En nuestro país la relación estrecha entre la Iglesia Católica y el Estado se vio expresada con la mayor crudeza durante la Dictadura Militar. En 1977 Jorge Rafael Videla, con el apoyo del entonces ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, aprobó una serie de leyes que destinaban cuantiosos subsidios para sostener a esta reaccionaria institución. Si como decía Marx “la existencia determina la conciencia”, esos millones contribuyeron sin dudas para que la cúpula eclesiástica fuera cómplice y partícipe del genocidio que se llevó la vida de 30 mil compañeras y compañeros.

Esas leyes, firmadas por genocidas pero que se mantienen hasta la actualidad, depositan millones de pesos en manos de una casta de privilegiados. Más de 25 mil pesos cobra por mes un obispo o arzobispo. Otro tanto perciben los clérigos que gozan jubilaciones de privilegio. Mientras, como denuncia nuestro compañero diputado Raúl Godoy, una maestra neuquina con más de 20 años de antigüedad recibe $5.600. Más de $4.600 millones anuales aporta el Estado para financiar la educación religiosa, con la cual se intenta meter el oscurantismo en las mentes de millones de jóvenes y se impide la educación sexual en las escuelas, favoreciendo el embarazo adolescente y las secuelas más crueles del aborto clandestino.

En 30 años de constitucionalidad, ni los peronistas ni los radicales se propusieron acabar con estas leyes y avanzar en la separación de la Iglesia del Estado. Y aunque en 1994 se eliminó el artículo de la Constitución que sostenía que el Presidente de la Nación debía profesar el catolicismo, se mantuvo la premisa, ni más ni menos, por la cual el Estado “sostiene el culto católico, apostólico romano” (CN, art.2). A su vez Menem, durante los reaccionarios ‘90, mientras se despachaba con la “pizza y el champagne” para un pequeño sector de privilegiados establecía el “Día del niño por nacer”, en sociedad con la Iglesia y en un claro ataque a la decisión de las mujeres.

Tres cruzadas en “democracia”

Si la dictadura sentó sólidas bases en la relación entre Iglesia y Estado, estas tres décadas de regímenes democráticos las sostuvieron. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con más o menos simpatía, mantuvieron esta Santa Alianza.

La Iglesia no solamente fue cómplice y partícipe del genocidio. Durante las últimas décadas no hizo más que intentar imponer sus cruzadas derechistas contra derechos democráticos elementales. En 1987 se opuso al derecho al divorcio. “Sepan, cuando pretenden atentar contra el matrimonio y la familia, que sobran corazones valientes, sobran católicos con capacidad de héroes para defender lo que es pilar básico de la sociedad argentina: la familia y el matrimonio”, sostuvo el derechista Arzobispo Ogñenovich que organizó una movilización a Plaza de Mayo contra el divorcio. En 2010, Bergoglio afirmaba que “está la envidia del Demonio que pretende destruir la imagen de Dios”, para expresar su disgusto frente a la aprobación del matrimonio igualitario. “El aborto es asesinato” es otra cruzada católica contra la legalización del aborto. La experiencia histórica da cuenta de que aquellas conquistas sociales que en su concreción afectaron intereses reales de la Iglesia debieron ser arrancadas con la lucha de los sectores afectados por esas demandas democráticas elementales, contra la Iglesia y también contra el Estado. Cristina con la Iglesia y contra las mujeres

Si en Argentina no avanzamos en conquistar el derecho al aborto y en la separación de la Iglesia del Estado, no es sólo por responsabilidad de las cúpulas clericales, que además habían salido muy desprestigiadas tras la aprobación del matrimonio igualitario. Tampoco será sólo porque ahora “habemus Papa argentino”, aunque se fortalece esta institución reaccionaria que querrá someternos y dominarnos aún más. El kirchnerismo es también responsable, negándose en diez años de gobierno (y con las encuestas cada vez más a favor) a legalizar el aborto. Cuando hablamos de aborto hablamos de vida, de la vida de las mujeres y de la posibilidad de decidir. Cristina es responsable de la clandestinidad y de que sigan muriendo cientos de mujeres por año, jóvenes, trabajadoras, amas de casa.

La presidenta saludó de inmediato al nuevo Papa y dijo que viajará al Vaticano. La oposición patronal de los Macri, Carrió, Pino Solanas, por su parte, festeja “emocionada” y con cierto fervor nacional. La derechista Patricia Bullrich, envalentonada, llegó a decir que la acusación de la relación de Bergoglio con la dictadura es un “enfrentamiento armado desde el kirchnerismo”.

La separación de la Iglesia del Estado y el derecho al aborto libre, seguro y gratuito serán conquistas que lograremos con el desarrollo de una gran movimiento de miles en las calles. Tenemos que organizarnos en los trabajos, colegios y facultades con independencia total del gobierno, la oposición patronal y la Iglesia, redoblando los esfuerzos por la anulación de la Ley videlista N°21.950 y todas las leyes de los genocidas, el cese de subsidios a la educación religiosa y la anulación de todas las leyes y decretos que bancan a la Iglesia Católica. Acabemos con esta casta clerical de privilegiados. ¡Separación definitiva de la Iglesia del Estado!