La reforma le concede al presidente el uso del ejército para actuar contra todo aquello que el gobierno considere una amenaza para “la paz del país”. También le confiere a los aparatos de “inteligencia”, como el CISEN, facultades para infiltrar y espiar a movimientos políticos, sociales y sindicales. A los militares les da el derecho de violar las garantías individuales y los derechos humanos de la población (con retenes en las carreteras y ciudades, allanamientos, revisiones, redadas y detenciones). Los juzgados y tribunales cumplirán su parte criminalizando el descontento social y cerrando los ojos ante las violaciones a la misma Constitución. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional legaliza la militarización y el accionar de las fuerzas armadas, para evitar que los efectivos de los cuerpos policiacos y militares sean acusados o juzgados por violar los derechos humanos. Para hacerla pasar como una reforma consensuada con un sector democrático del país, Gobernación ha invitado al activista Javier Sicilia, del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, a discutir con el gobierno y la partidos del Congreso de la Unión los pormenores de esta ley. De esta manera el PAN, el PRI y el PRD (más allá de que pretenderá encubrir su aprobación de la Ley con algunas enmiendas secundarias) y el Partido Verde, hacen suyo el proyecto de Calderón, a todas luces reaccionario, pues permite al gobierno -si éste lo considera necesario-, imponer un virtual estado de excepción en el territorio nacional, con poderes extraordinarios para el ejército y la marina, profundizando así la militarización que vive el país. No solamente el gobierno, el PAN, el PRI, el PRD y Partido Verde, están en contra de terminar con el fuero militar que permite tantos abusos contra la población trabajadora, sino que quieren legalizar las acciones de las fuerzas represivas -imponiéndoles algunos límites legales supuestamente para evitar “excesos”-, pero otorgándoles total impunidad en la violación de los derechos humanos. Si en Atenco las fuerzas represivas actuaron brutalmente contra la población, por fuera incluso de los marcos constitucionales, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional permitirá avasallar “legalmente” todo conflicto, movimiento o lucha que altere o cuestione los planes del gobierno. Ya en los años setentas y ochentas, a través de la llamada “guerra sucia” contra los grupos armados que enfrentaron al estado, conocimos los atropellos de los cuerpos policiacos y ejército contra la población, mediante torturas, desapariciones, asesinatos y cárcel de muchos activistas y luchadores. Esta política, el estado la llevó adelante con el pretexto de la lucha “contra la subversión” y “por la paz”. Los partidos patronales muestran una vez más su carácter reaccionario y que están al servicio de la seguridad que demanda el gobierno de los Estados Unidos y las trasnacionales. Incluso el PRD, que se reclama de “izquierda”, reniega de su propio discurso de una “historia de resistencia”, el cual se basaba en que muchos de sus integrantes sufrieron en carne propia la represión del estado, porque el gobierno de Carlos Salinas consideraba que este partido desestabilizaría al país, por lo cual le asesinó a más de 600 militantes. Pero hoy el PRD quiere mostrar a la clase dominante que legisla para garantizar esa estabilidad.

A movilizarnos unitariamente contra la militarización del país

Es urgente que todos los trabajadores rechacemos esta reforma a la Ley de Seguridad, que en los hechos dejará indefensa a la población ante las autoridades y las fuerzas represivas. No podemos responder con “la fuerza del silencio” ante esta medida autoritaria que el régimen quiere imponer para prevenir el descontento social y evitar estallidos ante la pobreza, la falta de empleo, la antidemocracia y la represión. Tenemos que salir a las calles para hacernos escuchar, unificando la fuerza de los trabajadores, los estudiantes y los campesinos para frenar este ataque a las libertades y garantías individuales. Incluso Javier Sicilia, quien había aceptado la política de diálogos con los responsables de la militarización y la miseria del pueblo (ver otro artículo en este periódico), ante la aprobación del dictamen de esta Ley, expresó que había sido “defraudado” y “traicionado” por aquellos con los que ha estado dialogando y que se “autocriticaron” -a pedido de él-, por no haber actuado a tiempo para evitar tantas muertes de inocentes. Esto demuestra que no podemos tener ninguna confianza en los partidos, ni en los pactos con el gobierno; tampoco sirve de nada esperar los “gestos de buena voluntad” de los que determinan la política de seguridad nacional en el país. Hace falta confiar en la movilización de los trabajadores, la juventud, los sectores populares y las clases medias inconformes con la política del gobierno. Esta política activa, que el movimiento tuvo en sus inicios, hoy es reivindicada por sectores como la COMECOM y otros organizados en Ciudad Juárez, Chihuahua. La lucha por frenar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que aprobaron el PAN, el PRI, el PRD y el Partido Verde, es parte de la lucha por la desmilitarización inmediata del país y el castigo a los abusos de la policías estatales, federales y del ejército. Desde la LTS, llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, a la COMECOM, a los familiares de las víctimas, a las organizaciones obreras, indígenas y campesinas, a tomar el camino de la movilización y a discutir conjuntamente un plan de lucha para frenar esta ofensiva reaccionaria, convocando a un Encuentro Nacional por la desmilitarización del país. En el mismo, los socialistas plantearíamos un programa demandando la disolución de los cuerpos represivos y la necesidad de organizar comités de autodefensa por parte de los sindicatos y las organizaciones populares, para enfrentar los embates de las fuerzas militares, paramilitares y de los carteles del narco, retomando la experiencia de lucha de distintas comunidades

12/08/2011