Contrariamente a lo que se suele creer fuera de Venezuela, en el país se viene profundizando la tendencia a la normalización de las relaciones entre el gobierno y los sectores empresariales quedando atrás la tensa polarización política que se expresaba en las calles. Amparado en el mejoramiento de los índices económicos y la bonanza petrolera, el gobierno ha intensificado la conciliación incluso con las propias multinacionales que continúan con importantes intereses económicos en el país.

En este contexto, una gran disposición de lucha se despliega en importantes sectores de los trabajadores. La amplia mayoría de estas luchas son contra la precarización, tercerización y flexibilización del trabajo, la pérdida de derechos laborales y los bajos salarios. El repunte económico (uno de los mayores de América Latina), no se ha expresado en mejoras salariales de las masas laboriosas, indicando que la distribución de la renta entre los patrones y los trabajadores se mantiene tal como en las décadas anteriores. Mientras la inflación, una de las más altas de América Latina, fue del 153% (de 2000 a 2004), en el mismo período el salario (del sector privado) perdió el 27% de su poder adquisitivo real [1].

Las medidas anunciadas por Chávez el pasado 28 de abril en función del 1° de Mayo, como la reforma del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la eliminación del trabajo temporal, el pago de salario mínimo a los aprendices, la entrada en vigencia de la solvencia laboral y el aumento del plazo del reposo por maternidad, el aumento del salario mínimo para el mes de septiembre, entre otras medidas, fueron bien recibidas por amplios sectores de trabajadores. Sin embargo, si se revisan cuidadosamente son medida altamente deficientes que no cambian en lo esencial el alto grado de superexplotación a la que son sometidos la amplia mayoría de los trabajadores, y no responden a uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país como el desempleo, no elimina el trabajo precario: más de 5 millones de trabajadores pertenecen al sector informal (según la CEPAL cercano al 50% en 2004) o tienen trabajos esporádicos que no alcanzan para vivir.

¿Cómo es posible que un país con un altísimo ingreso petrolero e índices de crecimiento “sustentables”, mantenga aún altos índices de pobreza e incremento día a día del trabajo informal? ¿A quién se pretende engañar con los índices que publica el Instituto Nacional de Estadísticas afirmando que la pobreza ha disminuido a un 37%, cuando basta levantar la vista hacia los cerros y los barrios de Caracas donde la población vive hacinada en maltrechas casas expuestas a tragedias? ¿Cómo es posible que se sigan asesinando trabajadores y campesinos a manos de mercenarios pagados por los terratenientes, en total impunidad, y que las grandes tierras productivas continúen en las manos de los terratenientes de siempre?

“El socialismo bolivariano acepta la propiedad privada”, afirma Chávez, reiterando que no es la intención del gobierno atropellar a los dueños de tierras en Venezuela [2]. Todo esto mientras negocia con la empresa Agropecuaria Flora (Agroflora), filial de la compañía británica Vestey Group Limited, la cual decide “entregar” al gobierno dos haciendas, previa indemnización de 4,2 millones de dólares. ¡Se les paga por tierras que de hecho pertenecen al Estado! Y peor aún, el gobierno entregará a Agroflora la certificación de fincas productivas y de titularidad de otras 12 haciendas que la empresa tiene en “titularidad precaria” en distintos puntos del país donde cada una es de igual o mayor tamaño que las que negocia. La gran empresa internacional del agro, como dijera uno de sus representantes, “no siente que pierde nada” [3].

“Necesitamos banqueros que estén comprometidos con el proyecto nacional” exclama Chávez para concluir que “estamos demostrando que en paz se puede hacer una revolución” [4]. Pero una “revolución” donde además del sector de la agroindustria, otros sectores empresariales participan en los negocios del gobierno. En la construcción y financiamiento de viviendas por parte del Estado, donde ya la banca privada viene haciendo grandes negocios, se suman las grandes constructoras de los empresarios, reiterando el gobierno que “es indispensable el apoyo del sector privado para realizar el plan masivo de construcción de viviendas” [5].

“Le estamos diciendo al mundo que no es incompatible un proyecto nacionalista y revolucionario con la presencia de dignas empresas internacionales y del sector privado nacional” [6] enfatizó Chávez mientras firmaba los acuerdos para la constitución de las empresas mixtas en el sector petrolero, empresas que funcionarán como nuevas filiales de PDVSA junto a las transnacionales. Entre las “dignas empresas” a las que se refiere el Presidente se encuentran nada menos que las expoliadoras de la riqueza nacional, entre otras, la Chevron Texaco, la British Petroleum (BP), Repsol, Techpetrol, Teikoku, Petrobrás, etc. Todo esto sin hablar de las grandes compañías extranjeras que explotan el gas donde la política prácticamente es de apertura completa.

En su encuentro con los empresarios ingleses en Londres, Chávez enfatizó que “no se asusten cuando hablo de socialismo pues se trata de la convivencia de lo privado y lo estatal”. Pero hemos visto que en estos siete años de “convivencia” los que han salido ganando en lo fundamental son los poderosos de siempre. Es que en esta “convivencia” lo que vemos realmente son mayores entendimientos con la burguesía y las transnacionales.

Pero el Presidente afirma que no se pueden resolver rápidamente los problemas estructurales creados por décadas de la plaga del capitalismo. Justamente una frase que viene de quien dice que está impulsando una “revolución” y que incluso habla bien de la revolución cubana. Pero si comparamos lo que había logrado Cuba a sólo dos años de la revolución -con bloqueo económico y sin renta petrolera- con el panorama que presenta nuestro país en estos siete años de “revolución bolivariana”, lejos estamos de cualquier “revolución”. No hay revolución que no sea la revolución social llevada adelante por los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre, expropiando a los grandes capitalistas y planificando la economía, eliminando los monopolios imperialistas, instituyendo el control estatal de las actividades productivas fundamentales del país y donde el poder político esté en manos de la clase trabajadora. Hablar de revolución, sino es en este sentido, son puras frases vacías.