El 9 de marzo, 18 senadores republicanos del estado de Wisconsin aprobaron la ley que elimina el derecho de las y los trabajadores del sector público a negociar colectivamente. Esta ley antiobrera, que fue presentada a comienzos de 2011 por el nuevo gobernador republicano Scott Walker, incluye además recortes salariales para 300.000 maestras, enfermeras, empleadas/os, trabajadores de la construcción y de la salud del estado.

Con un gran déficit presupuestario como excusa, el gobernador y la mayoría republicana atacan directamente los derechos de los trabajadores. Con el argumento derechista de que “los trabajadores públicos cobran salarios altos y tienen demasiados beneficios” intentan dividir las filas de los trabajadores y buscan una base social reaccionaria para aplicar los planes de ajuste, que sólo afectarán a la clase trabajadora y el pueblo, con bajos salarios, recortes de presupuesto de salud, educación, y pobreza.

La ley generó las movilizaciones más importantes en décadas en apoyo a los trabajadores públicos, marchas de estudiantes y trabajadores de todos los sectores. Desde febrero, 14 senadores demócratas (minoría) le quitaron el quórum necesario para votar leyes de presupuesto. Paralizado, el Capitolio fue ocupado durante varios días y se transformó en el centro de las marchas de jóvenes, estudiantes y trabajadores contra la reaccionaria ley antisindical.

Luego de varias semanas de parálisis parlamentaria, el gobernador decidió eliminar las cláusulas presupuestarias y de esta forma se desembarazó del problema del quórum, mostrando la impotencia de la “estrategia” de la burocracia sindical y los demócratas, y borraron de un plumazo un derecho elemental como es el derecho a pelear de forma organizada. Las paritarias, como las conocemos en Argentina, no son un derecho extendido sino que se han transformado, luego de décadas de concesiones de la burocracia sindical, en un “privilegio” de algunos sectores del movimiento obrero norteamericano.

Una traición abierta La traición de la burocracia se resume en el hecho de que ha entregado un derecho básico de los trabajadores sin hacer una sola hora de huelga, sin convocar un solo paro ni un piquete. Aun con la movilización de decenas de miles de personas y la solidaridad de la población, la burocracia apostó a la presión parlamentaria y transformó las grandes marchas de trabajadores y estudiantes en una medida de apoyo a los senadores demócratas que no se presentaban a votar.

Como en otros estados, las huelgas no son legales y son motivo de despido. A diferencia de otros países, como el nuestro, las y los docentes no tienen derecho a huelga (prácticamente se podrían hacer huelgas pero significan un desafío a las leyes sin protección alguna, lo cual dificulta enormemente las convocatorias). Las pocas veces que los sindicatos utilizan la huelga como método de lucha, los trabajadores deben superar un sinfín de obstáculos legales, resultado también de enormes concesiones a las empresas y duras leyes antisindicales.

Sin embargo, durante 4 días una gran parte de las y los trabajadores de la educación se ausentaron (con la excusa de enfermedad) de las escuelas mostrando disposición a luchar más allá de la propuesta miserable de la burocracia de aceptar más recortes.

En la masiva marcha del sábado 12/3, donde se escucharon gritos de “¡Huelga ya!”, la burocracia selló su traición con el llamado a volver a trabajar como siempre y a juntar firmas para reemplazar a los legisladores y al gobernador republicanos. La burocracia, que recibió como héroes a los senadores demócratas, volvió a dejar claro su pacto de colaboración con los empresarios y sus políticos. Ahora intentarán canalizar la bronca de miles de trabajadores y estudiantes hacia el callejón sin salida del recambio electoral para votar nuevos legisladores, que –como advierten muchos trabajadores– no garantiza en absoluto la reversión de las medidas de austeridad. Las primeras consecuencias empiezan a verse: el sindicato docente acaba de negociar un contrato laboral para los próximos 2 años que acepta un recorte equivalente a 23 millones de dólares en aportes de salud y pensiones.

Guerra declarada contra los sindicatos

La sindicalización es bajísima en Estados Unidos, sólo en el sector público el porcentaje supera los dos dígitos y llega al 36,2%. Al contrario, en el sector privado, la guerra de la patronal y sus políticos (demócratas y republicanos) ha liquidado los sindicatos, que representan hoy a menos del 7%. Esto ha sido el resultado de una guerra política y económica contra la clase trabajadora, que ha visto liquidar sus conquistas en pos del beneficio de los capitalistas.

La batalla emprendida por el gobernador Walker, con la crisis económica de fondo, es parte de esta declarada guerra de clase, donde la burocracia sindical ha sido clave.

