El procesamiento de Baltasar Garzón por su intento de abrir un proceso judicial contra los crímenes de la Dictadura de Franco está sacando a la luz la verdadera naturaleza y los cimientos del Régimen monárquico constitucional del 78. A pesar de los intentos propagandísticos por parte del ala “progre” del Régimen para tratar de vincular la actual democracia con la II República, la reaccionaria Judicatura se está encargando de demostrar que la “continuidad” es estrecha y orgánica con la sangrienta Dictadura de Franco.

El Régimen del 78 defiende sus “orígenes”

La llamada “Transición” fue un desvío al importante ascenso obrero y popular que desde finales de los 70, y especialmente después de la muerte del Dictador, hicieron quebrar a la vieja Dictadura. La potente lucha de clases, en especial de la clase obrera, obligó a que el aparato franquista se viera obligado a “cambiar de chaqueta” para evitar una “ruptura” que podía haberse llevado por delante a la Dictadura y a la misma dominación económica, política y social de la clase que hasta entonces la había sostenido y beneficiado de ella, la burguesía. Las direcciones obreras mayoritarias, tanto el PSOE como el PCE, así como sus brazos sindicales UGT y CCOO, contribuyeron decisivamente a hacer esto posible, con la firma de los Pactos de la Moncloa y la aceptación de la Corona y la Constitución.

Nada que ver con las versiones que nos venden historiadores “oficiales” o tele-series de segunda, donde la movilización popular es a lo sumo el telón de fondo, pero todo parece pasar por la voluntad democrática del Borbón, Suarez o Carrillo, que, “benditos ellos”, acabaron con la Dictadura y nos trajeron la Democracia.

El resultado de aquel desvío fue un Régimen en el que se integraría a los dirigentes tradicionales de la clase obrera como “patas izquierdas”, y a la vez mantendría en sus puestos a todos los cuadros de la Dictadura, que pasaban ahora a servir al nuevo Régimen de Juan Carlos I de Borbón, Rey de España “por la Gracia de Franco”. Se cumplía así la última voluntad del Caudillo, el dejarlo todo “atado y bien atado”. Una democracia mutilada, con un Rey como Jefe del Estado y el Ejército, con atribuciones bonapartistas para situaciones de crisis, electo como sucesor de Franco por la Dictadura, sin el reconocimiento del derecho de autodeterminación para las distintas nacionalidades, y con una firme “Ley del punto final”, la de Amnistía del 77, que garantizaba que los torturadores, asesinos, represores y sus cómplices, pudieran permanecer en activo disfrutando de lo conseguido gracias a 40 años de Dictadura.

Este es el origen del Régimen actual, y así se explica el llamado “Pacto de Silencio”.

La defensa de la impunidad de ayer es la garantía de la de hoy

El procesamiento de Garzón es una muestra de lo importante que es para el Régimen el que todo siga “atado y bien atado”. Su iniciativa ha sido vista por buena parte de la Judicatura como una irresponsabilidad intolerable. No pueden permitir que se cuestiones la impunidad de los servidores de la Dictadura, ya que muchos de ellos cumplen un papel muy valioso en la actualidad para el Régimen de Juan Carlos I, ya sea en la Judicatura, en al Policía, en el mundo empresarial, los medios de comunicación…

Veamos algunos ejemplos de la alta Judicatura. Roberto García Calvo, hasta hace poco miembro del Tribunal Constitucional, fue Gobernador Civil de Almería en 1976, responsable del asesinato de Javier Verdejo por realizar una pintada. También ordenó la represión contra las asambleas de la huelga de pescadores, produciendo numerosos heridos y la detención de los dirigentes obreros. Antonio Hernández-Gil fue presidente del CGPJ y del TS desde 1985 a 1990, y anteriormente había sido el último presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino Otros magistrados del TS como Adolfo Prego o el propio presidente del CGPJ y del TS, Carlos Dívar, son miembros de la Hermandad del Valle de los Caídos. En su revista, Dívar escribía recientemente que "En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos". Suponemos que su posición jurídica respecto al proceso contra los crímenes del franquismo estará inspirada en la providencia, de la misma manera que lo estuvo la “Gloriosa Cruzada Nacional”.

