Por: Facundo Aguirre , Ruth Werner

Como en la obertura de una ópera, enero de 2012 anticipa lo que deberá enfrentar la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Los sucesos internacionales y ciertos indicadores económicos locales prendieron la señal de alarma indicando el inicio de una nueva etapa. No hay provincia del país que no esté tocada, de alguna manera y más allá de los ritmos, por la dinámica “ajustadora” que se ha apoderado del gobierno nacional, de los gobernadores provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El contundente ataque contra estatales, jubilados y docentes de Santa Cruz se frenó por un par de meses gracias a una combativa movilización que impidió la votación del ajuste. Pero las direcciones que conforman la Mesa de Unidad Sindical negocian para marzo, un nuevo plan más “pasable” recortando los aspectos más “irritantes” de la ofensiva lanzada por el kirchnerista Peralta. En Río Negro gracias a la ley de emergencia del asesinado Soria y continuada por el ultra K Alberto Weretilneck ya comenzaron los despidos a contratados y los pase a disponibilidad de estatales sin que haya acciones de envergadura de ATE o UPCN, que le han otorgado una oportuna tregua al nuevo gobierno (ver nota en página 7). También sigue en pie el proyecto que autoriza el uso del cianuro en la minería a cielo abierto, un gran negocio para las multinacionales que también busca imponerse en La Rioja. Allí, los pobladores de Famatina protagonizan una pueblada contra el gobernador K, Beder Herrera, quien firmó el contrato con la canadiense Osisko Mining Company que pretende avanzar en la demolición de la montaña usando miles de kilogramos de explosivos, cianuro y agua potable para la extracción de oro.

En Chubut ya hay 200 trabajadores despedidos por el gobernador, Martín Buzzi; y como frutilla del postre, el Decreto de Necesidad y Urgencia de CFK es un claro ataque al sueldo de los estatales nacionales a quienes se les quiere recortar plus salariales que cobran desde hace años, y que ya empezaron a aplicar en varias reparticiones como Conicet, Inti, CNEA, CNRT, Ministerio de Justicia y otras.

Otra de las vías que toma el “ajuste” es la quita de subsidios a las empresas del transporte. El “modelo K” garantizó mediante subsidios la ganancia de estas patronales y mantuvo congeladas las tarifas. La actual quita es presentada por el gobierno como un ataque al “egoísmo” empresario, pero lejos de afectar sus intereses, le da vía libre para que éstos descarguen sobre el pueblo trabajador, a través de los tarifazos, lo que los patrones dejan de percibir. Es el caso del transporte de larga distancia que les recortaron el subsidio en la compra de gasoil, los empresarios aumentaron el boleto, como ya puede verse en varias provincias.

El caso más emblemático fue el del Subte en la Ciudad de Buenos Aires. En un acta donde se firma el traspaso de la Nación a Ciudad, el gobierno K, que gusta polarizar con Macri para sacar credencial de “progresista”, le otorga a Macri todas las garantías para que disponga a su antojo sobre las tarifas. Y en estos días los medios han dejado trascender un aumento todavía mayor para el boleto del colectivo. Por donde se lo mire, el bolsillo del pueblo trabajador está en la mira.

Lo que hay detrás de estas políticas que desmienten el “nunca menos” con que Cristina ganó las elecciones, es que ya hay varias provincias con cuentas fiscales en rojo (ver nota en esta misma página). Saltan a la vista las consecuencias de la “descentralización” de los ’90 donde áreas enteras como salud, educación y los planes sociales se traspasaron a las provincias sin trasladar recursos, lo que llevó a las provincias a ser más dependientes del envío de fondos del gobierno nacional. A esta conflictiva situación económica se agrega la política, ya que el kirchnerismo en una suerte de “bonapartismo” de la caja, elige a quién da y a quién no, y de conjunto, da menos. De esa forma, “terceriza” el ajuste en manos de los gobernadores, para intentar pagar menos costos, algo que a esta altura es difícil de disimular.

Otras de las grandes tensiones en curso son las paritarias. En sintonía con la Unión Industrial Argentina, el gobierno pretende en marzo que los aumentos sean del 18%, un tope al salario cuando los gremios más numerosos tienen básicos de convenio por debajo de los $3.300. Una burla a la medida del índice trucho del INDEC para quien en su fabuloso mundo, como denuncian los trabajadores de ATE, un kilo de asado cuesta $27 menos que en el supermercado.

La CTA de Yasky ha reclamado un aumento salarial del 25%. Si tenemos en cuenta que los indicadores privados dicen que en 2011 la inflación fue del 23% sin tener en cuenta los tarifazos en curso, hay que decir que este chupamedias del gobierno lo máximo que pide para los trabajadores ya viene con una tajada mucho menor que la inflación real. Por su parte, Omar Plaini, vocero de la CGT, declaró que “no hay que preocuparse” por las paritarias. Y si Moyano toma la palabra, es sólo para insistir en la suba del mínimo imponible a las ganancias, una medida justa pero que a lo sumo involucra a una minoría de trabajadores en blanco. De los tarifazos y los ajustes, no ha dicho nada, estableciendo de hecho una tregua con el gobierno.

El conflicto que protagonizaron los trabajadores del Subte contra el tarifazo de Macri ya deja importantes lecciones. El cuerpo de delegados y la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro decidió abrir los molinetes para que viajen gratis los usuarios, una medida que los ubicó en oposición al tarifazo, y que mostró la potencialidad de una política que apunta a unir a usuarios y trabajadores, lo opuesto al corporativismo de la CGT. Pero la política de la mayoría de la Comisión Directiva del Sindicato y de las corrientes afines al kirchnerismo que actuaron en la Multisectorial contra el tarifazo, se negaron a levantar una orientación para nacionalizar el conflicto. Como plantearon nuestros compañeros clasistas en el Subte, como dijo Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, se podía ganar si las centrales sindicales tomaban medidas de lucha contra los tarifazos de Macri y los ajustes del gobierno nacional (ver nota en página 3). Hay que sacar esta conclusión porque la única forma de pelear y ganar contra los ataques en curso es dando una respuesta efectiva y de conjunto.

Las centrales sindicales, la CGT y las CTA, no están dispuestas a enfrentar los tarifazos y los ajustes. Por eso allí donde haya ataque hay que organizar a los luchadores para imponerles que convoquen a una jornada de lucha con movilización y paro nacional contra todas las medidas antiobreras y antipopulares. Hay que levantar un programa que una los intereses de la clase trabajadora y de la población explotada. Que levante la lucha por la prohibición de despidos y suspensiones y el pase a planta de los contratados y la eliminación del trabajo en negro. Por un aumento de salario equivalente al costo de la canasta familiar y que las paritarias sean libres, sin techos, con representantes electos en la base. Frente al negocio de las concesionarias, como en el Subte, hay que exigir que se abran los libros de todos los concesionarios y se reestaticen sin indemnización, bajo control de trabajadores y usuarios. Que se apliquen impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes grupos capitalistas, y se deje de pagar la deuda externa.

Como en el Subte, como en Famatina, como en Santa Cruz, ante cada intento de defender sus derechos, los patrones, el gobierno y los gobernadores, intentarán quebrar la lucha y la organización obrera, con aprietes, amedrentamientos de la policía, espionaje y judicialización de la protesta. Por eso hay que impulsar la unidad de las organizaciones obreras y populares, democráticas y combativas para luchar por el desprocesamiento de los luchadores populares procesados y la anulación de la ley “antiterrorista”.

19-01-2012