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Bolivia: En Santa Cruz, cívicos y parlamentarios, empresarios y terratenientes buscan un pacto para sostener el desvío electoral contra los trabajadores y el pueblo

La crisis de los escaños

31/10/2005

Después de un mes de negociaciones y tensión sin llegar a ningún acuerdo, la semana pasada recrudeció la crisis política, con el impasse parlamentario, el “repliegue” de las bancadas regionales (Santa Cruz, Cochabamba, etc.) a sus Departamentos y la postergación de las elecciones, que la Corte Nacional Electoral considera técnicamente irrealizables para el 4 de diciembre, como estaba previsto.

¿Qué hay detrás de la pelea por la redistribución de los escaños?

La demanda del Comité Cívico y la bancada cruceña (dominada por el MNR y el MIR) reclamando 4 curules parlamentarios más para santa Cruz, y los 2 más que exige Cochabamba, se basa en la legislación, que contempla una redistribución periódica de las 130 diputaciones entre los distintos departamento, de acuerdo a los datos del censo de población. Este reclamo chocó con la cerrada resistencia de Potosí, Oruro y La Paz, que deberían resignar los correspondientes escaños. Pero detrás de los argumentos jurídicos, lo que está en disputa son problemas políticos de peso.

 Santa Cruz -donde las intenciones de voto favorecen a la derecha- persigue obtener garantías suplementarias en el proceso electoral, garantizando una mayoría parlamentaria que ponga límites a un triunfo del MAS (y eventualmente, pueda impedir su acceso al gobierno), y además, controlando las condiciones en que se convoque a la futura Asamblea constituyente.

 Está en juego un reparto del poder político entre los distintos agrupamientos regionales de la clase dominante, entre la burguesía de Santa Cruz, polo más dinámico del capitalismo boliviano desde hace décadas, y los declinantes departamentos del Occidente, con una influencia tradicional mayor sobre el poder estatal radicado en La Paz.

 La disputa por los escaños expresa los niveles de disgregación político-estatal, la fragmentación de las representaciones políticas de la clase dominante, la “resistencia corporativa” de diputados que no quieren perder dietas y prebendas y “volver al llano”, y el peso que en estas condiciones, adquieren las regiones como polos de poder.

“Fin de régimen” bajo el embate de las masas

Cinco años de ascenso de masas debilitaron y finalmente llevaron a la quiebra al viejo régimen de la “democracia pactada”, bajo el cual se aplicaron durante dos décadas los programas neoliberales al servicio del imperialismo. El sistema de partidos y los mecanismos parlamentarios unificaban políticamente y mediaban los intereses de los distintos grupos burgueses, teniendo Santa Cruz una representación privilegiada en los gabinetes ministeriales, la conducción del Parlamento y la dirección de los partidos fundamentales -MNR y MIR. Estos buscaron en la alianza con las élites cruceñas una de las claves de la dirección política del país y de su propio éxito partidario. El desmoronamiento del régimen de la “democracia pactada” y la desintegración de sus partidos bajo los golpes del ascenso de masas, en Octubre primero, y con el fracaso del proyecto conciliador de Carlos Mesa después, creó una situación de disgregación político-estatal. Es decir:

 El parlamento es la única institución de negociación y legitimación , pero al mismo tiempo esta extremadamente desgastado y es irrepresentativo, tanto frente a las clases subalternas como ante las distintas corrientes burguesas.

 Debilidad del poder ejecutivo, cuya propia legitimidad depende del parlamento, sin base política propia y que no es más que un gobierno de transición para conducir el proceso electoral.

 Autonomización de los “factores de poder”.

 Fractura regional y tendencias a la desintegración del Estado nacional.

El desvío electoral

El plan electoral tiene un objetivo estratégico, crear las condiciones para cerrar a través de pasos sucesivos (elecciones, asamblea constituyente) y con métodos de reacción democrática el proceso revolucionario abierto en Octubre y reafirmado en junio; y logró por ahora algunas metas inmediatas: permitió cerrar la crisis revolucionaria de junio y mantener la “continuidad constitucional”; reconducir el movimiento de masas al terreno de la democracia, lo que ha logrado circunstancialmente con la colaboración del MAS.

Pero se basó en una concesión a las masas: el adelantamiento general de elecciones. A medida que tiene éxito en sus metas inmediatas el riesgo de que esa concesión lleve a un gobierno del MAS parece como inconveniente y exagerado para la clase dominante . Sobre todo, porque detrás del MAS hay un movimiento de masas activo, aunque expectante, y no está claro que éste pueda controlarlo desde el gobierno.

Además, el proyecto de PODEMOS no sólo no prima en las encuestas (encabeza el MAS con una considerable diferencia en votos, difícilmente reversible si las elecciones son antes de fin de año), sino que muestra gran debilidad política como instrumento de reagrupamiento de la clase dominante en torno a la continuidad del neoliberalismo. Para empezar, tercia Unidad Nacional, de Doria Medina y Dabdoub expresando un sector del empresariado nacional con intereses materiales y políticos propios. En segundo lugar, esa debilidad aparece en la crisis actual, donde Quiroga no puede ubicarse como el articulador de una salida política. Finalmente, el año próximo debería concertarse el llamado a una Asamblea Constituyente. Es difícil que de las elecciones salga un equilibrio político capaz de garantizar la “gobernabilidad”, es decir, la protección de las posiciones logradas por el gran capital nacional y extranjero y la continuidad del programa económico neoliberal, encuadrando al MAS y sus veleidades de “reformismo democrático”. A pesar del giro a la derecha del MAS y de sus esfuerzos por conciliar y “lulizarse”, la perspectiva de un gobierno de frente popular es resistida por la mayoría de la burguesía y el imperialismo.

