La ley aprobada en el Parlamento y promulgada por Evo Morales el lunes 6 de marzo convoca a elección de constituyentes para el 2 de julio (junto con el referéndum sobre las autonomías departamentales) e instalación de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto en la ciudad de Sucre. Pero lejos de responder a las expectativas populares de una Constituyente donde debatir y resolver los grandes problemas nacionales y “refundar el país”; la misma es producto de un pacto entre el gobierno del MAS con la derecha política (PODEMOS, MNR y UN) y los representantes “cívicos” de la oligarquía de Santa Cruz y otras regiones, dirigido a frustrar esas legítimas aspiraciones democráticas.

Después de algunas disputas iniciales en torno a los distintos proyectos presentados al parlamento (el del MAS y los de la oposición), bastaron unas cuantas declaraciones amenazantes de la derecha y los “cívicos” cruceños para que Evo Morales y el MAS cedieran y “consensuaran” una Ley de Convocatoria que incluye las “garantías” exigidas por la reacción.

García Linera, como presidente nato del congreso se encargó de “articular” este pacto y alinear a toda la bancada masista, que votó disciplinadamente. Con este acuerdo no sólo se cerró la posibilidad de que las disputas en torno a la convocatoria se transformaran en una crisis política, sino que el gobierno del MAS da un nuevo y claro paso a la derecha, en el camino de la conciliación con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales..

Una convocatoria no democrática

La Ley de Convocatoria consensuada modifica el proyecto original del MAS, que ya era bastante restrictivo, pero sólo en beneficio de la derecha:

– Se elegirán tres constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones (sumando 210), estos se elegirán dos por al primera mayoría y uno por la segunda. Se suman también 5 representantes por departamento (otros 45) haciendo un total de 255 diputados. Este mecanismo favorece al MAS (que podrá contar con una amplia mayoría), pero aumenta las posibilidades de la derecha y reafirma el peso político de los departamentos del Oriente.

– No se aceptaron ni siquiera las “circunscripciones especiales” demandadas para que los pueblos originarios, particularmente en el Oriente y el Sur, eligieran representantes propios “según usos y costumbres”, mucho menos alguna forma de participación directa para sindicatos y organizaciones populares, como demandaban varios movimientos sociales; también sería negado el derecho elemental a elegir de los bolivianos residentes en el exterior (aunque el Art. n° 28 lo reconoce de palabra, lo remite a una posterior ley), también queda devaluada la participación de la mujer.

– Al limitar, manteniendo la reaccionaria legislación electoral, la inscripción departamental o nacional de las fuerzas que quieran participar, prácticamente se proscribe la participación de nuevas expresiones obreras, de izquierda o populares; esto, cuando el criterio democrático más elemental demandaba ampliar la posibilidad de presentarse para cualquier grupo de trabajadores o campesinos que quisiera presentar su propia propuesta.

Una Asamblea maniatada

El artículo 25 de la ley de Convocatoria establece que se “aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea”, lo que significa que aunque el MAS tenga mayoría, la Constitución resultante dependerá de un acuerdo con la oposición y los “cívicos”. Esta es una “cláusula cerrojo” adicional a favor de la derecha, que podrá así cerrar el paso a las tibias reformas que pueda surgir del MAS.

La Constituyente durará entre seis meses y un año y seguirán funcionando regularmente los demás poderes del Estado, lo que contribuye a recortar sus funciones y a contrapesar su importancia manteniendo la “normalidad” en el funcionamiento estatal según la reaccionaria y neoliberal Constitución actual, que además, si no hubiera acuerdo, seguirá rigiendo.

Un referéndum a la medida de las oligarquías regionales

Como si no fuera suficiente, se aprobó también la convocatoria al referéndum autonómico, bandera del Comité Cívico de Santa Cruz que condiciona aún más la Constituyente, pues tendrá carácter vinculante. Con esto, las élites dirigentes de Santa Cruz, Tarija y otros departamentos consolidan su poder, contando con la autonomía como garantía contra cualquier veleidad de la Constituyente o del gobierno central y preparando el terreno para disputar el control sobre la tierra, el gas y otros recursos naturales. Este referéndum ni siquiera menciona la posibilidad de que pueblos originarios -como los guaraníes, chiquitanos u otros-, o regiones -como el Chaco- aspiren a su propia autonomía territorial.

