La localidad de Puno en el sur peruano se ha convertido en el epicentro de las protestas regionales contra la empresa minera Santa Ana de Bear Creek Mining Company del Perú que tiene la autorización desde el año 2007 para iniciar la explotación de yacimiento de plata.

La protesta que es efectivizada mediante una huelga general con bloqueos de caminos en toda la región sureña ya lleva más de 20 días y amenaza extenderse a localidades como Juliaca donde ya existen amenazas de tomar el aeropuerto local, además de anuncios de bloqueos en solidaridad en localidades tan distantes como Moquegua o Tacna. El jueves 26 de mayo, fueron atacadas dependencias estatales, como aduanas, migraciones, contraloría de la república del Perú, Bancos y cajas rurales además del incendio a 22 automóviles y 2 almacenes.

La magnitud del conflicto adquiere proporciones internacionales con el bloqueo del puesto fronterizo de desaguadero con Bolivia y la pérdida millonaria de las exportaciones bolivianas que se encuentran varadas hace semanas con miles de pasajeros. La protesta que continua endureciéndose y radicalizándose a una semana de la segunda vuelta en las elecciones nacionales, puede convertirse en una crisis de magnitud y en una primer prueba de fuego para el gobierno entrante, ya que para las comunidades aimaras que garantizan el bloqueo, el retiro de la trasnacional es de vital importancia para impedir la contaminación de aguas y tierras agrícolas en esa región.

Comunidades del lado boliviano también anunciaron la posibilidad del inicio de un bloqueo de caminos en solidaridad con sus pares peruanos, ya que la empresa minera Santa Ana se encuentra dentro de los 50 km de frontera y la contaminación afectaría el lago Titicaca y el rio desaguadero con consecuencias funestas para el conjunto de comunidades y pueblos. Según informa del diario limeño el Comercio del domingo 29 de mayo, la reunión que se llevó a cabo en la capital peruana con representantes y congresistas de la provincia puneña, llegó a acuerdos que contemplan la suspensión “por doce meses la admisión de petitorios mineros en las provincias de Chucuito, Yunguyo, Collao y Puno, al sur de la región. Además anunciaron la suspensión por el mismo tiempo del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Santa Ana”. Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas por el comité regional de defensa de los recursos naturales además de desconocer a las autoridades que negociaron en la capital estos puntos. Afirman que la demanda de anulación definitiva de las concesiones mineras en la región no son negociables lo mismo que la exigencia del retiro definitivo de Santa Ana. Esta situación está preparando por parte del gobierno de Alan García, una salida represiva como ya lo han venido reclamando diversos personeros del actual gobierno y de la clase dominante peruana. Para estos sectores la defensa de las trasnacionales mineras, como ya lo mostró la masacre de los pueblos de la selva un año atrás, es una cuestión de estado. Por otro lado Ollanta Humala ha solicitado a las organización del sur peruano, avanzar por el camino del dialogo y evitar que las elecciones que deben llevarse a cabo la semana siguiente sean suspendidas en toda esta región que es un bastión del partido de Ollanta.

Sin embargo mas allá de sus demandas de que se escuche a la población de estas regiones Ollanta no se ha pronunciado claramente sobre las demandas de expulsión y el fin de las concesiones mineras en toda la región de la sierra y del sur, tratando de mostrar una imagen dialoguista y ambigua para evitar perder espacio en franjas de la clase media y sectores empresariales. De hecho, su compromiso de mantener el TLC con EEUU ha sido ratificado, con la “salvedad” que protegería la industria peruana “mediante otros recursos”. Ollanta Humala se ha comprometido a respetar la constitución fujimorista del 93, que garantizo y adaptó toda la legislación peruana a las necesidades y a la voluntad del capital trasnacional. No hay que olvidar que esta constitución fue el producto de un autogolpe de Fujimori para avanzar en la lucha contra los trabajadores y el pueblo garantizando la impunidad a los autores de las matanzas de campesinos y de estudiantes mientras se abrían las puertas al capital imperialista. La constitrucion del 93 en Perú, al igual que la Ley INRA en Bolivia estuvo al servicio de un ataque redoblado a las tierras comunarias en la sierra buscando garantizar la seguridad jurídica de las trasnacionales mineras y desarrollar un mercado de tierras sobre la base del despojo de las comunidades. No es de extrañar que sean precisamente las comunidades indígenas tanto de la sierra como de la selva las que vienen re4sistiendo la penetración de empresas trasnacionales que al orientar su producción sobre la base de la mayor rentabilidad no tienen ningún inconveniente en destruir aguas y tierras fértiles sembrando desierto y pobreza. El resultado de todos estos compromisos es el apoyo brindado para la segunda vuelta nada menos que del candidato de Perú posible, el “Cholo” Toledo el pasado 27 de mayo.

Llamamos a los trabajadores y comunidades del lado boliviano a solidarizarnos con los bloqueos y la lucha de los comuneros de otro lado de la frontera contra las trasnacionales que saquean los recursos naturales, explotan a los trabajadores y contaminan aguas y tierras sembrando pobreza y miseria. Soplo la unidad de los trabajadores de estas regiones y empresas junto a las comunidades originarias podrán establecer planes de aprovechamiento de los recursos naturales al servicio del desarrollo de las poblaciones campesinas y obreras y no de las trasnacionales.