Haciendo uso de su mayoría simple, el 15/8 la bancada del MAS aprobó excluir de la discusión constitucional la cuestión del traslado de la capital a Sucre, manteniendo su status como capital judicial. El miércoles 22/8, suspendió a 4 magistrados del Tribunal Constitucional por obstaculizar el juicio al ex presidente Sánchez de Lozada, echado por las masas en octubre del 2003. Como reacción, la derecha boliviana referenciada en los comités cívicos de la llamada “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) convocó a un paro general, que se realizó el martes 28/8 y tuvo su epicentro en las zonas urbanas de la media luna, así como en Cochabamba y Sucre. El paro fue una manifestación de fuerzas para obligar al gobierno a negociar bajo las condiciones de la derecha autonomista y mostró debilidades, expresándose fervorosamente en Sucre y más débil que otras veces en las demás localidades. La polarización extrema y los excesos del comité cívico cruceño restó apoyo incluso de sectores de la prensa de derecha. Poco entusiasta -lo que incluso obligó a la derecha a sacar los grupos de choque para garantizarlo - el frío paro replantea el diálogo entre el oficialismo y la oposición y le permite a la derecha exigir al gobierno un “diálogo respetando la democracia, el consenso y la unidad”, es decir, que el MAS se avenga a sus términos de negociación y buscar las vías para reinstalar la Asamblea. A continuación desarrollamos el tema en base a Palabra Obrera N° 24, periódico de la Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación hermana del PTS en Bolivia.

La derecha y los “cívicos” critican el método con que la bancada masista hizo pesar su mayoría simple por sobre el mecanismo de “dos tercios” y demás garantías pactadas entre el MAS y PODEMOS (Poder Democrático Social) en el Parlamento, como condición para prolongar las sesiones de la asamblea hasta el 14 de diciembre. Por su parte, la burguesía cruceña y la “media luna” utilizan el reclamo de Sucre para mejorar sus posiciones en el tema autonomías departamentales y en la negociación del nuevo reparto del poder estatal y las rentas fiscales, contra la resistencia de las élites paceñas. Esta puja volvió a tensar al extremo la cuerda de la negociación política entre gobierno, derecha parlamentaria y burguesías regionales.

La Asamblea a los tumbos

La primera víctima, naturalmente, es la propia Asamblea, cada vez más diluida y debilitada y que ya había sufrido un sonoro bofetón con el acuerdo parlamentario MAS-PODEMOS. Éste significa que las grandes decisiones se toman por arriba, entre el gobierno y los jefes de la derecha. La Asamblea, que comenzó proclamándose “originaria” para disimular su origen bastardo en el pacto de la Ley de Convocatoria gestado entre García Linera y la derecha, debe conformarse ahora con sancionar lo que se decida al margen de ella. Las promesas de “refundar el país” se las llevó el viento. Ahora será nuevamente fuera de sus sesiones donde se discuta una salida, aunque al final se los convoque para levantar la mano y consagrar lo decidido.

Las cartas del MAS

El gobierno insinúa suspender la Constituyente, con lo que no habría legalidad para las autonomías departamentales y todo el ordenamiento político-estatal se mantendría como hasta ahora. También arremete desde el Congreso contra el Tribunal Constitucional, cuyo control le permitiría avanzar en sus políticas en base a decretos y sin temer los “amparos constitucionales” de la oposición. Esta situación ya provocó la reacción de la derecha con paros cívicos y protestas en 6 departamentos del país el día 28/8. El MAS no está dispuesto a sacar los pies del plato de la concertación, pero trata de marcar relaciones de fuerza para negociar.

La búsqueda del “pacto de centro”

Así, entre gritos, amenazas y presiones, el gobierno y la mayoría de la oposición siguen buscando en nombre de la “unidad nacional” un gran acuerdo: un “pacto social y político” que permita reorganizar el Estado y reconstruir el régimen político, al tiempo que poner límite a las demandas de las masas populares y cerrar el paso al peligro de nuevos “octubres” esto es, a nuevas movilizaciones revolucionarias. Su tono político es “de centro” y esto deja algunos descontentos que “embarran la cancha” para hacerse notar, como por derecha grupitos minoritarios del neoliberalismo recalcitrante y autonomistas a ultranza como los ganaderos. Y también entre el MAS y sus aliados, como muestran las quejas de direcciones que forman el “pacto de unidad” al ver diluirse la retórica indigenista del MAS.

