En el mes de febrero se cumplieron 17 años del “Caracazo”, la rebelión popular de 1989 que explotó con extraordinaria fuerza y combatividad, dando un golpe de muerte al régimen del puntofijismo, donde el descontento y la rabia acumulada tras años de explotación y opresión bajo la represiva «democracia» adeco-copeyano, abrió un nuevo período de luchas en nuestro país. También su cumplieron 7 años del gobierno de Chávez, figura tras la cual se encuentra ese movimiento de masas que irrumpió en aquellos años y que espera respuestas a sus problemas fundamentales. Sin embargo las grandes demandas planteadas desde 1989, en los siete años del gobierno no han sido cumplidas, aunque aún continúan fuertemente las grandes expectativas del movimiento de masas en Chávez.

Desde esas jornadas del año ’89 el movimiento de masas ha venido ocupando un importante papel en la escena con sus altos y bajos. Luego de la relativa calma de los primeros años de gobierno de Chávez (1999-2001) vinieron los ataques furibundos de la reacción y el imperialismo, como el golpe de abril de 2002 y al paro-sabotaje petrolero de diciembre-enero de 2002-2003. Ha sido la movilización masiva y combativa del pueblo trabajador la que devuelve a Chávez al poder en la gran jornada de movilización del 13 de abril cuando éste se daba por vencido, y fueron los 63 días de dura lucha y movilización de calle que derrotaron el posterior paro-sabotaje, incluyendo muertos de los sectores populares, donde la clase obrera en general, y los trabajadores petroleros en particular, jugaron un papel destacado estableciendo incluso experiencias de control obrero en importantes refinerías del país.

Cuando la reacción fue derrotada y desorientada por la acción de masas, el gobierno lejos de avanzar para terminar de derrotarla, mandaba a calmarse al pueblo trabajador y dejaba «en paz» los negocios de los capitalistas nacionales y extranjeros comprometidos con las conspiraciones golpistas y de sabotaje. El poder económico de los empresarios jamás estuvo en discusión en las negociaciones, sólo se negociaba en el «plano político» una «salida pacífica y democrática»: el referéndum que ratificó a Chávez. Una manera de «resolver» la crisis por una vía que no fuera la lucha directa en la calles y en las fábricas, sino en las elecciones, una manera de evitar que en la lucha abierta los trabajadores y pobres llegaran a afectar la propiedad capitalista, que es la verdadera raíz de la explotación y la pobreza de nuestro pueblo.

...Pocos cambios reales

Luego de todos estos años de confrontación de las masas trabajadoras con los empresarios, terratenientes, banqueros y empresas trasnacionales, y restablecida la estabilidad política sacando a las masas de las calles y avanzando los acuerdos con el empresariado nacional y extranjero, son precisamente éstos los más favorecidos con el crecimiento económico, mas no así los trabajadores, campesinos pobres y sectores populares. Por eso, cuando tenemos esta situación en medio de un crecimiento grande del Producto Interno Bruto (PIB), de 14% en 2004 y 9% en 2005, junto a altos y sostenidos precios del petróleo, preguntamos: ¿Acaso después de tanta movilización y disposición de lucha demostrada en la derrota de los planes de la burguesía y el imperialismo, y después de 7 años de gobierno de Chávez, es justo que la mejor tajada se la sigan llevando los mismos de siempre?

Las Misiones implementadas por el gobierno, sobre todo en el área educativa y de atención primaria en salud, si bien son vistas como positivas para la población, no resuelven de fondo ninguno de los problemas más acuciantes del pueblo venezolano. Los salarios siguen siendo bajos en relación al costo de la vida, además de que continúan los aumentos de precios, a pesar de las regulaciones, y otras veces autorizados por el mismo gobierno: el salario mínimo acaba de ser aumentado a 465 mil bolívares, pero la Canasta Básica Familiar llega a 1.500.000 Bs., mientras aún hay más de 1 millón y medio de trabajadores desempleados y del total de trabajadores ocupados, casi la mitad está en el sector informal, sin ingresos fijos ni seguridad social. En cuanto a la vivienda las cifras oficiales indican que continúa el déficit de más de 2 millones de «soluciones habitacionales», que los planes del gobierno junto a la empresa privada y la banca no logran resolver siquiera en parte. Aún con los Planes Barrio Adentro I y II, la red de hospitales públicos sigue en crisis. La tierra no está en manos de los miles de campesinos pobres y continúan los asesinatos en el campo.

