A esta altura no hay otra posibilidad más que la desaparición de Julio López se trate de un secuestro. La declaración del ex Gral. Bignone llamando “a los jóvenes” militares y derechistas a “terminar lo que nosotros iniciamos” no sólo es una reivindicación del genocidio, sino también de la propia desaparición de López. Es una grave amenaza para todos los trabajadores y el pueblo. Algunos organismos de derechos humanos y aliados del gobierno dicen que el Estado (es decir, la policía bonaerense y la SIDE, por ejemplo) “está de nuestro lado” y que “estamos respaldados por el Estado” en la investigación y la búsqueda de López. Nosotros decimos que, al revés, en este Estado y sus fuerzas de “seguridad” anidan los viejos genocidas y se crían las nuevas generaciones de represores. Y si el secuestro de López fue realizado por una banda fascista de ex -militares o policías retirados, no tendría tanta efectividad operativa a menos que fueran amparados por quienes los están “buscando”. La solución no vendrá desde arriba, porque ellos son parte del problema. La desaparición de Julio López fue obra de los genocidas que siguen impunes bajo el gobierno de Kirchner.
El conjunto de organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y de la izquierda que fuimos convocantes del acto del 24 de marzo, a 30 años del golpe genocida, llamamos a ganar las calles y exigimos a las centrales obreras un paro nacional por la aparición con vida y el castigo a los culpables del genocidio.

Declaración del PTS: la desaparición de López y la situación nacional

1 Las tensiones políticas y los cambios en la situación nacional se dan en un marco latinoamericano en el que las clases dominantes del subcontinente, debieron recurrir a gobiernos con discurso “reformista” para hacer frente a la crisis del ’99-2002 y para desviar las grandes acciones de masas que sacudieron la región desde comienzos del nuevo siglo, se muestran decididas, en acuerdo con el sector hoy gobernante en los EE.UU., a tratar de poner límite a todo lo que huela a “populismo” y a dar concesiones a las masas. Eso significa la continuidad de los ataques discursivos del gobierno de Bush contra Chávez - el único de estos gobiernos con rasgos de “nacionalismo burgués”, acompañado en parte por el MAS en Bolivia-; las acciones de la burguesía boliviana de Santa Cruz de la Sierra y las petroleras contra Evo Morales, que limitaron aun más los alcances de la semi-nacionalización del gas y el petróleo; y el fraude electoral en México, que impidió la llegada a la presidencia de López Obrador. O la brutal campaña contra Lula en las recientes presidenciales brasileñas aprovechándose de la escandalosa corrupción “petista”, a pesar de que la política del gobierno del PT no tuvo casi diferencias con la llevada en los años ’90 por Fernando Henrique Cardoso. También es parte de esto la existencia en nuestro país de una derecha vociferante que venía ganando fuerza con la demanda de “seguridad”, así como la persistente campaña burguesa contra los aspectos del gobierno que las patronales y sus voceros consideran menos tolerables, como el acercamiento a Chávez o la reivindicación discursiva del “setentismo”. Kirchner ya venía cediendo en este terreno, sobre todo en política exterior, como mostró el último viaje a los Estados Unidos y la delegación meramente simbólica enviada a la reunión de los “No Alineados” en La Habana. Por su parte, la cúpula de la Iglesia católica, encabezada por Bergoglio, encubre a los sectores más reaccionarios bajo el manto de una lucha “por la reconciliación”, el “fortalecimiento de las instituciones” y “contra el autoritarismo” de un Kirchner que agudiza estas tensiones con su cruzada por la reelección presidencial y la de sus gobernadores afines.
De conjunto existen en América Latina tendencias a una mayor polarización política, donde la recuperación económica vivida por la región en su conjunto y el fuerte crecimiento de las ganancias capitalistas -que alentaron todos los gobiernos “progresistas”- generan la coexistencia de dos tendencias en la clase dominante: por un lado, tratar de mantener la estabilidad política de forma tal de aprovechar las circunstancias favorables para continuar haciendo grandes negocios; y por otro, la convicción de que estos gobiernos han cumplido su ciclo conteniendo a las masas y estabilizando la situación, y es preciso volver a un personal político que aún discursivamente sea más claramente pro-empresarial, más parecido al que predominó durante el ciclo “neoliberal” de los ’90 o, al menos, al modelo de la Concertación chilena que tiene como uno de sus rasgos centrales haberse fundado sobre la base de la impunidad absoluta de las fuerzas armadas pinochetistas.

