El 29 de marzo dos atacantes suicidas se inmolaron en las estaciones de Lubyanka y Park Kultury del subterráneo de Moscú en horas de la mañana, dejando hasta el momento un saldo de 39 muertos y cientos de heridos. El 31 de marzo, ocurrieron otras dos explosiones frente a sedes policiales en la república rusa caucásica de Daguestán, dejando un saldo 12 muertos. Aunque los atentados de Moscú –los primeros atentados suicidas en los últimos seis años- no tuvieron como blanco instalaciones gubernamentales, por el lugar elegido para las explosiones, próximo a la sede central del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de seguridad sucesora de la KGB y símbolo del poder de Putin que conduce la campaña antiterrorista en el Cáucaso, varios analistas señalan que los atentados estuvieron dirigidos contra instituciones importantes del gobierno ruso.

Si bien ninguna organización reivindicó los atentados, Dimitri Medvedev y Vladimir Putin, actuales presidente y primer ministro rusos, culparon a organizaciones islamistas separatistas provenientes de las repúblicas rusas de Daguestán, Chechenia e Ingusetia, ubicadas en el Cáucaso Norte. Según la versión oficial, las atacantes eran mujeres, conocidas como “viudas negras”, en venganza por los asesinatos de sus esposos y otros familiares en la guerra sucia que el Estado ruso mantiene contra los movimientos separatistas de esas repúblicas.

Terrorismo de Estado

Más allá de las especulaciones sobre la autoría de los últimos atentados, estos están relacionados con la violencia con que el estado ruso intenta suprimir los movimientos separatistas de estas tres repúblicas de mayoría musulmana y mantenerlas bajo su órbita.

Putin ganó la presidencia en el año 2000 tras lanzar una ofensiva militar feroz contra la república separatista de Chechenia, que ya había sufrido una primera guerra entre 1994-1996 bajo la presidencia de Yeltsin. Esta segunda guerra que destruyó prácticamente la ciudad de Grozny y dejó un saldo de decenas de miles de muertos, culminó formalmente en 2005 aunque fue seguida de una brutal campaña antiterrorista dirigida por los servicios federales rusos y las fuerzas locales aliadas al gobierno central, contra milicias que seguían resistiendo ocultas en las zonas montañosas de Chechenia, Daguestán e Ingusetia.

La política de Putin, que ganó popularidad con una línea de mano dura ligada a la demagogia del renacimiento del poderío ruso, fue redoblar la opresión nacional sobre estas repúblicas independentistas, imponiendo gobiernos prorrusos y manteniendo la estabilidad y el orden con métodos de terrorismo de estado.

Bajo la presidencia de Medvedev continuó esta política de guerra sucia y opresión, no casualmente Chechenia, Daguestán e Ingusetia son las tres repúblicas más pobres de la Federación Rusa, con una tasa de desempleo que oscila entre el 50 y el 75%. Con la colaboración de los gobiernos locales aliados al Kremlin siguieron las torturas, las violaciones, las desapariciones y los asesinatos selectivos de líderes separatistas, entre ellos Said Buryatsky, uno de los ideólogos islamistas de la resistencia antirrusa.

Inestabilidad

Aunque esta política pareció exitosa, al punto de que Rusia declaró en abril de 2009 su triunfo en la “guerra contra el terrorismo” en la región, su efecto fue profundizar el sentimiento antirruso y radicalizar aún más los movimientos rebeldes islamistas en las repúblicas norcaucásicas, que se han nutrido de nuevos militantes.

El atentado de junio de 2009 que casi termina con la vida del presidente prorruso de Ingusetia, en el marco de una nueva oleada de ataques suicidas que sacudieron las tres repúblicas separatistas, y el anuncio del líder checheno Doku Umarov de que nuevamente los atentados golpearían el corazón de Rusia, son muestras que después de 20 años de enfrentamientos, de dos guerras brutales y de años de operaciones de contrainsurgencia, el gobierno ruso no pudo estabilizar el Cáucaso del Norte, una región con importancia estratégica tanto para mantener la unidad de la Federación y el estado ruso como por sus fronteras compartidas con las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, que concentra importantes reservas de petróleo y gas y donde Estados Unidos viene disputando la influencia rusa y que ya ha llevado a una guerra limitada entre Rusia y Georgia.

Bonapartismo

El gobierno ruso de Putin y Medvedev pretenden usar los atentados para votar una nueva legislación antiterrorista, recortar aún más libertades democráticas y endurecer la censura. Ya varios legisladores discuten la reinstalación de la pena de muerte, suspendida desde 1996 para mejorar las relaciones con Europa.

Este reforzamiento del carácter represivo del régimen bonapartista de Putin-Medvedev se da en el marco del deterioro de la economía rusa, que en 2009 sufrió una contracción de casi el 8% de su PBI con una tasa de desocupación que ya superó el 10%. En esta situación se vienen desarrollando movilizaciones organizadas por la oposición política a Putin –que va desde el viejo Partido Comunista hasta partidos liberales- contra las medidas del gobierno y exigiendo su renuncia, la más numerosa fue el llamado “día de la ira” el pasado 20 de marzo, una jornada de movilización que reunió a miles de manifestantes en todo el territorio ruso y fue duramente reprimido por las fuerzas de seguridad.

Una vez más, como ya lo hizo en 1999, Putin intentará usar el conflicto checheno y el horror que causaron en la población rusa los atentados para reforzar el poder represivo del estado y justificar nuevas operaciones militares en Chechenia y otras repúblicas separatistas, y también disciplinar a los trabajadores que son los que están cargando con el peso de la crisis. La clase obrera y los sectores populares rusos, que ya han comenzado a dar muestras de descontento social, no tienen ningún interés en común con la elite rusa y su discurso nacionalista reaccionario de “gran potencia” al servicio de mantener una brutal opresión nacional sobre el pueblo checheno y otros movimientos independentistas.