Puede sorprendernos este cuadro, sobre todo cuando desde el gobierno se habla mucho de los aspectos positivos de la situación nacional y además el Presidente Chávez habla del «socialismo del siglo XXI» y el «poder para los pobres». No hay duda de que es «trascendiendo el capitalismo», como dice Chávez, como se pueden resolver de fondo los problemas de las mayorías nacionales, pero ninguna de las acciones concretas del gobierno apunta hacia la superación de la explotación capitalista. Decir que “vamos al socialismo” es decidirse a expropiar a los “ladrones nacionales y extranjeros”, haciendo que las empresas, bancos y tierras pasen a manos de los trabajadores y el pueblo pobre. Sólo así se puede lograr que todos esos recursos que hoy van a engordar las cuentas de las empresas y bancos nacionales y extranjeros, se destinen a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas, a un aumento de salarios que cubra las necesidades de las familias trabajadoras, al impulso de un moderno y dotado sistema público de salud y de educación, así como un fuerte impulso a la producción agrícola nacional con la tierra en manos de los campesinos pobres.

Los empresarios y las multinacionales en la “revolución bolivariana”

“El socialismo bolivariano acepta la propiedad privada”, manifestó Chávez recientemente, reiterando que no es la intención del gobierno atropellar a los dueños de tierras en [1]. Todo esto mientras negociaba con la empresa Agropecuaria Flora (Agroflora), filial de la compañía británica Vestey Group Limited, donde ésta decide “entregar” al gobierno dos haciendas previa indemnización de 4,2 millones de dólares [2]. ¡Se les paga por tierras que de hecho pertenecen al Estado! Mientras tanto el gobierno entregará a Agroflora la certificación de fincas productivas y de titularidad de otras 12 haciendas que la empresa tiene en “titularidad precaria” en distintos puntos del país donde cada una es de igual o mayor tamaño que las que negocia. La gran empresa internacional del agro, como dijera uno de sus representantes “no siente que pierde nada” [3]. Más bien dicho gana mucho, pues la empresa en verdad no tenía cómo demostrar la cadena de titularidad de la amplia mayoría de las tierras de sus haciendas por lo que corría el riesgo, de aplicarse la Ley de Tierras, de perder todo, indemnizada obviamente. Y el “socialismo bolivariano” del Presidente también invita a la propiedad privada a participar en los negocios del agro del Estado como lo es en el llamado Plan Integral de Desarrollo Rural y Agrícola 2006, donde la banca privada participa con 6,9 billones de bolívares y el Estado con 2,9 billones. Así marcha la “guerra contra el latifundio de Chávez, y con “revoluciones” así el capitalismo puede dormir tranquilo.

“Necesitamos banqueros que estén comprometidos con el proyecto nacional” exclama Chávez para concluir que “estamos demostrando que en paz se puede hacer una revolución” [4]. Pero una “revolución” donde además del sector de la agroindustria, otros sectores empresariales participan en los negocios del gobierno. En la construcción y financiamiento de viviendas por parte del Estado, donde ya la banca privada viene haciendo sus pingües negocios, se suman las grandes constructoras de los empresarios, reiterando el gobierno que “es indispensable el apoyo del sector privado para realizar el plan masivo de construcción de viviendas” [5]. Participarán así, sólo en el Plan Caracas, más de 23 empresas constructoras, y las asociadas en la Alianza Nacional para el Habitat y la Vivienda en el territorio nacional. Siete años de “revolución bolivariana” no ha hecho más que engordar los negocios de estos sectores empresariales.

