La masacre de José León Suarez causó conmoción entre los vecinos de las barriadas. La Bonaerense asesinó a dos adolescentes de 16 y 17 años, Franco Almirón y Mauricio Ramos, mientras Joaquín Romero de 19 continúa grave y decenas fueron heridos, al tiempo que más de 20 personas fueron detenidas. Un pequeño detalle habla por sí solo de la saña criminal: Franco tenía 9 balazos en su cuerpo.

Como miles de pibes de la villa La Cárcova, Franco y Mauricio se dirigían al CEAMSE para cirujear entre la basura y ayudar a sus familias a paliar el hambre, cuando fueron sorprendidos por la lluvia de balas. Las pericias confirmaron que las víctimas tenían perdigones de plomo de escopetas calibre 12/70, armas reglamentarias que usa la Bonaerense.

Decenas de testigos, temerosos de las represalias, declararon que los policías dispararon desde unos montículos de tierra a 15 metros de las vías para luego virar y disparar a mansalva contra las viviendas. La ira de los vecinos motivó una movilización a la comisaría, denunciando la brutalidad de los bonaerenses.

Sin pudor alguno, el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Ricardo Casal sostuvo que los adolescentes murieron en un enfrentamiento entre delincuentes y policías cuando intentaron saquear los últimos vagones de un tren que transportaba autopartes que cayó descarrilado. Una falsedad absoluta pues ninguno de los jóvenes estaba armado. ¡Qué otra cosa podía esperarse de un ex alcaide mayor del Servicio Penitenciario formado durante la dictadura! Un Servicio Penitenciario con efectivos que dieron otra muestra de su brutalidad, cuando salió a luz la tortura a jóvenes detenidos en el penal mendocino San Felipe.

El escándalo fue tal que obligó a Casal a intervenir la comisaría 4° de J. L. Suárez, desplazando a sus autoridades y 16 efectivos, uno de los cuales, admitió haber usado municiones de plomo y fue detenido.

Después de intentar amparar a esta banda de asesinos, Casal, Juan Carlos Paggi, jefe de la Bonaerense, César Albarracín, subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales y el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio, tuvieron la caradurez de reunirse con los familiares de las víctimas para darles las condolencias.

Mano dura, Seguridad Democrática e interna peronista

Esta masacre es una cuenta más en el rosario de las políticas de “seguridad” del gobernador Scioli, un adalid de la mano dura junto a Duhalde, Macri, De Narváez y la derecha reaccionaria. Militantes del Movimiento Evita y La Cámpora y de Proyecto Sur se movilizaron en J. L. Suárez el 8/2 para denunciar la política de mano dura y poner un monolito recordatorio de los fusilados.

El Movimiento Evita llamó a terminar con la mano dura y a la vez reivindicó el envío de 6.000 gendarmes al conurbano como parte del operativo Centinela. Una vergüenza. Pocos días antes cuatro jóvenes trabajadores fueron secuestrados en San Miguel por gendarmes que les robaron dinero y hasta amenazaron con violarlos. ¡Y pensar que el “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita, se postula como potencial vice de Scioli! A pocos días del crimen, acaba de ratificar su apoyo a la candidatura del bonaerense (Página/12 web, 10/2).

El periodista Horacio Verbitsky criticó a Casal por burlar el “Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza deberá limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad” (Página/12, 6/2). Acorde al programa de Seguridad Democrática que inspiró la creación del Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Nilda Garré, Verbitsky y la llamada “izquierda kirchnerista” impulsan una política para reprimir de modo “racional” y “eficiente” a partir de la “capacitación” y el “control civil” de la policía. Tras los dimes y diretes que azuzan las internas en el PJ, los kirchneristas “puros” aprovecharon los acontecimientos para desgastar a Scioli, proporcionándole suficiente aire a Sabbatella y otras “colectoras” para traccionar votos “progres” para Cristina.

A la zaga de Scioli, el gobierno de CFK terminó capitulando a la agenda de la derecha sosteniendo la creación de un régimen penal juvenil para encerrar a los jóvenes pobres. Mediante este régimen, los jóvenes adquirirían “derechos y garantías” para ser enjaulados en “cárceles especiales”. Si tiene tantas ventajas, ¿por qué no promover la imputabilidad a cero para que los bebés y los niños tengan esos mismos “derechos”. ¡Qué gran solución para más de 600.000 jóvenes entre 15 y 19 años que no estudian ni trabajan! En el mismo sentido, la creación del Ministerio de Seguridad fue la respuesta reaccionaria dada por el gobierno a más de 1.500 familias obreras que exigían el legítimo derecho a una vivienda digna.

Increíbles los dichos de dirigentes del Movimiento Evita como Pérsico y Navarro: “a esos pibes les declararon la guerra los grupos económicos”. Cuando la asignación por hijo comienza a demostrar un efecto insignificante en la reducción de la pobreza, como hasta señala la CTA del kirchnerista Yasky, el gobierno persiste en políticas para criminalizar a los jóvenes pobres, hijos de los sectores más desposeídos de la clase trabajadora. Ni siquiera impulsan la construcción de centros recreativos y deportivos en los barrios humildes, así como un plan de becas financiadas por el Estado para que todos los niños y adolescentes tengan la posibilidad de adquirir el derecho a la educación.

La masacre de J. L. Suárez no puede quedar impune. Es necesario luchar para que todos los responsables se pudran en la cárcel. Es imperativo una gran campaña democrática con organismos de DD.HH., organizaciones obreras combativas, movimientos sociales, centros de estudiantes, partidos de izquierda y todas las organizaciones que se reivindiquen democráticas para expulsar a la Gendarmería y la Bonaerense de los barrios, defendiendo las libertades democráticas.

Para terminar con los flagelos que se desprenden de la pobreza es necesario luchar por un plan de obras públicas que ponga en movimiento todas las manos disponibles y construya vivienda digna, cloacas, escuelas, hospitales, etc. Un plan de obras públicas financiado con impuestos progresivos a los terratenientes y los empresarios y el no pago de la deuda externa, con un salario equivalente a la canasta familiar que permita que toda familia de trabajadores pueda proporcionar las condiciones básicas e imprescindibles para que todos los niños y adolescentes puedan adquirir una perspectiva de vida que merezca ser vivida.