Si se indaga en la Policía, la Guardia Civil, el Ejército… veremos la gran cantidad de continuidades entre los viejos grises y miembros de la brigada político social, y los actuales mandos de los antidisturbios o la brigada de información. Así no sorprende tanto el elevado índice de denuncias de torturas en comisarías, juzgados y cárceles de nuestro país, la impunidad absoluta de todos estos abusos no es ajena a la naturaleza y el origen del Régimen.

La reaccionaria Judicatura sacrifica a “uno de los suyos” para sellar la impunidad

Así pues es comprensible que a esta reaccionaria Judicatura no le tiemble el pulso a la hora de fijar a cal y canto la impunidad de ellos y otros muchos, como el mismo Fraga, responsable entre otras acciones, del asesinato policial de 5 obreros en Vitoria en marzo de 1976. Y no escatiman esfuerzos para ello pues ¿a quién se quieren llevar por delante para terminar de zanjar debates jurídicos y cerrar el paso a cualquier posible demanda futura por desapariciones, torturas, asesinatos…? al mismísimo Juez Baltasar Garzón, un “ilustre servidor” de la Democracia del 78, uno de los mayores represores contra la izquierda abertxale, ejecutor de la ilegalización de partidos políticos (Batasuna), el cierre de periódicos (Egin), sumarios farsa contra activistas políticos… Los procesos abiertos contra Pinochet o responsables de la Dictadura argentina, y el último amago para juzgar los crímenes del franquismo, han dado a este juez un barniz progresista con el que trata de legitimar las iniciativas que sí llevaba hasta el final, y que lo retratan como lo que es, un Juez de Instrucción del actual “Juzgado de Excepción”, llamado Audiencia Nacional (heredero directo del Tribunal de Orden Público, y cuya arbitrariedad ha sido denunciada por el propio Relator de la ONU para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin).

La imagen que muchos “amigos de Garzón” están difundiendo como “defensor de los derechos humanos” está muy alejada de la realidad, como se han encargado de recordar algunas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Documentación contra la Tortura. Su, cuanto menos, pasividad ante las denuncias de tortura de los detenidos e incomunicados en su propio juzgado, sus constantes atentados contra libertades básicas como la de reunión, asociación o manifestación, su persecución incluso a defensores de los derechos humanos… son parte de un siniestro currículo vital que la ofensiva del ala franquista de la Judicatura no pueden tapar.

El proceso a Garzón es en verdad la punta del iceberg de un problema más profundo que lleva a cuestionar la naturaleza del Régimen actual. Si finalmente se llega a la destitución, los herederos directos del franquismo obtendrán una importante victoria moral y política, empezando por la Falange que es parte de la acusación popular. Sin embargo aunque finalmente esta no se llegue a producir, lo que sí parece que se va a “institucionalizar” definitivamente es la imposibilidad de sentar en el banquillo a los Fraga que andan sueltos y disfrutando de cómodos sillones de senadores, comisarios, jueces, empresarios… El mismo Garzón opta por esto, como lo demostró su abandono de la causa que él mismo abrió, antes del actual procesamiento, consciente de las consecuencias que ésta podría tener para el Régimen al cual ha servido dócilmente.

La justicia, el fin de la impunidad, no va a ser un regalo de este Régimen. Más bien al contrario, se va a defender como “gato panza arriba” para mantener el “atado y bien atado” a toda costa, incluso fagocitando a uno de sus mejores hijos como Garzón. Lo máximo que puede otorgar son reconocimientos formales, que buscan además “blanquear” la imagen del Régimen y ocultar sus orígenes y los lazos con la dictadura, que aún hoy existen en forma de jueces, policías, políticos…

Contra la impunidad. Abajo la Ley de Amnistía de 1977. ¡Abajo la monarquía y la reaccionaria Constitución de 1978, heredera del franquismo!