2 En este marco, la desaparición de Jorge Ju lio López conmueve un escenario político que estaba dominado por un fortalecimiento relativo de la derecha y un giro más abiertamente pro-empresarial del gobierno de Kirchner, como expresó su viaje a EE.UU. Sólo la aparición con vida de López y que se tratara de una “falsa alarma” -una hipótesis prácticamente descartada- podría amortiguar los efectos de este hecho. Hoy, a casi 20 días de su desaparición, indudablemente gana fuerza la hipótesis de un secuestro perpetrado por parte de sectores ligados a la dictadura genocida (policiales, militares o paramilitares). La desaparición de López ha vuelto a poner sobre el tapete la continuidad esencial entre el aparato represivo de la dictadura y el actual, generando la primera crisis política de magnitud en el gobierno a partir de lo que era considerado como uno de sus puntos más fuertes, su “política de derechos humanos”.

Kirchner cambió el discurso de Estado sobre lo sucedido en la dictadura a partir de constatar el fracaso y descreimiento popular de la política de impunidad basada en la teoría de los “dos demonios” que sostuvieron, con matices, desde Alfonsín a De la Rúa. Con medidas de contenido simbólico y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final buscaba -mediante el enjuiciamiento de algunos genocidas emblemáticos ya entrados en años y con poca o nula influencia real- tratar de represtigiar a las fuerzas represivas del Estado. Pretendía, además, cubrir el flanco izquierdo de la “opinión pública” mediante la cooptación de organismos y personalidades más notorias de derechos humanos, incluyendo a Hebe de Bonafini. Y, cuestión no menor, buscaba responder a los pedidos de extradiciones de genocidas por parte de España, Francia, etc. Hasta el momento, esta política le había permitido fortalecer un perfil “progresista” con el cual cubrir su participación como gobernador de las petroleras en Santa Cruz en la entrega de los ’90 y el contenido profundamente capitalista de su política económica. Incluso le permitía en distintas ocasiones polarizar con los muy debilitados sectores de la derecha que siguen reivindicando el proceso, a la vez que poner a la defensiva en este terreno a las diferentes expresiones de la oposición burguesa, toda ella comprometida de alguna forma con la dictadura o con las políticas de impunidad.

3 Desde la caída de la dictadura hubo distintos casos de desapariciones de personas (de los desaparecidos en La Tablada a distintos casos de “gatillo fácil” como Miguel Brú, Pablo Guardatti y otros). Hubo también decenas de víctimas producto de la represión a las luchas populares (como Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Ojeda, Escobar, los asesinados durante los saqueos en 1989, los caídos el 19 y 20 de diciembre o Maxi Kosteki y Darío Santillán) y cientos de muertos por la represión en las cárceles o por el “gatillo fácil” (505 sólo bajo el gobierno de Kirchner). Pobladas de participantes del genocidio, las fuerzas represivas del Estado capitalista fueron un factor central en la aplicación de las políticas antiobreras y la entrega nacional en los años de “democracia”. Pese a estos antecedentes, la singularidad e importancia política del caso López es innegable, ya que implicaría una vuelta a la acción de los grupos de tareas después de años de limitarse esencialmente a amenazas. Es, además, un hecho que comienza a develar el doble discurso gubernamental en este terreno, ya que no sólo en el gobierno de los “derechos humanos” continúan en funciones en el aparato represivo del Estado múltiples partícipes del genocidio sino que pese a la anulación de las leyes de impunidad sólo han sido condenados hasta el momento dos represores (el Turco Julián y Etchecolatz) y los que tienen prisión preventiva son menos de un 5% del total. Se muestra así la contradicción entre el discurso “reformista” del gobierno en el plano estatal y la podredumbre real de este Estado capitalista que, como no puede ocurrir de otra forma con un aparato destinado a preservar los intereses de los mismos grupos económicos que organizaron el golpe del ’76, sigue amparando genocidas y represores en las fuerzas armadas, de seguridad y en el propio personal político como fue deschavado por el propio gobierno con el destape del pasado colaboracionista del ex ministro Juan José álvarez en la SIDE videlista.

Desde 1982 esta crisis estatal estalla recurrentemente. Y hoy es producto no sólo de lo heredado de la dictadura sino de los casi veintitrés años de esta democracia para los ricos, donde la “obra económica” de los militares se continuó por medio de todo tipo de corruptelas y negocios mafiosos realizados desde el poder político, el judicial y las fuerzas represivas. No se trata sólo de bandas armadas de la “mano de obra desocupada” de militares y policías desplazados de la actividad o los nidos de represores que son las agencias de seguridad privada que los ricos utilizan en la defensa de sus countries y sus empresas albergando ex genocidas retirados. Se trata, en primer lugar, de la propia descomposición de una fuerza de más de 40 mil efectivos como “la bonaerense”.

