Finalmente con 185 votos a favor y 137 en contra se ha aprobado la mítica Ley de Memoria Histórica, muy debatida en estos últimos meses, no solo en el arco parlamentario sino también entre la izquierda.

Desde su inicio el 28 de julio, cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros, la Ley, como dijimos en el Contracorriente n°2 , intenta apaciguar las aguas ya que es un debate que genera mucha tensión y “porque desde el principio se vio claro la intención del Gobierno, de igualar ambos bandos”.

Aun aprobando la retirada de los símbolos franquistas, la apertura de los archivos de la Dictaduta, subvención a las víctimas del bando republicano o la excavación de las fosas comunes, la polémica Ley no se queda exenta de tener un fondo o una falta de medidas mucho más profundas. Fundamentalmente esta Ley viene a consolidar la impunidad alcanzada con el Pacto de Silencio de la Transición. No condena a los miles de asesinos que durante más de 40 años mataron o torturaron a miles de activistas del movimiento obrero y la izquierda. Ni tampoco busca juzgar a los asesinos o torturadores de la llamada Transición Pactada, como los responsable de los sucesos de Vitoria del 76, los San Fermines del 78 o los asesinato de Atocha, por solo nombrar los casos más conocidos. Agentes de la Policía o grupos paramilitares, que directamente no fueron acusados de ningún cargo o que “casualmente” fueron trasladados a otros destinos, para bloquear cualquier investigación, refrendan con la Ley del PSOE la impunidad que los Pactos de la Moncloa y la Constitución les brindaron a finales de los 70. Comentarios como el de López Garrido: "La Ley no va a interferir en el territorio judicial, el legislador no va a entrar en el campo del juez", vienen a confirmar lo evidente, el régimen heredero de la Dictadura no puede ni quiere realizar un verdadero ejercicio de memoria y justicia histórica.

El Estado monárquico constitucional herencia del Estado franquista

Tras la muerte del Dictador, y con la ayuda de las direcciones reformistas burocráticas los partidos socialdemócratas y estalinistas y los sindicatos de clase, pudo la burguesía calmar las aguas en una situación donde el Estado español se enmarcó en un periodo de ascenso obrero y popular que amenazaba no sólo al régimen franquista, sino a la propia supervivencia del capitalismo español. La burguesía pudo calmar la situación, y su punto final fue la aprobación de la Constitución en el 78, la formalización de todos los intentos de devolver las aguas a su cauce. Tanto partidos como el PSOE o el PCE evitaron que las movilizaciones se saliesen del marco del régimen, y no solo ellos sino también sus sindicatos, UGT y CCOO que han estado actuando hasta este mismo momento para la misma contribución: domesticar al movimiento obrero en pos de la prosperidad del régimen impuesto. Es así como nacía un nuevo régimen (con nuevos agentes; tanto la burguesía española y sus partidos, de “izquierda”, “centro” o “derecha”, como la burocracia sindical), herencia directa de la Dictadura, y como hijo menor de la misma pasaría por alto todos los atropellamientos dirigidos hacia a la clase obrera en el periodo anterior. Los policías, jueces, empresarios, políticos... de la Dictadura pasaron a formar parte del nuevo Estado monárquico constitucional, a cambio, claro está, a que la “Democracia” no les pasara factura alguna de sus anteriores crímenes, ya que éstos se habían realizado en defensa de los intereses de la misma clase dominante, ahora reciclada de franquista a democrática.

Todo se olvidó quedándonos con un Rey elegido por Franco, con agentes policiales que habían pertenecido a “los grises”, políticos franquistas “reconvertidos” (por interés propio) a “demócratas” (véase Fraga), jueces de la Dictadura en el Tribunal Constitucional.... Es por todo ello que el régimen del Estado español, representada por sus políticos de cualquier color, es heredero directo del régimen Franquista. Ante este panorama...

¿Qué representa la Ley de Memoria Histórica?

