En su discurso en el peculiar “festejo” por los “30 años de democracia” Cristina Kirchner calificó de “extorsión policial” a la protesta que ha mostrado una profunda crisis del aparato estatal. Lo que no dijo es que tanto los gobiernos provinciales como el nacional cedieron ante el chantaje policial que no sólo reclamaba mayores ingresos por el cumplimiento de su función represiva sino también impunidad. A Scioli, que realizó una reunión con los diputados propios y opositores (menos el FIT), y a Cristina, en el acto festivo, solo les faltó decir “feliz navidad, la casa está en orden”, parafraseando el “felices pascuas” de Alfonsín cuando cedió ante los carapintadas el reclamo de “obediencia debida”.

La protesta policial surge en medio del “fin de ciclo” kirchnerista, con fragmentación del poder político y elementos de crisis económica expresados especialmente en la caída de las reservas y en la escalada inflacionaria que, en los alimentos, llega a un 40% anual. En Córdoba, donde se inició el conflicto, es probable que entre sus causas se halle una cierta merma en la recaudación del negocio del narcotráfico, luego del escándalo y el descabezamiento de la policía local. Por ello salario e impunidad fueron los ejes de los reclamos. En Neuquén se venía de la condena al policía Claudio Salas, asesino de gatillo fácil de Brian Hernández, y del asesinato del principal testigo del juicio, Gabriel Gutiérrez, poco antes de la condena. En Provincia de Buenos Aires el reclamo de “amnistía” para los sancionados fue concedido por Scioli junto a un cambio en la aplicación de las sanciones. Con protestas en 20 provincias tiende a emerger un peligroso actor reaccionario en la escena política, que tomó conciencia de su “poder de fuego”: son unos 200 mil los efectivos de las policías provinciales, que se suman a los poco más de 100 mil que componen las fuerzas de seguridad (recordemos que Gendarmería y Prefectura se rebelaron en 2012 aunque los que lideraron la protesta fueron exonerados). Esto no significa que la protesta no ha tenido un costo político para las policías. Donde dejaron zonas liberadas y organizaron los primeros saqueos, una parte importante de la población los repudia abiertamente, como se ve sobre todo en Tucumán.

Cristina también hizo demagogia denunciando a quienes utilizaron en la campaña electoral el discurso de la “seguridad”. Omite decir que también fue el planteo del oficialismo, no sólo por la baja de la edad de imputabilidad que propuso Martín Insaurralde sino por la política de Scioli y Cristina en Provincia de Buenos Aires, colocando a un defensor de la mano dura como Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad provincial. Salvo el FIT, que denunció la responsabilidad policial en el narcotráfico, las redes de trata y prostitución y los desarmaderos de autos, todas las fuerzas políticas sostuvieron en las elecciones planteos favorables a la mano dura y a la criminalización de los pobres y la juventud. Discursivamente el gobierno está volviendo a los planteos de la “seguridad democrática”, mientras en los hechos sus gobernadores aplican “mano dura”, lo mismo que el Secretario de Seguridad Sergio Berni, a quien insólitamente defendió la presidente por detener y alojar en las instalaciones militares de Campo de Mayo sin orden de juez a desocupados que reclamaban en la Panamericana. En Provincia de Buenos Aires tenemos un ejemplo claro de cómo los gobiernos pasan de una política de “mano dura” a una de “seguridad democrática”, mientras la Bonaerense sigue siendo la del gatillo fácil y manejo del narco y la trata. En suma, no hay reforma de la policía favorable a los intereses de los trabajadores. La hipocresía del discurso gubernamental se completa con el impulso dado al ascenso del represor Milani al frente del Ejército.

Como parte de las ilusiones en que es posible “democratizar” a la policía, la CTA Micheli, la CGT de Moyano y sectores de izquierda (a los que se agregan alas del kirchnerismo) sostienen ante esta crisis que hay que avanzar en su sindicalización. Para las fuerzas de izquierda, hacer este planteo es desconocer que hay una diferencia esencial entre cualquier trabajador y un policía que, aunque cobra su sueldo del Estado, es parte de una institución que tiene como fin preservar el orden capitalista en base a la represión de la clase trabajadora y el pueblo. Sus demandas “corporativas” hacen a cómo cumplir mejor esta función, y estas demandas son las que estarían presentes en sus sindicatos (ya lo están en los que existen sin reconocimiento legal). Por ello nos enfrentamos a toda visión que genere ilusiones en que puede “democratizarse” la policía burguesa, estamos por su disolución y como plantea la Declaración programática del FIT por “reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno”.

