Por Francisca Daniela y Andrés Aullet, LTS

Ante la represión del 1 de diciembre de 2012 del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto a los manifestantes que cuestionaban su regreso a la presidencia, desde la LTS nos hicimos parte de la tarea de luchar por la liberación de los 107 detenidos. Junto a nuestros compañeros de la JASyR [1] y Pan y Rosas, impulsamos campañas y nos movilizamos por la libertad de los compañeros arbitrariamente detenidos bajo la penalización del artículo 362 del Código Civil que aplica penas contra el “terrorismo”. Así también a través de nuestros compañeros abogados nos sumamos directamente al esfuerzo unitario por la defensa legal de los presos inculpados por el delito de “ataques a la paz pública” [2], siendo parte de la “Liga de Abogados 1° de diciembre” que surgió como respuesta espontánea en defensa de los detenidos.

Como parte del “Acuerdo por México”, firmado entre los partidos patronales (PRI, PAN y PRD) para garantizar la estabilidad del régimen y la aplicación de los planes antiobreros y antipopulares, también salió el acuerdo de mantener un cambio de poderes blindado que contuvo las protestas del 1° de diciembre con un operativo de más de 15 mil efectivos policíacos federales y del perredista Gobierno del Distrito Federal (GDF). La implementación de este operativo y la fuerte represión ante el descontento y la rabia de la juventud, fue con disparos de bala de goma y gas lacrimógeno, toletazos, golpes, violencia sexual para las compañeras y detenciones arbitrarias que dejó como saldo decenas de heridos, dos de ellos de gravedad y, un centenar de detenidos. La juventud que salió a manifestarse ese 1 de diciembre ha tenido que enfrentarse a esta política de criminalización del descontento por los organismos represivos del Estado y los medios de comunicación, que buscan quebrar, cooptar y desmovilizar a los que vienen siendo parte de esa gran juventud que está saliendo a luchar en todo el mundo contra la miseria y la crisis capitalista, y que en México se opuso a la antidemocracia de la “alternancia” del régimen y las instituciones bajo la imposición de EPN, así como la barbarie de los 80 mil muertos del gobierno de Calderón, la militarización, los juvenicidios y los feminicidios.

El GDF desde el inicio aplicó la política de “tolerancia cero” contra la movilización. Sin embargo, la respuesta de familiares, organizaciones sociales, grupos de artistas, organizaciones de DD.HH, entre otras, ante la represión de los gobiernos federal y del DF -que se dice “de respeto a los derechos humanos” pero tortura, encarcela, fabrica pruebas, etc.-, fue bastante inmediata, de mucho descontento y con medidas de organización. Esta represión puso en evidencia el carácter patronal y autoritario del régimen de la alternancia (donde el PRD le hace el trabajo sucio al PRI) y la represión de Atenco, Peña Nieto, como parte del acuerdo de “unidad nacional” entre los principales partidos patronales del Congreso. La brutal represión y las arbitrarias detenciones provocaron la condena de sectores democráticos que se movilizaron por la liberación de los presos, abriéndose una crisis al recientemente electo Jefe de Gobierno de la capital, y sufriendo un importante desprestigio en la ciudad donde el PRD tiene su bastión histórico.

Ante el surgimiento de la “Coordinadora por la libertad de los presos 1-D”, se comenzó a generar un movimiento democrático en las calles que obligó al cuestionado gobierno a tener que liberar en los primeros días a 21 menores y a 16 adultos en la Agencia del Ministerio Público, a 56 de los presos ya recluidos y con procesos penales en la misma semana en que fueron enviados al penal, quedando solamente 14 bajo proceso. Este movimiento –junto con la “Liga de abogados 1-D”- comenzó a plantear la derogación del artículo 362 del Código Penal del DF, por lo que el gobierno tuvo que maniobrar junto con la Asamblea legislativa del DF (de mayoría perredista) para modificar el artículo y bajar la penalidad de 5 a 45 años de prisión, con lo que dejaría de ser un delito grave y con una nueva penalidad de 2 a 7 años, para con ello evitar que se generara un movimiento de carácter nacional que finalmente podría tirar este artículo y liberar sin proceso penal a los 14. Fue un triunfo de la movilización la liberación de todos los presos. Aunque 14 siguen bajo proceso, la demanda por su libertad absoluta e incondicional y la derogación del artículo 362 que criminaliza la protesta social, y que bajo una modificación mañosa del mismo penaliza la “violencia”, continúan.

Los abogados de la Liga de Trabajadores por el Socialismo junto con el abogado democrático Juan De Dios en la “Liga de Abogados-1Dmx” impulsamos una línea principista de defensa incondicional de todos los presos. Sin embargo, la política del GDF para con los presos fue y es negociar solamente la libertad de algunos a cambio de que haya “pagadores” de las acciones del 1-D, por esa vía represtigiarse luego de la represión y, por tanto, también lavarle la cara al PRI y cerrar así la coyuntura de movilizaciones que se abrió con la represión. Ante esta línea del GDF, nosotros junto con Juan De Dios y otros abogados, nos mantuvimos con esta política de la libertad absoluta e incondicional de los 14 presos que quedaron, entre ellos, a la única mujer que dejaron con proceso penal como medida de castigo ejemplar contra las mujeres que luchan. Es por esto que también fuimos parte impulsora de lanzar una política democrática por la derogación del artículo 362 y denunciamos desde Pan y Rosas (y con la compañera abogada Francisca) y junto a grupos feministas, la campaña por la libertad de Rita (la única mujer presa en Santa Marta), contra la política del gobierno que golpea doblemente a las mujeres que luchan, que como ya lo vimos en Atenco en 2006, busca de quebrar mediante la violencia, la tortura sexual y la cárcel a las mujeres que luchan.

Ante las maniobras de cooptación, de desmovilización y de búsqueda de “chivos expiatorios” por parte del GDF, venimos denunciando el rol que jugó el PRD y la política represiva, llamando a la más amplia unidad y movilización para encarar esta política de buscar rehenes luchadores (“pagadores”) que asumen los gobiernos represores del PRI y PRD, manteniendo nuestra convicción de hacer una defensa legal con principios sobre la base de la libertad absoluta de todos los presos. Lamentablemente, un sector de abogados de la ANAD y “Cause Ciudadano” y algunos presos, está cayendo bajo el chantaje del GDF y sus promesas de dictar sentencia absolutoria, a cambio de que los presos agradezcan al gobierno capitalino por su liberación. Por esto consideramos que es importante mantener esta línea legal y política, de denuncia y de movilización independiente del Gobierno Federal y del capitalino, y por la libertad absoluta e incondicional de todos los presos del 1° de diciembre.

1 2