El proyecto de ley de seguridad del gobierno del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por medio del cual se considera a la inmigración irregular como un delito, quedó ratificado el pasado 2 de julio como nueva ley con 157 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones. La actual normativa dispone la implementación de la tasa de los permisos de residencia, cuya renovación u obtención pueden costar entre 80 y 200 euros. Medida perversa si las hay, ya que con dicho dinero se creará un fondo para costear los retornos a los países de origen. Los inmigrantes podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros si no tienen sus papeles en orden. Junto a esto, aquellos que hayan recibido una orden de expulsión y no salgan de Italia, amparándose en que la directiva del retorno [1] amplía la retención de inmigrantes hasta sus plazos máximos, podrán ser encarcelados hasta por cuatro años.

Otra “joyita” es que se autorizan las denominadas “rondas ciudadanas”, que consisten en asociaciones de ciudadanos que se postulan voluntariamente para vigilar las ciudades de noche y podrán señalar a las fuerzas de seguridad del Estado situaciones de “desorden o malestar social” o de “peligro” para la seguridad pública y pueden a su vez colaborar con la policía en su búsqueda y detención. Esta medida es una forma de naturalizar y legalizar el accionar de las bandas fascistas que salen a golpear inmigrantes, como ya lo demuestra un hecho ocurrido la semana pasada, en Roma, donde un refugiado político congolés fue atacado mientras sus agresores le decían “sucio negro, vuélvete a tu país, nosotros estamos llevando adelante la voluntad del gobierno”. En las últimas semanas simpatizantes de la extrema derecha se han estado alistando en estas patrullas ciudadanas a fin de garantizar dicho “servicio”, y se han visto imágenes en las que aparecen con uniformes que recuerdan a los utilizados por los nazis.

Para evitar que se brinde protección o ayuda a los inmigrantes, la nueva ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los “sin papeles” que se encuentren en Italia. Gracias a la reacción decidida de los médicos italianos, la obligación de denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a los hospitales para ser atendidos ha quedado fuera de la norma; también se eximió de ello a los directores de centros educativos. Uno de los puntos que generó más polémica es la obligación de poseer documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas, ya que esto impide que los inmigrantes “sin papeles” registren a sus hijos recién nacidos, complica la matriculación en las escuelas e impide que puedan acceder a cualquier servicio social y médico, lo que produciría una generación de ‘niños invisibles, expuestos a una situación extrema de vulnerabilidad.

Bajo la nueva ley todo aquel que preste ayuda a un inmigrante indocumentado podría ser procesado y prevé también el castigo con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel a aquellos que les alquilen una vivienda. Las personas que contraten empleados indocumentados también podrán ser perseguidas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes de origen latino y africano trabaja como empleados domésticos y realizando las tareas de cuidado de personas mayores y niños. El impacto de estas medidas está generando un revuelo político sumamente importante en distintos sectores de la sociedad italiana, incluyendo a sectores de la centro izquierda y la central sindical CGIL, e incluso dentro de la Iglesia Católica, que cuenta entre sus fieles a muchísimos sudamericanos indocumentados.

Sin embargo, no hay ningún movimiento de oposición que esté hoy a la altura de los ataques racistas que estamos presenciando, dejando a los inmigrantes librados a su suerte. Muchas de las medidas implementadas por el gobierno de Berlusconi se amparan en disposiciones reaccionarias votadas por el parlamento europeo, como es la directiva del retorno. La actual crisis económica no hace más que alimentar el clima de xenofobia, como se puede ver en las casi cotidianas agresiones a los inmigrantes.

Son los trabajadores italianos y europeos quienes podrán presentar una alternativa de clase para la defensa de los trabajadores inmigrantes, haciendo suya la bandera que levante el derecho de estos a desplazarse, trabajar, recibir educación y salud como parte de la lucha contra sus burguesías nacionales.