Pero también de la participación en los grandes negocios del Estado, los grandes empresarios nacionales son amparados por el gobierno cuando se trata de defender sus intereses actuando de abogado frente a empresas extranjeras. Así, frente a la disputa por los vuelos internacionales que mantienen empresas nacionales (que por cierto atrás también están los capitales extranjeros) con las compañías norteamericanas como la Continental Airlines y Delta Airlines, las grandes empresas como Aeropostal y Santa Bárbara del capital privado mantendrán asegurados sus negocios capitalistas. Lo mismo pueden celebrar los grandes empresarios de la industria autopartista local que participan del Plan Venezuela Móvil, donde el gobierno nacional les ofrece participación del gran negocio automotriz y las defiende frente a la ofensiva de la General Motors y la Volskwagen en el reparto del mercado nacional. Los empresarios en la “revolución bolivariana” están más que contentos teniendo a Chávez como su abogado.

“Les estamos diciendo al mundo que no es incompatible un proyecto nacionalista y revolucionario con la presencia de dignas empresas internacionales y del sector privado nacional” [6] enfatizó Chávez mientras firmaba los acuerdos para la constitución de las empresas mixtas en el sector petrolero, empresas que funcionarán como nuevas filiales de PDVSA junto a las transnacionales aboliendo los viejos convenios operativos con las mismas. Si bien es cierto que PDVSA tendrá un control mayor en las decisiones de la toda la industria petrolera al poseer la mayoría accionaria de las nuevas compañías mixtas, no es menos cierto que las grandes transnacionales continuarán con sus buenos negocios en la producción petrolera donde serán dueñas del 49% de las acciones, siendo exoneradas de grandes impuestos como el IVA y se les garantizan los derechos a comercialización, además de que el Estado les facilita la operatividad en todo el ciclo de explotación de petróleo. Es más, según el artículo 303 de la Constitución se establece que si bien “el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A.” se reafirma que “exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela”, lo que abre la posibilidad de privatización de las nuevas empresa filiales en su conjunto. Entre las “dignas empresas” a las que se refiere el Presidente se encuentran nada menos que las expoliadoras de la riqueza nacional, entre otras, la Chevron Texaco, la British Petroleum (BP), Repsol, Techpetrol, Teikoku, Petrobrás, etc. Todo esto sin hablar de las grandes compañías extranjeras que explotan el gas donde la política prácticamente es de apertura completa. Así, el “socialismo bolivariano” en estos siete años también camina de la mano de las grandes transnacionales imperialistas.

La “revolución bolivariana”, en siete años, ha pagado 24 mil millones de dólares en deuda externa

Es así que las grandes demandas de los trabajadores y el pueblo pobre, negadas sistemáticamente por el imperialismo y sus aliados nacionales, que gobernaron en función de los intereses de la gran burguesía y en desmedro de las necesidades populares, no han sido satisfechas. Pero vemos cómo el gobierno del presidente Chávez continúa pagando fielmente y sin retrasos la ilegal y fraudulenta deuda externa.

Al cierre de 2005 la deuda externa venezolana ascendía a 31 mil 63 millones de dólares, mientras que al cierre de 2004 era de 27 mil 475 millones de dólares, lo cual significa que se incrementó en 3 mil 588 millones de dólares con respecto al pasado año. Entre 1999 y el pasado año se han pagado a los acreedores externos un total de 24 mil 835 millones de dólares, una cantidad similar al monto total de la deuda en 1997. Es decir, se sigue pagando y la deuda no se reduce, por el contrario, aumenta significativamente.

