La crisis que se ha desatado en Córdoba como resultado del acuartelamiento de la Policía provincial es, posiblemente, la más importante que haya tenido que enfrentar el Gobierno de De la Sota. La medida que lleva adelante la mayor parte de la fuerza policial desató una situación de descontrol que detonó saqueos y robos por toda la ciudad, donde ya hay un muerto y decenas de heridos. En la madrugada de este miércoles solo patrullaban la ciudad los mandos medios y superiores de las fuerzas, mientras la mayoría de la Policía se mantenía paralizada. Esta crisis está produciendo pérdidas económicas en las cadenas de supermercados, pero los saqueos también afectan al comercio minorista y están generando una situación de enorme bronca entre los comerciantes, que puede terminar siendo aprovechada para inclinar la balanza en favor de una campaña reaccionaria contra la juventud pobre que estuvo en los saqueos.

De la Sota, que tuvo que suspender una gira por el exterior para volver a intentar normalizar la situación, es el principal responsable de esta crisis. Fue bajo su gobierno que la Policía desarrolló este espíritu de cuerpo con el que hoy se maneja para imponer esta medida. Es el que el dio un enorme poder a la narcopolicía, que hoy responde de manera corporativa, buscando mostrarse como igual en sus condiciones a la del conjunto de los trabajadores, mostrando en televisión la mala situación de móviles y comisarías. El Gobierno nacional comparte esta responsabilidad. El nuevo jefe de gabinete, Capitanich, acaba de desligarse de cualquier responsabilidad descargando la misma en el Gobierno provincial. Mientras se produce esta crisis, los partidos patronales se tiran golpes entre ellos, intentando aprovechar la situación a su favor.

En este momento De la Sota se encuentra reunido negociando con sectores de los policías acuartelados, pero no se ha llegado a un acuerdo, lo que prolonga la crisis. Frente a esto, el Gobierno nacional ha anunciado el envío de dos mil integrantes de Gendarmería, salida que rechazamos porque implica militarizar la ciudad con una fuerza que tiene en su historia el asesinato de luchadores obreros y populares.
La burocracia sindical, junto a las cámaras empresarias, acudió al llamado de De la Sota para intentar darle una solución a esta crisis. Esta es la misma burocracia que no se moviliza seriamente por ningún reclamo obrero. Ahora se suma a la campaña para enfrentar a los trabajadores contra la juventud pobre. Dragún, del SMATA, la CGT y exministro de Trabajo, salió a decir que los responsables de los saqueos “son los que estuvieron en la Marcha de la Gorra”. Una verdadera canallada. Eso plantea la necesidad de recuperar los sindicatos de manos de esta burocracia traidora.

Ningún apoyo a la narcopolicía

Pero esta es la misma Policía que está implicada en el enorme negocio del narcotráfico, como se mostró hace pocas semanas y llevó a la renuncia del jefe de Policía y del ministro de Seguridad junto al procesamiento de otros jefes policiales, desatando un verdadero escándalo provincial.

Esta Policía es partícipe y cómplice del brutal negociado de las redes de trata, que implica la desaparición de cientos de mujeres y niños. Córdoba es llamada el “Mercado de Liniers” de las redes de trata y cuenta con casos impunes como la desaparición de Yamila Cuello. Esta Policía, hace pocos días, liberó la zona para permitir que la patota de la UOCRA atacara a quienes manifestaban contra la instalación de Monsanto.

Esta fuerza reprime las luchas de los trabajadores, como lo hizo el año pasado contra los estatales; día a día detiene y golpea a cientos de jóvenes por “portación de rostro” bajo el amparo del antidemocrático “Código de Faltas”, cercando el centro para que no puedan acceder los jóvenes de las barriadas populares. Es la Policía del gatillo fácil que hace pocos días hirió gravemente al joven Alejandro Godoy y está sospechada de la desaparición de Facundo Rivera Alegre.

Hace pocos días, la Guardia de Infantería intentó, en el interior de la planta de VW, quebrar el paro que los trabajadores realizaban en defensa de sus compañeros despedidos. Se trata de una institución puesta al servicio de los intereses de los grandes capitalistas, de las multinacionales automotrices y de las patronales sojeras, que persigue y reprime a los trabajadores, a la juventud, al pueblo pobre y a las mujeres en situación de prostitución.

