Sergio Moissens y Javier Lucero

A días de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)volviera a la Ciudad de México, Calderón presentaba al Congreso una nueva Reforma al Código de Procedimiento Penales, muy a tono con la Ley de Seguridad Nacional, en el que se pretende legalizar las detenciones, los cateos y las intervenciones de comunicación sin autorización judicial, además de legalizar el apresamiento sin orden de aprehensión.

Tan solo unos días antes del segundo diálogo con el gobierno federal, el 6 de octubre, el comunero de Ostula Pedro Leiva Martínez, que participaría del segundo encuentro con Calderón como parte del MPJD, fue asesinado por paramilitares en el territorio de Xalakalan en Michoacán.

Era claro que el segundo encuentro del MPJD con las autoridades federales sería un rotundo fracaso para detener esta “guerra contra el narco”, evidenciando los límites la política pacifista y conciliadora de la dirección del movimiento. Del primer diálogo con Calderón al 15 de octubre (fecha del segundo encuentro) los muertos crecieron a más de 50 mil (10 mil asesinatos más en menos de unos 30 días).

El gobierno, antes de intentar cambiar el formato de diálogo incluyendo al movimiento de “blanco” como el de Fernando Martí y Miranda de Wallace, ofreció una Procuraduría Social de Atención a Víctimas que fue considerada por el movimiento como “insuficiente”. A pesar de las declaraciones de Javier Sicilia en el segundo encuentro en Chapultepec “sobre el peligro de la fascistización del gobierno” es un hecho que el movimiento contra la militarización sufre las consecuencias de una política desastrosa, que se mostró en el distanciamiento crítico en la Caravana al Sur del EZLN, de la Sección XXI de la CNTE y del Comité de Familiares y Amigos y Desaparecidos del Guerrero por mencionar a los más importantes.

Operativo conjunto: “Laguna Segura”

Al mismo tiempo la militarización del país se profundiza a pasos acelerados. A los estados con “operaciones conjuntas de mando único” como Tamaulipas y Nuevo León, además de Chihuahua, Guerrero y Michoacán, se suman Veracruz, Coahuila y Durango con el nuevo operativo “Laguna Segura” que comenzó a implementarse con la aprobación del gobernador de Veracruz, Javier Duarte (que recientemente había apresado a dos Twiteros bajo cargos de “terrorismo”).

Bajo el argumento de combatir a la delincuencia organizada, y luego de la aparición de los llamados “mata zetas” el gobierno no dudó en usar como pretexto la aparición de los 35 cuerpos de Boca del Río para avanzar en la militarización del país y recomendar a los empresarios norteños formar grupos paramilitares.

Este nuevo “operativo conjunto” militariza con dos regimientos mecanizados y batallones en plaza de la Región V el estado de Veracruz y permite patrullajes por cielo, tierra y mar, así como controles en carreteras y el ingreso a poblaciones. Blake Mora, secretario de gobernación, planteó que ha comenzado una “enorme campaña de reclutamiento en esos estados para fortalecer las fuerzas armadas” aumentando el presupuesto de seguridad del Estado en varios millones de pesos mientras el país carece de seguridad social, presupuesto a la educación y mientras avanza el desempleo de forma galopante.

La estrategia de Calderon ha recibido el apoyo internacional del gobierno norteamericano y miembros del establishment alertando de que “los zetas en México son terroristas”.

Por un gran movimiento contra la militarización del país.

El día 8 de mayo vimos la enorme potencialidad de un movimiento nacional contra la militarización del país. Cientos de miles de personas, incluidas las bases de apoyo del EZLN en San Cristóbal, Chiapas, acudieron al llamado de Javier Sicilia y del naciente MPJD para denunciar la política de militarización del país. Sin embargo Javier Sicilia y Emilio Alvarez Ícaza (como parte de la dirección del movimiento) apostaron a la confianza en las instituciones del régimen, por lo cual se negaron a reivindicar el Pacto del 10 de Junio en Ciudad Juárez. y a una política pacifista y gandhiana desaprovechando está potencial fuerza social.

El gobierno a su vez estaba consciente de la necesidad de desactivar un naciente descontento contra la política de militarización que podía ser organizada de forma combativa y en una perspectiva independiente por lo cuál ofreció varios diálogos apostando al desvio del descontento, mientras avanzaba en la militarización del país y la propuesta de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

En los últimos días algunas organizaciones y personalidades, entre ellos Pietro Ameglio, del MPJD han decidido convocar a un nuevo espacio de “organización” bajo el título del “Encuentro nacional por la Paz ante la Emergencia Nacional” el día 22 de octubre del presente año en la Universidad Obrera de México. Con el aval del SME, de organizaciones sociales y gremiales, así como personalidades (como Pablo González Casanova además del Padre Raúl Vera) y hasta algunos empresarios, este espacio fue convocado como un “movimiento de movimientos” y parece ser un desprendimiento del MPJD aunque la crítica de los participantes fue escasa hacía Javier Sicilia.

Este nuevo espacio se considera como un espacio “democrático” e incluyente y convoca a la realización de una jornada nacional de lucha para el día 20 de noviembre y a un nuevo encuentro el día 19 del mismo mes.

Por una Coordinadora Nacional Contra la Militarización

Al mismo tiempo durante los días 11, 12 y 13 de Noviembre de 2011 se realizará en el Distrito Federal el Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata (ENDI), organizado por la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización -de la cual formamos parte militantes de la Agrupación Estudiantil ContraCorriente, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo- y organizaciones de distintos estados del país que vienen enfrentando la militarización y el clima represivo que se vive en ellos como es el caso Frente Plural Ciudadano en Cd. Juárez, el Frente Kaminatas vs la Muerte en Chihuahua y Reacción Ciudadana en Monterrey.

Muchos fuimos participantes de la Caravana al Norte convocada por el MPJD y firmantes algunas del Pacto de Ciudad Juárez que contenía como demandas más importantes la desmilitarización del país, la cancelación del Plan Mérida y de la subordinación en materia de “seguridad” a EE.UU., así como la no aprobación de la Ley de Seguridad Nacional e incluso el rechazo a la Reforma Laboral.

Para la LTS y la agrupación Estudiantil ContraCorriente el ENDI cobra importancia como el potencial impulsor de una coordinación de las organizaciones a nivel nacional de la lucha contra la militarización. A su vez esta Coordinadora Nacional contra la militarización tendría como principal reto bregar por un gran movimiento que aglutine a sindicatos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos y que exija la salida de los militares de las calles.

Los militantes de la LTS y los integrantes de ContraCorriente impulsamos con todas nuestras fuerzas el Encuentro y en él daremos la pelea porque se retome lo más avanzado del Pacto de Ciudad Juárez y por superarlo, con una perspectiva antimperialista, integrando la legalización de las drogas y el ataque a las finanzas del narcotráfico, para poner fin a los negocios de la banca cómplice de lavado de dinero como única forma de acabar con el poder económico de los cárteles de la droga; pero que también plantee la necesidad de organismos de autodefensa que permitan a los trabajadores, campesinos, indígenas y pueblo pobre defender su vida e integridad física del ejército, los paramilitares y las bandas del narco.

02-11-2011