Las crecientes contradicciones del intento anti-democrático y reaccionario de reforma judicial y las denuncias de la corruptela “nacional y popular”, ambas motores de los cacerolazos que cuestionaron por derecha al gobierno, se suman a la crisis de las inundaciones y a las consecuencias del agotamiento del “modelo” que viene pagando el pueblo trabajador. Todo va configurando los contornos de una crisis política nacional, que debemos evitar que sea capitalizada por la oposición patronal aliada (por derecha o por centroizquierda) a los empresarios y las corporaciones (mediática y judicial) tan o más corruptas que los K. La clase trabajadora y la izquierda deben plantear su salida y programa independiente.

Los proyectos de ley de reforma de la Justicia que el gobierno envió al Congreso entraron en un impasse cuando comienzan a tratarse en la Cámara de diputados. Al riesgo de que el oficialismo no llegue con los votos para aprobarla, se suma el retroceso del gobierno que habilitó realizar cambios específicamente en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, lo que implicaría que vuelva al Senado retrasando toda la votación. La semana pasada este proyecto de reforma judicial (dividido en seis leyes) fue cuestionado en sus aspectos más antidemocráticos (como por ejemplo las “medidas cautelares” contra el derecho a huelga), por un amplio sector de organismos de derechos humanos, incluyendo el sector “progresista” que apoya al gobierno. El kirchnerismo tuvo que retroceder y permitir cambios, aunque solamente en ese aspecto de las cautelares, dejando de conjunto un plexo totalmente reaccionario: más poder al Estado –y en lo inmediato al gobierno- contra los derechos del pueblo trabajador. Ahora, la Presidenta permitió introducir reformas después de una carta del presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, que expresaba la planteos contrarios de una mayoría de los jefes de las cámaras de apelaciones nacionales y federales, es decir, “negocia” ante la presión de la corporación judicial que busca mantener sus privilegios oligárquicos. Pero, en principio, permitió sólo dos modificaciones en la comisión de debate de la Cámara de Diputados, donde una de las centrales es que el gobierno aceptó que el presupuesto del poder judicial siga en manos de la Corte Suprema. Pretenden ganarse el apoyo de la “corporación judicial” a la reforma, dejando en sus manos el manejo de las finanzas. Prácticamente una transacción donde se pide un apoyo político a cambio de dejar en manos de los jueces los destinos del millonario presupuesto de la justicia.

El intento bonapartista de ganar influencia sobre la justicia está en crisis, cuestionado por izquierda y por derecha. Los objetivos del gobierno están lejos de la mentada “democratización” y tienen más que ver con sus intereses electorales y con la posibilidad de ganar posiciones e influencia en la justicia que le garanticen impunidad si a mediano plazo quedan fuera del poder, manejando desde el Ejecutivo a todos los jueces desde un Consejo de la Magistratura que se convertiría en una agencia directa de la Rosada.

La crisis con el intento de reforma de la justicia se da en un marco donde tomaron relevancia las denuncias de corrupción que involucran a empresarios con relaciones íntimas con el kirchnerismo y directamente con Néstor y Cristina. Lázaro Báez y Cristóbal López son el “modelo” de la “burguesía nacional” realmente existente que el kirchnerismo ayudó a escalar aceleradamente, un empresariado parásito que vive de los favoritismos y la corruptela del Estado. Y no son los únicos. Otros ejemplos de empresarios de la misma calaña “nacional y popular” son el petrolero Carlos Bulgheroni, también amigo de Kirchner y De Vido o el accionista de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, con tan buenas relaciones con los Kirchner que hasta les prestaba su helicóptero y avión personal e influía a los economistas amigos (de los que era cliente) para que los análisis de inflación no fueran tan “crudos”. Como contrapartida obtenía licitaciones para “inversión”, como la renovación del aeropuerto de Río Gallegos en 2004.