Más en general, se reabre una crisis estatal de la Argentina capitalista; orgánica, ya que ningún gobierno burgués puede dar una solución a favor de los trabajadores y el pueblo, dado que terminar con la impunidad de ese aparato represivo sería socavar el pilar fundamental de su propio Estado y la clase capitalista no se suicida. Por el contrario, la continuidad de este aparato armado es la reserva fundamental que tiene la clase capitalista para imponer sumisión ante la superexplotación de los trabajadores, la pauperización de sectores de las clases medias y garantizar las ganancias de los empresarios.

4 Que López haya sido secuestrado entra en la lógica de la situación política: una acción de este tipo protagonizada por sectores vinculados a Etchecolatz o algún otro núcleo de los represores de la dictadura busca alguna suerte de nuevo “punto final”, un límite mayor al proceso de juzgamiento a los genocidas como concedió Alfonsín a los militares después de los alzamientos carapintadas a mediados de los años ’80. El fallo que considera que los crímenes de Etchecolatz fueron realizados en el marco de un genocidio muy posiblemente aceleró la disposición de estos sectores para pasar de las amenazas a la acción, ahora tratando de evitar que los juicios se extiendan a todos los militares y policías que revistaron en los campos de concentración y a los cómplices civiles de la dictadura, desde intendentes y políticos colaboracionistas hasta la propia cúpula empresaria instigadora principal del golpe de Videla.

5 Pese a la gran conmoción política, la acción de masas ha sido, hasta el momento, limitada. Pero no hay que confundir la coyuntura política, que conserva la inercia de la situación de pasividad preexistente por las fuertes ilusiones en el gobierno de Kirchner, con la apertura de una nueva situación que puede durar meses en los que la movilización pueda desarrollarse desde abajo en medio de una fuerte crisis política de los de arriba.
Para evitar la irrupción de masas, hasta ahora la política gubernamental ha sido crear confusión y “embarrar la cancha” tratando a todas las hipótesis por igual, apoyándose en la posición de los familiares de López de que se habría extraviado, e incluso alentando las infames declaraciones de Hebe de Bonafini buscando desprestigiar al “desaparecido en democracia” involucrándolo en un supuesto complot contra Kirchner y transformando a la víctima en victimario. Aunque ha podido evitar hasta ahora el desarrollo de acciones de masas de mayor envergadura, el gobierno ha quedado a la defensiva y la situación no se definirá rápidamente.

Pueden tratar de utilizar la desaparición de López como un ataque al propio Kirchner, pero las apelaciones del kirchnerismo a “continuar con el proceso de cambio iniciado” no pueden ocultar el límite que el aparato de estado en descomposición le impone a su política. Las organizaciones afines al gobierno intentarán encorsetar la lucha por la aparición de López en los marcos de “la defensa de la democracia”, cuando lo que está en cuestión no es el régimen democrático burgués (no hay ningún peligro de golpe militar) sino la sistemática impunidad que este régimen “democrático” le ha garantizado a los genocidas. La “democracia para ricos” en la que vivimos ha sido parte del problema y no de la solución. Veremos también, posiblemente, intentos del gobierno de contener la crisis, como el que algunos señalan en torno a una especie de “Tribunal de Nüremberg” para tratar de responder a las críticas a los actuales juicios por la indefensión en que se encuentran los testigos obligados hoy a declarar innumerables veces y, a la vez, limitar lo más posible los efectos de la calificación de genocidio en la sentencia Etchecolatz. Pero no quiere decir que estos planes resulten. La manifestación de todo tipo de internas en el régimen y aún en las filas kirchneristas, particularmente en la Provincia de Buenos Aires donde hay múltiples conspiraciones contra el intento reeleccionista de Solá, han contribuido a desacreditar la imagen gubernamental. Y muestran que la descomposición estatal se extiende más allá de las fuerzas armadas y de seguridad, también abarca el régimen de partidos que salió maltrecho de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 y Kirchner viene intentando recomponer detrás del prestigio de su figura presidencial.

6 En los próximos meses también veremos nuevos realineamientos políticos, como ya ha adelantado el surgimiento de un bloque de los organismos de derechos humanos independiente del gobierno y los organismos oficialistas cooptados al kirchnerismo, que ha oficiado de colectivo querellante en el juicio a Etchecolatz y está a la cabeza de las marchas/acciones por la aparición con López y el castigo a los culpables.

