La concertación sólo favorece a la reacción

Para derrotar a la derecha, el único camino es la movilización

Por un verdadero plan de lucha de la COB para imponer

¡Aumento salarial de emergencia!¡Control popular de precios y abastecimiento!

Todo sube. El pan, el arroz, el aceite, el pollo, la carne, lo mismo que las verduras y frutas y demás productos de primera necesidad. En Santa Cruz, los transportistas quieren subir el costo del pasaje. En El Alto han reaparecido los bloqueos con garrafas de gas ante la escasez de este vital combustible. Las medidas del gobierno, como importar harina y arroz para venderlas a precio subvencionado, prohibir la exportación de algunos productos nacionales u obligar a mostrar listas de precios a los minoristas, son por completo ineficaces e insuficientes. Pretenden limitar algunos de los efectos más irritantes para el pueblo, pero sin combatir las causas, pues son parte de una política económica funcional a los intereses de los empresarios, que con los aumentos de precios quieren mantener y engordar sus jugosas ganancias a costa del bolsillo popular. Por ello, Evo Morales y su Ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, han rechazado una y otra vez el pliego de reclamos de la COB y quieren limitar el aumento salarial para el año 2008 a la miseria de un 10% cuando sólo en febrero los precios aumentaron, según el INE, casi un 4%. En realidad, desde las fiestas de diciembre, el costo de vida para las familias trabajadoras -que gastan sobre todo en alimentos- subió un 25% o más. La COB denuncia que el costo de la canasta familiar ha llegado a los 7.500 Bs. y reclama un salario mínimo de 1.800 Bs.Frente a esto, el aumento del 10% en el salario básico decretado por Evo Morales es una miseria que no resuelve nada y que los empresarios ya han anunciado que no acatarán. Por ello, está planteado luchar por:¡Aumento salarial de emergencia del 30%, como ya han comenzado a reclamar algunos sectores! ¡Escala móvil!Claro que a río revuelto, engordan especuladores y contrabandistas. Un ama de casa entrevistada en el mercado Rodríguez reclamaba ante las cámaras de TV que Evo entregue arroz y harina a las juntas vecinales para que éstas lo distribuyan entre los vecinos. La compañera apunta en la dirección correcta.

Hacen falta Comités Populares de Control de precios y abastecimiento, integrados por los sindicatos, las juntas vecinales, gremiales, etc., para controlar los precios y la distribución de gas, alimentos y otros artículos de primera necesidad.El gobierno aduce que hay empresarios que por motivos políticos desabastecen el mercado. Muy bien, toda empresa que sea descubierta reduciendo a propósito la producción, acaparando productos o contrabandeando al extranjero, debe ser nacionalizada sin pago y bajo control de los trabajadores. El control obrero colectivo en fábricas y agroindustrias, coordinado con el control popular de precios y abastecimiento, son las mejores armas para combatir cualquier maniobra o sabotaje.En realidad, los responsables de la situación económica que agrava las penurias populares son los capitalistas. Hay que defender la alimentación y las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

¡Qué la crisis la paguen sus responsables: los empresarios, terratenientes y transnacionales!

Entre forcejeos, buscan reencaminar la crisis política vía referéndums

CON LAS LEYES aprobadas el 28 de febrero llamando a referéndum sobre la nueva Constitución para el 4 de mayo y trasladando la potestad de convocar referendums departamentales al Congreso, el gobierno intentó destrabar la pulseada con la oposición que consumió más de dos meses de negociaciones sin poder llegar a un “gran acuerdo nacional”. Tras la ruptura del diálogo directo entre Evo y los prefectos, fracasó también la posibilidad de “consensuar” en el Congreso. Ahora, recurriendo una vez más a la táctica de “pegar para negociar” (como en diciembre en la Asamblea Constituyente, para aprobar el nuevo texto constitucional), el MAS busca frenar la maniobra opositora de imponer sus propios referendums autonomistas el 4 de mayo, mientras congelaban el llamado a las consultas para poner en vigencia de la nueva Constitución.
El vicepresidente García Linera ha reiterado la invitación a dialogar dejando la puerta abierta para modificar las leyes de convocatoria, mientras que el CONALDE (el “Concejo Nacional por la Democracia” que agrupa a los prefectos autonomistas y las fuerzas de la derecha), ha reaccionado con extrema dureza en la forma (amenazando con “desobediencia civil”y “desconociendo el carácter democrático del gobierno”) pero con cautela en el contenido: además de convocar a “asambleas regionales”, intentan adelantar sus propios referendums por los estatutos autonómicos para el 27 de abril.

