Por Ruth Werner

Continuan las peleas “por arriba” entre el kirchnerismo, los gobernadores peronistas y la oposición partidaria y mediática encabezada por el Grupo Clarín.

Esta semana se suscitó el escándalo por la salida del preso Eduardo Vázquez a actos promovidos por la agrupación K, “Vatayón militante”. Cristina Kirchner se defendió diciendo que el Servicio Penitenciario Federal es un sistema “modelo”. Pero hasta oficialistas como Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Legales y Sociales vienen denunciando que en este Servicio se dan prácticas que son una “rémora del Terrorismo de Estado”. Allí lo habitual es la tortura, las condiciones inhumanas y una fuente de mano de obra gratuita integrada por miles de presos pobres al servicio de la misma jefatura de la institución carcelaria. Decir que ahí se practica una política de “reinserción social” no puede ser más cínico. Del lado de la oposición mediática, la hipocresía también alcanza niveles superiores. La bronca que en la población genera la salida de Vázquez, un emblema de la más aberrante violencia de género, el feminicidio, es utilizada para promover discursos que abrevan en la mano dura y la campaña contra la inseguridad. Ellos mismos fueron quienes impulsaron las derechistas leyes Blumberg, que también fueron promovidas por el kirchnerismo.

Ya casi como un deporte, la presidenta aprovechó el caso Vázquez para volver a pegarle a Scioli y echar un leño más al fuego de la interna peronista. El debate sobre si es mejor el servicio penitenciario federal (que defiende CFK) o el bonaerense (que defiende Scioli) es como discutir cual es el martirio más benévolo que un ser humano puede soportar. Podría tomarse la polémica como un intento de fino humor inglés, si no fuera porque la violación sistemática de los derechos humanos en ambos Servicios recae sobre los reclusos que son carne de cañón de las mafias penitenciarias y policiales. Más que “resabios perversos del terrorismo de Estado” se trata de esta democracia que tiene como costumbre la tortura en las comisarías y el gatillo fácil. No hay lugar del país donde las malditas policías no tengan una foja de servicios monstruosa.

En la misma tónica de apuntar contra los sectores del peronismo que se oponen al kirchnerismo estuvo la pelea con De La Sota. El gobernador cordobés apeló a los tribunales por el no cumplimiento del convenio para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Como hace unas semanas en la provincia de Buenos Aires, De La Sota acusa al gobierno nacional de no enviar los fondos. Entre la crisis fiscal y la crisis política que hace patente la interna peronista, está claro que el kirchnerismo ha decidido que los costos políticos los paguen los opositores a su gobierno. Esta vez, lo que está en juego en Córdoba no es el aguinaldo como en la provincia de Buenos Aires, sino cuánto cobrarán los jubilados. El gobierno prepara el terreno para los tarifazos con el aumento que ya viene aplicando sobre las naftas y el plan de modificación de tarifas con la tarjeta SUBE, mientras se juega a la “tercerización” del ajuste en las provincias. Esta semana dilapidará 2.300 millones de dólares en el pago de los Boden 2012 con el verso del desendeudamiento. En la Capital Federal asistimos a un nuevo capítulo del enfrentamiento con Mauricio Macri alrededor del traspaso del Subte con los trabajadores y usuarios como rehenes (ver página 5).

Nuestras banderas

Mientras la CGT Balcarce viene cerrando filas con la candidatura a Secretario General de Antonio Caló de la UOM, sigue su curso la pelea entre Hugo Moyano y el gobierno. En la provincia de Buenos Aires los intendentes kirchneristas amenazan con suspender el servicio de recolección de basura a la empresa Covellia vinculada al jefe de la central obrera opositora. En Quilmes, donde el conflicto había escalado, el kirchnerismo debió retroceder -por 90 días- en su planteo de cancelar la concesión ante la amenaza del paro de los recolectores que iban a ser municipalizados con un sueldo 50% menor.

Por otra parte, la CGT moyanista decidiría el martes próximo una movilización al Congreso. El motivo: un proyecto de ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que los gremialistas buscan promover junto a sectores de la oposición. Como hemos planteado en varias oportunidades la CGT (y la CTA Micheli) debería convocar a medidas de fuerza, a un paro nacional, por las demandas de todo el pueblo trabajador. La derogación del impuesto al salario es una medida justa pero que involucra sólo a un sector de la clase obrera. Hay que rodear de solidaridad a todos los conflictos en curso para que triunfen, como el de Kraft y el del Subte, y pelear, además, por un sueldo equivalente al costo de la canasta familiar, por la abolición del trabajo en negro y contra toda forma de precarización laboral, contra los despidos y suspensiones (como en la carne), contra los aumentos de tarifas y los ajustes fiscales que preparan en varias provincias.

Hay que levantar desde ahora nuestras propias banderas. Moyano trabaja para el peronismo opositor. El número dos de la CGT, el petrolero Guillermo Pereyra, lo aclara por si quedan dudas. Ahora criticó la reglamentación de la ley de hidrocarburos diciendo que es un “avasallamiento de los estados productores”, un guiño a los políticos de la oposición que -como Lavagna- denuncian la “sovietización de la política petrolera”. Sólo un ex menemista que apoyó las privatizaciones de los ’90 como Pereyra puede coincidir con quienes ven rasgos “soviéticos” en un gobierno que ha puesto al hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, como el ejemplo de inversor petrolero en Argentina. El intervencionismo kirchnerista ha dejado en manos de las empresas imperialistas la mayor parte del negocio hidrocarburífero, pero para los amigos de las multinacionales, como Pereyra, no es suficiente: no tolera la más mínima medida de control, por tibia que sea.

Mariano Ferreyra ¡Presente!

Mientras en vistas a las elecciones de 2013-2015, la política burguesa corre por el andarivel de las peleas entre el kirchnerismo, la oposición, los gobernadores y el moyanismo, la izquierda y los luchadores nos preparamos este 6 de agosto para una cita de honor .

Se inicia el juicio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Quienes mataron al joven militante del Partido Obrero, lo hicieron para defender los intereses de la clase capitalista, del Estado y la burocracia sindical. A Mariano lo asesinaron por defender los derechos de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. La patota de Pedraza, quien desde la cárcel no duda ahora en alinearse con la CGT oficialista, fue la mano ejecutora.

La pelea de los ferroviarios durante 2010 fue un hito para la clase obrera de todo el país. Ellos exigían -y lo lograron- el pase a planta permanente, una demanda que hoy continúa siendo una necesidad vital para millones de trabajadores. Pasados nueve años de gobierno kirchnerista la precarización laboral afecta al 54% de los trabajadores y es uno de los flagelos en que se apoya el “modelo K” para sustentar las ganancias de los empresarios.

El 6 de agosto nos movilizamos para exigir la cárcel a Pedraza y a toda la patota, por el castigo a todos los responsables materiales, intelectuales y cómplices del asesinato de Mariano Ferreyra. La pelea se relaciona, además, con uno de los grandes desafíos que tenemos por delante: echar a la burocracia sindical y recuperar los sindicatos para la lucha de clases. Contra la burocracia sindical, hoy partida en cinco centrales, contra los dirigentes que dividen a los trabajadores y juegan para los políticos patronales, se llamen Kirchner, Scioli o Binner, hay que comenzar a plantar una alternativa: reunir a todo el activismo combativo en una asamblea nacional de trabajadores clasistas. Insistimos: los luchadores y el Frente de Izquierda debemos convocarla.

01-08-2012