Una de las batallas emblemáticas fue la derrota de la huelga de los controladores aéreos en 1981, que fue utilizada por Reagan como punto de apoyo para lanzar su ataque a las conquistas obreras. La huelga, liderada por el sindicato conocido por su sigla PATCO (Organización de Controladores de Tráfico Aéreo), por mejores condiciones de trabajo y salarios terminó en el despido de 11.000 trabajadores, la ilegalización del sindicato y borró del mapa el método de la huelga (prácticamente ilegal en la mayoría de las ramas económicas y estados). Así llegaron las y los trabajadores a la peor crisis económica desde 1930: sus fuerzas debilitadas y sus filas fragmentadas.

Hoy, a pesar de las divisiones que existen entre los trabajadores, alentadas por la burguesía y las campañas derechistas contra las conquistas del sector público los trabajadores, los sectores populares y la juventud han apoyado decididamente la lucha de Wisconsin. Durante los últimos meses, la derecha más reaccionaria ha desplegado una campaña contra los trabajadores públicos, señalándolos como empleados demasiado bien pagos y con demasiados beneficios (cuando en realidad cobran salarios relativamente más bajos). Cínicamente, la derecha republicana acusa a los trabajadores públicos de engordar el déficit de los estados, cuando sus salarios y sus pensiones representan un porcentaje ínfimo del presupuesto. Sin embargo, intentan utilizar la desesperación de millones que viven del seguro de desempleo, que utilizan los cupones de comida para alimentar a sus familias y a los que aun tienen trabajo pero aceptaron recortes salariales (como los obreros de las automotrices). Pero la mayoría de las y los trabajadores siguió apoyando a los trabajadores públicos y su derecho a negociar colectivamente, aun cuando quieren hacerles creer a los obreros metalúrgicos que la maestra de sus hijos era la culpable de la crisis presupuestaria. Una encuesta publicada en febrero por el diario New York Times mostró que el 60% apoyaba a los trabajadores y sus sindicatos contra un 30% que apoyaba la medida del gobernador.

Esta guerra antisindical no es patrimonio exclusivo de los republicanos. El partido Demócrata ha jugado un rol esencial, desde la Casa Blanca y desde la misma burocracia sindical de los sindicatos. Los dos gobiernos del ex presidente demócrata Bill Clinton significaron un avance feroz del empleo precarizado y el recorte de planes sociales (durante los años 1990, en Wisconsin estos recortes significaron la eliminación de la ayuda a las mujeres pobres, mayoritariamente negras, el aumento de la mortalidad infantil y crecimiento de las familias sin techo, L. Flanders, Counterpunch, 25/2). Incluso, el actual gobierno de Barack Obama que se ha ubicado “del lado de los trabajadores de Wisconsin” viene de congelar en 2009 el salario de los trabajadores públicos federales (nacionales), que dicho sea de paso tampoco tienen derecho a negociar colectivamente tampoco.

Ni Demócratas ni Republicanos

Como decíamos más arriba, las leyes antiobreras no han sido patrimonio exclusivo de un partido. El servicio a la gran patronal imperialista no distingue líneas partidarias. Sin embargo, es innegable que la derecha republicana le ha dado a las medidas de recorte fiscal una fuerte carga ideológica reaccionaria (el movimiento derechista Tea Party es uno de los principales abanderados de esta cruzada).

Los gobernadores y legisladores demócratas también aplicaron y aplicarán el ajuste en los estados que gobiernan (como lo han hecho ya a nivel federal), sin embargo, no han planteado hasta ahora el ataque frontal al derecho de negociación colectiva. Al contrario, han intentado mostrarse del lado de los sindicatos, en primer lugar porque estos representan una gran parte de su base electoral y la burocracia es un gran aliado y aportante a sus campañas, pero también como una política “preventiva” para que esta incipiente movilización no se les vuelva en contra cuando tengan que aplicar los recortes en los estados que gobiernan.

La crisis económica en curso solo ha significado desocupación y pobreza para las mayorías obreras y populares en Estados Unidos, mientras los bancos y las grandes empresas fueron rescatados de la bancarrota con miles de millones de dólares.

Se hace cada vez más urgente que las y los trabajadores fortalezcan sus organizaciones y su movilización, independiente de la burocracia y el partido Demócrata que, más allá de sus actuales discursos “en defensa de los sindicatos”, viene descargando la crisis sobre las mayorías obreras y populares.

A pesar de este primer golpe para los trabajadores, la movilización de Wisconsin y la solidaridad que despertó su lucha en todo el país plantean un importante precedente para las próximas luchas de clase trabajadora en Estados Unidos.