A casi 2 meses de la caída de Hosni Mubarak, que debió renunció producto de la gran movilización de masas que comenzó el 25 de enero, la Junta Militar lidera el proceso de transición. En el marco de esta transición, junto al referéndum del 19/3 –que tuvo relativa participación– el consejo militar impulsa un proyecto de ley que ilegaliza las protestas obreras, que continúan desde febrero. Si se aprobara el proyecto sería un crimen participar de una huelga, una sentada o una manifestación que afecte el desarrollo de la economía. De esta forma, se cercena el derecho a huelga, ya que cualquier medida de fuerza que no afecte el desarrollo de la economía carece de efectividad como medio de acción obrera.

El domingo 27/3 en Egipto se realizó una marcha de trabajadoras y trabajadores contra el proyecto de ley que ilegaliza las huelgas y protestas obreras porque “afectan la economía”. El proyecto de ley, impulsado por el gabinete de gobierno y apoyado por el Ejército, criminaliza las luchas por mejores salarios y condiciones laborales mientras se mantenga el Estado de emergencia. El estado de emergencia, vigente desde 1981, es rechazado por una amplia mayoría de la población y fue una de las principales consignas que motorizó el levantamiento que comenzó el 25 de enero y resultó en la renuncia del dictador Mubarak el 11 de febrero.

En febrero de 2011, había comenzado una ola de huelgas en el país que paralizó la industria y los servicios, mostró la fuerza social de la clase trabajadora e hizo temblar a los empresarios. Luego de la renuncia de Mubarak, el nuevo gobierno encabezado por la Junta Militar llamó a la población a abandonar las calles y las protestas para “construir un nuevo Egipto”. Aunque gran parte de las clases medidas que alimentaron el movimiento de la plaza Tahir se retiraron de las calles el movimiento huelguístico se mantuvo durante semanas. (Egipto: El Ejército cede ante la huelga de los trabajadores textiles)

Aunque el gobierno militar ha prometido levantar el estado de emergencia antes de que se celebren las elecciones en septiembre de 2011, mientras tanto, mantiene vigentes las prohibiciones que surgen de esa ley.
Varios sectores han expresado su sana desconfianza respecto de la transición y el proyecto de ley que ilegaliza las huelgas abona esa desconfianza. El movimiento juvenil “6 de abril” condenó el proyecto de ley, sobre el que dijo: “Es inaceptable que se reprima la libertad de expresión de la gente, sea por la razón que fuere”. Es que el gabinete militar justifica su proyecto con la preocupación sobre los efectos que han tenido las huelgas en la economía del país.

Si se aprobara el decreto sería un crimen participar de una huelga, una sentada o una manifestación que afecte el desarrollo de la economía. De esta forma, se cercena el derecho a huelga, ya que cualquier medida de fuerza que no afecte el desarrollo de la economía carece de efectividad como medio de acción obrera. Este proyecto no es una innovación de la junta que asumió el poder post-Mubarak: en 1952, luego del golpe que terminó con la monarquía, el concejo revolucionario del gobierno del coronel Nasser ejecutó a dos activistas obreros bajo la excusa de “contrarrevolución”; en 1977 el entonces presidente Anwar Sadat promulgó una ley parecida contra las protestas de enero de ese año.
Los militares en el gobierno dicen que las huelgas que se vienen desarrollando desde la caída de Mubarak no tienen razón de ser ya que el gabinete está trabajando en nueva política de salarios y empleo. Mientras tanto, piden que se espere pacientemente la reforma laboral mientras en las fábricas y empresas trabajadoras y trabajadores ven la enorme brecha entre sus salarios de miseria y las ganancias millonarias de la patronal.

Cabe señalar también que el Ejército no es un actor neutral en esta disputa entre empresas y trabajadores. Una parte importante de las fábricas y empresas pertenece a altos mandos del Ejército y muchas inversiones son de militares y sus familiares. Los militares son propietarios de empresa de agua mineral, aceites, pesticiditas, tienen plantas de tratamiento de aguas, hoteles y otras empresas de servicios.