Esta Policía no se puede reformar. Es una institución cuya función esencial es la represión del pueblo trabajador. Desde el PTS no damos ningún apoyo a este reclamo policial, no la consideramos una protesta “de trabajadores” ni exigimos mejores condiciones laborales. Si se mejoran esas condiciones será para reprimir mejor a los trabajadores y el pueblo pobre cuando salgan a pelear por sus derechos o por defender sus conquistas.

Una campaña para enfrentar a las clases medias y los trabajadores contra la juventud pobre

Esta crisis está generando una situación en la cual se pretende lanzar a las clases medias y a los trabajadores contra la juventud pobre que estuvo en muchos de los saqueos. Pero estos también pueden haber sido operados políticamente o por bandas directamente ligadas al delito.

Esta es la misma juventud pobre que es perseguida y marginada por la narcopolicía. Son los jóvenes que no pueden acceder al centro de la ciudad por la utilización del Código de Faltas para perseguirlos. Es la juventud precarizada que trabaja en condiciones de pobreza, que pierde el trabajo cada dos o tres meses y que, en diez años de kirchnerismo, no ha logrado cambiar sustancialmente sus condiciones de vida. Esa es la juventud pobre a la cual quieren demonizar sin poner en discusión las condiciones de fondo en las que vive. Rechazamos la campaña reaccionaria contra la juventud pobre.

Hay que terminar con la persecución policial. Para imponer ese camino es necesario movilizarse ampliamente. La Marcha de la Gorra, que puso a más de quince mil jóvenes en las calles, abre la perspectiva que hay que desarrollar, movilizándose activamente contra esta Policía.

La policía no va más

Algunos quieren presentar este reclamo como una forma de mejorar las condiciones de trabajo para impedir que los policías tengan que recurrir a los negocios ilegales de la trata o el narcotráfico. Los mismos policías acuartelados hacen todo lo posible por demostrar que sus condiciones de trabajo son malas y no son parte de los negociados ilegales.

Pero es evidente que el narcotráfico o la trata no funcionarían en Córdoba sin el aval y/o la participación directa de las fuerzas policiales que les dan zonas liberadas o funcionan como parte de estos. Desde las cúpulas policiales se lleva adelante la organización de estos enormes negociados.
En estos momentos el Gobierno de De la Sota negocia con sectores de la Policía, pero no está claro que esto sea aceptado por el conjunto de los efectivos acuartelados. Si el Gobierno cede ante los reclamos, habrá permitido un fortalecimiento de esta institución represiva. Esto no significa que vaya a cesar la participación de las fuerzas represivas en los negocios ilegales. Seguramente, a los ingresos “legales” que tiene la Policía se les seguirán agregando las sumas que reciben como parte de los negociados en los que participan. Más allá de la salida a la crisis, la Policía seguirá siendo una fuerza represiva al servicio de los intereses de los empresarios y seguirá estando vinculada a estos grandes negociados, como organizadora del narcotráfico y cómplice de las redes de trata.
Como salida de fondo, los trabajadores y el pueblo deben movilizarse y organizarse por disolver esta institución podrida, para que estas situaciones no se repitan. En el camino de una profunda y amplia movilización, que implique una lucha decidida por el conjunto de los intereses del pueblo trabajador, se podrán poner en pie instituciones organizadas, constituidas por los propios trabajadores.

Esas instituciones, representativas de los trabajadores y ligadas orgánicamente a ellos, organizadas desde los propios lugares de trabajo y a través de sus propias organizaciones, deben y pueden cumplir las funciones de Policía en defensa de los intereses y la vida del pueblo trabajador, de la juventud humilde y de las clases medias empobrecidas. Solo una organización así, puesta en pie sobre las ruinas de todo este aparato represivo, puede hacer efectivo el principio inviolable de no reprimir a los trabajadores y el pueblo pobre. Esta, repetimos, es una salida de fondo, estratégica, que no puede darse inmediatamente, pero marca una perspectiva.
Esas instituciones del pueblo trabajador solo se pueden imponer con una profunda movilización obrera y popular y tiene que hacerse en la perspectiva de transformar completamente el orden capitalista, basado en la explotación y opresión de la enorme mayoría por una minoría de parásitos capitalistas. La Policía que actualmente está acuartelada es la misma que defiende los intereses de esos empresarios.
Los revolucionarios del PTS rechazamos cualquier salida que intente mejorar o reformar estas fuerzas represivas. Sólo una transformación revolucionaria del orden existente permitirá terminar con situaciones como estas, donde las crisis políticas terminan siendo pagadas en vidas o en la salud del pueblo trabajador.

Córdoba. 4/12/13 | 10.00hs