Por otra parte, durante el presente año nuestro país debe pagar por amortización e intereses de deuda (interna y externa) un total de 14 mil millones de bolívares, una cantidad superior tanto al presupuesto del Ministerio de Educación (Bs. 11,7 billones) como al de Salud (Bs. 4,4 billones). Pero seguir pagando la deuda externa no sólo significa desviar recursos a bancos y organismos financieros internacionales en lugar de utilizarlos para resolver las demandas fundamentales del pueblo. También es un asunto que afecta la independencia y soberanía del país frente al imperialismo. Como sabemos, en los países semicoloniales como el nuestro, la deuda externa es un mecanismo económico de dominación e injerencia política del imperialismo en los asuntos internos de los países, en la medida que, mediante la presión y el chantaje de los bancos transnacionales y los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial o el FMI, se determinan y condicionan las políticas públicas que en el ámbito económico, formulan las naciones.

La necesidad de una política independiente de los trabajadores

El nuevo mapa político nacional ya está teñido por las próximas elecciones presidenciales del 4 de diciembre. Muchas corrientes, incluso las que provienen del trotskismo como la CMR (El Militante) [7] , inculcan en el movimiento de masas de que con Chávez es posible avanzar hacia el socialismo, pero que el gran problema es la burocracia que rodea al presidente venezolano, lanzándose a la campaña nacional por los 10 millones de votos para la reelección del Presidente. Otros, que en cierta manera afirman ser contrarios del proyecto nacional, como diversos miembros y figuras políticas importantes del PRS [8], que ya han decidido públicamente su apoyo en las próximas elecciones presidenciales vía la recién creada corriente sindical C-CURA [9] sumándose a la reelección de Chávez, comprometiendo y limitando desde ya -por su peso político- esta iniciativa de construcción partidaria de diversos sectores, bajo el argumento de que las masas confían en el Presidente, y no hay otra alternativa (ver artículo en estas mismas páginas).

Ninguna de estos sectores aclara que hablar del “socialismo” sin luchar por la revolución obrera y popular, por la expropiación de la burguesía y el imperialismo, por la sustitución del Estado actual por el poder de organizaciones de democracia directa de las masas trabajadoras, es pura retórica si no se tiene una lucha frontal contra el proyecto nacional del gobierno de Chávez levantando una política obrera independiente. Y más aún, desde la naciente UNT intenta maniatarse a los trabajadores con la implementación del operativo “conflicto cero” que impulsa el gobierno juntamente con dirigentes sindicales como Marcela Máspero, la FBT, entre otros. Pero ninguna de estas corrientes da un combate abierto contra esta política que ata a los trabajadores a los intereses del Estado.

Ceden a así a los discursos sobre el “socialismo” del Presidente que embauca a los trabajadores, mientras éste mantiene el poder de los capitalistas, mientras se hacen grandes negocios con los empresarios y se les exonera de impuestos, al mismo tiempo que se imponen impuestos a los pobres, mientras los bancos y demás empresas aumentan sus ganancias y el pueblo sigue con un salario miserable, mientras se paga la deuda externa y se dan concesiones a las trasnacionales, mientras el pueblo pobre carece de empleo, tierra, vivienda, escuelas y hospitales.

Es necesario luchar para que los trabajadores confíen solamente en sus propias fuerzas, superando la influencia del chavismo que no es más que un nuevo engaño que lleva al terreno de la colaboración de clases, es decir, de la subordinación de los trabajadores a los intereses de la burguesía nacional y sus entendimientos con el capital imperialista, como hemos visto en todos estos años. Por eso es más urgente que nunca la construcción de un potente partido revolucionario. Los diversos sectores y figuras públicas del PRS desgraciadamente ya están comprometiendo el proceso de construcción del mismo, al llevar esta importante iniciativa a la cola del proyecto de reelección de Chávez cuando aún ni siquiera se ha dado un abierto debate en sus filas. La Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) que actualmente integra el PRS se opone tajante y abiertamente a esta política que no significa otra cosa que negarse a pelear por una política obrera independiente, por una perspectiva verdaderamente revolucionaria, luchando consecuentemente por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.