Nuevas huelgas y organizaciones

Desde el 1 de marzo, 6.000 docentes de la provincia de Qena lanzaron una huelga por el pase a planta permanente de todas las maestras y maestros (que son empleados temporales, no existe seguridad laboral). El Ministerio de Educación dijo que las y los docentes temporales desde hace más de 3 años serían contratados de forma permanente si aprobaban un examen. La huelga docente rechazó la propuesta y se mantendrá hasta que “todos los docentes que trabajan bajo condiciones temporales y precarias se les otorguen status de trabajadores de tiempo completo y permanentes” (Left Labor Reporter, 24/3).

Esta huelga es una muestra de las protestas que se han desarrollado los últimos meses, por mejores condiciones laborales y salarios más altos.
A la par de esta oleada de huelgas, desde la caída de Mubarak se han formado varios sindicatos independientes de la vieja central sindical, oficialista hasta el tuétano. Como parte de este proceso de reorganización se ha formado una nueva Central Sindical Independiente, que entre otras demandas piden la renacionalización de las empresas privatizadas, la libertad de organización sindical y el derecho a huelga y la disolución de la Federación Sindical burocrática.

Como parte de este mismo proceso, el 24/3 se ha conformado el Sindicato Independiente de los Trabajadores del Transporte Público con un acto al que asistieron cientos de trabajadores en la sede del Sindicato de Periodistas. El sindicato organizará a 60.000 choferes de colectivos, conductores, mecánicos e ingenieros del transporte público de todo la región que rodea El Cairo (http://www.arabawy.org).

Transición con mano dura

A pesar de las expectativas de cambio tras la oleada de movilizaciones que tiró abajo a Mubarak y de que se trató de la primera elección en 50 años, la participación del referéndum del 19/3 fue relativamente escasa (41% según los medios). Esto se explica en parte por lo limitado de las propuestas plebiscitadas, que solo contemplaba una serie de enmiendas a algunos artículos de la Constitución.

Sin embargo, las pocas modificaciones a la Constitución, (que contiene algunas reformas democráticas y la convocatoria a elecciones) fueron presentadas por la propia Junta Militar con el objetivo de mantener en pie lo esencial del poder del régimen liderado por el Ejército. Es decir, que fueron los altos mandos militares, y no las masas que tiraron a Mubarak, quienes decidieron qué se mantiene y qué no de la vieja Constitución, evitando de esta forma cualquier remota posibilidad de una convocatoria siquiera a una Asamblea Constituyente que rediscuta todos los problemas del país, incluida la relación con el imperialismo y el Estado sionista de Israel como así también el poder del Ejército en la vida política y económica de Egipto.

Para esta tarea, el ejército contó con la inestimable ayuda de los Hermanos Musulmanes que pasaron de la oposición a ser fanáticos del llamado a votar por el “Sí” en el referéndum, lo que no hace más que abrir el camino para desviar el levantamiento del pueblo egipcio hacia la vía estéril de unas elecciones presidenciales “apadrinadas” por el Ejército como pilar fundamental del régimen. Es en este marco, que el consejo militar ha mantenido mano dura contra las huelgas, y muchos activistas y organizaciones denuncian la existencia de torturas y persecuciones. El caso más conocido es la reciente denuncia de 17 organizaciones sobre las torturas sufridas por más de 170 activistas detenidos el 9/3 durante el desalojo de la Plaza Tahir y trasladados a un anexo del Museo Egipcio y más tarde a la prisión militar. Entre los detenidos había 18 de mujeres que además de golpes y torturas con choques eléctricos denunciaron que se les practicó a las solteras (al menos a 6 de ellas) “exámenes de virginidad” (verificar si el himen está intacto). Escudados en la reaccionaria premisa de la prohibición del sexo prematrimonial, los militares humillaron a las mujeres detenidas, con el objetivo de enviar un mensaje al conjunto de las mujeres, que participaron masivamente en las protestas desde enero de 2011.

Por esta razón, los organismos de DDHH y las organizaciones sociales denunciaron fuertemente las violaciones a los derechos humanos y reclaman que se juzgue a los responsables.
Hace unos meses en la Plaza Tahir, un manifestante llevaba una pancarta que decía “Media revolución equivale a la destrucción de la nación”. La actual transición liderada por la junta militar vuelve a cuestionar las posiciones que venían en las movilizaciones egipcias una revolución democrática triunfante. Al contrario de estas visiones, que terminan en el callejón sin salida de elegir el mal menor, la caída de Mubarak fue solo el primer paso del proceso revolucionario abierto en Egipto y extendido a gran parte del mundo árabe y musulmán.