Así, ambas partes parecen dejar puertas abiertas a nuevas negociaciones a partir de la coincidencia en canalizar la pugna al terreno de las urnas, aunque la crisis política está en una nueva fase de tensionamiento y no hay que descartar que pueda irse a una mayor confrontación en la “pulseta” entre gobierno y autonomistas.
En este nuevo episodio de una crisis que ha devenido crónica, cobran fuerza nuevos elementos tensando aún más la coyuntura nacional: la debilidad de instituciones claves como la policía, el enrarecimiento de la situación económica y la aguda tensión social, incluyendo el malestar entre los trabajadores y el pueblo por el alza del costo de vida.

Crujidos en la economía

La economía aún crece, mostrando precios record en las exportaciones, pero comienzan a emerger serias dificultades: El impacto desastroso del “Fenómeno de la Niña” (con graves pérdidas materiales y productivas en casi todo el país), los primeros efectos de la crisis financiera internacional (caída del dólar y alza de precios de alimentos, que motorizan la inflación interna), los roces con Estados Unidos (que mantienen en suspenso el futuro de las exportaciones a ese país vía APTDEA, pese a su prórroga hasta diciembre), la semiparálisis de las inversiones (en particular el chantaje de las transnacionales, con lo que se incumple con la exportación de gas a Argentina y la puesta en marcha de El Mutún, mientras se estrangula el abastecimiento energético interno). A ello se suman el alza del costo de vida con la suba de los productos de primera necesidad (pan, pollo, carne, arroz, harina, aceite, etc.), la especulación y contrabando de alimentos y garrafas de gas, etc., golpeando la economía popular y exasperando a la población.

Con todo ello quedan en evidencia no sólo el fiasco de la “nacionalización del gas” y los límites de la política económica “neodesarrollista” del gobierno, favorable a las transnacionales y los empresarios, sino que comienza a haber descontento y críticas entre sectores populares que no pueden revertir las limitadas e ineficaces medidas oficiales como importar a precio subvencionado de harina y arroz o prohibir la exportación de varios productos nacionales.

Polarización social y descontento obrero y popular

Estos ataques a la economía popular son un gran revulsivo, en una situación de extrema polarización social y tensión que estalla en hechos como los de Epizana, diversas protestas sectoriales en el campo y la ciudad. Pese a que hay amplias expectativas e ilusiones en el gobierno de Evo Morales, apoyado por la amplia mayoría de las direcciones de masas, aumenta la insatisfacción por el incumplimiento de promesas, el odio a la derecha y la impaciencia ante las penurias de la vida cotidiana, agravadas por el creciente costo de vida y el deterioro del poder de comprar de los salarios.

En este marco se ubica el cambio en la actitud de la COB, que sin romper con el gobierno, comienza a reubicarse y presionar. El 19 de febrero llamó burocráticamente a una “huelga general indefinida”. El llamado no fue acatado y se lo suspendió para volver a negociar tras sólo 48 horas, pero hubo algunas acciones en Oruro, Tarija, Potosí y otras, y bloqueos puntuales en La Paz, que muestran que crece la disposición a la lucha. En distintos sindicatos se discute el reclamo de un 30% de aumento salarial para compensar la caída del salario.

Frente a este panorama y para frenar mayores protestas, Evo Morales acaba de decretar un 10% de aumento al básico -apenas 55 Bs.- completamente insuficiente para satisfacer las demandas obreras pero que ya ha despertado el rechazo empresarial. Ahora se anuncian nuevas medidas de la COB y otros sectores para marzo. Todo esto podría estar preanunciando una mayor intervención obrera, a partir de luchas por el salario y otras demandas.

La crisis policial

La muerte de tres policías en Epizana (Cochabamba), a manos de cientos de campesinos enfurecidos, junto al amotinamiento de los efectivos de Seguridad Física” en La Paz, Cochabamba (donde instalaron su huelga de hambre en la Central Obrera Departamental) y otras ciudades, confirman la profunda crisis de esta institución represiva sólo meses después de que sufriera serios reveses ante las movilizaciones de la derecha en Sucre (donde debió abandonar la ciudad) y Cobija. A ello se añadieron movimientos entre sectores de clases y suboficiales de las Fuerzas Armadas, con reclamos salariales y obligando a negociar al Alto mando. Estos son síntomas de la precaria situación en la policía y en general, en las instituciones centrales del Estado, en medio de una situación de virtual “régimen quebrado” por la pugna entre el gobierno del MAS, que tiene la legitimidad y autoridad a nivel nacional, y el bloque autonomista, al que responden algunos niveles de otras instituciones, como la justicia local y algunas cortes electorales.

