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Editorial / Estrategia Obrera 110

El “pacto por México” ataca las libertades de la juventud y los trabajadores

16/07/2013

Desde su asunción al gobierno, Peña Nieto ha insistido en que busca profundizar la apertura de Pemex al capital extranjero. Su retórica de que “el estado mantendrá la propiedad de los recursos” es un engaño para ocultar lo esencial, la entrega de los recursos naturales y del país a las grandes trasnacionales, retomando lo hecho por el privatizador Salinas de Gortari en los ´90. Esto se hace con el apoyo del Pacto por México, donde el PRI, PAN y PRD son impulsores de una política reaccionaria y derechista contra los derechos de los trabajadores, que fortalece el poder económico de los monopolios y mantiene la militarización del país. Al servicio de esto está el ataque a las libertades democráticas, como fue la represión del 10 de junio.

Se evidencia el carácter reaccionario del Pacto por México

El encarcelamiento de 22 manifestantes el 10/06 (entre los que estaban 5 integrantes de la LTS y la JASyR) desnuda el carácter reaccionario de esta democracia para ricos y de la alternancia de los partidos patronales, cuyas fuerzas represivas avasallan incluso el elemental derecho a la libre manifestación y ponen en vigor leyes similares a las de 1968 y 1971; donde avanza la limitación de derechos como la libre manifestación y duras reformas al ya de por sí represivo Código Penal.

Al mismo tiempo se garantiza la impunidad de los diputados, jueces y altos funcionarios, como muestra la resolución de la Suprema Corte, que mantiene el secreto sobre las declaraciones patrimoniales de esa banda de ladrones que es la “clase política”. Esto, mientras salen a la luz escándalos que muestran como, mientras un trabajador cobra un sueldo de miseria, los diputados y senadores se llenan los bolsillos. Unos a otros se cubren las espaldas y sólo abandonan a los claramente indefendibles como el exgobernador Andrés Granier.

En ese contexto las elecciones de julio no traerán cambio alguno en la aplicación de los planes contra las masas, sino que tratarán de fortalecer la autoridad de los partidos patronales.

En ese marco, el PRD del DF muestra que es quien le hace parte del trabajo sucio al PRI, criminalizando a la juventud, a la protesta social y a la izquierda; esto, mientras continúa administrando los negocios capitalistas allí donde gobierna. Las recientes declaraciones de la COPARMEX del DF, exigiendo mano dura contra los jóvenes y que el GDF les garantice la estabilidad prometida y necesaria para su multimillonario plan turístico, demuestran que la represión institucional está al servicio de garantizar sus ganancias. Mientras hace esto y forma parte del “pacto por la inversión privada en Pemex”, este partido llama a la formación de un frente nacional en defensa del petróleo, queriendo engañar a los trabajadores y la juventud, y ocultar su rol de cómplice de EPN.

Crece el descontento obrero y juvenil

Hasta ahora, los acuerdos cupulares entre los partidos son claves para mantener la “paz social”, que cuenta con la colaboración de la mayoría de las direcciones sindicales, que no sólo dejaron pasar las reformas laboral y educativa, sino que desisten de impulsar una movilización contra las medidas represivas y antidemocráticas. Sin embargo, todo esto no liquida el descontento de los trabajadores, expresado en las acciones y movilizaciones del magisterio democrático, el SUTIEMS, el SME, y en sectores de los trabajadores mineros y de la industria, que empiezan a hacerse oír, como en Honda o en Frisco, o de los sectores oprimidos del campo, como es el caso de las organizaciones del Frente Amplio Campesino, que está en plantón en Gobernación.

Pero el descontento no sólo se expresa en las acciones reivindicativas de sectores de trabajadores, también en el clamor contra la represión y la militarización. O como en el reclamo de las heroicas Madres de Juárez y de los jóvenes que se movilizaron para sacar a los presos políticos del 10 de junio, así como en muchos sectores –sindicatos, organizaciones populares, intelectuales– que protestaron indignados por el encarcelamiento de la juventud que lucha. Las masivas movilizaciones en Turquía y Brasil son un ejemplo de un rechazo en las calles que enfrenta a lo más reaccionario de los planes de la “clase política”. Muy distinto a quienes aquí pretenden que los trabajadores confíen en ingresar al reaccionario Pacto por México, lo cual lleva a fortalecer al régimen antiobrero.

Hoy es fundamental impulsar la más amplia y unitaria movilización en las calles, desarrollando una política independiente que enfrente la ofensiva de los partidos patronales y sus instituciones contra las libertades democráticas, y soldando la unidad entre los trabajadores que protestan y luchan con la juventud combativa y el movimiento democrático.

Para eso, hay que levantar un programa que unifique el conjunto de los reclamos, y que enfrente a este régimen antidemocrático y que está al servicio de los planes capitalistas, mientras garantiza millonarios privilegios y prebendas para la “clase política” al servicio de la COPARMEX, los Slim y los Azcárraga. Hay que impulsar un Coordinadora Nacional de los sectores en lucha, donde estén las organizaciones que luchan contra la criminalización de la juventud, la militarización y el feminicidio, así como los sindicatos y corrientes sindicales en lucha (como la CNTE, el SME y Honda, entre otros). Allí, sobre la base de representantes con mandato de base, podríamos discutir un pliego de reivindicaciones unificado entre los cuales es fundamental la defensa del derecho a la libre manifestación, la lucha contra el artículo 362 del Código Penal y el protocolo contra las movilizaciones, así como en defensa del derecho de las comunidades a su autodefensa. Esto, a la vez que impulsamos un programa que enfrente la carestía de vida, las reformas estructurales y la entrega del país al imperialismo.

Allí podríamos discutir y acordar un plan de lucha que apunte a extender la movilización al conjunto del movimiento obrero y popular y preparar el terreno para un Paro Nacional contra la represión y la criminalización de la protesta social, contra las reformas laboral y educativa y para enfrentar el conjunto de los planes de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México.

Enfrentemos el ataque a los derechos democráticos

Después de reprimir a los jóvenes que se movilizaron para homenajear la lucha de toda una generación (la del 68 y 71), el PRD en el GDF, para justificarse, no escatimó ataques macartistas contra la izquierda, a lo cual se suman la mayoría de los medios de comunicación. Los “demócratas” del sol azteca no tienen vergüenza en perseguir, encabezados por el policía Mancera, a quienes luchan contra la injusticia y la antidemocracia que el PRI encabeza. Desde la LTS denunciamos esta ofensiva reaccionaria que busca marginar y hasta criminalizar a la juventud y las organizaciones de la izquierda; enérgicamente decimos que la misma es continuidad de una política impulsada desde el régimen para que las organizaciones de trabajadores y de la izquierda socialista no puedan participar ni incidir en la política nacional. Afirmamos que, como parte de esa política que nada tiene de “democrática”, en los años previos se pusieron candados para que las organizaciones obreras no participen de forma independiente en los procesos electorales y solo puedan hacerlo junto a alguno de los partidos con registro, que son todos defensores de los intereses de la clase enemiga. Eso es una muestra de que ésta es una democracia para los patrones. Denunciamos también que, mediante múltiples trabas, se busca impedir que las organizaciones de izquierda y socialistas podamos tener plena legalidad como partidos políticos y presentar nuestro programa en las elecciones. Como parte de la lucha por defender los derechos democráticos de las grandes mayorías, llamamos también a pelear para que cualquier organización obrera y las organizaciones de izquierda, tengamos plenos derechos políticos y electorales, rechazando las restricciones y trabas de esta democracia para ricos que buscan que solo los partidos de la burguesía gocen de plena legalidad.

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