Nos pronunciamos categóricamente contra la reaccionaria sublevación policial ocurrida en Ecuador el día de ayer, así como contra el “Estado de excepción” y la entrega del control del territorio nacional a las Fuerzas Armadas, dictada por el presidente Correa con el argumento de combatir lo que calificó como un intento golpista, pues esa medida sólo podría ir contra las necesidades de la movilización obrera y popular – única que podría enfrentar consecuentemente cualquier intentona reaccionaria-, y convertir al ejército en árbitro de una convulsionada situación política.

El movimiento fue detonado por el rechazo a la nueva legislación sobre el servicio público que recorta algunas prebendas de los uniformados (como los ingresos por bonos y condecoraciones) y se extendió nacionalmente a las guarniciones policiales de la capital y las principales ciudades. Si bien también había descontento en la oficialidad de las Fuerzas Armadas y altos jefes pidieron que esas medidas se dejaran sin efecto, sólo un pequeño sector de la fuerza Aérea en Quito y Latacunga parece haberse plegado.

El motín, de contenido claramente reaccionario, provocó una conmoción que sacudió al país, provocando la paralización de vuelos aéreos y cierre de bancos. Cuando el presidente Correa se dirigió a los policías para exigir que depusieran las medidas, fue abucheado, agredido y finalmente quedó cercado junto a su escolta en dependencias del hospital policial de Quito durante toda la jornada, generándose una aguda crisis política con repercusiones internacionales.

Finalmente, en horas de la noche, y luego de algunos enfrentamientos con varios muertos y numerosos heridos, el movimiento fue perdiendo fuerza y desarticulándose, mientras fuerzas que respondían al gobierno lo liberaban del cerco y Correa se trasladaba al palacio de Carondelet, desde donde habló en público condenando el movimiento y sus reclamos. Ya antes, el presidente había decretado el estado de excepción por una semana, haciendo cargo a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior.

Algunos sectores de la oposición derechista, como el expresidente y Tte. Cnel.(r) Lucio Gutiérrez que parece tener influencia entre algunos uniformados, aprovecharon la situación para lanzar una ofensiva reclamando elecciones anticipadas. Sin embargo, parte importante de la oposición así como los sectores fundamentales de la clase dominante, no apoyaron o condenaron abiertamente el movimiento. Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder de un desprendimiento del derechista Partido Social Cristiano declaraba que “sigamos altivos, rebeldes, libres -y opositores también- pero jamás golpistas ni tolerantes con la delincuencia” y otros voceros de los medios empresariales y de prensa se pronunciaban en una línea similar.

Rápidamente los gobiernos latinoamericanos, la OEA, la UNASUR, el gobierno español y la Unión Europea, y el propio gobierno de Estados Unidos, salieron a condenar los acontecimientos agitando el fantasma del golpe de estado y respaldando de manera prácticamente unánime a Correa.

Es decir, a pesar de que Correa, los gobiernos latinoamericanos (desde Santos y Alan García a Chávez y Cristina), la mayor parte de la prensa y sectores de la izquierda reformista presentaron los hechos como un golpe de estado en marcha, no parece haberse tratado de una conspiración planificada y orquestada con acuerdo de las principales instituciones y el conjunto de los “factores de poder” burgueses y el imperialismo para imponer una salida “a la hondureña”, como fue el golpe que derrocó a Zelaya, sino más bien de una asonada policial detonada por reclamos corporativos en lo que se mezcla además, que en los últimos años la policía ecuatoriana, que es una institución profundamente reaccionaria y antipopular a la que Correa recurrió ampliamente para reprimir manifestaciones docentes, estudiantiles y de otros sectores de trabajadores y el pueblo, se ha venido fortaleciendo, atando lazos incluso con agencias imperialistas (por temas como el narcotráfico) y parece ahora haber pretendido hacer pesar ese poder. Claro que por tratarse de una institución de las fuerzas de seguridad, su movimiento abrió una situación de gran crisis de lo que trataron de sacar provecho algunos sectores opositores con una línea “destituyente”.

