Tejiendo nuevos acuerdos contra el pueblo

El discurso presidencial del 6 de agosto fue una apelación a la conciliación y la “unidad nacional”, uniendo “las dos agendas: la de las autonomías y la Constituyente”, llamando a unir esfuerzos por una “Bolivia productiva, democrática y solidaria” y diluyendo al mínimo la habitual retórica populista e indigenista. Si en el mensaje hubo pocas alusiones a latifundistas y opositores y varios llamados a los militares “patriotas”, no faltaron las advertencias a los trabajadores impacientes con los bajos salarios, a los maestros que cuestionan la Ley Siñani y las quejas por Huanuni.

Fue un mensaje de gestos de concertación, para calmar a la oposición burguesa y los “cívicos”, que ratifica el rumbo pactista que se ha fijado el MAS.

Por eso, al día siguiente la tensión bajó, como se pudo ver en la parada militar de Santa Cruz, aplaudida por todos.

Evo en Sucre, junto al vicepresidente García Linera y la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte. Fue un discurso para conciliar con los empresarios, los terratenientes, las transnacionales y los "cívicos".
Un nuevo pacto congresal

Días antes, el pacto en el Congreso entre PODEMOS y el MAS no sólo “legalizó” el nuevo plazo para que la Constituyente funcione hasta el 14 de diciembre, “postergando para pactar”, sino que además, le puso un nuevo “candado”, es decir, nuevas garantías y concesiones a la derecha, como la aceptación explícita de las “autonomías departamentales” que reclaman las burguesías de la “media luna” y el método de referéndums para asegurarse que la nueva CPE sea “potable” para los intereses de la clase dominante.

Este acuerdo dejó descontentos: algunos sectores de la derecha regional aspiraban a condicionar aún más la Constituyente (o directamente cerrarla) y no confían en los compromisos del Gobierno. Aliados del MAS, como CONAMAQ, también protestaron, pues ven diluirse en pura retórica sus planteamientos indigenistas.

Entre tanto, aunque está claro que se aceptan las autonomías departamentales, no se tocará la gran propiedad de la tierra, etc., siguen en discusión temas de la futura organización del Estado, como si el Congreso tendrá una o dos cámaras, las atribuciones exactas que tendrán las prefecturas, etc.
Las pugnas regionales

En este marco sigue la disputa entre las regiones. Es que en la medida en que el MAS logra mantener fuera de escena a las masas, pasan a primer plano las disputas entre las distintas burguesías locales por un nuevo reparto del poder estatal y de la cuantiosa renta hidrocarburífera recaudada a través de impuestos y regalías.

La ascendente burguesía cruceña reclama autonomía departamental como una valla a cualquier amenaza en temas como la propiedad de la tierra, pero también para aumentar su participación en el poder y los recursos del Estado. La decadente burguesía paceña quiere retener su tradicional control del Estado y por tanto del presupuesto, y mantiene una “alianza estratégica” con el gobierno en defensa de los intereses del occidente andino. Santa Cruz y sus aliados halagan a las élites de Sucre (que quieren “terciar” entre Oriente y Occidente) con la posibilidad de recuperar la sede de todos los poderes, esperando mejorar su relación de fuerzas, imponer una mayor descentralización de los recursos estatales y chantajear al gobierno.

El cabildo paceño, como las acciones “autonomistas” en el Oriente y las marchas por la “capitalidad plena” en Sucre, son episodios en este forcejeo permanente donde cada sector de la clase dominante busca imponer sus propios términos en la negociación.
Buscando un “gran acuerdo”

Este forcejeo constante puede ir más allá de lo que quieren gobierno, oposición y cívicos, abriendo “brechas” en las que podría intervenir el movimiento de masas con sus propias demandas y necesidades.

Por eso, todos reclaman “unidad nacional”: gobierno, oposición, cívicos, con el coro de los curas y los medios de prensa y TV.

La “unidad nacional” que piden es un acuerdo entre las fuerzas políticas, el gobierno, los prefectos, los comités cívicos y demás “factores de poder” representativos de la clase dominante, para contener la polarización y llegar a un pacto social y político que ordene las discusiones: “Social”, para poner límite a las demandas de salario, tierra, territorio, etc., de los trabajadores y el pueblo pobre.“Político”, para acordar entre todos ellos cómo reorganizar el Estado en la Constituyente y estabilizar políticamente el país.

La búsqueda de este reaccionario pacto va dirigida directamente contra el pueblo trabajador, sus demandas elementales y su necesidad de resolver los grandes problemas del país, acabar con el saqueo de los recursos naturales y el sometimiento al capital extranjero.

Lamentablemente, las direcciones sindicales que apoyan al MAS le hacen el juego a esta trampa, ayudando al gobierno a mantener las ilusiones y desmovilización del movimiento de masas y evitar que irrumpa en la situación política.
El único camino, la movilización

El camino es el opuesto al de la “concertación” con las transnacionales, los terratenientes y el empresariado que proponen Evo Morales y el MAS y que envalentona a la reacción.

Sólo con la movilización se podrá derrotar a la derecha, recuperar efectivamente los recursos naturales, responder a las demandas de salario y empleo, resolver el problema de la tierra y el territorio.

Es necesario quebrar la subordinación de las organizaciones sindicales y de masas al gobierno y preparar la movilización de los trabajadores y el pueblo pobre del campo y la ciudad por sus impostergables demandas en la perspectiva de una salida obrera y campesina.

— -

Huanuni

Mineros arrancan concesiones al Gobierno

-Por Javo Ferreira

LUEGO DE LA REPRESIÓN desatada por el gobierno nacional contra los trabajadores mineros de Huanuni semanas atrás, finalmente el Parlamento aprobó la conversión en ley del decreto que garantiza la nacionalización del cerro Posokoni.

Frente a la demanda de los trabajadores de que se imponga el monopolio estatal del comercio de minerales, lo que permitiría acelerar la industrialización de los recursos mineros, el gobierno simplemente se ha comprometido a crear una “comisión fiscalizadora” de la comercialización y de la exportación que hacen empresas privadas como Sinchi Wayra, lo que deja a salvo los negocios de las comercializadoras, las cooperativas más ricas y las transnacionales, y permitirá que siga el “juqueo”.

Además, ahora los trabajadores tendrán participación en la administración de los recursos generados por la Empresa Minera Huanuni (EMH) del 95% de las utilidades para destinar a reinversión, exploración y equipamiento. Esto es un paso importante pues se amplia el “control social” que los trabajadores vienen imponiendo desde la expulsión de Allied Deals.

Sin embargo presenta varios peligros, ya que esta administración se hará como parte de la COMIBOL, y el Estado tiene el objetivo de cooptar el “control social”, impidiendo que se desarrolle como control colectivo por los trabajadores, para reducirlo a una “cogestión” sin romper la estructura capitalista de la empresa ni amenazar el poder de la burocracia estatal.

Es necesario avanzar mas allá, profundizando el control social en la EMH hasta imponer la administración obrera directa, para enfrentar las maniobras de cooptación por el Estado y convertir a Huanuni en una escuela de plani-ficación obrera.

Esto, en el marco de un programa para la minería, basado en la integración con la fundición de Vinto, el monopolio estatal del comercio y exportación de minerales y la nacio-nalización bajo control obrero colectivo de la gran minería.