los bajos sueldos! Estos últimos, con una media de 686,04 euros de pago del alquiler y menos de 1.000 euros mensuales de salario. Es más, a pesar de que el 42% de la juventud está “emancipada”, esto es posible sólo gracias al apoyo económico de sus familias (según el Informe de INJUVE), mientras que aquellos que residen con familiares (51%) “serían pobres si se emanciparan, lo que supondría multiplicar por cuatro la tasa de pobreza existente en la actualidad” [24].

Por otro lado, el espíritu de unirse a las luchas obreras recorre las asambleas, como las de Barcelona donde se plantean acciones conjuntas con los obreros de Nissan, como lo hicieron ya el curso pasado con los trabajadores de TMB (autobuses de Barcelona). O en Madrid, donde ya han marchado con los trabajadores de los servicios públicos, después de que la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública hiciese un llamado en este sentido: “luchando al unísono contra la privatización de la sanidad y el Plan Bolonia”, al igual que contra la privatización de los servicios públicos [25]. También en Valencia, los estudiantes asistieron a la manifestación de Ford con un comunicado de solidaridad.

Estamos en los inicios de un movimiento estudiantil-juvenil que aglutina los problemas de la juventud. A la vez, la experiencia con un gobierno y un régimen académico cada vez más represivo, y la agudización de la crisis y sus consecuencias sobre la juventud, pueden permitir que continúe extendiéndose y radicalizándose. Al parecer, Grecia no será la excepción, y de la misma manera la hoguera juvenil puede acabar encendiendo al resto de sectores explotados, empezando por los trabajadores nativos y extranjeros que están siendo golpeados de forma durísima por el desempleo, los desahucios y la miseria.