Por Magui V.

En las elecciones nacionales del pasado domingo en Ecuador, Rafael Correa se impuso con un contundente resultado- ya previsto por las encuestas- del 57% de los votos, seguido del banquero Guillermo Lasso, quien alcanzó apenas un lejano 23%; y el Partido Sociedad Patriótica del expresidente derrocado Lucio Gutiérrez con poco más del 6%.
Entre las “variantes por izquierda” al gobierno, se presentó la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas (4%), que nuclea a varios ex funcionarios del oficialismo, maoístas del MPD y al partido indígena Pachacutik, quienes de conjunto se aprestaron nuevamente a reeditar su estrategia de colaboración de clases con figuras reencauchadas del oficialismo, como Alberto Acosta o Gustavo Larrea, buscando políticos burgueses o proburgueses “progresistas” o “nacionalistas” a quienes apoyar.

Correa logró consolidar con esta elección, no solo su permanencia en el ejecutivo por una década completa, sino la mayoría parlamentaria de su movimiento Alianza País, en la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo este importante triunfo incluso luego de haber roto su alianza con los movimientos sociales, lo que le permite una nueva bocanada de oxígeno tanto a su proyecto político nacional, como a la referencia regional de los gobiernos que se autodefinen como “posneoliberales”, en medio de la enorme crisis que atraviesa el chavismo con la incertidumbre por la salud de su principal líder, como con la reciente decisión de devaluar la economía.

Esta nueva victoria contundente del gobierno, se sustenta en el hundimiento y enorme desprestigio de los partidos tradicionales en el Ecuador, a los que Correa denominó “la vieja partidocracia” (Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Roldosista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica). Fenómeno al que se suma un momento histórico de crecimiento económico sobre la base de los precios excepcionales del petróleo en el mercado internacional, el barril de crudo ha llegado a cotizarse en 100 USD, permitiéndole al gobierno, sortear los impactos de la crisis económica internacional y generar un escenario, por ahora, de mayor estabilidad económica [1].

En este contexto, Correa ha logrado sostener una política de “inversión” social, sin necesidad de aplicar ajustes de conjunto (como fueron los repudiados paquetazos económicos que desataron enormes crisis sociales durante los gobiernos de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez), los ataques del gobierno se han direccionado más bien sobre la vanguardia obrera, que como en el caso de los trabajadores de la educación y la salud, han salido a enfrentar la medida de despidos intempestivos aplicada por el ejecutivo, mediante la aprobación del nefasto decreto 813, según el cual, “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización…”. Con este decreto, miles de trabajadores del sector público fueron despedidos e incluso desalojados de sus lugares de trabajo con la intervención de la fuerza pública.

Junto la debacle de la llamada “partidocracia” y la estabilidad económica producto de los altos precios del petróleo, la enorme popularidad de Correa se ve favorecida con la política que viene teniendo el gobierno, para atraer a varios sectores de la sociedad, desde el empresariado, con medidas de incentivo que incluyen la flexibilización y la continuidad del trabajo por horas, el mantenimiento de una economía dolarizada, estímulos económicos a las PYMES; pasando por las clases medias, con algunos aumentos salariales en sectores muy específicos y por ende del poder adquisitivo, así como el mejoramiento de obras públicas.

Con relación a los movimientos sociales, el gobierno también ha logrado ganar seguidores, mediante una fuerte política de cooptación, que incluye la participación en ministerios y puestos estatales; y hacia los sectores más superexplotados de la sociedad, con medidas clientelares que actúan como paliativo para las grandes problemáticas estructurales que sufren las mayorías más empobrecidas del país. Correa viene teniendo política para todos estos sectores y se apoya además en un importante arsenal mediático, para lograr construir la base social que asegure su continuidad.
Como profundizamos en la nota “A seis años del Gobierno de Correa” (Ver: http://www.ft-ci.org/article.php3?id_article=6136?lang=es); este gobierno y su llamada “Revolución Ciudadana” surgieron como elemento de contención sobre la profunda crisis social y política que vivió el país y la región latinoamericana, en los primeros años del 2000. Correa hizo algunas concesiones (desechar la firma de tratados del ALCA y TLC, cierre de la base militar norteamericana de Manta, Asamblea Constituyente, planes sociales y aumento del bono de desarrollo humano) y en los últimos años aprovechando los buenos vientos del precio internacional del petróleo y grandes inversiones mineras, logró contener la crisis socialy relegitimar Estado burgués.

Correa habla demagógicamente del “triunfo de la revolución”, pero sin tocarle el bolsillo a los capitalistas, ni afectar los intereses del imperialismo al que se le continúan otorgando concesiones millonarias para la explotación de petróleo y minerales. Tampoco el problema central de la tierra ha sido tocado durante todo su gobierno, lejos está Correa de plantear una básica reforma agraria, apenas promete un proyecto de expropiación de tierras a los terratenientes, con pago.