La Ley de la Memoria Histórica le sirve al Gobierno para tapar viejas heridas de la Transición, la Dictadura o la Guerra Civil (en este último caso igualando a ambos bandos) y que definitivamente se olvide, apostando como ellos mismos dicen “por el espíritu de la Transición”. Donde la sociedad se quede con el recuerdo de que todo el mundo estaba de acuerdo con el nuevo régimen y la generosidad ofrecida a los verdugos, y que formalmente este nuevo régimen no tiene ningún lazo de continuidad con la Dictadura. Nosotros, los revolucionarios, no vamos a olvidar a personas como German de la LCR en Pamplona, a los obreros muertos en Vitoria en un proceso de lucha de los más agudos de la época o a los abogados laboralistas de Madrid, y los miles de muertos y represaliados bajo el yugo de Franco, debemos seguir luchando contra la impunidad y contra los intentos del régimen monárquico constitucional de vendernos la moto de que no tiene nada que ver con la sublevación del 36 y la Dictadura posterior.

Por otro lado el Gobierno se puede permitirse el “detalle” de conceder algunas pequeñas demandas reivindicadas desde hace mucho tiempo, en un periodo que se enmarca en la preparación de las próximas elecciones generales. El gobierno quiere reunir fuerzas antes de las elecciones de marzo tanto en el ámbito parlamentario concediendo migajas a los partidos de la pata izquierda del Régimen, como IU, como para toda aquella gente que le había votado en el 2004 como alternativa de “izquierdas” al PP.

Además de este intento de lavado de cara, la Ley es sobre todo una condena a la Revolución española. A la vez que hace la cínica condena de la Dictadura, para salvarle la cara al régimen heredero de la misma, condena equiparándola a la represión fascista, la violencia y persecución religiosa. Hace una mención especial a los Comités Revolucionarios, causante de los abusos en la retaguardia republicana, y los fusilamientos de católicos y clérigos. De esta manera iguala la violencia de Estado de los sublevados, que perseguían “limpiar España” de todo lo que oliese a rojo o demócrata para instaurara una Dictadura fascista, con la realizada por los revolucionarios que luchaban contra el golpe fascista y por la transformación de la sociedad.

Como buenos demócratas burgueses hacen una condena simbólica de la Dictadura, sin pasar cuenta a nadie (ya que los viejos franquistas son hoy sus colegas de filas, y nunca se sabe si tendrán que volver a hacer uso de su tradición), a la vez que igualan el baño de sangre fascista con los intentos de miles de obreros y campesinos de defenderse de Franco y dar solución a sus problemas históricos, acabando con la tutela de la Iglesia a sus vidas, con los terratenientes, los empresarios explotadores...
Qué papel han jugado los partidos de la “pata izquierda” del Régimen

Los partidos institucionalitas, es decir todos los partidos del arco parlamentario que quieren mantener este régimen, han jugado un papel que les corresponde en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica.

El PSOE ha querido, por una parte, dar una imagen de partido de izquierdas, diferenciandose de los herederos directos del Franquismo, el PP. Para ello no ha dudado en volver al discurso del “consenso de la Transición”. Por otro lado ha sido todo un intento de reforzar el régimen monárquico constitucional, buscando desligarlo de sus conexiones históricas con la Dictadura. Busca romper formalmente con el régimen anterior, eso sí sin tomar medida alguna que suponga un corte real, pues como buen partido y Gobierno burgués, es representante de “los de siempre”, la patronal y la banca que ayer cantaban el cara al sol y hoy se ponen la chaqueta de demócratas de toda la vida.

IU no se queda corta, si bien ha podido ser más beligerante para que la Ley incluyese un mayor número de medidas simbólicas, en ningún momento ha atacado el pacto de Silencio de la Transición ni el carácter de continuidad que la “muda” del régimen tuvo. No podemos esperar otra cosa de los herederos del PCE se Carrillo, actores del desvío contrarrevolucionario de la Transición. Ellos aplauden y apoyan los intentos de fortalecer la imagen del nuevo régimen con un lavado de cara.

Por otro lado ERC que aun renegando de la Ley no hace una crítica al papel que jugó el Estado por vía represiva ante los asesinatos o las torturas y ni muchísimo menos cuestiona al régimen monárquico constitucional, simplemente cree que la lavada de imagen debería tener gestos más numerosos o profundos.

La oposición “facha” a la Ley

En el banco del NO tenemos al el PP, el ala más reaccionaria de los partidos del régimen, que fiel a su electorado más ultra (el que le ha servido para la batalla de “oposición dura” de los últimos meses) se opone a esta condena formal de la Dictadura, sin embargo una vez pasado el vendaval, aplaudirán los efectos de la Ley, la mayor legitimidad democrática del régimen existente.

