Mario Caballero

La necesidad de “libertad religiosa” esgrimida por el Vaticano en voz del nuncio apostólico Christopher Pierre (La Jornada, núm. 1845, 11/3/12), como algo elemental para que arribemos a una “sociedad democrática”, busca unos fines que nada tienen que ver con la democracia y sí con los intereses del poderoso clero.

Envalentonado Benedicto XVI por las concesiones otorgadas por el gobierno conservador de Felipe Calderón y anteriormente por Salinas de Gortari, sabe que la clase política hará lo necesario para que se aprueben cambios al artículo 24 de la Constitución (que ya fue aprobado en comisiones). Esto es una reforma que permite dar instrucción religiosa en las escuelas públicas, la posesión de medios de comunicación masiva por la Iglesia, y la intromisión en los curas en asuntos de carácter público. Es decir, hacer política abiertamente, en un claro desafío al carácter laico del estado definido por la Constitución liberal de 1857 que establece la separación del Estado y del clero. El nuncio apostólico dice que otorgar estos derechos a la Iglesia significaría avanzar hacia una sociedad democrática donde los valores espirituales (católicos) serían el soporte moral.

Más allá de que la libertad de religión existe (hay cientos de religiones en el país, hay curas que tienen programas en radio y televisión, e incluso son varios los gobernantes que organizan marchas a santuarios a costa del erario), el Vaticano pretende que el estado incluya leyes reaccionarias que fomenten la dominación ideológica y material sobre los trabajadores y la población, donde el “México siempre fiel“, signifique una segura sumisión de la población católica y las instituciones del estado a los intereses terrenales que representa Benedicto XVI.

Esa “democracia” eclesiástica que ya existe y se quiere profundizar es la que le permite a los curas, con la complicidad del gobierno, hacer política desde el púlpito, llamando a votar contra los que defienden el derecho al aborto, el uso del condón, la diversidad sexual, o la unión entre personas de un mismo sexo, al mismo tiempo que solapa los crímenes de odio contra los gays, los transexuales y las sexoservidoras. Ahora quiere imponer estos criterios morales desde las instituciones y bajo un marco legal, propagandizándolo desde sus propias cadenas de radio y televisión; rebasando incluso el poder del monopolio televisivo de Televisa y TV Azteca en su tarea de imbuir la mente de los trabajadores con una visión distorsionada de la realidad, y una falsa recompensa celestial por los “males” sufridos en esta vida, resultado de la explotación capitalista.

Desde siempre, los sectores más reaccionarios de la sociedad han querido reformar las constituciones liberales o “jacobinas”, pese a los privilegios que los gobiernos “laicos” otorgan a los curas. El PAN, el “Yunque” y organizaciones de ultraderecha pretenden un estado influido por los valores católicos que expresen ideológicamente la dominación del capital. Para ello cuenta con los dirigentes del PRI y el PAN que, en complicidad de los jerarcas de la Iglesia católica, han utilizado la fe de la población para controlarla y ampliar su poder político. A cambio, Benedicto XVI apuntala al desprestigiado gobierno de Calderón, pero sobre todo al proceso electoral que se desarrolla en medio de una crisis social y política, donde los partidos del Congreso están desprestigiados y las autoridades electorales son cuestionadas.

El Senado y la reaccionaria reforma religiosa

Previamente a la visita de Benedicto XVI, el Senado aprobó en comisiones –con los votos del PAN y el PRI y la oposición del PRD–, la minuta de reforma al artículo 24 constitucional que establece que: “...toda persona tiene el derecho.la libertad de convicciones éticas y de conciencia, y a tener y adoptar en su caso la religión de su agrado”, con lo que los funcionarios subordinados a la Iglesia aplicarán su criterio “ético” en las asuntos públicos del estado (como dar clases de catolicismo en las escuelas públicas). En última instancia, la “libertad religiosa” y la idea de democracia que demanda el Papa es la libertad de conciencia que estará por encima de todo interés político contrario al de los curas.

Ya anteriormente, el Senado se sometió al imperialismo mediante el avance del neoliberalismo, con la aprobación del TLC, el Plan Mérida, con la privatización de las principales empresas estatales y los recursos estratégicos la nación, con la entrega paulatina del petróleo para desmantelar Pemex, entre otras. Ahora el desmantelamiento progresivo del Estado laico vuelve al país a siglos atrás, cuando el capitalismo mexicano, para desarrollarse, tuvo que realizar la demanda democrática burguesa de separación del clero y el estado.

El derecho individual a profesar cualquier religión no está en discusión, lo que se discute es el poder otorgado a la Iglesia sobre los asuntos públicos y sus repercusiones sobre los derechos de los trabajadores no católicos y de los mismos católicos.

Ante esta ofensiva reaccionaria, los trabajadores debemos rechazar la aseveración del nuncio C. Pierre de que “no podemos ser prisioneros de la historia”, pensando tal vez en el papel de la iglesia durante la conquista española, la guerra de independencia, o el conflicto de la guerra cristera de 1926-1928 alentada por la Iglesia. Y es que la Iglesia católica siempre ha acudido a sus valores y su ética para imponer sus ideas y prácticas reaccionarias y para legitimar a gobiernos fascistas (como Pinochet en Chile, el apoyo al dictador fascista Francisco Franco en España, o el cobijo en el Vaticano a los criminales de guerras nazis).

¡Fuera las manos de la lglesia y de Ratzinger sobre la educación mexicana! ¡Abajo las contrarreformas reaccionarias del PRI, PAN! ¡Abajo la injerencia eclesiástica sobre los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto y a decidir sobre sus cuerpos!

25-03-2012