El rumbo del MAS y el cacareo opositor

Ante este cuadro comprometido, el gobierno intenta fortalecerse, no sólo para imponer mejores condiciones en el forcejeo con la oposición parlamentaria y los cívicos de la “media luna”, sino para no “quedar en jaque” ante el conjunto de las contradicciones económicas, sociales y políticas que tienden a reemerger, y esto se expresa en la tendencia a “elevarse” por encima para poder arbitrar.
Evo Morales y el MAS, siendo un gobierno frentepopulista que depende ante todo del apoyo del movimiento de masas, tratan de afirmarse más en las instituciones del Estado, no sólo a través de su mayoría parlamentaria, sino en las FF.AA. y la policía, para poder avanzar en el rediseño de un régimen político donde la nueva Constitución fortalece el rol del Estado central, pese a que la oposición busca en las autonomías departamentales un reaseguro o contrapeso.
Es este sesgo el que neoliberales, oligarquías regionales, agentes de las transnacionales, medios de prensa y curas, que fueron socios y parte de todos los gobiernos dictatoriales y neoliberales de las últimas décadas, denuncian como “dictatorial”, “de facto”, etc., para llevar agua a su propio molino y en línea con la presión imperialista.

La nueva fase de la crisis recién comienza y todos “tensan la cuerda” en vistas a rediscutir. Mientras los cívicos de Chuquisaca se endurecen e intentan imponer su propio prefecto y adelantar elecciones en el departamento, sectores de PODEMOS buscan reabrir negociaciones, UN ya está en campaña por el NO a la nueva CPE -aceptando el referéndum propuesto por el MAS, e incluso hay quienes plantean reabrir los debates de la Asamblea. ¿Se profundizará la crisis y la confrontación o se reabrirá un nuevo “diálogo nacional”? Entre forcejeos y amenazas (lo que no descarta nuevos choques), siguen los intentos por lograr acuerdos aunque sea parciales.

El único camino es la movilización

Pero con o sin acuerdos con la derecha, la política del gobierno no enfrenta a la reacción, sino que está jugada a la colaboración de clases con los empresarios, terratenientes y transnacionales y sus representantes políticos.

La lucha por el salario y el control popular de los precios y el abastecimiento, que están a la orden del día, es inseparable de la lucha contra la reacción proimperialista, por una genuina nacionalización de los hidrocarburos, la tierra y el territorio y demás demandas de los trabajadores, los campesinos y los pueblos originarios. Sin embargo, las direcciones que apoyan al MAS no quieren darle aliento a la movilización para no perjudicar sus acuerdos con el Gobierno.

Hace falta imponer en la COB, las organizaciones campesinas y populares un verdadero plan de lucha, que parta de exigir un aumento general de salarios, acorde al costo de la canasta familiar y con escala móvil, el control popular de precios y abastecimiento través de comités integrados por los sindicatos y juntas vecinales, uniendo las reivindicaciones sectoriales a la lucha por una verdadera reforma agraria, la nacionalización sin pago y bajo control obrero de los hidrocarburos, minerales y empresas públicas “capitalizadas”, sin lo cual no se puede desmantelar el poder de la derecha empresarial y latifundista.

Este plan debe incluir, también, dos cuestiones fundamentales: la unidad y coordinación de todas las luchas, para imponer los reclamos de los trabajadores y el pueblo y preparar el camino a una Asamblea Popular como frente único de las masas en lucha basado en la democracia directa; y el llamado a constituir Comités de autodefensa contra las bandas de derecha al estilo de la “Juventud Cruceñista” y frente a la represión policial y militar a las luchas.

Pero el camino de la movilización exige también “manos libres” para luchar para los trabajadores, los campesinos y pueblos originarios; es decir, plena independencia política y organizativa frente al Gobierno tanto como frente a los empresarios y sus partidos. Los trabajadores no pueden quedar entrampados entre la derecha y el MAS que le capitula, sino que necesitan empezar a construir una alternativa política de clase.

Llamamos a los sindicatos combativos, como el magisterio paceño, los mineros de Huanuni o los nuevos sindicatos alteños, a tomar la iniciativa, empujando esta perspectiva de lucha.