Por Fernando Rosso

La debacle del sistema de transporte que develó la masacre de Once se extiende y abre nuevas crisis políticas. El enfrentamiento entre Macri y Cristina por el traspaso del Subte, donde ambos gobiernos se pasan uno a otro la “papa caliente” de millones de pasajeros, deja en claro para el conjunto de la población la incapacidad de los gobiernos capitalistas de cualquier signo para resolver un problema acuciante para la mayoría popular. A cinco días de la masacre de Once, finalmente Cristina Fernández habló en un acto en homenaje a la bandera en Rosario. Si su silencio había sido ampliamente cuestionado, la bronca y el repudio se multiplicó entre las víctimas y en gran parte de la población, después de su discurso. Allí se dedicó a reivindicar los presuntos logros de su gestión y la de Néstor Kirchner. En el momento más cínico llegó a afirmar que “si no hemos hecho más es porque no nos ha alcanzado la plata”. Durante 9 años de crecimiento a “tasas chinas” y habiendo entregado miles de millones de pesos en subsidios a las concesionarias del ferrocarril, “no alcanzó” para brindar un servicio esencial mínimamente digno. En relación a la tragedia, sus respuestas fueron poco menos que un “saludo a la bandera”: “Quiero decirles que voy a tomar las decisiones que sean necesarias… una vez que la Justicia decida”, o “hay que volver a tener un sistema de ferrocarriles en la República Argentina”. Ninguna medida concreta ante el repudio masivo contra estos empresarios asesinos y los funcionarios cómplices. Al día siguiente, sus ministros anunciaron la “intervención cautelar” de TBA por 15 días, una medida sin consecuencias prácticas, cuando el reclamo popular era, como mínimo, que se le quite la concesión a los Cirigliano.

“Vil, bastardo y canalla”, así calificaron los padres de Lucas Menghini Rey al infame comunicado del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, en el que se pretendía responsabilizar al joven de su propia muerte. También empezaron a aparecer los rostros de las otras víctimas, en su inmensa mayoría trabajadores precarios, empleadas domésticas y un importante sector de inmigrantes.

Los familiares, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos, tuvieron que aguantarse la humillación de TBA, que comenzó a llamarlos para ver cómo “arreglar lo que pasó”. Un frío cálculo para ponerle un precio “bajo” a los muertos.

La masacre de Once provocó la emergencia del odio de los condenados del “modelo”, ese amplio sector de la clase trabajadora con empleos “basura”, en negro, sin representación sindical, inmigrantes que hacen las peores tareas y que se trasladan en un sistema de transporte destruido por las privatizadas, que recibieron subsidios millonarios y no invirtieron un peso en el mantenimiento y renovación de las vías o del material rodante.

Mientras los sectores “progres” y hasta críticos del gobierno, hacen análisis para descifrar las generalidades del discurso de Cristina, gran parte de las víctimas, de los más explotados de esta sociedad, manifestó su repudio identificando claramente a los responsables: la empresa, los funcionarios y hasta el gobierno, porque saben que no tienen una solución real a sus padecimientos.

Esta emergencia de la bronca de la Argentina profunda es un hecho político en sí mismo y un cambio importante en el escenario nacional. Como afirmamos en La Verdad Obrera, esto ya se había anticipado en las luchas por la tierra y la vivienda y ahora se potencia por la gravedad de este crimen social masivo en el centro político del país y que afectó justamente al sector que el kirchnerismo consideraba “su” base social.

Noventismo puro y duro

El slogan kirchnerista de su “modelo de desarrollo con inclusión social” suena como un chiste de mal gusto ante la cruda realidad del crimen de Once. El continuismo con lo esencial de la estructura económica impuesta en la década menemista le empieza a estallar al gobierno por varios flancos, luego de casi una década de crecimiento económico y sin que aún haya golpeado de lleno la crisis mundial.

Lo mismo sucede con el petróleo y la energía. Las privatizadas succionaron al máximo los recursos, sin hacer las inversiones necesarias, y embolsaron ganancias millonarias. La Argentina pasó a tener déficit energético, ahora debe importar gas y petróleo con el consecuente encarecimiento de la cadena productiva, lo que deriva en la inflación que paga toda la población. En el caso de YPF, el gobierno baraja la posibilidad de algún tipo de “intervención” o incluso presentan como el “gran anuncio” que haría Cristina en su discurso de este jueves en el Congreso, la posible compra de acciones con fondos del ANSES, para “hacerse del control” de la empresa.

Ninguna de las “tímidas” medidas de “control e intervención” de este Estado, dan una solución de fondo contra estos empresarios saqueadores y asesinos. Hay que luchar por imponer ya la re-estatización sin pago y bajo administración de los trabajadores de los ferrocarriles y de todas las privatizadas. La oposición patronal, cómplice del saqueo, bajo el gobierno de Menem, de la Alianza o siendo parte del kirchnerismo en sus orígenes, ahora pretende montarse de manera oportunista sobre la tragedia. Sólo el Frente de Izquierda y los Trabajadores viene levantando esta demanda que está entre los puntos centrales de su declaración programática.

La bronca popular y la “sintonía fina”

Este clima político abierto por la emergencia de la bronca de los más explotados irrumpe en una situación donde el giro a la derecha del gobierno ya había provocado el cuestionamiento de sectores de trabajadores contra los tarifazos y sobre todo contra el techo salarial en las paritarias. Las huelgas docentes, el no inicio de clases en nueve provincias y el paro nacional decretado por el gremio (CTERA), un sindicato “amigo” del gobierno, expresa esta situación. Es la primera respuesta más generalizada al ajuste, que antes se había visto en algunas luchas de estatales en las provincias. La última novedad de la “sintonía fina” es la insólita medida de un incremento de $550 en el monto de los planes sociales, pero que estarán atados a la productividad ($300) y al presentismo ($250). “Lo que nos faltó decir al peronismo es que con cada derecho hay obligaciones”, sentenció Cristina para fundamentar esta resolución “gorila” contra los “beneficiarios” de los planes sociales.

La repercusión por la denuncia al “Proyecto X” y el espionaje contra las organizaciones obreras y sociales derrumbó el discurso de “no criminalización de protesta”, una de las últimas banderas del “progresismo K”. A la “sintonía fina”, es decir al ajuste, le corresponde su “nueva doctrina”: la que afirma que las luchas sociales pueden ser, a la vez, una protesta y un delito. Horacio Verbitsky, uno de los ideólogos del gobierno, lo dijo claramente en su columna de Página/12 y el delegado clasista de Kraft, Javier “Poke” Hermosilla, le hizo notar su bajeza en una carta abierta, que por supuesto, el diario oficialista se negó a publicar.

Una gran campaña obrera y popular

La importante asamblea que realizaron este miércoles 29 los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento, junto a su Cuerpo de Delegados y de la que participaron nuestros compañeros de la Agrupación Bordó del Roca y otras agrupaciones antiburocráticas, es un gran primer paso. Esta asamblea convocó a una marcha para el viernes 2, para movilizarse por el castigo a los responsables empresariales y políticos de la masacre de Once y por la re-estatización bajo gestión obrera y popular de los ferrocarriles. La marcha debe ser el inicio de una gran campaña que unifique a todos los delegados y trabajadores del ferrocarril y del subte (que enfrentan a la burocracia sindical cómplice) para, junto a los usuarios, dar una verdadera salida de fondo.

29-02-2012