Como trascendió públicamente, y denunciamos (www.lts.org.ve), lo que el pasado jueves 09 de junio iba a ser una asamblea de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco para elegir la comisión electoral para las elecciones del sindicato, terminó trágicamente con el resultado de un trabajador muerto y otros dos heridos de bala. La única persona que fue vista con un arma de fuego y disparando fue Héctor Maicán, secretario de Finanzas del sindicato, quien es militante del PSUV y dirigente del sector que es apoyado e impulsado por la gerencia “socialista” de la empresa y por el propio gobernador Rangel Gómez. A menos de tres días de ser detenido, el tribunal ha desechado enjuiciarlo por homicidio y sólo le abrirá juicio por porte ilícito de armas y lesiones leves (!), a la vez que lo liberó y le asignó régimen de presentación cada 30 días.

Se trata claramente de un intento del gobierno por garantizar impunidad a lo que ya viene conociéndose como las bandas armadas sindicales del PSUV –una reedición de “los cabilleros” y bandas armadas de Acción Democrática en el movimiento obrero. Como se sabe, en la próxima elección del sindicato de Ferrominera estaba en juego la posibilidad de que el gobierno perdiera el control del mismo, control que obtuvo mediante la prisión de año y medio a que condenaron a su Secretario General, Rubén González: esto permitió que asumiera la dirección el actual secretario de Organización, Alfredo Spooner, cabecilla del sector de la FSBT –la corriente sindical más importante del PSUV–, completamente gobiernero. Spooner, no solo se opone a la medidas de lucha sino que avaló la prisión, el juicio y la condena a 7 años y medio de cárcel a Rubén González por ponerse al frente de la huelga de los ferromineros exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo en junio de 2009. ¡Para poder hacerse con el control del sindicato, el gobierno criminaliza y mete preso al Secretario General… ahora que vienen de nuevo elecciones y posiblemente las pierdan, amedrenta a tiro limpio a quienes se le oponen!

Rubén González estuvo preso año y medio acusado de “restricción a la libertad de trabajo”, “agavillamiento”, “violación de zona de seguridad nacional” e “instigación a delinquir” y fue condenado a 7 años y medio al ser declarado culpable de los dos últimos. La creciente movilización y repudio obrero a la condena, lograron que el gobierno echara para atrás la condena (aunque aún sigue pendiente el juicio). Sin embargo esta vez, aún no habiendo ninguna otra persona que haya sido vista ni señalada de disparar en los hechos que llevaron a la muerte de un trabajador y las heridas de dos más, el gobierno actúa rápidamente para desechar sin más la acusación de homicidio, liberar al sospechoso, y solo plantear juicio por porte ilícito y “lesiones leves”… ¿quién responde entonces por los balazos y la muerte del trabajador? En el lugar de los hechos hay cámaras de filmación instaladas por la propia empresa, sin embargo, la gerencia dice ahora que justo en esos momentos no funcionaban y no hay evidencia de nada. Pero eso no es todo, al mismo tiempo, uno de los trabajadores heridos, perteneciente al sector que no se subordina al gobierno, permanece en el hospital ¡esposado a la cama y a la espera de su recuperación para ser encarcelado y enjuiciado por “agavillamiento” por haber participado de la misma huelga de 2009 por la que se juzgó a Rubén González!

Es todo un entramado para garantizar impunidad a sus burócratas sindicales que patotean y atacan a los que luchan, y continuar al mismo tiempo a los que luchan por sus demandas con los propios métodos de la clase obrera. La primera medida de la gerencia “revolucionaria” de la empresa fue “suspender toda actividad sindical” y tratar de impedir la libre circulación del secretario general, Rubén González, más bien reclamando que se lo volviera a encarcelar, al tiempo que la diputada Yelitze Santaella, Vicepresidenta del PSUV para la región sur del país, salvaba rápidamente de toda responsabilidad sus dirigentes sindicales, señalando como responsable a Rubén González.

Urge ya la conformación de una Comisión Obrera Independiente de Investigación

Como señalamos al conocer lo sucedido, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables de estos crímenes no puede dejarse de ninguna manera en manos de las instituciones burguesas. Ni los tribunales, ni el CICPC, ni la gerencia de la empresa, ni la misma Asamblea Nacional garantizan una verdadera investigación, sino que como vez ya actúan en tiempo récord para encubrir a los responsables y garantizar la impunidad. Solo una Comisión Obrera Independiente de Investigación, conformada por trabajadores elegidos por la base obrera, por familiares de las víctimas y por miembros de organismos de derechos humanos, puede ir hasta el final en esta investigación. ¿Quiénes más interesados en que se conozca la verdad de los hechos que los propios trabajadores que padecen estos ataques y los familiares de las víctimas? ¿Quiénes más aptos para garantizar que los intereses del gobierno o de las alas de la burocracia no obstaculicen las investigaciones sino los propios trabajadores de base? Mediante la elección democrática en asambleas de base, sin ningún tipo de condicionamientos ni amedrentamientos de la empresa, de la Guardia Nacional ni de las patotas sindicales, la base obrera debe escoger de entre sus mejores compañeros y luchadores a quienes integren esta comisión, que debe tener acceso irrestricto a toda la información y documentación disponible para llegar a la verdad de los hechos. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo repudiamos totalmente las maniobras de la “justicia” a favor de estas bandas armadas del PSUV y el gobierno, que sólo buscan garantizarles impunidad para que sigan haciéndole el trabajo sucio al gobierno de intentar controlar, así sea a balazos, al movimiento obrero que lucha sin subordinarse a la supuesta “revolución” y el supuesto “socialismo” del gobierno de Chávez.

Viernes, 17 de junio de 2011.

LTS
Liga de Trabajadores por el Socialismo