Contra los trabajadores de Kraft, PepsiCo, el sindicalismo de base y las organizaciones políticas que apoyaron los cortes y movilizaciones.

El 20 de agosto de 2009, dos días después de los despidos masivos que efectuó Kraft -Terrabusi, se hizo el primer corte de la Panamericana impulsado por una asamblea del turno noche, haciéndose así público lo que fue el principal conflicto fabril contra la crisis capitalista, una lucha testigo. Durante más de tres meses de esta histórica lucha se sucedieron las medidas que incluyeron 37 días de paro y 11 cortes de ruta. Fue un conflicto enorme tras el cual quedaron fuera de la fábrica 53 trabajadores, lo que se explica sólo por la firma de un acuerdo inconsulto por parte de la burocracia de Daer y la mayoría de la comisión interna de ese momento. Desde el inicio del conflicto comenzó a actuar la justicia penal. No sólo consiguieron el desalojo violento de la fábrica sino que continuaron las causas contra los trabajadores y contra quienes los apoyaron.

Los conflictos en 2010 y 2011 incluyeron nuevos cortes de ruta. El Juzgado Federal de Tres de Febrero (dependiente de la Cámara Federal de San Martín) a cargo del Juez Mariano Larrea, junto con el fiscal interviniente Paulo Starc, inició su cruzada por procesar a todo aquel trabajador y delegado que salga a protestar a la Panamericana. Hoy en día el principal expediente por los cortes ya suma más de 1.300 fojas y se investigan más de 15 cortes entre el 2009 y el 2011. En ese expediente Hermosilla se encuentra procesado por 11 cortes, junto a Coria, Gentile, Norniella, Bogado, Penayo, María Rosario, Ripoll y Pitrola (ver recuadro).

A la vez, un corte del 21 de octubre de 2010 en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra que se hizo al mismo tiempo que un paro en la planta de Kraft, significó la apertura de nuevos expedientes en el mismo juzgado de Tres de Febrero y con el mismo fiscal. Esta vez serían procesados Gentile, Coria y Norniella. Como si se tratara de un chiste ese día también se le inició una causa a la Gendarmería... por negarse a reprimir y desalojar la ruta.

Otras protestas también derivaron en nuevos expedientes y causas: cuando los obreros de PepsiCo cortaron Panamericana contra el fraude laboral y por la efectivización de los contratados, el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Conrado Bergesio (también dependiente de la Cámara Federal de San Martín) procesó a Leonardo Norniella y Catalina Balaguer por ese corte. La empresa, que violó la ley de forma obscena y tiene contratados por más de un año, no va a ser juzgada pese a ser la causante del conflicto. De la misma forma que Kraft no irá al banquillo de los acusados en ningún caso aunque fue la responsable de todo lo sucedido cuando decidió hacer despidos persecutorios. Por su parte, los obreros del Rioplatense y de Paty que cortaron rutas fueron procesados también.

Solidaridad criminalizada

Los delegados y dirigentes hicieron cortes en solidaridad con otras fábricas también sufren procesos: Leo Norniella por apoyar los cortes de Kraft, Lorena Gentile de Kraft por el corte en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra y solidarizarse con los obreros de Paty, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll por ser solidarios en los cortes de Kraft del 2009.

Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, y Hugo Costilla, de Paty, engrosan la lista de delegados procesados. Carlos Ruiz, ex delegado de CAT, junto con Diego Kondracki de la misma fábrica, tienen otros procesos por cortar la ruta cuando Carlos fue despedido ilegalmente. Poco importa que una jueza haya resuelto su reincorporación demostrado el carácter persecutorio del despido. La empresa, según consta oficialmente en la causa, dijo que el despido de Ruiz buscaba que “no se infiltren los zurdos como en Kraft y PepsiCo”. Jorge Sobrado, ex detenido desaparecido y miembro del CeProDH, tiene también proceso por ser parte de los cortes solidariamente y en el colmo de las persecuciones, se procesó al abogado de los propios trabajadores, el Dr. Edgardo Moyano. Todos los cortes por el Despido de CAT (3 en total) se tramitan ante el Juzgado Federal n° 1 de San Martín a cargo de Daniel Gutiérrez, que también depende de la Cámara de San Martín, y la invistigación está a cargo del fiscal Starc.

La fiscalía de Talar a cargo de la Dra. Capra convocó a declarar a casi 30 trabajadores de Kraft, incluyendo a muchos despedidos, por una presunta ocupación de la planta que terminó de forma violenta el 25 de septiembre. Los cargos contra los obreros, estudiantes y militantes de las organizaciones solidarias que fueron detenidos ese día siguen también abiertas. Si no hay más trabajadores procesados se debe a que la Justicia aún no llevó adelante su propia resolución. Sucede que el juez Mariano Larrea resolvió en la “megacausa” citar personal de Recursos Humanos de Kraft para que identifique a los obreros que subieron a la Panamericana en defensa de sus derechos. ¡Un gerente de Recursos Humanos identificando obreros de su fábrica! No sería la primera vez que las empresas colaborasen con las persecuciones.

Contra los delegados

Junto a estas causas penales, en los Tribunales Laborales de San Isidro las mismas patronales impulsan juicios de desafuero contra los delegados independientes. Así están abiertas las causas para desaforar al propio Hermosilla, a Julio Tévez y María Rosario de Kraft, a Víctor Ottoboni, Marcelo Gallardo y otros compañeros de FATE. Además Kraft impulsa denuncias penales contra Pamela Bulacio, Adrián Argañaraz, Julio Tévez y Elvio Baldasarri de la interna de Kraft, por lo que la mayoría de sus miembros se encuentran denunciados penalmente.

En la misma zona los trabajadores de la línea 60 sufrieron ataques brutales por parte de una patota enviada por la empresa. Estos procesos son parte de los más de 4.000 que en todo el país existen contra los luchadores y que llegaron al límite de encarcelar por tres días al dirigente Ferroviario Rubén Sobrero, mientras aún están detenidos los trabajadores Oñate, petrolero de Santa Cruz, y Olivera del Sitraic. Se impone una campaña unitaria y democrática de todas las organizaciones obreras independientes, de los organismos de DD.HH. de todo el país y de los partido de izquierda y democráticos para pararle la mano a las empresas, a la burocracia sindical y a la Justicia que quiere liquidar por esta vía la organización democrática de los trabajadores, de los que enfrentan a los burócratas y no transan con los empresarios.

02-11-2011