El pasado 18 de agosto, miles de paquistaníes salieron a las calles de las principales ciudades del país para celebrar el fin del gobierno de Pervez Musharraf. El ex dictador renunció a su cargo de presidente para evitar un juicio político, impulsado por la coalición gobernante opositora encabezada por el Partido del Pueblo Pakistaní (PPP), acusado de corrupción y “traición a la patria”, además de crímenes y desapariciones cometidos por el ejército durante su gobierno.
La renuncia de Musharraf fue precedida por negociaciones entre el PPP, funcionarios norteamericanos, británicos y sauditas, que terminaron sellando un acuerdo por el cual le garantizan inmunidad jurídica al ex presidente.

Ascenso y caída de un aliado del imperialismo

Musharraf había asumido el gobierno mediante un golpe de Estado en 1999, por el que desplazó al entonces primer ministro Nawaz Sharif -actualmente líder del partido opositor Liga Musulmana Pakistaní (N)-, cuestionado por la burguesía local por sus roces con Estados Unidos debido a su política de desarrollo de armamento nuclear y las tensiones que esto generaba con su rival histórico, la India. Sharif fue juzgado acusado de corrupción y enviado al exilio.

Desde entonces Musharraf gozó del apoyo de EE.UU., que se profundizó tras los atentados del 11 de septiembre transformándose en uno de los principales aliados de George Bush en su “guerra contra el terrorismo”. Musharraf rompió relaciones con el régimen de los talibanes y aceptó colaborar con las tropas imperialistas en la guerra y ocupación de Afganistán y con la persecución de grupos islamistas en su propio territorio a pedido de EE.UU., aunque sectores del ejército y los servicios secretos mantuvieron y mantienen lazos con los talibanes. A cambio recibió no sólo apoyo internacional sino una ayuda millonaria de Washington de alrededor de 11.800 millones de dólares.

Desde que asumió el poder implementó una serie de medidas neoliberales, como la privatización de las industrias del acero y la electricidad, lo que junto con su política abiertamente pronorteamericana, rechazada por amplios sectores paquistaníes así como en el conjunto del mundo musulmán, y su ataque a las libertades políticas elementales, fueron aumentando la impopularidad de Musharraf. La exigencia de EE.UU. de combatir internamente a las fuerzas islamistas, llevó a cruentos enfrentamientos entre éstas y el ejército (como los que llevaron al asalto a la llamada “mezquita roja”), transformando la frontera entre Pakistán y Afganistán en un campo de batalla. Esta situación radicalizó aún más a las organizaciones islamistas, como por ejemplo Ansar Al-Islam, que aumentaron considerablemente su apoyo popular.

Durante el último año y medio, se aceleró la erosión de la base social del gobierno. Luego de un conflicto prolongado por su reelección, que incluyó la separación de su cargo del titular de la Corte Suprema de Justicia, Musharraf intentó imponer, sin éxito, el estado de emergencia en noviembre de 2007 en medio de movilizaciones opositoras de masas y suspendió a unos 60 jueces que tenían que expedirse sobre la legitimidad constitucional a su segundo mandato presidencial, que se había inaugurado en octubre de 2007.

A esto se sumó el deterioro de la economía y el hartazgo de amplios sectores de las capas medias con su dictadura, que empujaron a la protesta a casi el conjunto de las clases sociales, incluido un sector fundamental del establishment de la burguesía local, que empezó a generar las condiciones para un recambio gubernamental. Ante la falta de sustento para su política, Musharraf se vio obligado a llamar a elecciones para principios de 2008.

En el marco de la creciente inestabilidad interna y de la persistencia de los ataques de los talibanes contra las tropas de la OTAN en Afganistán, EE.UU. negoció a fines de 2007, el retorno al país de la ex primera ministra Benazir Bhutto, dirigente del PPP en el exilio, apostando a conseguir una válvula de escape y establecer un gobierno con mayor legitimidad. Pero Bhutto fue asesinada en diciembre, aumentando aún más el descontento con el gobierno.

Finalmente, Musharraf sufrió una derrota humillante en las elecciones parlamentarias de febrero, ubicándose en un tercer puesto muy por detrás del PPP y de la Liga Musulmana Pakistaní (N).

Desde las elecciones Bush realizó dos reuniones con el nuevo primer ministro, Yousaf Gilani, para recordarle su compromiso en el combate contra los talibanes y la necesidad de purgar a los servicios de inteligencias paquistaníes de elementos que simpatizan con fuerzas islamistas, acusados de facilitar el ocultamiento de Osama bin Laden y otros importantes líderes de al Qaeda.

Un factor clave en la renuncia de Musharraf es que Washington no hizo nada para evitar el juicio político anunciado el 7 de agosto, y que la administración republicana parece considerar al PPP como el aliado más confiable en este momento para enfrentar a la resistencia afgana, que actúa desde la frontera del país.

Inestabilidad política

A sólo 24 horas de la renuncia de Musharraf ya se ha puesto de manifiesto la crisis política que sacude al país. Los dos partidos patronales que forman la coalición parlamentaria son rivales históricos, a los que sólo los mantenía unidos el enfrentamiento a Musharraf. Ahora ha comenzado la lucha interna por quién será el próximo presidente así como sobre importantes cuestiones políticas, como el restablecimiento de los jueces despedidos por Musharraf.

A esto se suma la relación históricamente tensa entre el ejército y el PPP, y la intensa presión de Estados Unidos para extender las operaciones militares en las zonas tribales de las fronteras con Afganistán, (conocidas como FATA por su sigla en inglés, áreas Tribales bajo Administración Federal, con mayoría de la etnia Pashtun), donde los talibanes han reconstruido su base de operaciones.

La amenaza de juicio político que precipitó la renuncia de Musharraf restauró en parte la popularidad del PPP y de la oposición, que venía de seis meses de crisis y de pérdida acelerada de apoyo de su base por sus políticas económicas similares a las del gobierno y por haber sostenido a Musharraf durante estos meses. El descontento social va en aumento y la economía está en una profunda crisis, golpeada por la suba de los precios de los alimentos y el petróleo. La inflación anual se ubica alrededor del 25%, la más alta de los últimos 30 años, la moneda local se viene desplomando mientras crece el déficit comercial.
La acusación de corrupción contra Musharraf suena a burla cuando surge del líder del PPP, Asif Zardari, viudo de Bhutto y el segundo hombre más rico del país cuya fortuna se incrementó sideralmente mientras su esposa era primera ministra. Las ilusiones en la oposición y en la “renovación democrática” parecen estar destinadas a una corta vida. El nuevo gobierno sólo se propondrá realizar de forma más eficiente lo que Musharraf ya no podía llevar adelante, es decir, privatizar lo que aún queda del sector público y ofrecerse como socios más confiables del imperialismo en su “guerra contra el terrorismo”. Esta situación explosiva puede ofrecer oportunidades en un futuro próximo para que emerjan en forma independiente los trabajadores y las masas populares paquistaníes contra el imperialismo y sus agentes en el gobierno.