¿Hay “plan B”?

Al mismo tiempo que la crisis política se desarrolla, sigue el desabastecimiento de gas en garrafas y diesel en el país que ha hecho crónicos los bloqueos de vecinos y amas de casa en La Paz y El Alto. Aunque el contrabando al Perú es un elemento real, es evidente que las verdaderas causas están en la política de presión de las petroleras para rediscutir el tema de la ley de Hidrocarburos aprobada en junio, el problema de las subvenciones y los precios, así como garantías a futuro para sus negocios y ganancias. Las empresas han apelado a una “huelga de inversiones” y prefieren exportar el gas sin separar el GLP (lo que les resulta más rentable), semidesabasteciendo al mercado interno deliberadamente.

Esta situación, que contribuye a enrarecer más el ya caldeado clima político, plantea el problema de si, ante las dificultades y riesgos del “plan A” de desvío electoral , no se está delineando un “plan B”: un “golpe petrolero”. No puede descartarse que en los círculos más reaccionarios, “comisionistas” de la entrega del gas, crezca la tentación de boicotear las elecciones y propiciar un golpe. No parece ser esta, por ahora, la política de la mayoría de la clase dominante ni del imperialismo, pero el impasse acrecienta la posibilidad de una salida de fuerza.

Las salidas de la burguesía

La reunión de bancadas departamentales y comités cívicos en Santa Cruz tiene una importancia clave para destrabar el debate parlamentario, trasladando el eje de la decisión directamente a los factores de poder regionales; además, de hecho le reconoce un peso político superior a Santa Cruz (aunque finalmente esta ceda algo en sus exigencias). Pero si este encuentro fracasa en lograr un consenso que pueda llevarse al parlamento, contemplando las demandas cruceñas, sin perjudicar demasiado a Occidente (por lo que empieza a hablarse no de redistribuir los escaños, sino aumentarlos, pese a la letra de la Constitución), crecerá la necesidad de una salida arbitral, que podría tomar la forma de un decreto de Rodríguez, lo que tiene el inconveniente de ser muy débil políticamente (ya fracasó la primer propuesta presidencial de conceder sólo dos escaños a Santa Cruz), a menos que tuviera un respaldo claro de las FF.AA. y los “factores de poder”.

La prolongación del impasse significa ir a una crisis mayor, en un “cortocircuito” institucional y la posibilidad de que el movimiento de masas comience a entrar en escena, en parte alentado por el MAS para presionar con demostraciones de fuerza (con lo que amenazó Evo desde Chimoré), en parte, porque la crisis es leída por sectores populares como una burla a sus ilusiones.

Pero esto acerca la posibilidad de una salida bonapartista preventiva, cuyo eje, más allá de las formas que tome, serán las FF.AA. Un pronunciamiento militar, bajo argumentos legalistas, posiblemente en acuerdo con el propio Rodríguez, para arbitrar entre las distintas posiciones, y con un discurso para calmar el previsible rechazo popular prometiendo reconducir el proceso electoral.

Asamblea Constituyente libre y soberana

Lamentablemente los dirigentes de la COB y demás organizaciones han dejado pasar varias semanas sin tomar ninguna iniciativa. Todos se disciplinaron al MAS; que no quería ninguna agitación que perjudique sus perspectivas electorales ni sus negociaciones en el parlamento. Ahora que Evo Morales se ve obligado a presionar, desde la COB y otros sectores comienzan a hablar de ampliados y movilización. Pues bien, ¡Que pasen de las palabras a los hechos! Como hemos propuesto desde el principio de la crisis, la COB, CSUTCB, FSTMB, FEJUVE y COR alteñas, federaciones de cocaleros, y demás organizaciones sindicales, populares y originarias, deben convocar urgentemente a un gran encuentro nacional, para poner en pie la Asamblea Popular, con delegados de base y con mandato de sus asambleas para que el movimiento obrero, campesino y popular defina su propia posición ante la crisis política, cierre el paso a las conspiraciones de la derecha y trace un plan de lucha para imponer sus demandas, comenzando por la efectiva nacionalización del gas y una Asamblea Constituyente libre y soberana. Frente a la crisis de esta “democracia para ricos” podrida hasta los cimientos, y su parlamento ilegítimo, antros de la conspiración permanente contra el pueblo, le decimos a los trabajadores y campesinos: no confíen en los “consensos” y acuerdos que sólo buscaran burlar sus justas aspiraciones democráticas. No es por esa vía, como quiere el MAS, que podrá imponerse una asamblea constituyente donde discutir y decidir sobre todos los grandes problemas nacionales, sino por la vía de la movilización. Sólo quebrando el orden vigente, con su Parlamento y su Tribunal Constitucional, su poder ejecutivo abogado de las transnacionales, su justicia defensora de la impunidad de los masacradotes de febrero y octubre se podrá imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana vale decir revolucionaria.

Sólo un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones sindicales y de masas -en la Asamblea Popular- e impuesto por la vía de la movilización revolucionaria podrá garantizar la nacionalización del gas, la convocatoria de una Asamblea así, y el conjunto de las demandas de los trabajadores y el pueblo.

La Paz, 1 de noviembre de 2005

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