La crisis estatal en México donde las “guerras” del narcotráfico son un gran factor de desestabilización y la descomposición de Haití bajo ocupación, son una muestra de la decadencia a la que está llevando el dominio imperialista en nuestro continente, en particular a esta región al norte del canal de Panamá: México, Centroamérica y el Caribe, donde, comparado con el cono sur latinoamericano, se hace sentir con más fuerza su influencia. Esta región es considerada por EE.UU. como su patio trasero. Entre el 70 y 80% de su comercio está vinculado a la potencia norteamericana, de donde provienen las principales inversiones de capital. También sufre la mayor injerencia política y militar como expresó el golpe en Honduras, los gobiernos de derecha (que actúan como agentes directos) como en el caso de Costa Rica donde el gobierno de Laura Chinchilla permitió recientemente el ingreso de la flota norteamericana a su territorio, el desembarco en Haití con pretexto “humanitario” por el terremoto, la presión sobre Cuba, la actividad de la IV Flota, todo lo cual configura de conjunto una situación reaccionaria. El imperialismo ya está dando muestras de que está dispuesto a descargar la crisis sobre los trabajadores y los pueblos de América latina y el mundo. Las consignas antiimperialistas, contra las bases y la injerencia militar norteamericana, por la ruptura de todos los pactos y acuerdos que nos someten, por el no pago de la deuda externa, la expropiación de las trasnacionales, y la defensa de las conquistas de la revolución cubana, cobran una enorme importancia como parte del programa que la vanguardia obrera y popular tiene que tomar en sus manos en el próximo período en todo el continente.

México, uno de los países latinoamericanos donde el imperialismo tiene mayor injerencia económica, financiera y política (subordinado a EE.UU. a través del NAFTA –Tratado de Libre comercio de América del Norte), enfrenta una creciente crisis estatal que amenaza la estabilidad mantenida durante décadas.

El país está sumido en la miseria y el desempleo, el ataque a las conquistas de los trabajadores, la alta emigración a los EE.UU., las legiones de semiproletarios y pequeños productores del campo, la inseguridad, y la descomposición social expresada en los feminicidios, en las masacres de civiles por el narcotráfico, la militarización de todo el país que ha ocasionado violaciones de mujeres, asesinatos y heridos de la población; los miles de jóvenes sin acceso a la educación, el fortalecimiento de las fronteras, con múltiples violaciones a derechos de miles de migrantes; las mujeres presas por aborto (niñas criminalizadas de hasta 12 años) y la protección a pederastas por el gobierno y la Iglesia, etc. Todos estos fenómenos se agravan con el impacto de la crisis internacional, dada la enorme dependencia mexicana respecto de la debilitada economía estadounidense.

El auge del narcotráfico

Los cárteles ya controlan territorios e inciden en la elección de candidatos a gobernadores, alcaldes y jefes de la policía (en algunos territorios, los cárteles son el poder de facto que ha trastocado el orden constitucional). En 2009, el 60% de los municipios habían sido infiltrados por el narco. En México, cerca del 5% del PIB, equivalente a 49.342 millones de dólares anuales, son las ganancias del narcotráfico, de las cuales el 85% se queda en EE.UU. y sólo el 1% es incautado por autoridades mexicanas. Mientras, la juventud cada vez tiene menos opciones de estudiar; y al recorte al gasto a la salud, la educación y la ciencia, se suma la represión policial y militar donde las autoridades tratan de justificar los asesinatos de estudiantes bajo la acusación de ser “narcos”. Este fenómeno conocido como los “juvenicidios” ya está provocando un movimiento democrático contra el gobierno.

Las masacres de los cárteles traen a primer plano las consecuencias de la enorme extensión del narcotráfico, con elementos de descomposición estatal que se expresan en su control de áreas del territorio y su infiltración en sectores del Estado, sobre todo de los Estados locales, desestabilizando el escenario político y generando crecientes presiones intervencionistas de EE.UU.

El narcotráfico es un poderoso factor de desestabilización, con lazos con fracciones del sector financiero y poderosos empresarios, autoridades y mandos policiales y militares, motor de corrupción y activo agente de descomposición de la cohesión del Estado. Cohesión debilitada ya porque, bajo la creciente penetración imperialista, el proceso de “transición a la democracia” degradada no removió, sino que se apoyó en los poderosos substratos bonapartistas heredados del viejo priato.

Tendencias a mayor bonapartización

Con un presidente cuya política de contención del narcotráfico viene fracasando, que es ilegítimo para una franja importante de la población; que no tiene mayoría en el Congreso; que enfrenta a un PRI que se prepara para volver a gobernar y, en medio de disputas ante la elecciones internas para elegir al candidato presidencial, el gobierno del PAN (Partido de Acción Nacional) se apoya en medidas autoritarias en un curso profundamente derechista para cumplir sus acuerdos con el imperialismo, tratando de controlar el descontento obrero popular. Esta derechización se hace más evidente con la subordinación de la Corte de Justicia al Poder Ejecutivo, legitimando los decretos presidenciales y desechando las denuncias contra las acciones del ejército en contra de la población en varias partes del país. Y es que México se encuentra en gran parte militarizado con el pretexto del narcotráfico, violando las garantías individuales y actuando como factor de intimidación (o rompiendo huelgas).

Para mantener la estabilidad el régimen ha profundizado la degradación de la democracia burguesa. La clase dominante, para imponer sus planes, lo hace recortando los derechos más elementales de las masas y lanzando ataques privatizadores y antiobreros . Es este escenario el que, lejos de atenuar el descontento, polariza más a la sociedad y concentra el odio al mal gobierno y los partidos del Congreso, y a las más conocidas instituciones como la Presidencia de la República y el corrupto Instituto Federal Electoral, la Iglesia Católica y el Ejército.

Por una política independiente

En medio del giro derechista del gobierno y del régimen, las direcciones reformistas son impotentes para enfrentar esta ofensiva, pues no sólo no movilizan y llaman a la unidad en las calles para fortalecer la resistencia a los planes del gobierno, sino que llaman a luchar haciendo hincapié en que no pretenden desbordar los marcos del régimen. La mayoría de la oposición de centroizquierda es encabezada por Andrés López Obrador predica enfrentar la bonapartización y los ataques antipopulares con una estrategia “civil y pacífica” impotente y un engañoso programa de reforma de las instituciones al servicio de esta “democracia para ricos”, un programa que no enfrenta la entrega imperialista, ni las privatizaciones de empresas e industrias estatales, ni el TLC, ni la deuda externa.

Se necesita convocar a la más amplia unidad de los trabajadores y el pueblo para enfrentar los ataques privatizadores, la entrega al imperialismo, la militarización y lograr el castigo a los militares y paramilitares que asesinan impunemente, así como luchar por trabajo, salario y plenos derechos laborales para todos, uniendo a las demandas obreras a las de los explotados y oprimidos de la ciudad y el campo.

Esto es inseparable de la lucha por el reagrupamiento de la vanguardia obrera con una política de clase contra los capitalistas sin ceder a las políticas de colaboración de clases con los opositores burgueses al estilo de López Obrador.