Lejos de estar en un momento de especial confrontación con el imperialismo y sus agentes más fieles en la región - como el gobierno colombiano y peruano-, el gobierno de Correa, a pesar de su discurso de “revolución ciudadana” y sus promesas de cambio al estilo populista, viene en un giro a la derecha, tanto en el plano externo, en el que viene intentando separarse de Chávez y tener una política conciliadora hacia Colombia (reconciliándose con el gobierno de Santos y colaborando con la custodia de sus fronteras en el cerco a las FARC), como en el plano interno, como se ve en el plan de ajuste que viene aplicando contra los trabajadores públicos, con las concesiones a las transnacionales mineras y petroleras, etc. Desde hace tiempo viene enfrentado con los maestros, agrupados en la Unión Nacional de Educadores con los estudiantes de la FEUE por la Ley de Educación Superior y con la central sindical, FUT. Así, sectores sindicales, campesinos e indígenas que lo habían apoyado, han ido tomando distancia o pasado a la oposición parcial o frontal a muchas de sus medidas.

Como parte de este curso, Rafael Correa ha venido endureciendo los rasgos bonapartizantes de su gobierno, lo que genera permanentes tensiones políticas y aún roces, con sus partidarios, así, la Ley de servicio Público fue consensuada en el Parlamento con sectores opositores pero terminó vetada por Correa a disgusto de legisladores de su propio Movimiento País.

Ahora, y como parte de una contraofensiva política, el gobierno está utilizando la amenaza de un golpe de Estado orquestado por la derecha para relegitimarse, justificar sus medidas y recuperar base social, en una situación en que viene habiendo enfrentamientos con sectores amplios de asalariados y estudiantes y desgaste de las expectativas populares en sus promesas.

Sin embargo, indudablemente se ha abierto una crisis política de gran magnitud que afecta al régimen y a instituciones centrales del Estado como es la propia Policía, y aún no están claras las derivaciones y consecuencias.
En este marco, es necesario denunciar tanto la reaccionaria sublevación policial como el rol asignado a las FF.AA y el establecimiento del estado de excepción (que prevé el control militar de la seguridad pública, la suspensión de garantías civiles y permite cateos y llamamientos sin orden judicial), por cuanto van contra la necesidad del movimiento de masas de contar con las más amplias libertades de organización, discusión y movilización para enfrentar cualquier acometida reaccionaria, venga de donde venga, y al servicio de buscar una salida de “gobernabilidad” y estabilización, y pone a los militares –que se han desplegado en las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades-, en la situación de árbitros de la política nacional.

Distintas posibilidades políticas están abiertas. Es posible que Correa emerja de la crisis más debilitado, haciendo mayores concesiones a las Fuerzas Armadas y a la derecha. Pero tampoco puede descartarse que se haga más profunda la crisis política, o que termine imponiéndose una salida más bonapartista con el Ejército o se llegue al adelantamiento de elecciones.

Una parte de la izquierda ecuatoriana que apoya a Correa salió a denunciar el golpe, llamando a apoyar al presidente y su “revolución ciudadana”. Otros sectores, apoyaron el motín policial como si fuera una “lucha de trabajadores asalariados” en lugar de un movimiento de agentes de la represión de claro carácter político reaccionario. En ambos casos, se negaron a levantar una política independiente, de clase, para orientar al movimiento obrero, campesino, indígena y popular.
Por su parte, los gobiernos del ALBA (del que es parte Ecuador), con el de Chávez a la cabeza, de Argentina y toda Latinoamérica, bajo la condena del supuesto golpe llamaron a apoyar a Correa y al régimen de la democracia ecuatoriana, pero en la reunión de UNASUR en Buenos Aires ni siquiera –salvo el representante de Paraguay- mencionaron el antecedente de Honduras, mostrando una vez más su impotencia y capitulaciones cuando realmente se dan acciones reaccionarias respaldadas por el imperialismo.

Las bases de una política obrera independiente parten de repudiar la reaccionaria sublevación policial, denunciar el estado de emergencia que le da poder a las fuerzas armadas, denunciar cualquier injerencia de OEA (que terminaron avalando y aceptando como un “hecho consumado” el golpe en honduras) y demás organismos internacionales y llamar a la movilización y autoorganización obrera y popular independiente para enfrentar cualquier intento bonapartista (es decir represivo y autoritario). Lejos de confiar en Correa y apoyar sus medidas, se trata de rechazar todo ataque al salario y a las condiciones laborales de los trabajadores, y toda restricción a las libertades democrática y el derecho de huelga, y unir a las demandas obreras las de los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, contra la depredación minera y petrolera, por la tierra y el territorio y contra la injerencia imperialista, en una perspectiva independiente.

01/10/2010

Fracción Trotskista - Cuarta Internacional