Desde un primer momento el PTS se puso a la cabeza de las iniciativas llevadas adelante por la aparición con vida de López y promovimos el frente único para la lucha en las calles, al mismo tiempo que nuestros abogados militantes en el CeProDH, como Myriam Bregman, jugaron un rol de vanguardia, junto a organismos de derechos humanos combativos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fornando parte de la querella y los alegatos en el juicio contra Etchecolatz. Frente a la ofensiva de los represores para tratar de mantener la impunidad de estos años, está planteado desarrollar lo más a fondo posible la movilización popular con una política independiente del gobierno. No olvidemos que cada vez que los procesistas presionaron, los “progresistas” sumaron una claudicación tras otra (¡Semana Santa de 1987!). Contra ello, impulsamos la más amplia organización de los sectores activos y militantes tomando el llamado del CeProDH a formar Comités contra la Represión y la Impunidad, en los que la juventud y los estudiantes pueden ser la avanzada de la organización de colectivos en todas las regiones y zonas que incorporen a un número cada vez mayor de delegaciones de trabajadores. Hacemos un llamado unitario a impulsar juntos estos comités en todo el país a los organismos de derechos humanos no comprometidos con el gobierno, a los sindicatos, cuerpos de delegados y comisiones internas, a los centros de estudiantes combativos y a la izquierda.
La puesta en pie de estos Comités creemos que debe estar ligada a desarrollar la movilización para castigar a todos los culpables del genocidio, tanto militares como civiles. El caso López muestra que los genocidas siguen activos; de ninguna manera podemos creer que vayan a ser esta justicia, que les garantizó treinta años de impunidad, y este gobierno, que defiende los intereses de los mismos grupos empresarios que impulsaron la dictadura, los que vayan a impulsar el castigo por genocidio a todos los culpables. Ello sólo podrá lograrse con una masiva movilización de los trabajadores y el pueblo, y en especial con la participación activa de la clase trabajadora con sus métodos de lucha, empezando por exigir a las centrales obreras un paro nacional activo.

7 El genocida Gral. Bignone ha llamado en una carta pública a la nueva generación de represores a “terminar con lo que nosotros iniciamos”. Es un posicionamiento estratégico. Con la desaparición de Julio López se ha reabierto una crisis nacional que viene de larga data y que vuelve a plantear, a cierto nivel, un enfrentamiento con la contrarrevolución que tuvo su punto más alto con el golpe de 1976. Cuando estalló la bronca popular contra la dictadura y cuando esta bronca se multiplicó y se volcó a las calles tras la derrota de Malvinas, los militares se batieron en retirada, pero la movilización de masas no fue lo suficiente como para barrer a los genocidas. La democracia amparó y preservó las fuerzas armadas genocidas con Alfonsin, Menem y De la Rúa. “El pasado no ha sido vencido”, dijo Kirchner. Y vive en el presente de su gobierno, habría que agregar. La crisis tiene un carácter histórico porque el aparato armado que hace 30 años masacró una generación de trabajadores y estudiantes sigue impune hoy, después de 23 años de democracia y vuelve a actuar como una amenaza de muerte a los trabajadores y el pueblo. Esta no se detendrá si esperamos una solución desde arriba. Kirchner es el protagonista central de una gran mentira: la de hacer creer a la mayoría de los trabajadores y el pueblo que bajo su gobierno esto había terminado, o que se terminaba juzgando a unos cuantos viejos represores, y ocultando que el 95% de los militares y policías que participaron en el genocidio siguen impunes bajo el “Estado republicano” que los prohíja.

Se necesita que las nuevas generaciones de trabajadores y estudiantes retomen la lucha estratégica de la vanguardia obrera y juvenil de los ’70: “para terminar lo que ellos iniciaron”. La emergencia del mostruoso rostro de los genocidas impunes desnuda el carácter reaccionario del “capitalismo en serio” de Kirchner. Se crean las condiciones para que sectores cada vez más amplios de los trabajadores y la juventud rompan con la ilusión reformista y se dispongan a asumir la lucha por la única estrategia realista para terminar con la impunidad, la represión, la superexplotación y la entrega: una estrategia revolucionaria. Los marxistas revolucionarios podremos así dar pasos más audaces para poner en pie lo que faltó en los ’70: un partido de trabajadores revolucionario internacionalista que fuera alternativa no sólo al peronismo sino a las estrategias equivocadas (guerrilleristas o vacilantes) de las principales organizaciones que se reivindicaban revolucionarias.