Desde Clase contra Clase nos oponemos a la ofensiva del ala más reaccionaria de la Judicatura, expresada en estos momentos en el procesamiento contra Garzón, y por la restitución de la memoria de los represaliados por Franco. Sin embargo no depositamos ninguna esperanza ni en este Juez represor, ni en el ala “progresista” de los jueces, ni tampoco en el PSOE ni en el Gobierno , que en última instancia, con otros matices, defienden el Régimen al cual sirven fielmente y que ahora están usando el caso Garzón para tratar de movilizar a su electorado, en el medio de una crisis que va camino de los cinco millones de parados y sin nada esperanzador que “vender” desde el punto de vista económico. En esta cuestión coinciden los planes de Gobierno y el PSOE y los intereses de Garzón.

Para acabar con la impunidad, recuperar los cadáveres de las fosas, esclarecer las miles de desapariciones de niños, adopciones ilegales… la izquierda, las organizaciones obreras y de familiares de asesinados y represaliados, debemos poner en marcha un fuerte movimiento que no deposite esperanza en ninguna de las alas del Régimen heredero de los verdugos. Hay que empezar una batalla contra los baluartes de la continuidad del Franquismo, empezando la reaccionaria Ley de Amnistía de 1977, la Judicatura y las Fuerzas Represivas.

Por la disolución de todos los Cuerpos Represivos. Los que ayer vestían de gris, hoy lo hacen de verde o azul, y son los mismos que reprimen a los luchadores, hostigan a la juventud, torturan en comisarías y juzgados…

Por la disolución de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, nidos de la vieja y la nueva casta judicial reaccionaria, que “por encima del bien y del mal”, ilegalizan partidos, cierran periódicos, absuelven banqueros y empresarios de fraudes mil millonarios, condenan a presos políticos, atacan los derechos nacionales… y sobre todo, defienden a los torturadores, asesinos y represores de la Dictadura.

La Ley de Amnistía consagró la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Contra este fruto amargo de la Transición, luchamos por la creación de comisiones independientes de investigación con historiadores, familiares de desaparecidos y represaliados, organizaciones obreras… que juzguen a los asesinos y torturadores que permanecen vivos.

Este programa democrático elemental no va a ser realizado por ningún Gobierno del PSOE ni del PP, partidos que defienden y son hijos de la reaccionaria Constitución de 1978. Liquidar la monarquía y el Régimen heredero del Franquismo es tarea de los que lo padecemos, los trabajadores y sectores populares, en una lucha revolucionaria por imponer un Gobierno de los trabajadores y el pueblo, que son los únicos que pueden dar respuesta a estas importantes cuestiones democráticas irresueltas, así como a otros graves problemas como el paro, la vivienda, la miseria creciente…

El Régimen reaccionario del 78 está poco a poco quitándose su careta, no sólo mostrando sus lazos de continuidad con la Dictadura, sino por su continua violación del derecho de autodeterminación de nacionalidades como la vasca y la catalana, y sobre todo por demostrarse el andamiaje político que protege los intereses inescrupulosos de los bancos, patronos y multinacionales españolas, en contra de los trabajadores y el pueblo, a los que sólo se nos ofrecen paro masivo, ajustes draconianos y mano cada vez más dura contra la protesta.

Por eso desde Clase contra Clase apostamos a que los trabajadores y sectores populares recuperemos nuestras mejores tradiciones del pasado. Desde la combatividad de los 70 que metió en crisis a la Dictadura, hasta el espíritu revolucionario de los años 30 que intentó “tomar el cielo por asalto”. La mejor memoria histórica para nosotros es reconstruir una continuidad con las experiencias revolucionarias de nuestra clase, que ha sido rota por el rol de quinta columna de las direcciones obreras reformistas, para poder poner fin al Régimen político de Juan Carlos I y el sistema capitalista que nos lleva a una espiral de crisis y miseria histórica.