“Aumento a los trabajadores, no a los represores”

Pocos días antes del inicio de las protestas policiales el jefe de Gabinete, Capitanich, anunció que no darían bono de fin de año ni doble aguinaldo a los jubilados, los estatales y los que cobran la Asignación Universal. Es parte de la política de ajuste, que tiene como punta de lanza el salto devaluatorio del peso y la liberación de precios en los alimentos. Esto va acompañado de una política de conseguir financiamiento externo e inversiones a partir de mostrarse “amigos del mercado”, lo que antes postulaban los neoliberales y hoy impulsa el gobierno con Kicillof y Capitanich.

Pero no todo está dicho. En muchos trabajadores hay indignación por el contraste entre las respuestas favorables dadas a los policías y cómo actúan los gobiernos ante las demandas obreras, que se suma al descontento salarial. Scioli, por ejemplo, obligó por decreto a que sus ministros descuenten los días de huelga a estatales y docentes. Hay asambleas en distintas reparticiones planteando la recomposición salarial. En Córdoba se tomaron hospitales y distintos sectores preparan reclamos. En Neuquén este miércoles 11 hubo un primer paro de varios gremios exigiendo un salario mínimo de bolsillo de $10.000. En Tucumán en la marcha el mismo día a Casa de Gobierno repudiando tanto a Alperovich como a la policía se veían carteles que decían “Aumento a los trabajadores, no a los represores”. El principal freno que tienen los trabajadores es la acción de la burocracia, que fue funcional a la política de enfrentar clase media y trabajadores contra los sectores más pauperizados. Algo que también mostró la crisis es que más allá de los relatos este orden social sólo puede mantenerse mediante la militarización de las barriadas populares, donde los jóvenes crecen sin perspectiva de futuro. Por eso es necesario que la clase obrera tome junto a las demandas de los sectores sindicalizados los planteos de plan de obras públicas controlado por los trabajadores y la demanda de vivienda que hace a las necesidades de las capas más pauperizadas de la clase trabajadora.

Mientras el grueso de la burocracia deja pasar el ajuste, Micheli de la CTA opositora habla tardíamente de la necesidad de un paro pero sin oponerse claramente a los motines policiales. Se vuelve más urgente la recuperación de los sindicatos, para que la clase obrera pueda intervenir con su programa y sus métodos. Para imponer un paro que unifique todos los reclamos de los trabajadores. Rechazando el chantaje policial, exigiendo un plus de fin de año o doble aguinaldo para trabajadores ocupados, desocupados y jubilados, aumento y generalización de la Asignación Universal, 82% móvil para los jubilados, salario mínimo igual a la canasta familiar, ajustado según inflación y el fin de la precarización laboral. Junto a esto exigir el desprocesamiento de los 5.000 luchadores procesados y la absolución a los petroleros de Las Heras.

Ante las necesidades inmediatas, hay que encauzar la lucha por alimentos y vivienda dirigiéndola hacia el poder político reclamando la entrega de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y que trabajen coordinadamente con las organizaciones obreras. Esto evitaría el método desesperado de los saqueos que son usados (y hasta impulsados) por la policía y en muchos casos llevan al enfrentamiento de pequeños comerciantes contra los pobres.

La vanguardia obrera, empezando por las agrupaciones clasistas y siguiendo con las comisiones internas, cuerpos de delegados y seccionales sindicales recuperadas por los trabajadores, las organizaciones estudiantiles combativas y pro-obreras, deben tomar esta perspectiva. Sólo la clase obrera, acompañando y acaudillando al resto de los sectores oprimidos y el pueblo pobre, sobre el que “opera” impunemente la policía, puede dar una salida progresiva a la crisis en curso.