Chávez: «un empresariado nacional necesitamos, y estamos dispuestos a trabajar juntos»

Chávez ha anunciado «los cinco motores constituyentes» para su nuevo mandato: una nueva ley habilitante; la reforma de la Constitución; la jornada moral y luces; la nueva geometría del poder sobre el mapa nacional; y la llamada explosión del poder comunal. Este anuncio junto al llamado a la renacionalización de parte del sector de telecomunicaciones y la electricidad, así como avanzar en la creación de las empresas mixtas junto a las transnacionales petroleras en las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco, constituyeron el inicio del nuevo mandato por el período 2007-2013. La Asamblea Nacional inmediatamente promulgó la Ley Habilitante que le otorga plenos poderes a Chávez, que le dará el derecho de legislar vía decretos durante un año y medio en once áreas distintas. Entre 50 ó 60 leyes serán decretadas solamente en la primera fase enfatizó Chávez en su primera conferencia de prensa, pero aclarando que aquí nadie será expropiado: «en 8 años no hemos quitado nada. Ese es un discurso trillado del siglo pasado. Desde 1999 dicen que despojaré de propiedades y eso es falso. Es una guerra sucia de las ideas» [1].

La amplia mayoría de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo ha visto con gran simpatía el anuncio de las «nacionalizaciones». No es para menos este sentimiento del pueblo que después de tantos años de neoliberalismo vieron que una buena parte de las riquezas del país fueron entregadas a las manos de las corporaciones privadas extranjeras y nacionales. Pero no nos llamemos a engaño, luego de 8 años de gobierno Chávez lanza esta medida en la que, como ya ha sido aclarado, «no se trata de una medida de expropiación, las empresas estratégicas se van a comprar». Se les pagará a aquellos a quienes los gobiernos entreguistas les regalaron estas empresas y que durante más de una década saquearon la nación llevándose todas las ganancias para engordar los bolsillos de las grandes corporaciones internacionales. La primera medida hubiera sido la confiscación lisa y llana sin pago y bajo control de los trabajadores y los usuarios de todas las empresas privatizadas (y no solo de algunas), en el camino de expropiar sin indemnización de todas las grandes empresas, la banca y las industrias estratégicas como el petróleo y el gas. Pero no, se deja por fuera empresas claves como Sidor, y en vez de que los trabajadores controlen las que serán nacionalizadas, se les llama ahora a las transnacionales a ser socios en el negocio del Estado como en el sector petrolero, e incluso se permitirá la participación accionaria de sectores privados en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones (ver artículo en este periódico).

El pueblo ha visto con simpatía también los discursos sobre la «nueva etapa hacia el socialismo del siglo XXI», pues realmente quiere cambios reales y que se cumplan sus demandas fundamentales luego de 8 anos de gobierno. Pero nuevamente Chávez ha remarcado que no se tocará a la propiedad privada. Por eso, para quien no le había quedado claro, en «la vía venezolana al socialismo» se respetará «el derecho» de los ricos de siempre a continuar viviendo del trabajo, sudor y sangre de los trabajadores y el pueblo pobre. Pocas palabras bastan. «En Venezuela estamos construyendo un modelo propio: un modelo de economía mixta. No negamos la propiedad privada» enfatizó Chávez en el Aló Presidente 264. Es decir, los sectores empresariales continuarán, como ha sido históricamente, siendo dueños de los grandes medios de producción y de cambio, los que durante toda la historia de nuestro país han vivido de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, de la expoliación de los campesinos y semiproletarios del campo y condenado a la miseria al pueblo pobre. Y para enfatizar aún más, Chávez reiteró que los sectores empresariales están invitados a participar en la construcción del «socialismo del siglo XXI». Y atendiendo el llamado, el presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), Alejandro Uzcátegui, lanzó la creación de la Confederación de Empresarios «Socialistas» de Venezuela, y que será integrada, además de Empreven, por la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) y la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan), entre otras tantas asociaciones empresariales [2]. Es por esto que la burguesía venezolana no será afectada económicamente por los anuncios de la «vía venezolana al socialismo». Extraña revolución es esta donde los explotadores de siempre continúan con sus negocios normalmente, es más, han prosperado en sus ganancias [3].

