Hernan Yanes, desde Uruguay

El pasado 12 de abril fue votada por el Senado la Ley Interpretativa que anula artículos claves de la Ley de Caducidad, abriendo la posibilidad de nuevos juicios a militares violadores de los derechos humanos en la última dictadura.

Para su sanción definitiva, la ley debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde se supone que contará con los votos suficientes.

La votación en el Senado se dio luego de un largo debate en la interna frenteamplista, ya que el Frente Amplio (FA) ni siquiera es capaz de garantizar la anulación de la Ley de Caducidad por parte de todos sus representantes en el Parlamento.

Es así que el senador Saravia (un figurón burgués del Partido Nacional que se recicló en “progresista” ingresando al FA) votó en contra y el dirigente tupamaro Fernández Huidobro votó a favor por “disciplina partidaria” pero renunció inmediatamente a su banca, mostrando la crisis que atraviesa al FA en este tema. Esta actitud despertó la solidaridad del ministro Rosadilla (del MPP) y del propio presidente Mujica, quien enseguida lo reivindicó.

El Pacto con los militares

Fernández Huidobro decía estar en contra de la Ley Interpretativa por supuesta inconstitucionalidad, pero tampoco está a favor de anular la Ley de Caducidad; lo que quiere es mantener los pactos y acuerdos que hace años tienen con los militares.

Saravia directamente tomó todos los argumentos de la derecha al decir que el tema ya fue resuelto en los plebiscitos y que hay que acatar el resultado. En su acalorada defensa en el Senado, apeló a que “la urna es sagrada” y hay que respetarla.

Por su parte, los propios militares señalaron que sancionar la Ley Interpretativa va en contra de los “acuerdos” que tupamaros y militares habrían tenido para que no se juzguen los crímenes de la dictadura.

El mismo Mujica ya ha expresado que él no está de acuerdo con la anulación de la ley y en sus declaraciones ha mostrado que está dispuesto a hacer todo lo posible para que los militares no tengan que ni siquiera pasar por los juzgados a declarar.

Todos quieren dar vuelta la página, hacer “borrón y cuenta nueva”, dejar en el pasado los crímenes y reconciliar a la sociedad con nuestros verdugos.

Esta Ley Interpretativa pretende reubicar al gobierno frente al histórico reclamo de justicia de amplios sectores de la población, pero el Frente Amplio intenta por todos los medios que estos avances no se conviertan en una verdadera oportunidad de imponer el Juicio y Castigo a todos los culpables de las violaciones a los DDHH y ya está anunciando que la Ley Interpretativa puede ser declarada inconstitucional, como forma de limitar las consecuencias que pudiera tener, y que hay que buscar salidas políticas al tema. En definitiva, sea como sea, el resultado final (porque ya Mujica anuncia nuevas reuniones con los militares y posibles cambios a la ley interpretativa), el FA muestra que su objetivo es recortar lo más posible el cumplimiento del histórico reclamo de justicia para los violadores de los derechos humanos y de una verdadera anulación de la Ley de Caducidad.

Por otro lado, el gobierno tuvo que ajustarse a las resoluciones internacionales, como la reciente sanción de la CIDH en relación al caso de Macarena Gelman, que obliga al estado a investigar sobre el destino de sus padres desaparecidos.

Estos acontecimientos reafirman que a pesar de su prestigio como luchadores guerrilleros en la década del ‘60 y ’70, la dirección tupamara es cómplice de la impunidad, así como el propio Frente Amplio a partir de la firma del Pacto del Club Naval donde se comprometió a no juzgar a los militares.

Más allá de los legítimos reclamos de la base frenteamplista, duramente castigada por la dictadura con cárcel, tortura y exilio, el Frente Amplio ha mostrado en todo el período democrático que su papel es darle gobernabilidad al régimen, y desde su llegada al gobierno en el año 2005 ha mantenido lo fundamental de la política económica de los partidos tradicionales, asegurando grandes ganancias para las patronales y el imperialismo.

El Frente Amplio muestra aquí también su total aceptación del sistema capitalista y por lo tanto se dispone a preservar a las Fuerzas Armadas (responsables de frenar en base a una dura represión el ascenso obrero y la lucha popular de los ‘60 y ‘70) en tanto uno de los pilares en el que se asienta el estado burgués.

Quienes realmente queremos ver presos a todos los violadores de los derechos humanos no debemos tener ninguna confianza en la acción del FA.

Aunque Mujica dice que no vetará la ley, su objetivo estratégico es avanzar en la reconciliación con las fuerzas represivas. Ya dio muestras de esto saludando a las nuevas generaciones de militares, visitando a Dalmao en el hospital y diciendo que no quiere que los viejitos pasen sus últimos años entre rejas.

Pretendieron hacernos creer que con plebiscitos podríamos conseguir el juicio y castigo cuando los delitos de lesa humanidad no se plebiscitan. En 2009, ni Mujica ni Astori hicieron campaña por el SI y esto fue una decisión política consciente.

Ahora pretenden hacernos creer que con estas medidas por sí solas se puede alcanzar el juicio y castigo a los culpables. Sin embargo, sabemos que sólo con la lucha y la movilización en las calles conseguiremos el juicio y castigo, la cárcel común y efectiva para los asesinos y torturadores. Todo avance en este sentido será resultado de la movilización de años de lucha y organización.

Es necesario organizar a los ex presos políticos, a los familiares, a los trabajadores y a los estudiantes para que se pongan a la cabeza de una gran campaña por el Juicio y Castigo, y para conformar un amplio movimiento que sea independiente del gobierno y de todos los partidos que durante todos estos años garantizaron la impunidad.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO