Después del referéndum revocatorio y de un mejoramiento de los índices económicos en diversas ramas productivas, producto centralmente de la fuerte inyección petrolera, asentándose el proyecto de Hugo Chávez, en el espectro político comienza a desarrollarse una nueva situación nacional signada por nuevos elementos que desvelan en toda su magnitud las reales contradicciones del proyecto político del gobierno.

La nueva situación económica y los acuerdos con el empresariado

El gobierno festeja los nuevos índices que muestran un significativo mejoramiento de la situación económica del país. Es que según estos indicadores, el último crecimiento intertrimestral en promedio alcanza un 14,5% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el séptimo trimestre consecutivo del repunte de la economía, y donde la mayor reactivación, según los informes oficiales, se da en sectores como la construcción, las telecomunicaciones y la manufactura. Pero esto no está fuera de la fuerte inyección económica producto de los altos precios de los hidrocarburos que lleva casi dos años, con valores comparables, en términos relativos, a los de los de la época de los años setenta, alcanzando la llamada cesta venezolana promedios cercanos a los 60 dólares. Es bueno recordar que la Ley del Presupuesto de 2005 se estableció estimando un precio promedio de la cesta de exportación de 23 dólares el barril y un ingreso petrolero de 26,133 billones de bolívares, cifras altamente superadas por la nueva bonanza rentística. En términos porcentuales, la cantidad de divisas obtenidas por el país hasta mediados de agosto superaba en 146% el monto que se esperaba captar inicialmente por exportación de crudos, siendo que los ingresos por exportaciones petroleras superan los 64,42 billones de bolívares según las informaciones del propio gobierno. Así, el incremento reportado en las actividades no petroleras es el subproducto de los efectos que se derivan de la alta renta de los hidrocarburos que se expande a través de la economía, y no del repunte independiente de la industria nacional, ya que por la fuerte expansión del gasto público y en el aumento del gasto fiscal, reactiva como en cadena, al resto de los sectores de la economía. Por eso estos logros continúan mostrando que nuestro país sigue siendo petrodependiente, asentado en los altos precios mundiales del petróleo. Pero todo este festival de ingresos no se ha expresado para nada en un cambio sustancial de la distribución de la renta nacional entre los trabajadores y el pueblo pobre.

En este contexto avanzan los entendimientos del gobierno con sectores claves del empresariado nacional, quienes otrora encabezaron la asonada golpista del 12 de abril y del paro patronal, y que hoy han percibido que, más allá de las retóricas, pueden continuar haciendo sus negocios. Los entendimientos con estos sectores ha avanzado a paso más rápido de lo que se piensa luego del referendo revocatorio, y sobre todo cuando el poderoso Cisneros y el ex presidente norteamericano Jimmy Carter se reunieron discretamente con Chávez en junio de 2004 para discutir “el futuro posterior al referéndum”, aduciéndose que después del 15 de agosto se había “pasado la página”. Es que al disminuirse la gran “polarización social”, como le gusta decir a los analistas, es decir, sacar a las masas de la confrontación en las calles contra la clase dominante que durante años las ha mantenido en la pobreza, lo que se buscaba era nada menos que los espacios para un mayor acercamiento con el sector empresarial [1], cuestión que era difícil de hacerse con el aliento de los trabajadores y sectores populares en la nuca de los gobernantes. Se buscaba así, “una Venezuela estable en el plano político, social, económico, institucional”, donde “toda esa circunstancia tensa” fuera “superada democráticamente”, como le gusta decir al diputado chavista Willian Lara. Y los trabajadores y el pueblo pobre sabemos muy bien qué quiere decir todo esto.

El actual presidente de Fedecámaras, José Luis Betancurt, el mismo golpista que rompió públicamente la Ley de Tierras, se acaba de reunir con el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, quien no ha tenido ningún empacho en decir que “este encuentro se inscribe dentro del proceso de normalización que atraviesa el país”, ratificando que “el presidente Chávez está dispuesto a conversar con todos los sectores de la vida nacional”. En la propia presentación del nuevo proyecto de PDVSA, en el Hotel Hilton, el Chávez fue afable al saludar a este personaje de la cúpula del sector privado, máximo exponente de la reacción, llamándolo a trabajar conjuntamente pues “este es un proyecto de todos los venezolanos”. Por tanto, la “normalización” a la que se refiere el gobierno no es otra que la convivencia con aquellos que se han robado y se roban todas las riquezas del país, y que encabezaron todas las actividades de la reacción de la oposición de derecha al servicio de los imperialismos norteamericano y europeos.

