FT-CI

Argentina - Editorial LVO

El operativo antisindical de CFK

01/12/2011

Ante la gran corporación patronal de la Cámara Argentina de la Construcción, la presidenta prometió reformar la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo “para terminar la industria del juicio”. Otra concesión de Cristina a los empresarios como Carlos Wagner, jefe de la CAC, o Aldo Roggio, que vienen reclamando “disminuir costos” ante los 605.566 accidentes laborales que se producen al año, más de 2.000 por día, que computa el propio Ministerio de Trabajo sólo en los trabajadores en blanco, sin contar que en los no registrados, con peores condiciones de explotación, las cifras son cualitativamente superiores. Dentro de este flagelo para la clase trabajadora, la actividad laboral en la construcción, con uno de los más altos porcentajes de trabajo “en negro” del país, es justamente la rama de la producción capitalista causante de mayor cantidad de muertes obreras. Así y todo, Cristina Kirchner no tuvo empacho en elogiar al jefe de la UOCRA Gerardo Martínez -denunciado por delator al servicio de la dictadura de Videla infiltrado en el movimiento obrero y jefe de la CGT durante el menemismo - porque, “en la industria de la construcción es donde más armonía hay entre los trabajadores y los empresarios”.

En contra de estas evidencias, la forma que han encontrado los propagandistas oficiales para hacer pasar el giro a la derecha por correcciones de “sintonía fina del modelo”, tiene algunas aristas “ingeniosas”.

Una de ellas es presentar la declaración jurada de “renuncia” al subsidio de las tarifas de los servicios públicos como un acto de “auto-conciencia nacional” y un aporte “patriótico” cuando, en realidad, se trata de hacer cargo a la población de mantener la rentabilidad de las privatizadoras de la energía y los recursos naturales, en su mayoría multinacionales extranjeras.

Otra de las “pensadas” maniobras discursivas es la teoría que dice que el reaccionario plan de “disciplinamiento” a los sindicatos estaría justificado porque representan a “la cúpula” de la clase trabajadora, de más altos salarios, y hay que “pensar en los que menos tienen”. En función del operativo antisindical de limitar las acciones de lucha, las editoriales de Página/12 destilan datos sobre la desigual distribución de la masa salarial al interior de la clase trabajadora y, robando del arsenal del marxismo, llegan a hablar de una “aristocracia obrera”. Las mentiras más grandes son las que más se parecen a la verdad. El gobierno se aprovecha del hecho que la burocracia sindical de la CGT deja por fuera de la organización gremial a millones de precarizados y trabajadores en negro. Según los voceros de Cristina, los que tienen un empleo registrado “tienen que cuidarlo” y ajustarse en sus demandas. No sólo los sectores mejores pagos por los que reclama Moyano deberían aguantarse que se les aplique el mal llamado “impuesto a las ganancias” que, en realidad, es un recorte al salario con el “mínimo no imponible”. Tampoco los trabajadores bajo convenio, cuyos sueldos no cubren la canasta familiar, deberían reclamar “irresponsablemente” y aceptar el tope al aumento de salarios que el gobierno pone en el 18%, claramente por debajo de la inflación, y menos que menos interrumpir el tránsito o paralizar los transportes mediante acciones de huelga y de protesta. En fin: después que en 8 años de crecimiento récord el kirchnerismo, apoyándose en la burocracia de la CGT, vino garantizando que las negociaciones paritarias dejen fuera de discusión el blanqueo de la mitad de la clase trabajadora, ahora se arrogan la defensa de los trabajadores peores pagos y en peores condiciones laborales: una maniobra para que todos acepten salarios más bajos y continúe la precarización laboral como hasta ahora.

Mientras un grupo de “sindicalistas modelo”, como Martínez, Andrés Rodríguez de UPCN o los ultraoficialistas Caló de la UOM o Pignarelli del Smata se arrastran ante Cristina y el oficialismo postulándose como sucesores de Moyano (algunos incluso como Dragún del Smata cordobés entrando al gobierno de De la Sota como ministro de Trabajo), el resto de las fracciones de la burocracia sindical se ha declarado contra el tope salarial en las próximas paritarias. Coincidieron con Moyano en rechazar el techo del 18% tanto Luis Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca, como el “gordo” Lezcano de Luz y Fuerza, entre otros. Pero esta coincidencia con el jefe cegetista no pasa de un frente único defensivo ante el ataque del gobierno al salario de su base social. Por ahora, el giro oficial ha exacerbado las disputas, divisiones y realineamientos dentro del campo de la burocracia sindical. Moyano, aun para negociar un mejor tratamiento oficial, habla de relanzar el opositor MTA si el gobierno insiste en desplazarlo de la conducción de la central. No es de descartar, finalmente, algún tipo de arreglo entre el gobierno y la CGT. A eso apuntan algunas declaraciones de Plaini, uno de los voceros del moyanismo: “el gobierno representa a los 40 millones de argentinos, nosotros representamos a nuestros trabajadores”, dando a entender un intento negociador de los cegetistas con la presidenta después del 54% de los votos.

En perspectiva, el gobierno no puede prescindir totalmente de la burocracia sindical y la CGT pondrá en juego esa necesidad del peronismo gobernante de contar con sus servicios. El tironeo es porque la necesitan disciplinada y adaptada a los nuevos tiempos del giro cristinista ante la crisis internacional. En la pulseada en Aerolíneas que cubrimos en estas páginas, hay proyectos en danza para reglamentar el derecho a huelga en los llamados “servicios esenciales”. Sería un grave antecedente si logran imponer contra los trabajadores aeronáuticos tal cosa que mañana podrían extender sobre los trabajadores del subte que el gobierno intenta poner bajo la órbita de Macri, o contra los trabajadores de la salud que, como se vio con las luchas de los hospitales en Córdoba o Neuquén, serán parte de los conflictos con los trabajadores estatales que los gobernadores, en el marco del ajuste del gasto fiscal, se preparan para enfrentar, como recientemente en la reprimida manifestación de empleados públicos en el Chaco del cristinista Capitanich.

Como parte de los aprestos para alistar a los “poderes reales” del régimen detrás del giro a la derecha de Cristina, el gobernador Scioli mantiene en su cargo al derechista Ministro Ricardo Casal y acuerda la designación de nuevos comisarios en la cúpula de la Policía con los distintos intendentes pejotistas. En una muestra clara de la aceitada relación entre los Barones y la Bonaerense :“los candidatos a la promoción a comisario general eran los comisarios mayores Mario Briseño -lo apadrinaría el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto-; Jorge Nasrala -conocido del intendente de Tigre, Sergio Massa-; Gustavo Reale -lo auspiciarían el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y el senador Roque Cariglino-; Mario Otero -avalado por Aníbal Fernández-; Carlos Perillo -allegado a los intendentes de Almirante Brown, Enzo Giustozzi, y de Ezeiza, Alejandro Granados-; Héctor Maggi -impulsado por el intendente de Bahía Blanca” ( La Nación, 30/11).

La situación que se ha abierto en el país -que hoy se presenta con un gobierno fortalecido ocupando el centro de la escena- transita hacia mayores enfrentamientos de clase en los que volverá la tendencia a desbordar a una burocracia sindical fraccionada y desprestigiada, y posibilitarán la experiencia política con el kirchnerismo que ha decidido enfrentar los reclamos de la clase trabajadora.

30-11-2011

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