Una Asamblea que no responderá a las legítimas aspiraciones populares

La ley de Convocatoria y el referéndum autonómico pactados entre el MAS y la reacción condicionan la Constituyente a los marcos aceptables para la burguesía, los terratenientes y las transnacionales. Es decir, preservar de cualquier cambio la gran propiedad y la sujeción al capital extranjero, admitir sólo aquellas tímidas reformas políticas y de organización estatal que o bien, no afecten los intereses y posiciones fundamentales de la clase dominante y las transnacionales, o bien, se reduzcan a frases bonitas. No le falta razón a García Linera al reconocer por adelantado “que sólo un 10 o 20% de la Constitución será cambiado en la Asamblea Constituyente” (Bolpress, 8/03). Con ello, el MAS retrocede hasta de sus promesas anteriores, cuando hablaba de una “refundación del país” a través de la Asamblea Constituyente. La asamblea que convocan no será ni libre ni soberana, no responderá a las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo trabajador y no resolverá ninguno de los grandes problemas nacionales.

Impotencia y capitulación de las cúpulas sindicales y los “radicales”

Pese a las limitaciones de la convocatoria, se plantea la gran tarea política de llevar a la Asamblea una representación de la clase obrera que defienda los principios de la independencia de clase, tal como señalan los estatutos de la COB, para pelear consecuentemente por la efectiva nacionalización del gas, por las demandas de los trabajadores, la tierra y el territorio, contra la opresión de las mayorías indígenas y demás demandas obreras y populares. Esto podría ser un importante paso para que los trabajadores puedan pesar con su propio programa y su propia voz en la vida política nacional, comenzando a construir un instrumento político de los trabajadores (IPT) basado en los sindicatos y con amplia democracia obrera, armado con un programa que proponga una salida obrera y campesina a la crisis nacional.

Lamentablemente, una vez más los dirigentes sindicales y los sectores que aparecen como “radicales” a izquierda del MAS, no dieron un solo paso efectivo para oponerle una alternativa clasista. No llamaron a una sola acción para exigir una Constituyente soberana, no movieron un dedo para impulsar el IPT y su presentación en la Asamblea. Es que muchos de ellos, aunque a veces hacen críticas correctas al MAS, no quieren romper políticamente con el gobierno (pues también defienden una estrategia reformista, de presión y acuerdos con sectores burgueses) y tampoco tienen ninguna confianza en la capacidad de los trabajadores para organizarse y dar la pelea en todos los terrenos.

¡Impulsemos una Propuesta de los Trabajadores ante la Constituyente!

Sin embargo, aún es posible dar esta pelea. Junto a compañeros dirigentes de sindicatos como el de SABSA (Aeropuerto de El Alto) y otros, vecinos combativos de El Alto y jóvenes y mujeres trabajadoras, desde la LOR-CI, con nuestras modestas fuerzas, impulsamos a nivel del Departamento de La Paz la conformación de la “agrupación ciudadana Propuesta de los Trabajadores” (PT) para pelear por una representación obrera a la Constituyente, independiente de los empresarios y sus partidos así como del gobierno masista. Hemos vencido el primer obstáculo, el del registro de la agrupación en la Corte electoral y la entrega de los correspondientes libros de firmas, pero falta un segundo obstáculo mucho más difícil: reunir casi 20.000 firmas en apenas tres semanas, como exige la reaccionaria legislación electoral actual, creada por los neoliberales y mantenida por el MAS, que cerró prácticamente las posibilidades de participación electoral a los sindicatos, las organizaciones populares de masas y a las corrientes políticas de la izquierda obrera y socialista.

Esto no sería un obstáculo insalvable para la COB y las principales organizaciones sindicales si sus dirigentes hubieran querido prepararse política y organizativamente para esta pelea, pero es muy difícil para nuevos grupos de trabajadores que quieren organizarse políticamente o nuevas corrientes de izquierda. No obstante, el registro alcanzado por la agrupación PT es puesto a disposición de los trabajadores que quieran organizarse y hacer escuchar una voz obrera unitaria e independiente en la AC.

Proponemos a los dirigentes que han declarado estar a favor de un IPT independiente, a los sindicatos combativos y a las corrientes que se reclaman obreras y socialistas, a los trabajadores, mujeres y jóvenes combativos a sumarse al esfuerzo para hacer posible una propuesta unitaria de los trabajadores en la Constituyente, en base a un programa de independencia de clase y por la alianza obrera y campesina, sumándose activamente a las tareas de recolección de firmas, a la elección de candidatos obreros, elegidos en las asambleas de base, y a la campaña de difusión. Sabemos que la tarea es muy difícil, pero el sólo hecho de una campaña activa por la propuesta de los trabajadores en las fábricas y empresas, en los barrios y en los centros de estudio, podrá interesar a muchos trabajadores y jóvenes, comenzar a organizar nuevas fuerzas y preparar un terreno más favorable para la organización política de la clase obrera en el próximo período.

LOR-CI
Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional
13 de marzo de 2006