Los planes del gobierno no resuelven los problemas más acuciantes de las masas

Por eso, más allá de las retóricas del gobierno están las realidades: todo el crecimiento económico que se festeja no ha significado un mejoramiento en la vida económica de nuestro pueblo. Es que en la Venezuela de hoy apenas un puñado de familias y algunas corporaciones extranjeras continúan participando de la propiedad del Producto Interno Bruto. Las tasas de desempleo poco han variado, el salario mínimo continúa perdiendo su valor adquisitivo (y hoy se mantiene en 405 mil bolívares cuando la cesta básica familiar ronda los 1.500.000 bolívares), los artículos de primera necesidad siguen la dinámica de los aumentos, incluso aquellos regulados por el gobierno y la desigualdad social según información del propio gobierno no ha cambiado mucho.

Las políticas del gobierno, más allá de un relativo mejoramiento de ingresos en determinados sectores, no han podido siquiera sacar de la miseria a los sectores más pobres con los programas masivos de las Misiones. El eje de Chávez es hacer algunas reformas sociales, pero que están lejos de resolver los grandes números de la desigualdad social en nuestro país. No negamos que los niveles de gasto social son más elevados que los destinados en los últimos veinticuatro años, que en el área de salud con los planes Barrio Adentro hay una sensible atención médica a un sector de los más necesitados, pero lo que se destina, comparado con la gran miseria de nuestro pueblo, es insignificante para resolver las grandes demandas estructurales del país y la postergación de las masas, pues no se trata de paliar la miseria, se trata de extinguirla.

En la contracara está que el gobierno avanza también en reformas legales que cercenan derechos de los trabajadores, como se expresa en la actual reforma del Código Penal, donde en el Artículo 9 de la reforma que hoy se discute en la Asamblea Nacional, se prohíbe el derecho a la huelga a los trabajadores en las empresas estratégicas. Es decir, los trabajadores petroleros, de la siderurgia, de las minas, de las refinerías, del transporte, del carbón, de la electricidad, del sector público, etc., no podrán recurrir a esta forma de lucha (ver artículo sobre el tema en esta misma edición). En el sector del magisterio, el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Educación en su artículo 6 tiene contemplado prohibir el derecho de huelga a los trabajadores de la educación en todos los niveles. De esta manera un grueso importante de la clase obrera no podrá a salir a defender sus derechos bajo pena de ser presos con penas máximas como si fuera cualquier delito común.

Pero al parecer, los trabajadores no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Al no resolverse los problemas fundamentales comienzan a resurgir una serie de luchas obreras y populares que se mantenían contenidas por el fuerte discurso imperante del gobierno de que toda protesta por las demandas más imperiosas del pueblo le hacía el juego a los sectores de la derecha reaccionaria. Es que al estabilizarse la situación, mejorar la economía, haber una desarticulación relativa de la derecha, se abre una situación donde los trabajadores salen a luchar por sus demandas, donde el viejo discurso del gobierno comienza a no tener más cabida. El presidente Chávez, cínicamente les dice ahora que no tienen que ir a Miraflores sino a las gobernaciones y las alcaldías, como si él no fuera responsable de toda la política nacional.

La relación con el imperialismo y las transnacionales

Todos conocemos la fuerte retórica antinorteamericana de Chávez, pero lo que busca el presidente, como ya lo hemos dicho, no es más que una nueva relación donde se mejoren los términos de intercambio con el imperialismo y no continuar con la expoliación desmesurada como se venía haciendo hasta recientemente, lo cual incomoda a la diplomacia norteamericana pues choca con sus planes sobre la región. Observemos, por ejemplo, que el gobierno nacional no ha roto ningún acuerdo ni pacto internacional establecido previamente por los gobiernos anteriores con el imperialismo, a no ser los recientes roces con la DEA (por el grado impune con el que actuaban los norteamericanos en el territorio nacional), se le continúa vendiendo petróleo subsidiado a los EUA y la fraudulenta deuda externa se sigue pagando religiosamente. Aún más, Chávez no tiene ningún problema con los imperialismos europeos tan usurpadores como el norteamericano y fieles defensores de sus multinacionales que roban las riquezas de nuestro país tanto en el sector petrolero, bancario y de las telecomunicaciones.

En esto se enmarca la reciente visita del poderoso e influyente senador republicano de Estados Unidos, Arlen Specter, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, quien conjuntamente con el embajador Willian Brownfield, se reunió con Chávez en la búsqueda de una mayor aproximación y en las tratativas para resolver la controversia de los últimos meses referente a la DEA. Así en los últimos meses hemos visto llamados a un mayor entendimiento con la potencia imperialista del norte. En una reciente entrevista concedida a la cadena CNN, Chávez manifestó que “la señal que nosotros hemos enviado es (...) expresar nuestra voluntad de recuperar las relaciones diplomáticas, políticas, al menos a un nivel normal como existieron hace poco tiempo con el gobierno del presidente Bill Clinton”. Para más tarde, y durante la visita de Jesse Jackson, volver a afirmar que "nunca perdemos la esperanza de que recuperemos el buen tono, el buen nivel racional, diplomático, político y desde el punto de vista comercial, económico" con Estados Unidos, y que "a pesar de las diferencias y las relaciones tirantes, estamos dispuestos a continuar trabajando con el gobierno de Bush en la lucha contra las drogas".