Tiempo para desactivar el “cortocircuito”

Una crisis política como la actual tiene dinámica propia y amenaza destejer todo lo que laboriosamente fueron armando en los últimos meses. Además, como recuerdan voces del gobierno y la oposición, está la advertencia del levantamiento de enero en Cochabamba, que casi le cuesta el puesto al prefecto Reyes Villa. La radicalización política en Sucre está llevando a los campesinos de Chuquisaca, a los cocaleros del Chapare, a los “ponchos rojos” aymaras a amenazar con movilizarse. Por eso, la consigna en que coinciden gobierno y oposición parece ser “postergar para pactar”, como ocurre desde hace meses. Así acordaron prolongar la Asamblea hasta diciembre, y ahora discuten suspender sus sesiones por varias semanas o más, para negociar los puntos clave de un gran acuerdo que lime diferencias y permita reunir a la Asamblea para discutir detalles y consagrar el acuerdo. Después del paro cívico vuelven a abrirse canales de negociación en el Congreso (con el tema del tribunal Constitucional) y con los “cívicos”. Sin embargo, la crisis no se ha cerrado todavía, y aunque busquen con todas sus fuerzas una negociación, no puede descartarse que se abra una crisis política mayor, e incluso brechas por las que podría irrumpir el movimiento de masas, hasta ahora contenido por las promesas del MAS y el freno de sus direcciones.

La salida es por fuera de esta Asamblea

La Asamblea cumplirá sus objetivos sólo si conduce a la legitimación y consagración en una nueva Constitución Política del Estado de un ordenamiento político estatal y un nuevo régimen viables y satisfactorios para la clase dominante en su conjunto. Para ello, debe estar cada vez más subordinada a los acuerdos y negociaciones entre el gobierno y los representantes políticos y cívicos de los empresarios, los terratenientes y las transnacionales. Caso contrario, está condenada. Quienes no tienen nada que esperar son los trabajadores, los campesinos y pueblos originarios, cuyas expectativas democráticas e impostergables demandas han sido sacrificadas por el MAS en el altar de los acuerdos con la burguesía. La única salida, es la movilización general por las demandas de los trabajadores y el pueblo, para derrotar a la reacción y para abrir el camino a una salida de fondo, obrera y campesina.

– BOLIVIA ANTE LA INFLACIÓN Y LA ESPECULACIÓN

Los dirigentes miran para otro lado

Los precios del pan, las verduras y los cereales han subido, productos de primera necesidad como la leche o la carne son objeto de especulación. Los exportadores de productos manufacturados intentan endurecer aún más el congelamiento salarial y empeorar las condiciones laborales. El gobierno del MAS y las alcaldías toman tibias medidas pero ninguna que signifique un verdadero combate a la especulación. Sindicatos de base han empezado a pelear para defender el salario y las condiciones laborales. ¡Es necesario desarrollar, extender y unificar estas iniciativas en defensa de la economía obrera y popular! Los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, como la COB (Central Obrera Boliviana), la COR (Central Obrera Regional) de El Alto, o la Federación de Fabriles de La Paz, en forma vergonzosa y manteniendo su colaboración con el gobierno, “miran para el costado”. Hace falta la urgente convocatoria a un ampliado de emergencia de la COB, en el cual puedan participar los delegados de los sindicatos de base para definir en forma urgente un plan de lucha. Algunos sindicatos combativos de El Alto, como SITRASABSA, DBU-Swissport y otros han empezado a levantar este reclamo.

– Necesitamos nuestra propia herramienta política

La clase obrera boliviana no tiene hoy una expresión política que represente sus demandas inmediatas y sus intereses históricos como clase, que pueda plantear una política independiente para enfrentar a la derecha en crisis como la actual y asegurar una respuesta de los trabajadores a los grandes problemas nacionales. Tenemos que defender y recuperar la plena independencia política de la COB y nuestras organizaciones sindicales frente al gobierno del MAS y los partidos empresariales. Hay que abrir el debate entre los sindicatos combativos y los trabajadores en general sobre cómo avanzar en la organización política. Los socialistas revolucionarios de la LOR-CI proponemos discutir las bases de un gran partido o instrumento de los trabajadores, basado en los sindicatos, con democracia obrera y donde discutir qué programa hace falta para transformar el país en función de las necesidades de la clase obrera, el pueblo pobre y los pueblos originarios.