Por otro lado tenemos a la Iglesia, que demagógicamente se suma al debate exhortando contra el anticlericalismo de la República y del bando contrario a la sublevación. Estos portavoces del Evangelio del “amaros los unos a los otros” parecen olvidarse de que la Iglesia de los 30 era una de las mayores propietarias de tierra, verduga pues de las miles de familias campesinas pobres. Siempre al lado de terratenientes y oligarcas, así como de los intereses de la burguesía industrial, era uno de los sectores más reaccionarios de la época, como sigue siendo hoy en día. Cuando Franco se sublevó con el objeto de ahogar en sangre el proceso revolucionario español, con órdenes directas de matar a todo sindicalista, demócrata, izquierdoso... ellos definieron el golpe como “Cruzada”. La represión contra la Iglesia de las milicias revolucionarias, ya que después de la contrarrevolución encabezada por la República y el PCE esta persecución cesó, tenía una explicación evidente, la Iglesia era parte orgánica de la reacción y el levantamiento. No se les mataban por creer en Dios, sino por ser parte de la ofensiva sanguinaria contra las masas. La subida a los altares de casi 500 clérigos el pasado 28 de Octubre es la confirmación que de que la Iglesia católica, que sigue sin condenar su apoyo al golpe y la Dictadura, sigue siendo uno de los restos más reaccionarios de nuestro país, que no reniega de su vinculación orgánica e histórica con nuestro enemigo de clase, y que en el futuro seguirá estando en la trinchera contraria a la de los explotados.

Y el Gobierno “socialista”, como representante de la burguesía, no quiere llegar a romper con ninguno de sus sectores, ni siquiera con el que hace actos de masas en el Vaticano a favor de la “Cruzada” del 36. Al igual que mantiene el Concordato con la Santa Sede que le da grandes privilegios a la Iglesia española, o que mantiene la mitad de la red de enseñanza en sus manos, ha quitado todo aquello que pudiera dañarla excesivamente. La retirada de los miles de símbolos franquistas de las iglesias, podrá esquivarse si son de interés “religioso, artístico o histórico”, toda una enmienda para que en miles de parroquias sigamos viendo placas y monumentos a los caídos por Dios y por España, mantenidos eso sí por parte de los 90 millones de nuestros impuestos que los “cuervos” se llevan todos los años.

La Ley de Memoria Histórica y el papel de los revolucionarios

Los militantes de Clase contra Clase estamos en contra de esta Ley que solo quiere lavar la cara al Régimen heredero del Régimen franquista, a la vez que se condena institucionalmente la Revolución española. Este Régimen no ha juzgado, ni lo pretende, a ningún asesino o torturador. Solo busca reactualizar el falso “consenso de la Transición” en nuestros días, para apaciguar todas las voces que podrían salirse del marco constitucional.

Ante el proceso revolucionario de la guerra civil y el ascenso de masas de la Transición (que muchos burócratas y reformistas dicen no existió) nuestra misión es no olvidarlo y luchar no solo por que sean juzgados todas aquellas personas que atentaron contra la clase obrera y la izquierda en general sino también poder recuperar las principales lecciones de la lucha de la clase obrera y del papel de los partidos de izquierda, como una vía para avanzar en la lucha contra el Régimen burgués posfranquista.

Proponemos avanzar en la creación de grupos en institutos, universidades u otros sitios para debatir sobre este tema y luchar contra la Monarquía impuesta por Franco y su Régimen y contra la inmunidad de policías, jueces, empresario y políticos de la Dictadura. No podemos quedarnos de brazos cruzados ya que hay que luchar contra la doble careta del Gobierno que mientras aprueba esta Ley que intenta olvidar los procesos más interesantes para los revolucionarios, a su vez lleva una política de represión contra la izquierda que no le avala, resucitando viejas tradiciones de la burguesía española. Es por ello que ante este panorama, donde ningún partido del régimen defiende el juicio y castigo a los asesinos del pasado reciente, ni tan siquiera lucha contra las medidas represivas del Estado en la actualidad, es necesario que la izquierda en general y la clase obrera levantemos una alternativa política de clase que golpee duro contra este intento de silencio y este Régimen heredero del franquismo.