La nueva Ley Habilitante que ha aprobado la Asamblea Nacional le otorga plenos poderes a Chávez, concentrando así todas las decisiones de Estado en sus diversos ámbitos, tanto para legislar como ejecutar. ¿Qué significa todo esto? Que durante un año y medio gobernará por decreto, aumentando y centralizando todas las decisiones en sus manos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la llamada «explosión del poder comunal»? Absolutamente nada, es más, es completamente lo contrario. Si ya antes existía una total exclusión de «los de abajo» en la marcha real de los asuntos del país, hoy esto se refuerza aún más, y peor aún cuando el llamado «poder comunal» estará sometido a una «comisión presidencial» bajo la orden del Vicepresidente del país. Vemos cuan distante es la retórica de la «explosión del poder comunal» de la cruda realidad, donde los explotados de siempre no tienen ni tendrán ningún poder de decisión.

Como ya hemos escrito, la implementación de ciertas «formas democráticas», como ha venido haciendo a lo largo de su mandato, como fue en su momento la creación de los Consejos Locales de Planificación Pública a nivel de los municipios y ahora los Consejos Comunales, los referéndums, la otrora asamblea constituyente, le da una fachada de participación popular. Pero la realidad es todo lo contrario, ya que lo que se busca con los nuevos mecanismos es el control del movimiento de masas a quienes les niega cualquier poder de decisión en las cuestiones políticas centrales del gobierno. Con la nueva Ley Habilitante se refuerza y confirma, estando esto ligado a la creación del PSUV, como explicamos en este mismo periódico, donde el objetivo que se persigue es controlar cualquier atisbo de independencia de clase y no lo contrario, de dotar de mayor poder de decisión a los trabajadores y trabajadoras. Lo que busca Chávez con su nueva política de concentración de poderes, es lo que los marxistas llamamos una mayor bonapartización del régimen y del gobierno, intentando «elevarse» por encima de las clases para arbitrar entre las disputas entre las mismas, persiguiendo atenuar y prevenir las profundas contradicciones entre los explotados y la clase económicamente dominante. Y como ya sabemos en esto siempre pierden los trabajadores y el pueblo pobre.

Ligado a esto está la reforma de la Constitución que prepara Chávez, sobre la cual a penas a hecho algunas generalizaciones pero enfatizando como una de las reformas urgentes la tan mentada «reelección indefinida» del presidente de la República. La cuestión radica en buscar los mecanismos jurídicos de la Constitución bolivariana que daría espacio para una especie de «bonapartismo plebiscitario», donde se suceden elecciones en las que «la mayoría pobre» vota recurrentemente por Chávez pero donde no se realizan cambios sustanciales ni se resuelven los problemas estructurales de los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre, como hemos visto a lo largo de los últimos ocho años. Chávez nos habla del «poder constituyente» pero ni siquiera está dispuesto a abrir un «proceso constituyente» revolucionario, y lanza una reforma constitucional por arriba, alegando un cierto «poder originario» que le dieron las elecciones. ¿Pero dónde está entonces el llamado «poder popular» y la «explosión del poder comunal»? En las manos de Chávez y de los que lo rodean pero no realmente en los explotados y pobres del país, que son los que producen todo. Chávez, que utilizando el argumento de la burocracia corrupta quiera desterrar cualquier elemento de independencia de clase, avanza cada vez más en la bonapartización de su gobierno.

De todo esto, más allá de la retórica del Presidente y algunas concesiones que ha venido haciendo vía las Misiones, poco pueden esperar los trabajadores y el pueblo pobre, a no ser reformas que intentan rasguñar los males de esta sociedad capitalista. No se trata de reformas sino de acabar de una vez por todas con la explotación del sistema capitalista, la expropiación de todos los medios de producción, de cambio, las tierras y la nacionalización de toda la banca. Como todos estos años lo han demostrado, la clave es, seguimos insistiendo, que los trabajadores solamente debemos confiar en nuestras propias fuerzas y las formas de organización y lucha que vayamos construyendo, solamente así podremos realmente ser dueños del gobierno de nuestros propios destinos. La verdadera «explosión del poder comunal» sólo puede venir del surgimiento de organismos de autodeterminación de los trabajadores en la dinámica que lo expresó recientemente el pueblo de Oaxaca y su Comuna, que más allá de todos sus límites apuntaba a desarrollarse como un organismo de poder y de democracia directa como fue la APPO [4], nacida del combate de los trabajadores del magisterio y los explotados del pueblo. El surgimiento de organismos de democracia directa de las masas en lucha son los únicos que pueden realmente lograr un «poder popular» de los explotados y oprimidos, pero para desarrollar estas potencialidades es necesario la acción de un partido revolucionario que pelee por una estrategia política y un programa claramente revolucionario, tarea planteada hoy más que nunca en nuestro país, y que tenga como objetivo estratégico la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

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