El pasado 2 de septiembre la Plaza de Mayo fue sitiada por más de un millar de efectivos policiales. El objetivo era impedir el ingreso de los manifestantes, entre los que se encontraban los huelguistas del Garrahan, docentes y estudiantes universitarios en lucha, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda. El gobierno que se presenta como la “nueva política” actuó de manera similar a los representantes de la “vieja política” que tras la rebelión popular de diciembre de 2001 cercaban los edificios públicos huyendo temerosos del acoso popular. Al igual que ellos, Kirchner quiere mantener bien lejos la protesta.

El último presidente que intentó alejar a los manifestantes de Plaza de Mayo fue Fernando De la Rúa en las jornadas que dieron por finalizado su mandato dejando un tendal de muertos. Anteriormente había sido un genocida, Reynaldo Bignone, el último representante de la dictadura militar. El presidente “hijo de las Madres de Plaza de Mayo” comparte “honores” con un inepto neoliberal y un golpista.

Desde el oficialismo se felicitaron por el éxito del operativo que terminó sin disturbios. Pero de esta “victoria” de la política de saturación policial tuvieron que retroceder. El temor a perder legitimidad y aprobación “por izquierda” (el apoyo de los organismos de DDHH) y de que los movimientos de lucha pudieran ganar consenso entre la población frente al despliegue represivo, determinaron esta actitud. Sin embargo, la posición de fuerza que consiguió el poder político ya tuvo algún logro, al deslegitimar los métodos de protesta de un movimiento piquetero dividido y debilitado y al establecer una especie de reglamentación a las movilizaciones.

La cuestión del respeto a la “ley” y el “orden” ocupa el centro de la agenda electoral. Para el gobierno, los políticos patronales y los medios de comunicación, se trata de descalificar a las protestas como si fueran el producto de una “agitación profesional” y no de los salarios miserables, la educación en ruinas, la salud destruida, y la miseria popular. Quieren esconder la gravedad de una situación social donde 6 millones de argentinos viven con $2 diarios, otros 5 millones con $5 mientras el 10% más rico cuenta con un ingreso 33 veces mayor. El aumento de los precios de los alimentos en julio fue del 1,4% y que la carne ya contabiliza en lo que va del año, el 15%, como producto de la especulación.

Los diseñadores de la campaña electoral kirchnerista aconsejan dar muestras de autoridad y rescatar los éxitos de la gestión presidencial y la recuperación económica. Pero la intención se choca con la persistencia de la pobreza y la conflictividad laboral, que muestra que los trabajadores del Garrahan tienen razón y que el salario básico que se necesita es un piso de $1.800, también hay que aumentar y universalizar los subsidios de desempleo. El “éxito” de la “gestión” oficial que reivindican son las condiciones arriba señaladas que permiten en gran medida las extraordinarias ganancias patronales. Vale la pena señalar que todos los políticos del sistema -desde Duhalde, pasando por Carrió hasta Macri y López Murphy- defienden la política económica y al ministro Lavagna. Dicho sea de paso, este es el marco que permite que la disputa peronista no amenace inmediatamente a la gobernabilidad, ante la presión ejercida por la relativa unidad burguesa donde todos ganan, desde los industriales como Techint, las agroexportadoras como Molinos, las petroleras como la Repsol y la banca.

El 2 de septiembre la marcha agrupó a todos los sectores que están enfrentados objetivamente al gobierno nacional: los huelguistas del Garrahan que exigen un básico de $1800 y plantean la defensa de la salud pública. Los docentes y estudiantes universitarios que piden aumento salarial y la derogación de la Ley de Educación Superior. Los desocupados que reclaman el aumento de los planes sociales. Todas demandas que el gobierno no desea cumplir ya que sigue comprometiendo los recursos extraordinarios del superávit fiscal para pagar la deuda al FMI y a los acreedores externos. El frente multisectorial movilizado fue la expresión de una nueva oposición social que se nutre de un proceso de recomposición de las luchas obreras y que comienza a hacer una experiencia política con el kirchnerismo. Por eso también se le cerró el paso a la Plaza de Mayo, para impedir su exposición pública, como manifestación antigubernamental frente al conjunto de la población.

Con su política, Kirchner intenta evitar que una victoria de los sectores movilizados señale al conjunto de los trabajadores y el pueblo que es necesario luchar consecuentemente para obtener las reivindicaciones postergadas. Busca impedir que se extienda el escenario de luchas donde la burocracia sindical poco tiene que ver o directamente le da la espalda. Temen que el ejemplo de democracia obrera y de direcciones combativas -que como en el Hospital Garrahan no responden a los dirigentes tradicionales de los sindicatos ni al peronismo-, sea tomado por sectores más amplios de los trabajadores provocando los “desbordes” que Moyano de la CGT y hasta los dirigentes de la CTA quieren evitar a toda costa.

Frente a este escenario donde la lucha de clases choca con la política reaccionaria oficial, es necesario prepararse para conflictos duros que deberán enfrentar el ataque del gobierno, de los medios y el boicot de la burocracia sindical. Ya ciertos empresarios como en LAN se envalentonaron intentando despedir a los delegados combativos, pero tuvieron que retroceder por la audaz resistencia de los trabajadores.

En primer lugar, la tarea central de los luchadores es rodear de solidaridad a aquellos que están peleando para que no queden aislados, ganen la simpatía popular, combatiendo el discurso oficial y de los medios, sumando las demandas populares a los reclamos sectoriales. Al día de hoy la principal acción en este terreno pasa por fortalecer con apoyo activo y el aporte al fondo de huelga de los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan. Es necesario además encarar cada conflicto como una lucha de contenido político. Desarrollar el frente único obrero para unir las luchas y los reclamos tras una demanda común por el salario, la universalización de los subsidios de desempleo, en defensa de la salud y la educación contra el pago de la deuda externa. Ante el boicot de la burocracia sindical, es imprescindible avanzar en el camino de la coordinación democrática de las organizaciones combativas y de los luchadores.

La democracia para ricos y los políticos patronales muestran sus dientes contra los que luchan. En las elecciones de octubre se definirá la balanza del poder político entre Kirchner y Duhalde y la suerte de la oposición patronal. El fortalecimiento de cualquiera de estas alternativas no traerá nada positivo para los trabajadores y el pueblo. La clase obrera necesita manifestarse de manera autónoma impulsando ampliamente los organismos de frente único obrero para la lucha en las calles. El PTS participa junto al MAS en un frente electoral para propagandizar esta perspectiva presentando candidatos trabajadores y socialistas para luchar contra los políticos de la Argentina capitalista, por la independencia política de la clase obrera y por el gobierno de los trabajadores.