Las finanzas del Estado, como los fondos del Anses que deberían ir a pagar el 82% móvil que se les niega a los jubilados o el dinero que se recauda mediante el impuesto al salario, un robo al bolsillo de todos los trabajadores, va a parar al pago de la deuda externa y a los negociados de los empresarios del “capitalismo de amigos”. A los docentes, como los de Neuquén y Buenos Aires que siguen en conflicto, o los de todo el país a quienes se les impuso el cierre unilateral de la paritaria por debajo de la inflación, se les responde con que no hay plata para aumentar sus magros sueldos. Ante la crisis del sistema de subsidios al transporte se aplican tarifazos impulsados por el gobierno nacional o a través de los gobernadores.

Las consecuencias de las inundaciones de principios de abril, convertidas en un crimen social, ya habían demostrado que los gobiernos de cualquier signo permiten negociados de los monopolios inmobiliarios, mientras no se realizan las mínimas obras indispensables para evitar catástrofes como esta que se llevó la vida de más de 60 personas, la mayoría perteneciente al sector más vulnerable de nuestras población, los jubilados.

Contra la perspectiva que nos plantean Moyano y Micheli de la CGT y CTA opositoras, que pretenden llevar a los trabajadores detrás de las distintas variantes de la oposición patronal y mediática, la clase obrera debe intervenir con una propuesta y un programa independiente ante las crisis del gobierno.

Contra la reforma bonapartista que impulsa el gobierno y contra la defensa de la casta judicial que hace la oposición, planteamos la necesidad de la elección popular y universal de los jueces e imponer los juicios por jurado, además que los jueces deben ser revocables y cobrar lo mismo que un trabajador. Estas son medidas mínimas de una real democratización que termine con esa casta privilegiada y vitalicia.

Contra la inmundicia de la corruptela que involucra a funcionarios o legisladores, se debe impulsar como medida mínima la propuesta del diputado por el Frente de Izquierda de Neuquén, Raúl Godoy, que plantea que “todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que una maestra”, además de que deben ser revocables, como medida elemental para echar a los funcionarios cómplices de la corrupción que se hace a costa del dinero público.

Basta de subsidios a los capitalistas amigos o a las privatizadas que mantienen los servicios públicos, como el transporte, en condiciones desastrosas. El dinero del Estado debe servir para poner en marcha un plan de obras públicas de emergencia, pero para acabar de una vez por todas con el método de las licitaciones truchas que favorecen a empresarios corruptos, debe estar bajo el control de las organizaciones de los trabajadores. Se necesitan construir viviendas y un plan de obras para evitar catástrofes como la que ocurrió recientemente. No sólo hay que sacarles los subsidios a los capitalistas, sino cobrarles impuestos progresivos a los empresarios del campo y la ciudad.

Los dirigentes sindicales, empezando por Moyano y Micheli, deberían romper su seguidismo a la oposición patronal y llamar a la movilización independiente de los trabajadores por sus propias demandas. Hay que partir de apoyar a los trabajadores que enfrentan despidos de efectivos (Lear, Latingráfica) o contratados (Kraft), que reclaman aumentos de salarios (Felfort), a los docentes que siguen en lucha (como Neuquén y Buenos Aires), y llamar a romper el “cepo” a las paritarias, acabar con el impuesto al salario, imponer el 82% móvil y preparar un paro nacional por las demandas de toda la clase trabajadora y el pueblo.

Frente a la posible crisis política nacional que evidencian todos estos hechos, no hay que permitir que sea capitalizada por la oposición patronal de derecha o de centroizquierda que responde a los mandatos de las corporaciones como la judicial o el grupo Clarín, y cuando gobernaron (o donde gobiernan como Binner en Santa Fe o Macri en Capital) lo hacen para los mismos intereses patronales y contra los trabajadores y el pueblo. La respuesta a la crisis debe imponerla la clase trabajadora.

En esta perspectiva, el 1° de mayo en Plaza de Mayo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores levantará la única tribuna verdaderamente independiente bajo la bandera "Por una alternativa de los trabajadores y la izquierda". Llamamos a todos los trabajadores que enfrentan a las patronales y a las burocracias sindicales, a los estudiantes de izquierda, a todos los que luchan por sus derechos, a movilizarse el 1° de mayo a Plaza de Mayo para evitar que la decadencia del gobierno la capitalice la oposición patronal en sus distintas variantes.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS - PTS - 23/04/2013