El pasado 26 de enero, en medio de movilizaciones populares y el colapso de la economía, dimitió el gobierno de Islandia, encabezado por el primer ministro conservador Geir H. Haarde del derechista Partido de la Independencia, que gobernaba en una coalición con la Alianza Socialdemócrata surgida en mayo de 2007.

Desde octubre de 2008, cuando estalló la crisis económica en este pequeño país europeo de 320.000 habitantes, se viene desarrollando un proceso de movilización que alcanzó su punto más alto a mediados de enero, cuando miles de personas (entre 5.000 y 10.000) que mantenían cercado el edificio del parlamento, rodearon el auto donde se trasladaba Haarde, que tuvo que ser rescatado por las fuerzas de seguridad.

Por primera vez desde las protestas en contra de la incorporación del país a la OTAN en 1949 la policía reprimió con gases lacrimógenos y detenciones. Esta situación finalmente llevó a la coalición de gobierno a una crisis terminal con el retiro de la Alianza Socialdemócrata y a la renuncia de Haarde.

Las políticas de liberalización financiera que se desarrollaron durante los últimos veinte años habían convertido a Islandia en una plaza atractiva para los especuladores internacionales, especialmente para inversores de Gran Bretaña y los países escandinavos, ofreciendo altas tasas de interés bancarias atadas a la inflación. Esto creó una burbuja crediticia y financiera que llegó a representar nueve veces el producto bruto interno del país.

Después de una década de “prosperidad”, se encendieron las alarmas en mayo de 2008 cuando los bancos centrales de Dinamarca, Suecia y Noruega concedieron al país un préstamo extraordinario de 1.500 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones. La burbuja estalló en octubre pasado, poco después de la quiebra de Lehamn Brothers. En sólo una semana colapsaron los tres principales bancos del país y junto con ellos se hundieron los millones de dólares de los inversores europeos. En ese momento Islandia debía a acreedores extranjeros más de 40.000 millones de dólares, además se derrumbó el valor de la moneda y la inflación trepó al 20%.

El gobierno terminó nacionalizando los bancos y, bajo la presión de Gran Bretaña, Holanda y otros gobiernos europeos para que Islandia respondiera por las inversiones extranjeras, acordó con el FMI, Dinamarca y otros países un préstamo de 6.000 millones de dólares a cambio de profundizar las medidas de ajuste. Los 2.100 millones que aportará el FMI están condicionados a la reducción del pago de las pensiones y a la implementación de importantes recortes en el gasto público.

Para la gran mayoría de los islandeses esta crisis tuvo efectos devastadores y los analistas no dudan en comparar el colapso de la economía del país nórdico con la crisis de Argentina en 2001.

Alrededor de un tercio de la población perdió sus ahorros, la tasa de desempleo subió abruptamente y se calcula que alrededor del 70% de las empresas está en quiebra. Las perspectivas para el próximo año son sombrías: según estima el semanario The Economist, la economía se va a contraer al menos un 10% y la desocupación podría acercarse el 9% (actualmente es del 4,5%). Con la caída de alrededor del 40% de la moneda local, los precios de los bienes importados, que representan una porción muy importante de los bienes de consumo masivo, no paran de subir, lo que implica una caída mayor del salario y del nivel de vida de la población.

Tras la renuncia de Haarde, el presidente del país le encomendó a los socialdemócratas la formación de un nuevo gobierno en alianza con el Partido de Izquierda-Verde (surgido de una ruptura del partido socialdemócrata a principios de la década ante el giro neoliberal de este último), con la socialdemócrata Johanna Sigurdardottir, una figura política muy popular por su militancia a favor de los derechos sexuales y por estar casada con una periodista, como primera ministra.

La clase dominante del país espera que con el recambio gubernamental se diluya el estado de movilización. Pero aunque esto puede ocurrir al comienzo, probablemente la situación seguirá siendo inestable. Este será un gobierno débil que contará con una pequeña mayoría parlamentaria -34 sobre 63 miembros del parlamento- y tendrá que basarse también en el apoyo del Partido Progresivo, de orientación derechista y conservadora. Las elecciones anticipadas se realizarán el 15 de abril.

La primera ministra ya anunció que su plan para salir de la crisis es ingresar a la Unión Europea y adoptar el euro, a lo que la elite política islandesa se había opuesto durante todos estos años. Pero difícilmente Sigurdardottir pueda convencer que el ingreso a la UE evitará que la crisis la pague el conjunto de la población, con las principales economías del bloque europeo en recesión abierta, lo que ya está dando las primeras expresiones de resistencia popular a los rescates millonarios a banqueros y empresarios, como en Grecia, países del Este europeo y Francia. Los trabajadores, los jóvenes y los sectores populares de Europa tendrán que prepararse para enfrentar los planes patronales de sus gobiernos.

Islandia fue el primer país en sufrir de lleno el golpe de la crisis económica que rápidamente se transformó en crisis política, pero difícilmente sea el último. Las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno en Islandia junto con las manifestaciones en Bulgaria, Letonia y otros países europeos son un anticipo de los tiempos convulsivos que se abren.