La Asamblea Constituyente, otro de los baluartes de la política oficialista, a pesar de nombrar demagógicamente algunos derechos, como los de los pueblos indígenas y reivindicar los principios del “buen vivir” (la relación armónica con la naturaleza y la llamada “economía social y solidaria”) esconde de fondo la defensa irrestricta de la propiedad privada, la concentración de la tierra, la educación como mercancía (que dejó de ser arancelada para pasar a ser “meritocrática”, es decir para un sector élite que tenga acceso a determinadas condiciones de vida), mientras las leyes que avalan la criminalización de los luchadores siguen intactas desde la última dictadura militar; y ahora con la mayoría en la Asamblea, Correa anunció la vía libre para proyectos como la ley de comunicaciones y la privatizadora ley de aguas, que constituye un verdadero ataque a los derechos y la existencia de las comunidades indígenas y campesinas más pobres del Ecuador, nuevamente en favor de las transnacionales.
La clase trabajadora sigue siendo uno de los sectores que menos recibió de la política de Correa, el subempleo supera el 40% y los despidos intempestivos forman parte cotidiana de la relación del gobierno con los trabajadores.

UNA DÉCADA DE CORREA EN EL GOBIERNO

Correa apuesta en esta etapa a ir a una línea incluso de mayor conciliación con los sectores dominantes, asegurándoles a los empresarios agroexportadores y terratenientes, todas las garantías para sus negocios. Si bien, el gobierno viene aplicando algunas reformas tibias que implican mayor control del Estado en la economía, no se ha modificado lo fundamental de la matriz extractivista de los ‘90 (petróleo y minería). Mientras tanto, el gobierno se garantiza fortalecer aún más, la “figura presidencial” como árbitro único y mediador entre las clases, que lejos está de promover la supuesta “participación popular” de los movimientos sociales, que tanto pregona, en su lugar los ataca, criminaliza y ridiculiza su lucha tratándolos de “ignorantes y terroristas”.
A nivel nacional acaba de lanzarle un guiño a la banca, reconociendo en el opositor Guillermo Lasso (ex funcionario del gobierno de Mahuad, durante la dolarización) la representación de una “derecha ideológica” de “manos limpias”, argumentando que a nivel de objetivos políticos “es mucho más lo que los une que lo que los separa”; “Prefiero una derecha honesta”, dice Correa, eligiendo polarizar contra la “izquierda tirapiedras”, como denomina a los sectores populares que luchan por sus derechos. [2]
Atrás quedaron los discursos contra los “grupos fácticos” de la derecha clásica, para dar paso a una línea de mayor consenso que incluye, a pesar de la demagogia sobre los organismos del ALBA, la UNASUR y la construcción de “la Patria Grande”, el fortalecimiento de lazos con gobiernos regionales reaccionarios y neoliberales, como el de Piñera en Chile y Santos en Colombia. [3] La famosa “integración regional por encima de las ideologías” de la que habla Correa, no es más que la integración del capitalismo imperialista y las multinacionales.

Sin embargo, este triunfo electoral de Correa, no resuelve las contradicciones de un gobierno, que en su carácter de mediador, viene dando en los últimos años un importante giro a derecha, alejándose de las aspiraciones obreras y populares y asestando duros ataques sobre sus conquistas, en medio de la crisis internacional que azota en principio a Europa y a EEUU, pero de la que tampoco podrán escapar las economías latinoamericanas. El oficialismo tiene además la debilidad de no contar con una sucesión política a Correa después del período 2013-2017, mientras que la denominada “partidocracia” muestra sus índices históricos de deslegitimación que se expresan en parte, en el apoyo irrisorio que recibieron los partidos de la derecha más clásica.
Como decíamos en nuestra nota anterior la clase obrera ecuatoriana en alianza con los sectores oprimidos, debe sacar las lecciones de este proceso, donde no solo no se han resuelto ninguna de las tareas de liberación nacional, sino que la propia organización de los que luchan es contantemente perseguida y criminalizada. Son los trabajadores, quienes cumplen un lugar estratégico en la producción, en el corazón mismo del sistema económico, algunas pequeñas, pero importantes expresiones de lucha de los trabajadores de la salud, educación, petróleos y algunas fábricas, se estuvieron desarrollando en el último tiempo en Ecuador contra los ataques del gobierno.
Solo la clase trabajadora, con la movilización obrera y popular y desde la organización independiente de cualquier bando burgués o proburgués, puede para dar respuesta a los problemas de fondo de la realidad del país y pelear hasta el final por la transformación revolucionaria de la sociedad.

21-02-2013