En el campo de las relaciones con las transnacionales, éstas no son tan tirantes como se piensa. En diciembre del año pasado el presidente de la Chevron Texaco, David J. O’Reilly, le dijo a Chávez: "Señor Presidente tenga la seguridad que usted puede contar con nosotros porque creemos en hechos no en palabras". Por su parte el gerente de producción regional de la Shell, Frank Gaviano, afirmó también que “la compañía se muestra optimista sobre Venezuela” y concluye que “No se trata de estar enojado, se trata de hacer negocios” [2]. Efectivamente, es que a las inversiones extranjeras se les otorga toda la seguridad jurídica, la eliminación de la Ley de Doble Tributación, la Ley de Telecomunicaciones y la legislación sobre propiedad intelectual. Así, Chávez ha introducido iniciativas legislativas diseñadas para responder a las “inquietudes” de los capitalistas extranjeros, quienes además de sus poderosas corporaciones tienen para su defensa sus respectivas representaciones diplomáticas. Grandes petroleras controlan un alto porcentaje de la producción nacional, en la explotación del gas la flexibilidad para que las multinacionales puedan operar es mucho mayor, lo mismo en la gran cantidad de concesiones a empresas transnacionales en el área del carbón y el capital extranjero domina prácticamente todo el sector bancario. Como vemos, nada de la retórica antinorteamericana del presidente Chávez altera la percepción de que en nuestro país las multinacionales extranjeras pueden hacer sus jugosos negocios.

Por una política obrera independiente

Chávez habla en nombre de una “revolución”, pero no hay tal, a pesar de sus denuncias contra la oligarquía y el tono “antiimperialista” en sus discursos. La eliminación del viejo sistema de partidos del puntofijismo, implica cambios en las formas del régimen político, pero en el que se deja intacto las formas esenciales de dominación económica, política y social del país que ha imperado desde hace muchas décadas. La fuerte tensión con el imperialismo norteamericano no es producto de que se le estén tocando sus intereses esenciales ni mucho menos de alguna revolución en curso, sino que es fruto de oponerse a sus planes abiertamente recolonizadores, como explicamos más arriba. Parafraseando una antigua frase de un revolucionario mexicano [3] de los años 30, podríamos decir que nunca como hoy y en ningún lado como en Venezuela en los últimos tiempos la palabra revolución ha tenido contenidos tan diferentes y ha servido para cubrir objetivos y actitudes tan contradictorias. Es que Hugo Chávez usa hasta el cansancio la palabra revolución, definiendo al proyecto que encabeza como “revolución bolivariana”, y desde enero de 2005 viene afirmando que en Venezuela se está construyendo “el socialismo del siglo XXI”.

Pero los dueños del país continúan siendo los mismos de siempre, unas pocas familias pudientes como los Mendoza-Polar, los Cisneros, los Boulton, Blohm, Stelling, Wolmer, Tinoco, Delfino, etc., etc., que continúan aumentando sus riquezas. El gobierno, más allá de toda su retórica incendiaria, no tiene el objetivo de tocar los intereses de estos grandes pulpos familiares y de las grandes multinacionales. Chávez le continúa asegurando sus ganancias a sectores importantes de la patronal. Así las cosas, hoy la banca privada y los capitalistas en general tienen ganancias extraordinarias. Según el Superintendente Nacional de Bancos, “la banca privada obtuvo en el 2004, ganancias de más del 42% en relación con el capital invertido, ninguna otra área económica de Venezuela da ganancias de éste tipo” [4]. Las ventas en el sector automotriz actualmente aumentaron un 127% en comparación con 2004, como así también en el sector de construcción, sectores que todos pasan por la banca privada. La Asamblea Nacional, por unanimidad, eliminó el Impuesto a los Activos Empresariales, se exonera del Impuesto Sobre la Renta a los empresarios agrícolas y a la banca. Los mecanismos de distribución del producto bruto continúan siendo prácticamente iguales que en los gobiernos anteriores.

La explicación de todo esto es que Chávez, por su carácter de clase es orgánicamente incapaz de romper con el imperialismo y satisfacer las demandas más elementales de las masas, reflejando la impotencia de la burguesía nacional. Este gobierno en el mejor de los casos, podrá tomar alguna medida parcial contra las potencias y empresas imperialistas, pero en los enfrentamientos decisivos preferirá postrarse ante ellas a movilizar y armar al pueblo para enfrentarlas.

Lo poco que ofrece Chávez no son más que dávidas insignificantes en comparación con la miseria de nuestro pueblo. Por eso sostenemos que en nuestro país, la más inmediata de todas las reivindicaciones es la expropiación de los capitalistas y la nacionalización (socialización) de los medios de producción. Afirmamos que el punto de partida de toda lucha consecuente es plantear abiertamente una posición política de principios, obrera y socialista, que no puede ser otra que la independencia política de los trabajadores frente al gobierno de Chávez y de toda la patronal.