Fecha: Jueves 28 de febrero de 2013

Por: Miguel Raider , Mirta Pacheco

Tras la media sanción del Senado, el gobierno impuso su quórum en Diputados aprobando el Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA. Ni el gobierno ni la oposición patronal que votaron en contra quieren avanzar en el esclarecimiento del brutal atentado que segó la vida de 85 personas en 1994. Todos, así como las direcciones de AMIA y DAIA, comparten la complicidad de los 19 años de impunidad con los gobiernos de Menem, De La Rúa, Duhalde y los Kirchner, sin siquiera un imputado.

Desde el PTS rechazamos el Memorándum por motivos muy distintos a los de la oposición patronal, que oficia de vocera del Estado terrorista israelí, la AMIA y la DAIA que apoyan esta causa armada contra Irán sobre la base del dictamen trucho del fiscal Alberto Nisman, sin ninguna prueba fehaciente, elaborado con declaraciones de los servicios de inteligencia: el Mossad, la CIA y el FBI. La AMIA, la DAIA y la oposición nunca denunciaron la “violación de la soberanía” de esta causa amañada por EE.UU. y el Estado sionista.

Jorge Lanata, el periodista estrella de la oposición, decía que el dictamen estaba formado por 801 páginas y 113.600 fojas “llenas de nada”, “no se trata de Nada Absoluta: hay operaciones de los servicios de inteligencia, de la Policía, de gobiernos extranjeros, estupideces de jueces y fiscales, corrupción, gestos miserables y después nada”, “nada ratificada por el juez federal Canicoba Corral”. “El resto –como gran parte de esto- informes entregados por SIDE, CIA y Mossad” (Perfil, 19/11/2006).

El dictamen de Nisman sirvió para ponerle “punto final” a la investigación de los elementos de la “conexión local”, omitiendo el encubrimiento y la responsabilidad del Estado y sus fuerzas represivas, también sospechosas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (otra causa impune desde hace 18 años) y vinculadas a todo tipo de negocios ilegales con las mafias del contrabando de armas y el narcotráfico. Repentinamente, Pino Solanas y Claudio Lozano cuestionaron el dictamen de Nisman y solicitaron la apertura de los archivos secretos, puro oportunismo electoral en tanto sus fuerzas políticas discuten alianzas con Carrió y Binner, cómplices de la impunidad y defensores a ultranza de ese empleado de EE.UU. y el Estado de Israel. Si quisieran abrir los archivos en serio, deberían ser parte de la convocatoria de una movilización popular hasta lograrlo, cuestión que omiten totalmente.

El dictamen de Nisman está en la base del Memorándum (es decir que Irán sigue siendo responsable), sin embargo éste da cuenta de un cambio en la política con Irán, pasando de considerarlo un “Estado terrorista”, de acuerdo a los entonces lineamientos de EE.UU. e Israel, a establecer una opción de negociación de acuerdo a la línea más dialoguista sostenida hoy por un sector del gobierno de Obama, producto de la debilidad del imperialismo norteamericano tras las guerras de Irak y Afganistán, la crisis económica internacional y los nuevos vientos de la “primavera árabe”. Kirchneristas y opositores juegan como los tramposos con las cartas marcadas de la impunidad.

Apertura de los archivos secretos y comisión investigadora independiente

La AMIA, la DAIA y la oposición patronal pegaron un grito en el cielo porque el Memorándum formula la creación de una “Comisión de la Verdad”, lo que supone que todo lo actuado hasta el momento es falso, cuestionando objetivamente el dictamen de Nisman como premisa de la causa. El ex jefe de la DAIA Rubén Beraja señaló que “la causa… en un 90%, es de cuando intervino el primer juez (Galeano)” (www.itongadol.com.ar, 11/4/12). En consecuencia, el dictamen de Nisman se asienta sobre el manojo de falsedades de Galeano, destituido e imputado en la causa por encubrir el atentado junto a Beraja, Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Muller y José Barbaccia, y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios. La Comisión de la Verdad también evidencia que los archivos secretos de la ex SIDE jamás fueron abiertos para dar esa información a familiares y amigos querellantes, pese al Decreto 812/2005 firmado por Néstor Kirchner que decía: “El Estado reconoce responsabilidad porque existió encubrimiento de los hechos, porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del hecho ilícito ocurrido el 18/7/1994, y porque este incumplimiento en materia de investigación adecuada produjo una clara denegatoria de justicia”.

Ni la verdad ni la justicia pueden provenir de los implicados en estos años de impunidad que atravesó a los tres poderes del Estado. Sólo con la movilización en las calles será posible imponerle al gobierno la apertura de los archivos secretos de la ex SIDE y demás órganos de inteligencia para que sean entregados a una comisión investigadora independiente, formada por los familiares y amigos de las víctimas, organismos de DD.HH., para romper el manto de impunidad.

Un Estado terrorista

Al Estado de Israel le importa un bledo la justicia para las víctimas de la masacre. ¿Acaso no apoyó el encubrimiento que realizó Beraja, al que hoy defiende al igual que las actuales direcciones de AMIA y DAIA? La defensa que se arroga de los judíos es un sentido común falso. Dos mil jóvenes de origen judío fueron desaparecidos por la dictadura militar mientras el Estado sionista proveía armamento e instruía a los genocidas. La negación del genocidio judío por parte del presidente iraní Ahmadinejad le presta un gran favor al sionismo, porque todo su empeño estuvo concentrado en las milicias terroristas de la Haganá (base del futuro Ejército sionista en la década de 1940) que llevaron adelante la limpieza étnica del pueblo palestino en sus históricas tierras, mientras 6 millones de judíos eran masacrados en los campos de concentración nazis.

Ese Estado terrorista es un enemigo acérrimo de los pueblos árabes, usurpó las tierras, viviendas y bienes del pueblo palestino para establecer su nuevo Estado bancado por el imperialismo yanqui y la ONU en 1948. Hoy demoniza el derecho soberano de Irán a producir energía nuclear mientras posee un arsenal letal con más de 500 bombas atómicas, bajo el consentimiento de EE.UU. y la Organización Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU.
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